{"id":14707,"date":"2017-02-14T20:58:11","date_gmt":"2017-02-15T01:58:11","guid":{"rendered":"http:\/\/elturbion.com\/?p=14707"},"modified":"2017-02-14T20:58:11","modified_gmt":"2017-02-15T01:58:11","slug":"cuestionan-ante-la-onu-situacion-de-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=14707","title":{"rendered":"Cuestionan ante la ONU situaci\u00f3n de derechos humanos"},"content":{"rendered":"
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A pesar de las recomendaciones de la ONU, el Estado colombiano no ha actuado decididamente para afrontar la grave situaci\u00f3n de derechos humanos que se vive en el pa\u00eds – Foto: Yovana Vargas.<\/figcaption><\/figure>\n

Por: Christian Pe\u00f1uela – 14 de febrero de 2017<\/strong><\/p>\n

269 organizaciones denunciaron ante el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU la grave situaci\u00f3n que se vive en Colombia, con ocasi\u00f3n del s\u00e9ptimo examen peri\u00f3dico universal realizado por dicho organismo del 17 al 20 de octubre en Ginebra (Suiza).<\/p>\n

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En su informe alterno<\/a> al del Estado colombiano, las organizaciones defensoras de derechos humanos se\u00f1alan que no se est\u00e1n aplicando de manera decidida a las 46 recomendaciones de organismo multilateral. No obstante, a pesar de que las mismas tienen car\u00e1cter vinculante para nuestro pa\u00eds, ninguno de los funcionarios del Gobierno Nacional dio explicaciones satisfactorias a los miembros del comit\u00e9 sobre las razones para que se sigan incumpliendo, lo cual hace que Nicol\u00e1s Rodr\u00edguez, integrante de Acci\u00f3n Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), asegure que \u201cfue desafortunada la intervenci\u00f3n de los funcionarios del Estado al no encontrar argumentos s\u00f3lidos tanto a las recomendaciones proferidas por el Comit\u00e9 como a las situaciones presentadas por las organizaciones colombianas\u00bb.<\/p>\n

Adicionalmente, el documento denuncia que la justicia interna no ha sido efectiva en investigar, juzgar y prevenir diferentes violaciones a los derechos humanos que, en el caso de cr\u00edmenes como la violencia sexual en el marco del conflicto armado, alcanzan niveles de impunidad del 98%.<\/p>\n


\nContin\u00faan las violaciones sistem\u00e1ticas en el gobierno Santos<\/strong><\/p>\n

El documento recoge hechos ocurridos entre 2010 y 2015, es decir, durante todo el primero y el inicio del segundo mandato de Juan Manuel Santos, y, a partir de los mismos, demuestra el abierto incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (Pidcp) por parte del Estado colombiano y la continuidad de las pr\u00e1cticas m\u00e1s comunes de victimizaci\u00f3n en la guerra colombiana.<\/p>\n

Una de las situaciones en las que las organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron \u00e9nfasis en Ginebra fue la grave crisis carcelaria colombiana, sobre la cual Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez, integrante de la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas, afirma que: \u201cel hacinamiento en las c\u00e1rceles colombianas pas\u00f3 de un 35% en el 2010 a un 56% al inicio del a\u00f1o 2016\u201d. Asimismo, \u00d3scar Ram\u00edrez, quien hace parte de la Fundaci\u00f3n Comit\u00e9 de Solidaridad con los Presos Pol\u00edticos (Fcspp), menciona que \u00abexisten dos c\u00e1rceles<\/a> en Colombia que han sobrepasado en un 400% su capacidad sin que el Gobierno Nacional haya tomado medidas que mitiguen el hacinamiento carcelario\u00bb.<\/p>\n

Por otro lado, se hizo especial menci\u00f3n sobre la persistencia de \u00a0la desaparici\u00f3n forzada, la trata de personas y el desplazamiento forzado en los dos gobiernos de Santos y la relaci\u00f3n de estos delitos con la implementaci\u00f3n de megaproyectos econ\u00f3micos.<\/p>\n

Adicionalmente, se denunci\u00f3 la preocupante persecuci\u00f3n contra l\u00edderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores al modelo econ\u00f3mico que impera en Colombia que, seg\u00fan un reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)<\/a>, complet\u00f3 117 v\u00edctimas de homicidio, 350 de amenazas, 46 de atentados y 5 de desaparici\u00f3n forzada en 2016, situaci\u00f3n que se ha venido agravando despu\u00e9s del plebiscito<\/a> para la refrendaci\u00f3n de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Tambi\u00e9n hace especial menci\u00f3n a la grave situaci\u00f3n que viven miles de activistas, campesinos, afrodescendientes, ind\u00edgenas, periodistas y sindicalistas debido a la criminalizaci\u00f3n de la protesta social, especialmente a partir del paro nacional agrario de 2013.<\/p>\n

Al respecto, las organizaciones que elaboraron el informe dirigido al Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU se\u00f1alaron su preocupaci\u00f3n por la falta de compromiso del Estado colombiano por resolver estas problem\u00e1ticas durante los 5 a\u00f1os transcurridos desde el \u00faltimo examen peri\u00f3dico. Seg\u00fan Alberto Yepes, integrante de la Coordinaci\u00f3n Colombia Europa Estados Unidos, en ese momento se recomendaba tomar acciones frente a \u201cla posible impunidad causada por la aplicaci\u00f3n de la Ley 975 de 2005, tambi\u00e9n conocida como Ley de Justicia y Paz, la comisi\u00f3n de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza P\u00fablica y los seguimientos e interceptaciones<\/a> ilegales a organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas\u201d, situaciones que han continuado en los gobiernos de Juan Manuel Santos sin que se prevengan oportunamente.<\/p>\n

El documento aporta importantes datos sobre continuidad del paramilitarismo, la justicia penal militar, las garant\u00edas para la protesta social, la situaci\u00f3n de la ni\u00f1ez, la desaparici\u00f3n forzada, el derecho al aborto, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, la esterilizaci\u00f3n forzada de ni\u00f1as con discapacidad, la situaci\u00f3n carcelaria, el servicio militar obligatorio y las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento por parte del Ej\u00e9rcito. Con respecto a estas detenciones arbitrarias, hace \u00e9nfasis en que a la fecha ning\u00fan militar ha sido sancionado por esta pr\u00e1ctica irregular, a pesar de la orden proferida en la Sentencia T-455 de 2014<\/a> de la Corte Constitucional.<\/p>\n

Adicionalmente, relaciona las interceptaciones, seguimientos o actividades ilegales de inteligencia, la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n de los defensores de derechos humanos y el trato desigual y discriminatorio que padecen las personas LGBTI, a pesar de los recientes avances legislativos en Colombia en materia de equidad de g\u00e9nero.<\/p>\n

Las organizaciones fueron enf\u00e1ticas al se\u00f1alar que es necesario que los movimientos sociales se apropien de este informe como una herramienta de seguimiento a las recomendaciones que ha recibido el Estado tanto de la ONU como de los defensores de derechos humanos, pues el cumplimiento de los tratados internacionales en esta materia es de obligatorio cumplimiento para nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

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