Por: David Bernal y Omar Vera – mayo 18 de 2012

Con el ingreso de agentes del agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional a predios de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y una indiscriminada represión culminó ayer una protesta que estudiantes de la principal casa de estudios de Risaralda realizaron contra la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

La protesta inició hacia las 11 am, cuando un grupo de estudiantes se concentró al interior de la UTP para rechazar la falta de garantías para la participación al interior de la institución, la muy segura imposición del nuevo rector por parte del gobierno en el proceso que adelanta actualmente el Consejo Superior Universitario, los altos costos de la alimentación al interior de la universidad y la entrada en vigencia del TLC, puesto en marcha el pasado 15 de mayo.

Minutos después, un nutrido grupo de universitarios se ubicó en la portería que da al barrio El Bosque de Pereira, bloquando la vía que da al corregimiento Mundo Nuevo, donde se iniciaron los choques, a piedra y petardos de bajo poder, con la Fuerza Pública, que empleó de forma indiscriminada gases lacrimogenos, chorros de agua y las peligrosas granadas de dispersión.

Hacia las 12:20 pm los agentes del Esmad ingresaron a la fuerza a los predios de la universidad lanzando gran cantidad de granadas de dispersión y gases lacrimógenos contra los estudiantes, mientras dos tanquetas embistieron a toda velocidad contra las puertas de acceso y hacia la multitud, que tuvo que huir hacia los barrios aledaños.

De acuerdo con testigos, los agentes del Esmad atacaron de forma indiscriminada a estudiantes, profesores y funcionarios de la institución, además de los periodistas presentes en el lugar –cuyo trabajo fue entorpecido por los uniformados para impedir el registro de los hechos–, miembros de la Defensa Civil, de la Brigada de Evacuación de la UTP y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos presentes en el lugar.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Gonzalo Ricardo Londoño, señaló que el Esmad recibió autorización de ingresar a los predios de la UTP por parte del rector, Luis Enrique Arango Jiménez, supuestamente por daños a las instalaciones administrativas de la institución. El coronel Londoño, quien dio las órdenes al Esmad para actuar con este desmedido nivel de fuerza sobre los estudiantes, señaló que 12 personas fueron capturadas por los uniformados, entre ellas un menor de edad y una mujer, y que “hubo suficientes hombres para llegar al campus, ningún alumno salió lesionado y continuaremos vigilando el sector para evitar nuevos enfrentamientos”.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que, en total, se presentaron 14 heridos por la acción de la Fuerza Pública y se reportaron 25 detenidos en los hechos en condiciones irregulares, que incluyeron maltratos a estas personas –incluida una mujer embarazada y un menor de edad– dentro de las tanquetas del Esmad y la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), antes de ser conducidas a la Unidad de Reacción inmediata (URI) de la Fiscalía.

Adicionalmente, diferentes tetimonios y los registros de algunos reporteros ciudadanos en las redes sociales denuestran que los uniformados mantuvieron la persecución a los estudiantes en los barrios cercanos, donde los enfrentamientos se sostuvieron hasta cerca de las 4 pm, golpeando a los jóvenes con palos de escoba desde moticicletas y lanzando las tanquetas contras la aglomeraciones que se iban produciendo.

Un video aficionado muestra el momento en que una tanqueta de la policía ataca a un grupo de manifestantes, en una zona cercana a la UTP, y obliga con chorros de agua a dos vehículos particulares, tras los cuales algunos estudiantes se resguardaban, a avanzar a toda velocidad. De acuerdo con testigos, uno de estos vehículos habría arrollado en la huida a un estudiante, que se encuentra en delicado estado de salud.

Con la entrada en vigencia del TLC, protestas como ésta se han multiplicado en varias ciudades del país: en apenas tres días desde la fecha de implantación del acuerdo comercial se han registrado confrontaciones entre estudiantes y uniformados en la Universidad Nacional y la Universidad Distrital de Bogotá, y el la UTP. De acuerdo con el analistas Héctor León Moncayo, esta situación podría agudizarse conforme se aplique el tratado por que “poco a poco se van a ver los resultados de esta política económica, se va a comenzar a implementar, sector por sector, una serie de leyes, de normas, de medidas administrativas que van afectar [a distintos] sectores sociales”.

Por: Juan Diego García – abril 15 de 2012

El reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia es, en realidad, el único gesto de las autoridades hacia el movimiento guerrillero, que a su vez ha respondido con algunas decisiones que bien podrían justificar acciones más claras por parte de Santos, si es que existe la voluntad política para alcanzar la paz.

Cuando el poco dinamismo del proceso produce desaliento en los amigos de la paz se sugiere la existencia de contactos, muy discretos, entre gobierno y guerrilla, y se explica el duro lenguaje oficial como parte inevitable de la escenificación, normal en estos casos. Tampoco faltan los muchos que apenas creen en el discurso oficial, enfatizan en el mantenimiento de la estrategia de gobiernos anteriores y piensan que, como en otras ocasiones, las autoridades tan solo están realizando una nueva jugada política para ganar tiempo, puesto que en el seno de la clase dominante  no existe un propósito serio de terminar la guerra y, sobre todo, de aceptar que se afecten sus intereses en una hipotética negociación con la guerrilla.

La propuesta guerrillera sorprende por el nivel intelectual de su lenguaje y la dimensión reformista de sus reivindicaciones –todas ellas admisibles dentro de un capitalismo democrático–, y sorprende porque contrasta con la imagen de criminales irredentos que han creado de los insurgentes éste y anteriores gobiernos, la misma que han difundido generosamente los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, se produce el desgaste de la imagen del país como una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, sobre todo debido a la corrupción generalizada y a la guerra sucia durante la administración de Uribe Vélez, una herencia de la cual Santos no logra desprenderse.

Los gestos que el gobierno exige a la guerrilla como condición para iniciar los diálogos de paz han sido parcialmente satisfechos por el movimiento guerrillero sin que hasta el momento se sepa de alguna iniciativa oficial en la misma dirección. Es comprensible que las autoridades eleven en extremo sus exigencias a los rebeldes, tanto como que éstos hagan lo propio. Desde esta perspectiva, y dada la actual correlación de fuerzas, la guerrilla no puede esperar que Santos haga la revolución que ellos ansían. Pero, por parte del gobierno, exigir sin más la rendición de los insurgentes no sólo es irreal sino que afianza el convencimiento de quienes no creen que existan condiciones para alcanzar las reformas mediante la negociación, ni siquiera para que la clase dominante permita competir lealmente con ella en el marco de su propia legalidad. El exterminio de la UP no se olvida.

Todos los gobiernos han aceptado, al menos formalmente, la posibilidad de hacer la paz con las guerrillas, pero a partir de su rendición en toda regla. Sin embargo, si las fuerzas armadas oficiales no son capaces de ganar la guerra ni ahora ni en un plazo previsible, sólo una subversión muy debilitada o extremadamente ingenua estaría dispuesta a firmar su rendición. Y éste, evidentemente, no es el caso de la que opera en Colombia. Si el gobierno persiste en la estrategia de siempre el único escenario posible es la prolongación del conflicto.

En realidad, el actual mandatario enfrenta el mismo dilema de sus antecesores en el cargo: aunque las reivindicaciones guerrilleras no son en principio incompatibles con el sistema capitalista, sus exigencias sí constituyen un serio obstáculo, en la medida en que afectan los intereses de las capas dominantes que monopolizan riqueza y poder. Más que las declaraciones altisonantes de Uribe Vélez y sus partidarios, que llaman ‘traidor’ a Santos y denuncian una especie de agenda secreta mediante la cual el actual gobierno estaría abriendo las puertas a un triunfo de los subversivos, al actual presidente se le oponen muy poderosos grupos de intereses a los cuales está supeditado. Su  actitud prepotente frente a la guerrilla se convierte en estéril lamento frente a los verdaderos dueños del país, a los que se debe.

Las airadas reacciones del gremio ganadero, por ejemplo, coinciden con el recrudecimiento de la violencia contra los campesinos, en particular contra aquellos que se beneficiarían de la llamada “Ley de víctimas y restitución de tierras” de Santos, que devolvería tierras a los desplazados. A pesar de sus muchas limitaciones –pues se trata de una norma vista por algunos como simple demagogia del Ejecutivo–, la reacción de los grandes terratenientes –tradicionales y modernos– no se ha hecho esperar. Si ante una medida de tan cortos alcances se recurre de nuevo a la violencia cruda, ¿qué ocurriría si Santos afecta de veras la propiedad rural? Seguramente la violencia alcanzaría, entonces, los mismos niveles de horror que siempre han generado el levantamiento defensivo de los campesinos mediante la lucha guerrillera.

Tampoco existe un respaldo claro a las propuesta de paz de Santos por parte de la gran empresa nacional y extranjera, tan beneficiada del exterminio del sindicalismo –el asesinato de miles de dirigentes a manos de fuerzas oficiales y paramilitares, tal como lo registra la OIT–. Es dudoso que los grandes empresarios vean con buenos ojos una mesa de negociación en la cual tengan asiento las organizaciones sindicales exigiendo, por ejemplo, una revisión a fondo de la legislación laboral.

Ni antes ni ahora un proceso de paz despierta el alborozo de los militares. Es posible que algunos oficiales y tropas vean con alivio el fin del conflicto, pues son ellos quienes van al campo de batalla y exponen sus vidas. Sin embargo, nada indica que la alta oficialidad tenga especiales urgencias en poner fin a un conflicto que para las Fuerzas Armadas supone una tajada monumental del gasto público. Si es cierto, además, que al menos una parte de los altos mandos militares se han convertido a su vez –como sucedió en Centro América– en grandes hacendados, se comprende el nerviosismo de muchos cuyas propiedades podrían ser afectadas por un proceso de paz que investigue el origen de las mismas. Además, esclarecer la violación masiva de los derechos humanos en una negociación del conflicto armado, mediante limitaciones claras al llamado ‘fuero militar’ –que les asegura casi total impunidad–, despierta enormes inquietudes en los cuarteles. Y no les faltan razones para ello.

Los nunca desaparecidos paramilitares tienen el respaldo social de sectores de la clase dominante y cuentan con la complicidad de funcionarios civiles y militares a todos los niveles. Pero, si existe voluntad política y, ante todo, si el Ejecutivo tiene de su parte a las Fuerzas Armadas y de Policía su desmantelamiento es posible. Los paramilitares son la expresión más genuina de la práctica tradicional de la burguesía colombiana de asegurarse el dominio mediante el terror: una forma muy primitiva de afianzamiento de la hegemonía que nunca les reporta legitimidad y, por ende, convierte su democracia en una farsa sangrienta.

Tanto paramilitares como narcotraficantes resultan sobradamente conocidos. Tienen una manifiesta y consolidada presencia social, económica y política, y en buena medida no son un secreto para nadie. No obstante, la inveterada hipocresía de la clase dominante del país le permite aparentar su completa inocencia en el surgimiento, desarrollo y consolidación de estas formas mafiosas que tantos servicios han prestado al sistema en las últimas décadas. Como aprendices de brujo, ahora tienen la necesidad imperiosa de meter en cintura a los monstruos creados al calor de la ‘libertad’ neoliberal, el debilitamiento del Estado y la filosofía perversa de la guerra sucia. No es fácil someter a la extrema derecha y renunciar a la violencia como respuesta sistemática, pero sería un gesto decisivo del gobierno: cancelar su manera particular de ‘utilizar todas las formas de lucha’, ateniéndose de forma incuestionable a las reglas del juego democrático. Hacer lo mismo que le piden a la guerrilla.

Y, claro, está el obstáculo de la embajada de marras, para la cual poner fin a la guerra contraviene grandes intereses estratégicos. Un hueso duro de roer, aunque no imposible de neutralizar. Los tiempos han cambiado favorablemente.

Por: Catalina Carmona – febrero 10 de 2012

Georgette Gagnon, director de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas United en Afganistán para los Derechos Humanos (UNAMA Human Rights, por su sigla en inglés), señaló recientemente que “la UNAMA ha documentado 3.021 muertes de civiles en 2011, con un incremento del 8% frente al año 2010. En 2011 fue el quinto año consecutivo en el que se ha observado un aumento de muertos y heridos civiles. 11.864 civiles han muerto en este conflicto los últimos cinco años desde 2007″.

En este contexto, parece que la situación de las mujeres en ese país no ha cambiado mucho. La mujer en Afganistán, en algunos casos, es una mercancía y se intercambia como si fuera un objeto. Los derechos que tienen las mujeres son muy limitados y, aunque la Constitución Política tenga incluidas algunas normas que hacen parecer que ellas gozan de protección, muchas de estas disposiciones aún no se cumplen. Además, las mujeres sufren malos tratos por parte de sus maridos y no tienen posibilidad para defenderse porque no existen programas integrales para su protección.

Un ejemplo de esta situación la vivió Bibi Aisha: la castigaron con la mutilación de su nariz y las orejas. En las regiones rurales, cuando hay conflictos en las familias, una manera de resolverlos es dar una hija a la familia que se ha sentido ofendida. Éste fue el caso de Bibi, que fue obligada a casarse a los 16 años, recibió malos tratos y fue castigada por intentar huir. El caso fue muy conocido al ser difundido por los grandes medios de comunicación, sobre todo por un retrato fotográfico de la Bibi Aisha hecho por Jodie Bieber, quien inmortalizó su sufrimiento y recibió por esta fotografía el premio 2010 del World Press Photo.

“Durante la época de la monarquía, las mujeres tenían teóricamente los mismos derechos que los hombres: la educación era obligatoria para todos e, incluso, desde el gobierno se hicieron campañas contra el hecho de que las mujeres llevaran el velo islámico. Sin embargo, con la ocupación soviética (1979-1989) y, posteriormente, con la dominación de los jehadis (1989-1996) y los talibanes (1996-2001), la mujer se convirtió en arma de guerra, sin ningún tipo de derecho, ni siquiera los más fundamentales. Con la caída del régimen talibán, en 2001, la situación de las mujeres en Afganistán ha mejorado, si bien es cierto que sólo ligeramente”, dice el informe “Afganistán: justicia, paz y derechos de las mujeres”, de diciembre de 2010, redactado por la periodista catalana Mònica Bernabé y publicado por la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán (Asdha).

Mónica Bernabé, quien vive desde hace cinco años en Kabul, es periodista freelance y a la vez presidenta de Asdha, asociación que defiende los derechos de las mujeres afganas. El pasado 31 de enero participó en el Caixa Forum de Barcelona, junto al periodista Gervasio Sánchez, en la conferencia “Afganistán, una década perdida”, donde aseguró que “el problema de las mujeres en Afganistán no es el Burka. El Burka es, en su origen, una pieza de las mujeres de clase alta para no tener contacto ni relacionarse con las mujeres de la clase baja. Luego, los talibanes lo impusieron como pieza obligatoria para las mujeres y así lo convirtieron en un símbolo de la represión contra las mujeres en Afganistán. Es también un problema de tradiciones y de costumbres que, como tales, no se pueden cambiar de un día para otro”.

Matrimonios forzados

En Afganistán las mujeres no tienen ningún derecho: los hombres, sean maridos, padres o hermanos, deciden sobre sus vidas. En la mayoría de matrimonios las mujeres están casadas a la fuerza.

Bernabé señaló que “es una tradición que el hombre pague una dote por la mujer con la que se quiere casar. La dote es una gran cantidad de dinero, que puede ser entre 2.000 y 3.000 euros, en un país donde el sueldo de un funcionario es de 60 euros. Cuando el hombre se casa, considera que la mujer es de su propiedad, que ha pagado por ella”.

En este sentido, el informe citado señala que “en la tradición afgana, las mujeres son depositarias del honor de la familia, que se mide con su castidad. Para proteger esta honra se evita que salgan de la casa, intentando que su vida se reduzca al ámbito doméstico y, sobre todo, que no tengan relación con personas del otro sexo. La virginidad de las mujeres antes del matrimonio es crucial. De hecho, si mantienen relaciones sexuales sin estar casadas se considera que cometen adulterio, lo que se castiga con penas de prisión”.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán denunciaba, en 2004, que el 38% de las mujeres aseguraba que se había casado en contra de su voluntad. Asimismo, el 50% declaraba que no estaban contentas con su vida familiar. Y, según datos de Unifem correspondientes al año 2008, entre el 70% y el 80% de las mujeres de Afganistán son forzadas a casarse con alguien que su familia les ha escogido. De hecho, los matrimonios forzados se consideran la principal razón de la violación de los derechos de las mujeres en Afganistán.

Mortalidad materna

En Afganistán, tal y como expuso Bernabé, no existe planificación familiar y muchas mujeres dan a luz a sus hijas e hijos en su casa. Esto influye en la salud de las madres. El Informe Mundial del Madres de 2011 de la Fundación Save the Children sitúa a Afganistán en el último lugar del ranking mundial en esta materia, es decir, como el peor país para ser madre: “una mujer noruega recibe una media de 18 años de educación formal y vivirá aproximadamente hasta los 83 años; el 82% utiliza métodos anticonceptivos modernos y sólo una de cada 175 perderá a un hijo o hija antes los cinco años. En contraposición, una mujer afgana recibe menos de cinco años de educación formal y no vivirá más de 45 años; menos del 16% usa anticonceptivos y uno de cada cinco niños pierde la vida antes de cumplir cinco años. Con esta cifra, todas las madres de Afganistán tienen una elevada probabilidad de sufrir la pérdida de al menos uno de sus hijos o hijas a lo largo de su vida”.

Por: Camila Ramírez – mayo 16 de 2012

El pasado 15 de mayo, los grandes monopolios informativos anunciaban con gran satisfacción la salida del puerto de Cartagena del primer embarque hacia Estados Unidos de mercancías colombianas sin aranceles. Se trataba de un contenedor con dieciocho toneladas de textiles, cobijadas por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países. Mientras tanto, por las calles de Bogotá, cientos de estudiantes, trabajadores, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales salieron a protestar contra la puesta en marcha del pacto comercial, que duró ocho años en debate y que sólo beneficiaría a una ínfima minoría de colombianos, a pesar de la quiebra a la que llevará a importantes sectores de la economía nacional.

Según se habían previsto, las protestas contra el TLC se multiplicaron por iniciarse la implementación de ese acuerdo. La más contundente se dio en la Universidad Nacional de Bogotá, donde varios grupos de estudiantes se concentraron en la plaza Che, hacia las 11 am, y realizaron un mitin de rechazo al tratado, por las consecuencias que traerá su implementación en un país con veinte millones de pobres. Después de esto, se presentaron enfretamientos entre estudiantes y policías hasta las 2 pm. El operativo de cuatro tanquetas y más de doscientos hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) empleó gases lacrimógenos y granadas de dispersión contra la protesta, pero los estudiantes se mantuvieron más de dos horas bloqueando el paso por la carrera 30 con calle 45 y luego se replegaron al interior de la universidad. La jornada terminó sin detenidos.

Mientras tanto, en el centro de Bogotá se realizaron mítines y marchas de rechazo al tratado. Hacia las 11:30 am, al menos seiscientas personas se congregaron en la plaza Eduardo Umaña Mendoza y, coreando consignas en contra del TLC, la explotación laboral y la instalación de varias multinacionales en el país, se movilizaron hasta la Plaza de Bolívar, donde se realizó un acto simbólico en el que un grupo de teatro, conformado por mujeres y liderado por la reconocida directora Patricia Ariza, elaboró un mandala con maíz, lentejas, arverjas y tierra de Colombia. A su alrededor, los manifestantes portaban carteles con frases como: “Señores del TLC: este país no se vende”.

Embarcados

Un día antes, también en Cartagena, el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) realizó el foro “The Big Leap 2014” (“El gran salto 2014”), en el que estuvieron presentes el ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados; el ministro de Transporte, Germán Cardona; el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Luis Carlos Villegas Echeverri, y el responsable de la oficina del TLC, Hernando José Gómez. En el evento, el gobierno y ciertos sectores exportadores resaltaron las bondades del tratado, manifestaron la importancia que para ellos tendría acceder con sus productos al mercado estadounidense con cero arancel e insistieron en la adaptación de la infraestructura del país para agilizar los flujos de mercancías hacia los puertos.

Adicionalmente, gobierno y empresarios promocionaron ante los principales canales de televisión las bondades que traería el pacto comercial, especialmente con las rebajas de precio que esperan de algunos productos importados para el consumidor final, en bienes como tecnología o maquinaria, lo que ha sido cuestionado duramente por distintos economistas y la academia.

Mientras tanto, en Barranquilla hay treinta contenedores listos para exportar, con mercancías de vidrio, carbón vegetal y textiles, y a Buenaventura llegaron 24.000 toneladas de carbonato de sodio que esperan el momento de llegar a alguno de los diecinueve puertos que Estados Unidos autorizó para la recepción de los productos cobijados por el TLC. A Miami, por su parte, ya llegaron 4.000 cajas de flores cultivadas en la sabana de Bogotá por trabajadores que llegan a tener que trabajar durante doce horas al día para adornar, con uno de los principales productos de exportación colombianos, las casas de los estadounidenses y que hoy se preguntan qué provecho traerá para ellos el nuevo pacto comercial.

Para Héctor León Moncayo, economista y vocero de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca), “hay sectores de los que llamamos ‘agricultura comercial colombiana’ que se van a ver afectados inicialmente. El maíz, por ejemplo, se va a ver afectado por las importaciones de Estados Unidos y eso va a conducir a que la tierra cambie de uso hacia otras posibilidades. También puede presionar a que muchos sectores campesinos se vean obligados a migrar a la ciudad”.

El presidente Juan Manuel Santos, en sus declaraciones, no ha comentado al país las verdaderas consecuencias que traería el TLC. Al contrario, se mantiene en que el acuerdo traerá estabilidad, oportunidad y prosperidad laboral. En ese mismo sentido, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, afirma que se espera la creación de 500.000 nuevos empleos, aunque no ha especificado los sectores donde surgirían, el orígen de los capitales que los crearían,  las condiciones en las que se crearían ni las garantías para los trabajadores que accedan a ellos, por lo que muchos sectores han calificado esta proyección como demagógica.

Héctor Moncayo manifestó que, por ejemplo, “en el sector de los agrocombustibles, particularmente la palma aceitera, se sabe que los empleos que se generan son empleos de corto plazo. Pueden haber empleos para la siembra, pero este cultivo es de rendimiento lento. Después, para el mantenimiento de las cosechas ya el empleo es mucho menor, la ilusión de creación de empleo en esos sectores es claramente una ilusión”.

TLC en medio de la corrupción

Para la implmentación del TLC se hace necesaria la la construcción de megaproyectos viales que garanticen la salida de mercancías y materias primas hacia Estados Unidos. El gobierno ha anunciado la inversión de $6 billones de pesos este año y $18 billones hasta 2014 para la construcción de nuevas vías y reparación de las antiguas.

Sin embargo, la construcción de esta infraestructura vial está cruzada por escándalos de corrupción sin precedentes que, desde el final del gobierno Uribe, han venido genrando importantes cuestionamientos sobre la manera en que se adjudican los contratos para la implementación de las obras y sobre la forma en que se usarán los enormes recursos públicos destinados a estas obras por parte de los contratistas privados.

Tan sólo la Ruta del Sol, uno de los proyectos viales de mayor importancia para el gobierno y que busca unir a Bogotá con la Costa Atlántica, tiene proyectado un costo de 2.500 millones de dólares y ya se ha visto salpicado por importantes escándalos de corrupción que están siendo objeto de investigación por los entes de control.

Aún así, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha anunciado la construcción de más de 6.000 km de nuevas vías, que se entregarían a empresas privadas, completando 11.000 km en el sistema de concesiones. Adicionalmente, se están implementando planes de ampliación portuaria y de mejora de la navegabilidad del río Magdalena para el transporte de mercancías, con el diseño del nuevo terminal fluvial de Andalucía, en Gamarra (Cesar).

Ninguna de las entidades y funcionarios responsables ha tocado el tema de los daños ambientales que causarán estos megaproyectos ni de las responsabilidades que asumirían las empresas trasnacionales ante los impactos en ecosistemas y comunidades rurales por la construcción de toda esta infraestructura.

¿Quién se quedará con las dichas?

Quienes se beneficiarán de estos megaproyectos y de las nuevas condiciones ofrecidas por Colombia para la inversión con el TLC serán las grandes multinacionales, cadenas de supermercados, grandes monopolios y los más grandes empresarios del país y Estados Unidos, que con el acuerdo han inclinado la balanza a su favor, perjudicando a los más pobres de Colombia.

Según diversos analistas, el sector agrícola será el más afectado, pues los lácteos, el pollo, el algodón y el arroz local tendrán graves dificultades para enfrentar la competencia con los productos importados desde Estados Unidos. De acuerdo con Héctor Moncayo, “muchos jornaleros agrícolas se van a ver atraídos o les van a ofrecer  como alternativa otro tipo de cultivo, pues por ejemplo se piensa que en la altillanura del Orinoco se va a empezar a  sembrar caña de azúcar o incluso algunos dicen que soya y maíz”.

Rechazo, a pesar de implantación del tratado

Las organizaciones sociales congregadas en el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, Comosoc y otras plataformas han venido señalando que, con la implementación del TLC las luchas sociales que están surgiendo cobran un valor especial, pues los derechos de amplios sectores de la población chocan de forma directa contra los intereses de las grandes multinacionales. En este sentido, Moncayo asegura que “el país entrará en un periodo de ingobernabilidad por una razón: poco a poco se van a ver los resultados de esta política económica, se va a comenzar a implementar, sector por sector, una serie de leyes, de normas, de medidas administrativas que van afectar [a distintos] sectores sociales”.

Adicionalmente, el analista económico insistió en la necesidad de unir las luchas sociales y en que “hay que evitar la sensación de pesimismo y resignación: para mucha gente ya no hay nada que hacer, ya se aprobó, ya entró en vigencia. Yo creo que [...] no sólo hay oportunidades de lucha sino que, de manera inevitable, van a resultar nuevas luchas que van a encontrar relaciones similares en otros países de Latinoamérica, es decir, que continúa la pelea contra este tipo de políticas y tratados”.

Por: Camila Giraldo, El Turbión Cataluña – mayo 1 de 2012

Las recientes muertes de varios migrantes al interior de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) han llevado a que algunos de los grandes medios ibéricos aborden, aunque de manera tangencial, el problema de la xenofobia, el racismo y la discriminación que se presenta a lo largo y ancho del Estado español. A pesar de centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos y a las leyes interancionales, los CIE siguen escapando al escrutinio público, manteniendo fuera de sus muros a cualquiera que pueda registrar la verdadera situación de quienes son mantenidos prisioneros allí y darla a conocer a una ciudadanía que, con su silencio, secunda la política intimigrantes que se viene imponiendo en Europa.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo independiente del Consejo de Europa encargado de supervisar en el ámbito de los derechos humanos los temas de índole racial, publicó hace poco más de un año su cuarto informe sobre España. En el documento se señalan los avances y los recursos invertidos en la lucha contra la discriminación racial, así como la creación de diversas instancias que buscan proteger a las personas víctimas de este tipo de agresiones. No obstante, la comisión también hace hincapié en los graves vacíos de disponibilidad de datos sobre el tema y en la aplicación de la normativa legal para combatir la violencia racial y la discriminación.

Aunque cada vez son más comunes los titulares que denuncian actos de intolerancia o que resaltan la apología al racismo, las graves violaciones a los derechos humanos producidos al interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) siguen teniendo poca cobertura. Ha sido sólo a partir de la muerte de inmigrantes al interior del CIE de Zona Franca en Barcelona y en el de Aluche en Madrid que algunos medios han hecho referencia al tema. Esto resulta preocupante si se tiene en cuenta que, en España, los CIE vienen funcionando desde 1985 y que en 1999 se crearon al menos seis de los nueve que actualmente se encuentran en funcionamiento.

La ECRI ha resaltado algunos débiles avances al interior de los CIE, pero insiste en varias de las graves deficiencias de los mismos. En primer lugar, sus recomendaciones refuerzan la idea de la precariedad presente en  estas instituciones, además de poner sobre la mesa la falta de personal especializado en todas las áreas: personal sanitario, trabajadores sociales y psicólogos, personal administrativo y traductores –sobre todo de lenguas africanas–, entre otros. Un equipo vital de trabajo, si se tiene en cuenta que gran parte de los migrantes que llegan a España provienen del Magreb y del África Subsahariana, y que el gobierno español no proporciona, en la mayoría de los casos, la información necesaria a estas personas en su idioma sobre el derecho al asilo.

En segundo lugar, señala como elemento clave para combatir la discriminación la necesidad de una reforma a la Constitución española que ponga al mismo nivel a nacionales y extranjeros en el ejercicio de sus derechos y libertades. Así, la ECRI reconoce que la lucha contra el racismo y la intolerancia se dificulta si, como señala el informe, se establece una separación constitucional entre ciudadanos españoles y no españoles, vulnerando el principio de igualdad y supeditándolo a leyes que pueden ser objeto de enmiendas periódicas.

La Ley Española de Extranjería

Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es el enorme vacío en cuanto al funcionamiento y al régimen interior de los CIE, cuyas competencias de dirección, inspección, gestión y control corresponden al Ministerio del Interior y son ejercidas a través de la Dirección General de la Policía. Esta norma contempla como reglamentación interna un  artículo único  que otorga amplia discrecionalidad al director del centro para adoptar las directrices y las medidas que considere adecuadas. Esto a pesar de que, según la organización de ayuda al migrante Pueblos Unidos, “la última reforma de la Ley de Extranjería exigió la adopción de medidas para regular estos centros y garantizar un trato digno a las personas internadas, pero después de más de veinte meses, no existe ni siquiera un borrador de reglamento y los principales partidos han decidido ignorar el tema en sus campañas electorales”.

Además, esta ley presenta serias e importantes contradicciones, como es el caso de los Artículos 5 y 23. En el primero se consagra el derecho a la libre circulación, aunque sólo a los extranjeros que cumplan los requisitos de permanencia, mientras que en el segundo se prohíben los actos de discriminación “contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico”, entre otros, y que tenga como fin limitar el ejercicio, “en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”. Estos artículos entran claramente en conflicto, y se anulan en el papel y en la práctica, con las redadas que organiza la Policía basadas en rasgos étnicos para localizar personas indocumentadas.

De esta forma, se establece la existencia de personas de primera y de segunda categoría, y una distinción entre a quiénes son aplicables los derechos humanos y a quiénes no lo son. Esto significa que los derechos humanos son garantizados únicamente a quienes cumplan con los requisitos administrativos impuestos por las oficinas de extranjería. Dependiendo de cada situación específica, su no cumplimiento puede acarrear, además de la privación de libertad, multas o la expulsión del territorio español, que es aplicada también a personas que hayan incurrido en conductas delictivas, con lo que se termina por equiparar la carencia de papeles con el delito penal.

La “Directiva de la vergüenza”

Sin embargo, la privación de libertad sin delito y sin juicio a personas migrantes indocumentadas no es una práctica exclusiva de España. Por el contrario, en 2005 fue presentada la propuesta para su institucionalización de ‘la Europa de los veintisiete’, un exclusivo grupo en el que las políticas migratorias para personas no comunitarias son cada vez más restrictivas y en donde no se escatiman recursos materiales y policiales para impedir la inmigración irregular. Después de tres años y tras recibir algunos matices, en junio de 2008, fue finalmente aprobada la “Directiva del retorno”, relativa a procedimientos y normas comunes de los Estados miembros para el denominado retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio.

En un momento en el que Europa vive la más pronunciada derechización de los gobiernos de la zona, esta “Directiva del retorno” –mejor conocida como ‘Directiva de la vergüenza’ por los eufemismos con que se trata el tema de las la expulsiones– fue aprobada en el Parlamento sin mayor debate, pasando el texto casi enteramente sin modificaciones sustanciales. Lo que, en teoría, puede parecer una manera de crear una legislación común en materia migratoria es, en la práctica, la institucionalización de usos discriminatorios.

De acuerdo con el informe técnico realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los principales motivos de disconformidad de las ONG contra la “Directiva del retorno” son, entre otros, el efecto criminalizador de identificar al inmigrante como delincuente y la consecuente privación de libertad, que vulnera principios básicos del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia y el principio de favor libertatis, de presunción a favor de la libertad del ciudadano. Esta situación de detención hace que, al no encontrarse dentro del sistema penitenciario estatal, se cree un limbo jurídico en el que la privación de libertad se ejerce sin garantías y en condiciones precarias. Adicionalmente, la norma contempla la posibilidad de realizar expulsiones a terceros países y no al de origen, así como la autorización de internar a menores no acompañados, sin garantía de reagrupación familiar.

Más anuncios y pocas garantías

Estas cárceles para inmigrantes sin papeles, que los mantienen recluidos en peores condiciones que las que ofrece el propio sistema penitenciario y en cuyo interior se han producido intentos de suicidio, casos de violación a internas de diferentes nacionalidades e incluso la muerte de algunos detenidos, parecen lejos de desaparecer. No obstante, la presión ejercida por diversas organizaciones y la sociedad civil en España ha tenido una repercusión mediática que ha permitido hacer visible la existencia de los CIE y evidenciar una pequeña parte de lo que ocurre en su interior.

Esto ha provocado la reacción, aunque tardía, del gobierno español. El pasado mes de marzo, el Ministerio del Interior anunció su intención de reforma a los CIE, a casi treinta años de su puesta en funcionamiento, y la redacción de un reglamento que regule sus funciones. Aunque previsiblemente no se logre subsanar el limbo legal en el que se encuentran los detenidos, las principales reformas a la nueva normativa serían las de lograr la colaboración de distintas organizaciones para dejar la seguridad y custodia del centro bajo responsabilidad de la Policía y la gestión interna a ONG u organizaciones especializadas en cuestiones asistenciales y sociales, como la Cruz Roja. También se ha propuesto la creación de un régimen distinto de detención para quienes serían candidatos a expulsión por infracciones administrativas y para los pequeños delincuentes, ya que hasta la fecha no se hace ninguna distinción en el encierro entre unos y otros.

No obstante, bajo la presión del gobierno por obtener resultados e inflar las estadísticas policiales, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que el acoso a los inmigrantes sin papeles y las redadas siguen siendo una práctica recurrente. Por esta, entre otras razones, las organizaciones y ONG involucradas activamente en la lucha por los derechos de los migrantes tienen serias dudas con que la redacción del nuevo reglamento de los CIE modifique sustancialmente su situación interna. Igual percepción se tiene sobre la posible colaboración de la Cruz Roja, pues su posibilidad de acción es limitada, como ya sucede en Italia, además de plantear serias dudas a quienes temen que no desempeñe un papel fiscalizador y de denuncia al recibir recursos del Estado sino que, por el contrario, acabe por cumplir las funciones que le corresponden al Estado.

El reglamento no ha sido publicado, habiendo pasado ya varias semanas desde el anuncio del Ministerio de Interior. Sin embargo, teniendo en cuenta la precariedad interna de los centros españoles, pero sobre todo la ambigüedad jurídica y las regulaciones supranacionales impuestas desde la Unión Europea, no se esperan grandes avances. Mientras tanto, Médicos del Mundo, SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y la plataforma de entidades de ámbito europeo y africano Migreurop seguirán reclamando el cierre definitivo de estos centros.

La política europea de la discriminación

Por: Christian Peñuela – mayo 14 de 2012

Riseup.net y May First / People Link son colectivos solidarios que, a través de la Internet y de manera autogestionada, ofrecen servicios digitales seguros y de alta calidad a organizaciones sociales, colectivos solidarios y proyectos de activismo político y defensa de los derechos humanos en el mundo. Apoyados en las llamadas leyes antiterroristas de Estados Unidos, el pasado 18 de abril en la ciudad de Nueva York, el FBI incautó uno de los servidores de Riseup.net que proveía servicios a May First / People Link, perjudicando a centenares de agrupaciones que alojaban sus páginas web y correos electrónicos en esta máquina, operada por el más antiguo proveedor independiente de Internet europeo: European Counter Network.

Recientes amenazas electrónicas relacionadas con un posible atentado con bomba a la Univerisdad de Pittsburgh fueron empeladas por el FBI  como argumento para la incautación. De acuerdo con Riseup.net, un usuario desconocido utilizó de manera inadecuada el servicio Mixmaster, que reenvía de forma anónima correos electrónicos para porteger la identidad digital de personas u organizaciones sociales que requieren privacidad en Internet por razones de seguridad o para proteger la vida e integridad física de defensores de derechos humanos o activistas, lo cual, de acuerdo con un comunicado de la organización de activismo tecnológico, ocurre cuando, “desafortunadamente, algunas personas dan un mal uso a la red”, pero este mal uso es muy bajo comparado con el uso benéfico que obtienen los miles que se benefician de la existencia de estos recursos.

William Rozo, investigador colombiano del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que los servicios que organizaciones como Riseup.net prestan a activistas y defensores de derechos humanosque enfrentan regímenes “donde las garantías sociales y la libre expresión son objeto de censura”. Por esto, resultan de vital importancia para la protección de estas personas y consisten en que “cuando una persona envía un correo electrónico o intercambia información que requiere seguridad, los servidores de Riseup cambian [u ocultan] las [direcciones] IP [...] De esta manera, se protegen los orígenes de los mensajes, la identidad de las personas y las denuncias que se realizan a través de estos correos y páginas web”.

La acción del FBI afectó a 300 cuentas de correo electrónico, entre 50 y 80 listas de distribución de correo, y a varias páginas web. Devin Theriot-Orr, vocero de Riseup.net, afirma que esta organización rechaza las amenazas de bomba y, respecto al operativo, afirma que “el FBI está usando una política de martillo: cierra un servicio para miles de usuarios debido a las acciones de una persona anónima […] Nos oponemos a las amenazas, sin embargo, secuestrar el servidor no va a detenerlas. El único efecto es detener los e-mails y páginas web para miles de personas inocentes […] Entonces, no tenemos otra cosa que preguntarnos por qué fue tomada esta drástica acción, cuando las autoridades sabían que el servidor no contiene ninguna información que pueda ayudarles en su investigación”.

Anriette Esterhuysen, directora ejecutiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), considera que “estas torpes intervenciones de los gobiernos son una violación de la Ley de Comunicaciones de los Estados Unidos, de los derechos de Internet tal como se definen en la Carta de Derechos de Internet. Hacemos un llamamiento a los líderes del gobierno para detener estos ataques contra la sociedad civil y los derechos de los usuarios de Internet” .

Por su parte, William Rozo señaló que estos hechos afectan a los activistas de Internet colombianos porque “para nadie es un secreto que los organismos de inteligencia del Estado que tenemos están al servicio del gran capital financiero y para proteger sus intereses: cuando hay una denuncia contra una multinacional o contra un agente o funcionario, dichos organismos proceden a realizar interceptaciones, elaboran judicializaciones e individualización, o, en el peor de los casos, la desaparición o asesinato de las persona que realiza las denuncias”.

El experto en derechos humanos y en tecnologías de Internet agregó que “hay una intención del gobierno colombiano, además de la presión que ejerce el gran capital norteamericano, de aplicarle una cierta censura a los contenidos de Internet bajo la premisa de la protección de los derechos intelectuales”, con la aplicación de la llamada ‘Ley Lleras 2.0′, y que los activistas de la red y los defensores de derechos humanos enfretan graves dificultades al ver restringida su libertad de compartir información sin restricciones para hacer denuncias o prevenir agresiones dado que “están silenciando nuestra voz, porque Internet se ha convertido en un gran escenario de denuncia de casos de graves violaciones de derechos humanos y al Estado no le conviene que se conozcan dichas denuncias en la opinión pública. La ley Lleras 2.0 es una política que se conoce desde hace ya mucho tiempo y que obedece y fue diseñada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dentro de lo que se conoce como ‘Guerra de Cuarta Generación’ que consiste en todo el control de los ciudadanos en el mundo”.

Por: Manuela Torres – mayo 6 de 2012

Como se recuerda, el pasado 7 de marzo un accidente cobró la vida de nueve mineros en Angelópolis, cuenca del Sinifaná, suroriente de Antioquia. Una tragedia más en la ya larga lista de eventos similares en la pequeña minería de socavón, que volvió a poner en evidencia las graves fallas de seguridad laboral que se presentan en este tipo de explotación. Es una problemática que no sólo afecta a las más de 300 minas informales de esta cuenca, también prevalece en departamentos como Boyacá y Norte de Santander, donde la minería informal es la fuente de ingresos de miles de familias.

El jueves 8 de marzo, Arnulfo Velásquez fue entrevistado por un noticiero nacional. Papel en mano explicaba que la mina El Desespero, de su propiedad, lugar de la tragedia en la que fallecieron nueve mineros, tenía autorización para explorar y explotar el terreno, amparado con el título minero a nombre de Gustavo Mejía, de Carbones La Clara Balastrera Ltda., con quien tiene un contrato de operación por término indefinido. En su rostro era evidente que le urgía aclarar la información errónea publicada el día anterior, que afirmaba que la mina no tenía autorización para operar y que además él, Arnulfo, sería el principal culpable del hecho funesto, en el que murió un hermano suyo, un sobrino y 7 de sus trabajadores. Adicionalmente, rectificó el nombre oficial de la mina: no se llama El Desespero sino La Cascada.

Sin embargo, contrario a lo esperado, ninguno de los trabajadores sobrevivientes renunció y cuatro días después del entierro de sus nueve compañeros volvieron a laborar. La mina tenía en regla sus papeles y cumplía requisitos legales en afiliación a riesgos profesionales, y era además su fuente de subsistencia. Es más, después de la tragedia nuevos trabajadores llegaron a pedir enganche en la mina. ¿La razón? El carbón es la mayor fuente de empleo de la región del Sinifaná, donde se calcula que hay 300 pequeñas minas similares a la de Arnulfo.

“La gente es muy consciente de que una tragedia puede pasar en cualquier mina”, asegura Arnulfo, quien dirige La Cascada desde 2010 y agrega que es la primera vez que en la zona ocurre un accidente de tal magnitud en una mina tan pequeña.

¿Qué pasó?

La vida de Diego Luis Chaverra, experto en seguridad minera y salud ocupacional en la Cuenca del Sinifaná, está ligada a la tragedia de 1977 en Industrial Hullera, en ese entonces, la mina más grande de la cuenca y en la que fallecieron 86 mineros. La casi pérdida de su padre, que logró sobrevivir al accidente, le dejó un marcado interés por la minería y un compromiso por mejorar las condiciones laborales, sobre todo en la minería informal. Así, ha trabajado 18 años de su vida en este tema, razón por la cual Arnulfo Velásquez lo contrató para hacer el diagnóstico de las causas del reciente accidente en La Cascada.

Los hallazgos que en su diagnóstico señala Diego evidencian y resumen la crisis de seguridad laboral que aqueja a la minería del Sinifaná, en particular, y del país, en general. Encontró que la vida de los nueve hombres fue cegada por el desconocimiento de labores antiguas en esa zona. Los mineros trabajan según sus costumbres tradicionales y excavan siguiendo la dirección de la veta del carbón sin un estudio topográfico previo.

Diego descubrió que el 7 de marzo, cuando los mineros avanzaban en el interior de La Cascada con pica y no con pólvora –como se dijo en los medios–, se encontraron con una pared de 50 cm de espesor que sostenía una bolsa de agua de 140 metros cúbicos, o sea, 140 toneladas de peso, que fue la causante de la muerte de los trabajadores por ahogamiento. El agua represada provenía de un terreno que hace 40 años se trabajó de manera ilegal, hecho que Arnulfo desconocía por completo.

Accidentes como estos son más comunes de lo que se cree, dice Diego, experto en diseño de planes de prevención de riesgos, pero no hay cifras acertadas sobre el número de víctimas fatales y de heridos, agrega. Entre otras cosas, porque muchos accidentados no son reportados o lo son como heridos en accidentes de tránsito, a fin de que sean atendidos por el SOAT.

Las causas más comunes de los accidentes son: gas metano dentro de los socavones, inundación por agua represada, atropellamiento de coches, contacto eléctrico y caída de rocas, la mayoría por causa de inadecuada infraestructura para la explotación del carbón.

¿El culpable?

Decir que Arnulfo Velásquez es el único responsable es ignorar los ínfimos recursos con los que los mineros trabajan. En esta zona, la minería tiene la particularidad de ser de subsistencia, no de grandes proyectos. Por eso, ninguna de las pequeñas minas tiene el músculo financiero para hacer estudios de mantenimiento e instalar sistemas de seguridad industrial, y menos para ejecutarlos.

Pero la responsabilidad recae, a su vez, en quien posee el título minero y contrata con terceros la operación, a pesar de que el contrato entre el dueño del título y el pequeño minero Arnulfo Velásquez especifica que “el contratista asume la responsabilidad de las relaciones laborales que adquiera con los empleados y los riesgos que el trabajo conlleve”.

En desacuerdo con lo anterior, el director de la regional del Ministerio del Trabajo, Gustavo Gómez Areiza, señala que la responsabilidad es también del dueño del título minero, por operar con contrato a particulares que no tienen la infraestructura exigida por Ingeominas. Recordó que en 2010 un grupo conformado por delegados del ministerio, alcaldes y personeros de los municipios, inspectores de policía y un representante de la Personería de Familia hicieron 67 visitas preventivas a la cuenca del Sinifaná. En La Estación y Balastrera, corregimientos del municipio de Angelópolis donde se concentra el mayor número de explotaciones, encontraron que la mayoría de éstas operan sin título minero, sin formalidad laboral ni seguridad social. Precisamente, tras esta visita se dio la orden de cierre de La Cascada hasta que cumpliera con los requisitos.

Ante esto, el alcalde de Angelópolis reconoció en un acta la ilegalidad de 105 minas y declaró que en ocasiones ha intentado cerrar algunas por el riesgo que representan para sus trabajadores, pero esto implicaría un problema mayor, ya que el grueso de la economía familiar en el municipio depende del trabajo en estas minas. Reconoce, asimismo, que el municipio no está en condiciones de generar otros ingresos y, en consecuencia, “solicita al Estado tomar decisiones y entre todos dar una solución a esta problemática”.

Por otro lado, el Estado no cumple con la obligación de hacer los levantamientos topográficos de la zona. Diego Chaverra asegura que para ello se necesita la cooperación de los mineros, pues, aunque éstos no poseen los recursos para hacerlo por su cuenta, sí tienen conocimientos sobre el número y la ubicación de aquellas minas que han sido cerradas o están abandonadas. La Secretaría de Minas, ente encargado de llevar a cabo esta tarea, sólo fiscaliza el cumplimiento de las normas técnicas, mientras que el Ministerio de Trabajo se encarga de vigilar que se cumplan las exigencias laborales y de seguridad social.

Yo, el empleador

Bernardo Franco, de 47 años, es, al igual que Arnulfo, propietario de dos pequeñas minas. Como su padre, se inició en la minería por necesidad, dado que la precariedad del trabajo en la agricultura no le permitía subsistir. Sin ningún conocimiento en el tema, a la edad de 25 años se inició como arrastrador de coches de carbón, la tarea más mal paga de la mina, y así fue aprendiendo todo sobre el oficio. Esto, hasta cuando un accidente con explosivos afectó sus oídos y destruyó su ojo derecho, dejándolo impedido para trabajar. Tras ocho años de lucha por conseguir la pensión que le correspondía, abrió dos minas en Angelópolis, donde llegó hace 18 años, y ahora es minero empleador.

En la primera mina comenzó la excavación con tres trabajadores, en un terreno que ahora está en manos de la Fiscalía. Allí existen varias minas y ninguna ha requerido título minero para operar, pues, dice Bernardo, ésta es “un área libre” y las autoridades no han llamado la atención al respecto. “A pesar de que uno es el que ha trabajado y luchado aquí desde hace años, de que uno es el que conoce el terreno, por dónde entrar, dónde trabajar, puede ser sacado en cualquier momento: no nos dejan trabajar”, reconoce con resignación.

La segunda mina la construyó en la vereda La Estación, en un terreno de su propiedad, no muy lejos de La Cascada. Para ello contrató a Diego Chaverra, quien con sus estudios y recomendaciones le permitió mejorar notablemente las condiciones de seguridad en la mina. Ésta la opera mediante un contrato con Guillermo Antonio Correa, quien exige que todos los trabajadores estén afiliados a la seguridad social integral, incluyendo riesgos profesionales.

Ambas minas son representativas del intento de transición de la minería rústica tradicional a una minería que quiere cumplir con los requisitos de Ley, que le garanticen el reconocimiento del Gobierno, pues actualmente la minería rústica emplea a más de 7.000 personas en toda la Cuenca, y produce más de 30.000 toneladas de carbón al mes.

Las mujeres defienden su lugar

Ante sus precarias condiciones económicas como madre soltera y cabeza de familia, Ruby Alexandra Betancur, de 28 años, comenzó a trabajar en La Cascada. Ahora es una de las diez personas que laboran en la mina de Bernardo Franco. Dice sentirse bien allí, pues considera que las condiciones de seguridad y el orden en el puesto de trabajo es mejor que en la mayoría de los entables de la zona, donde, según ella, se corre mayor peligro: “yo he trabajado en el socavón, pero me gusta más estar afuera porque los riesgos son menores. Adentro uno no se sabe si va a volver a salir”.

Al pensar en su futuro, Ruby suspira con tristeza y sólo desea que sus tres hijas no hereden su oficio, pues éste, en las condiciones actuales, degrada la salud y desgasta su espíritu, con jornadas de diez horas de lunes a domingo y un salario que no supera el mínimo legal.

Además, Ruby tiene que lidiar con el machismo que impera en este oficio. Tuvo que enfrentarse al Decreto 1335 que prohíbe a las mujeres laborar en las minas. “Me puse a llorar cuando el funcionario del Ministerio de Minas me mencionó ese decreto. ¿Yo, qué hago? ¿Si no es aquí, dónde trabaja uno?”. Ante la situación, Bernardo Franco y ella captaron la atención de algunos medios nacionales y regionales para expresar las dificultades que dicho decreto representaba para la comunidad y, en consecuencia, el Ministerio dio la autorización para que las mujeres regresaran a su trabajo, con la condición de que no fuera en tareas que las obligara a entrar en el socavón.

Somos informales, no ilegales

Con el fin de agrupar a la pequeña y mediana minería, en 2008 nació la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomicsi), que representa los intereses de 86 pequeños mineros y que, en palabras de Rubén Darío Serna, su presidente, es “perseguida por el Gobierno”, que clasifica su actividad como ilegal y le niega la oportunidad de formalizarse.

“Nosotros no trabajamos al margen de la Ley, nosotros pedimos que se modifique la Ley de Minas para priorizar los derechos de los pequeños mineros, con el fin de acceder a los títulos y respetar su labor, cediendo las hectáreas que requieran para continuar con ella de una manera digna”, dice Serna.

El principal requisito para formalizar una mina es que su dueño posea el título minero, pero adquirirlo requiere un capital de más de cincuenta millones de pesos, cantidad casi imposible para un pequeño minero.

Más del 70% de las ganancias de una pequeña mina se destina al pago de regalías, al pago del porcentaje al dueño del título – $4.000 por tonelada– y a salarios, liquidaciones, seguridad social integral y compra de materiales, lo que deja al dueño de la mina con una parte mínima de la ganancia. A esto se suma que el pequeño minero se ve en la obligación de vender el mineral a precios irrisorios: mientras un mayorista vende hoy la tonelada a $135.000, el pequeño minero la vende a $95.000, en razón a que lo hace a través de un intermediario, que es la única opción del mercadeo de su producto. De ahí que las mayores ganancias de la venta del carbón quedan en manos de personas que no pertenecen a la región.

Asomicsi demanda del gobierno capacitación, subsidio de salud social, facilidad para acceder a los títulos mineros y créditos de fomento a la minería. Además, propone que las grandes universidades públicas de Colombia hagan presencia en la zona, como retribución por los conocimientos adquiridos en los estudios allí realizados.

Al respecto, el director de la Regional del Ministerio de Trabajo, Gustavo Gómez Areiza, asegura que la respuesta a la crisis es la modificación de la legislación y la apertura de un diálogo con todos los actores de esta industria. También urge un cambio en la cultura de la región, permeada por los grupos armados y el fenómeno de la drogadicción y la delincuencia, aspectos que profundizan la inequidad. Esta propuesta, señaló, la ha llevado a la Mesa Minera, constituida por el gobierno de Antioquia, los trabajadores y los empresarios, con el fin de generar un cambio en las condiciones laborales y sociales que genere progreso a los municipios. El proceso es largo y sólo hace falta voluntad, agregó.

Por: Nicolás Camargo

Vladimir Flórez o ‘Vladdo’ es un reconocido caricaturista colombiano quien desde hace aproximadamente 25 años, como lo menciona en su página web, “anda haciendo travesuras en la prensa colombiana y ha pasado por los más conocidos diarios y revistas del país”. Asegura que “a pesar de su comportamiento ha recibido varios premios de periodismo como el Premio a la Excelencia de la Sociedad Iberoamericana de Periodistas”.

Vladdo nació en Armenia (Quindío), es diseñador y publicista de profesión, periodista de oficio y dibujante innato. Desde pequeño le gustó dibujar y con el pasar del tiempo, y de sus estudios en Colombia y el exterior en diseño y publicidad, perfeccionó sus trazos. Desde que inició su carrera en 1986 ha sido merecedor de varios reconocimientos a nivel nacional e internacional: Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros.

Para este prestigioso caricaturista, es importante estar bien informado. Por eso, a diario “leo periódicos de Francia, Estados Unidos, Colombia”, comentó Vladdo, pues para dibujar necesita saber que está pasando en la realidad. De hecho, éste es uno de los criterios que utiliza para saber sobre qué opinar: “uno escoge los temas sobre los cuales pueda aportar algo, opinar, decir alguna cosa. Si uno no dice nada sobre algún tema, probablemente es porque no tiene un enfoque distinto, original o interesante; si no opino sobre ciertos temas es porque no tengo nada que aportar realmente o porque no lo conozco lo suficiente”.

Las caricaturas de Vladdo en la Revista Semana, donde publica desde 1994, se caracterizan por su mordaz crítica a los políticos, la realidad del país y la cultura conservadora que caracteriza a Colombia. Sus ácidas caricaturas, según su la información en su web, “son un dolor de cabeza para los políticos y dirigentes de turno, y motivo constate de sonrojo para los editores de la revista”.

Además, el propio Vladdo reconoce que las caricaturas que generan mayor controversia son las que “tienen que ver con los presidentes en momentos cruciales, pues estas generan mucha reacción de los seguidores de los mandatarios, por una parte, y, por otra, las caricaturas que tienen que ver con algunos temas que son muy sensibles para la audiencia, como los temas de sexo, de religión, de abusos de los curas, en fin. Esas cosas generan mucha mayor, a veces, animadversión de la gente, pero con frecuencia muchas reacciones”.

Precisamente, una de las caricaturas más conocidas es la Casa de Nariño que ha tenido varios nombres de acuerdo con “el gobierno de turno”. La primera vez que lo publicó lo llamo Palazo Presidencia; luego, en los gobiernos de Uribe tuvo varios nombres: Palacito Presidencial, Paracio Presidencial y Casa de Nari; ahora, en el gobierno de Juan Manuel Santos lo denomina Santuario Presidencial. Aunque, en el gobierno Uribe él considera que “se transformo mucho porque duró mucho tiempo, pero no porque Uribe sea algo especial sino porque estuvo demasiado tiempo en el poder”.

Finalmente, ante la pregunta de si es mejor utilizar la caricatura para ser un incómodo o un acomodado frente a los gobiernos Vladimir Flórez responde: “Pues yo pensaría que es mejor ser incómodo, porque ser lambón es muy aburridor y yo no nací para eso”.

Por: La Independent – abril 18 de 2012

En casi todos los países del mundo la violencia sexual es el crimen más invisible. Muchas mujeres víctimas de delitos sexuales, además de cargar con el flagelo de la violación, son atormentadas por una estigmatización que les causa daños irreparables e imposibles de olvidar. Dentro de la investigación que Amnistía Internacional llevó a cabo en Colombia sobre los delitos de impunidad en los casos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado, la entidad entrevistó a numerosas mujeres, niñas y familiares de todo el país, que contaron su historia con la esperanza de contribuir, de alguna manera, a poner fin a la violencia sexual que ha caracterizado el conflicto armado interno.

En la indagación, Amnistía Internacional encontró que, dentro del contexto del conflicto colombiano, la “violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible”. Las mujeres vienen siendo objeto de una violencia generalizada a manos de todos los actores involucrados en el conflicto y también son violentadas como represalia por su labor comunitaria o social.

Algunas han sido agredidas por razones distintas al género y han sufrido abusos sexuales y explotación sexual para sembrar el terror en las comunidades y, así, obtener el control territorial y obligar a las familias a huir de sus casas para facilitar la invasión de sus tierras o para vengarse de sus adversarios.

Llama la atención del informe que la violencia sexual pertenece a una categoría especial por ser invisible, a pesar de su frecuencia. La violación relacionada con el conflicto no se denuncia y las víctimas encuentran que hay ausencia general de seguridad en el sistema judicial, bien porque las autoridades no se lo toman en serio, porque no se investiga adecuadamente o porque no se suponen delitos de lesa humanidad.

La razón fundamental para que estos crímenes no sean considerados como crímenes de guerra o de lesa humanidad es porque no están tipificados como tales en el Código Penal, como tampoco se ha definido en la legislación nacional los crímenes de guerra establecidos por el derecho convencional y consuetudinario.

La reforma al Código Penal, contenida en la Ley 1236 de 2008, modificó algunos artículos relativos al abuso sexual e incluyó entre ellos el proxenetismo y los actos sexuales abusivos, aunmentando las circunstancias de agravación punitiva de los delitos. En la actualidad, la definición de lo considerado como violación en el Código Penal limita los actos cometidos como violencia física y, por ende, no son abordados por las autoridades encargadas de adelantar las investigaciones [sobre los delitos de lesa humanidad y violaciones al Derecho Internacional Humanitario].

El informe argumenta que: “el Código Penal Colombiano no refleja las definiciones de derecho internacional en ciertos aspectos clave que afectan el derecho de las sobrevivientes de la violencia sexual a la justicia y la reparación: los artículos 205 (violación) y 138 (violación de una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario) se aplican actualmente sólo a los actos perpetrados “mediante violencia”. Esto no es congruente con la definición de los “Elementos de los crímenes” del Estatuto de Roma, que se refieren a la violación y a otras formas de violencia sexual cometidas “por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas, u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción, o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento”.

El Artículo 3 de la Ley 1257 define útilmente “daño sexual” como las “consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas”. Sin embargo, esta ley no ha sido incorporada al Código Penal, lo que limita su eficacia para proporcionar un remedio en aplicación de la legislación penal a las mujeres y niñas que han sido sometidas a violación y a violencia sexual.

Respecto de la Ley 975, más conocida como Ley de Justicia y Paz, Amnistía Internacional encuentra que presenta graves defectos estructurales, puesto que incumple normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y porque “el proceso continúa fallando a innumerables víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto”. De otro lado, en el informe también se denuncia el hecho de que hay infiltración de los grupos paramilitares en cargos de poder del aparato del Estado, especialmente en ciertas regiones, y que eso hace que hayan muchos casos en que las sobrevivientes hayan sido amenazadas por sus agresores tras la desmovilización y que los crímenes denunciados queden impunes.

Señala el informe que, si bien es cierto que en los últimos años ha habido avances limitados en la comparecencia ante la justicia de los responsables de la violencia sexual contra mujeres y niñas, en el contexto del conflicto armado los culpables no responden por sus actos, pues “los paramilitares no confiesan crímenes de violencia sexual, las mujeres rara vez denuncian estos crímenes y, cuando lo hacen, las autoridades suelen intentar persuadirlas para que no sigan adelante con su queja. Las sobrevivientes son tratadas a menudo con desconfianza y menospreciadas como mentirosas o ‘prostitutas’. Incluso, cuando una mujer encuentra la fuerza para presentar una queja, ésta rara vez es investigada y las posibilidades de que el perpetrador sea declarado culpable son insignificantes, sobre todo si es un soldado, un paramilitar o un guerrillero. Cada paso del proceso parece concebido para bloquear los intentos de las sobrevivientes de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.

No cabe duda de que no se garantiza, por parte de las autoridades, la protección efectiva del derecho de la mujer a la no discriminación y a la igualdad. La mayoría de víctimas de violación sexual no denuncian por miedo a su agresor o porque desconfían del sistema judicial, no obstante que en la última década se han promulgado leyes que enmarcan la acción del Estado, que la Corte constitucional ha obligado a las instituciones a prevenir la violencia contra la mujer y que el Ejecutivo, mediante decreto, también lo haya contemplado, las disposiciones y su aplicabilidad siguen resultando ineficientes.

Es indudable que detrás de las mujeres y las niñas víctimas de violación hay un drama doloroso que crece dentro del conflicto armado en el país, que la violencia sexual queda impune, que es invisible, que las victimas que la soportan deben guardar silencio para no ser señaladas por la sociedad que las juzga y burladas por quienes las agreden, y que aquellas que se atreven a denunciar sufren a menudo agresiones y obligadas a desplazarse o, lo que es peor, son asesinadas.

Las conmemoraciones del Día Internacional de la Clase Obrera en Colombia demostraron un masivo reclazo a las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, al TLC con Estados Unidos y a la creciente violencia contra el movimiento social en el país. Sin embargo, en las principales ciudades colombianas se impuso sobre los manifestantes toda la fuerza viva del Estado: desmedidos operativos policiales terminaron con plazas y avenidas desocupadas, centenares de detenidos, heridos y escenas de pánico que marcaron el cierre de la jornada.

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