{"id":150,"date":"2007-08-15T22:22:58","date_gmt":"2007-08-16T03:22:58","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/wordpress\/?p=150"},"modified":"2007-08-15T22:22:58","modified_gmt":"2007-08-16T03:22:58","slug":"un-uribismo-sedicioso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=150","title":{"rendered":"Un uribismo ‘sedicioso’"},"content":{"rendered":"

Agosto 15 de 2007<\/strong><\/p>\n

El Derecho distingue, entre las conductas punibles en la sociedad, dos tipos de delitos: el delito com\u00fan y el delito pol\u00edtico. Con la construcci\u00f3n de los estados modernos, esta \u00faltima clasificaci\u00f3n aparece y se va haciendo cada vez m\u00e1s clara, dada la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica de los movimientos populares y sociales que buscan una sociedad m\u00e1s justa.<\/p>\n

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As\u00ed, el delito pol\u00edtico tiene su fundamento en el derecho primordial de los pueblos a rebelarse contra un poder que no les representa o que les oprime, lo cual no s\u00f3lo se encuentra consagrado en las constituciones de inspiraci\u00f3n liberal \u2013como la de los propios Estados Unidos\u2013 sino tambi\u00e9n en la Carta de los Derechos de los Pueblos, firmada en Argel el 4 de julio de 1976. La existencia del delito pol\u00edtico supone la existencia de un poder que una parte de la sociedad considera ileg\u00edtimo, o que no le representa, y de formas de organizaci\u00f3n y de acci\u00f3n de \u00e9sta para oponerse a aquel. Por esto, la lucha de importantes sectores por el reconocimiento de este tipo de delitos se ha expresado en las constituciones y legislaciones de distintos pa\u00edses, con los matices propios que ofrece la lucha contra las desigualdades sociales en cada uno de ellos.<\/p>\n

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Por esto, no deja de llamar la atenci\u00f3n la propuesta de Uribe V\u00e9lez, actual inquilino de la Casa de Nari\u00f1o, de ofrecer el tratamiento de criminales pol\u00edticos a los jefes paramilitares y a sus representantes en el Congreso de la Rep\u00fablica, luego de que la Corte Suprema de Justicia considerase que la figura contemplada por la Ley 975 de 2005, la mal llamada \u2018Ley de justicia y paz\u2019, para que a estos criminales se les juzgase por sedici\u00f3n no es aplicable, dado que nunca se han opuesto al Estado y a que han actuado siempre en complicidad con las fuerzas militares.<\/p>\n

Las razones, en realidad son muy simples: de acuerdo a la Constituci\u00f3n de 1991, los delitos pol\u00edticos \u2013rebeli\u00f3n, asonada y sedici\u00f3n\u2013 son indultables y s\u00f3lo basta la voluntad pol\u00edtica del Ejecutivo para la liberaci\u00f3n de quienes se encuentren cautivos por ellos. En el caso particular, las componendas pol\u00edticas que los jefes narcoparamilitares han realizado con el Jefe de Estado para garantizar la legalizaci\u00f3n de sus fortunas \u2013obtenidas a partir del narcotr\u00e1fico, el despojo a los campesinos, la falsificaci\u00f3n de escrituras, el desplazamientos y toda la suerte de atrocidades que han cometido\u2013 y su inserci\u00f3n a la vida pol\u00edtica como respetables hombres de negocios condicionan el comportamiento del presidente en esta materia.<\/p>\n

El caso no es nuevo: en Centroam\u00e9rica, durante las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los gobiernos dictatoriales que subsist\u00edan gracias a la velada intervenci\u00f3n militar de los EEUU crearon ej\u00e9rcitos completos de mercenarios que, adem\u00e1s de recibir entrenamiento, armamento y pertrechos de la CIA, fueron constituy\u00e9ndose en la principal herramienta de las clases dominantes locales para acceder al poder local y nacional. De ser criminales de guerra condenados por la comunidad internacional, organizaciones como la \u2018mano blanca\u2019 salvadore\u00f1a pasaron a camuflarse en los partidos pol\u00edticos que sus dirigentes hab\u00edan formado para acceder al poder como Alianza de Renovaci\u00f3n Nacional (Arena) \u2013cuyo nombre coincide casi completamente con el Movimiento de Renovaci\u00f3n Nacional (Morena) que los jefes paramilitares colombianos formaron hace casi 20 a\u00f1os en Puerto Boyac\u00e1\u2013, con los que fueron accediendo poco a poco al poder hasta que los indultos del proceso de paz en los 90 los dejaron libres para participar en el Paralamento y, finalmente, en el Ejecutivo, desde donde garantizan, sin titubeos, la aplicaci\u00f3n de las pol\u00edticas neoliberales y el favorecimiento de los intereses de la \u00e9lite dominante y de sus aliados en EEUU.<\/p>\n

El llamado \u2018proceso de paz\u2019 con los narcoparamilitares colombianos se ha convertido en un curioso mon\u00f3logo, donde lo que se est\u00e1 entrando a discutir es la inserci\u00f3n de los jefes militares y los financiadores del proyecto m\u00e1s autoritario que se ha gestado en Colombia durante el \u00faltimo medio siglo en una estructura estatal que, desde antes de 2002, se ha venido adaptando a sus mandatos y se define actualmente por la introducci\u00f3n en el gobierno y la legitimaci\u00f3n de un gigantesco poder venido de la coca\u00edna, la usurpaci\u00f3n, el desplazamiento y la motosierra.<\/p>\n

De esta manera, no sorprende que el mandatario emplee su caracter\u00edstica flexibilidad moral para ingeniarse el doble rasero que le permita mantener un cierto estatus pol\u00edtico sobre los jefes de las AUC. Mientras niega la existencia de la guerra y el conflicto en Colombia, calificando la actual situaci\u00f3n como de enfrentamiento a una \u201camenaza terrorista\u201d; mientras niega la condici\u00f3n de contendiente pol\u00edtico a las guerrillas, descalific\u00e1ndolas constantemente, y mientras se niega a cualquier discusi\u00f3n de fondo con estas organizaciones para realizar un acuerdo humanitario, Uribe V\u00e9lez se muestra sumiso a los deseos de los inquilinos de la c\u00e1rcel de Itag\u00fc\u00ed, cumple sin dudar sus demandas, intenta parecer independiente de sus mandatos y trata de reconocerlos como criminales pol\u00edticos, sin que cumplan las condiciones esenciales para ello.<\/p>\n

El mismo delito pol\u00edtico que Uribe y sus ministros del Interior y de Justicia han intentado desaparecer de la Constituci\u00f3n, con el frustrado Estatuto Antiterrorista; el mismo que quieren excluir de la pr\u00e1ctica judicial, con el abuso de la calificaci\u00f3n de \u2018terrorista\u2019 a cualquier actividad de oposici\u00f3n, y el mismo que ha venido disolvi\u00e9ndose en las constantes operaciones de capturas masivas y detenciones arbitrarias, caracter\u00edsticas del paquid\u00e9rmico aparato de inteligencia del Estado, es el que se pretende aplicar sobre quienes han sido y siguen siendo las principales herramientas de control de un modelo autoritario de Estado, basado en el control y la cooptaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n a favor de los intereses de los sectores que encabezan el gobierno, para facilitar que sus jefes \u2013nunca sus combatientes de base\u2013 se puedan proyectar como miembros del gobierno o sean aceptados en la estructura interna de las clases dominantes, a trav\u00e9s de la limpieza de sus historiales penales y de la legalizaci\u00f3n de sus fortunas.<\/p>\n

Curiosamente, dos coincidencias refuerzan esta situaci\u00f3n. En primer lugar, que el 15 de septiembre de 2000 el gobierno de Colombia recibe la visita de Charles E. Wilhelm, jefe del Comando del Sur de EEUU, para la verificaci\u00f3n de resultados de la primera parte del Plan Colombia. Como dato interesante hay que anotar que Wilhelm fue nombrado, en julio de 1990, como asesor jefe de la oficina del subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, instancia del Pent\u00e1gono directamente relacionada con el esc\u00e1ndalo Ir\u00e1n-Contras y con el proceso de inserci\u00f3n de la \u2018mano blanca\u2019 en el gobierno salvadore\u00f1o, y que su visita fue seguida, algunas semanas despu\u00e9s, del anuncio de que las AUC se hab\u00edan confederado, nombrando a Carlos Casta\u00f1o como jefe militar y a alias \u2018Ernesto B\u00e1ez\u2019 como jefe pol\u00edtico, estableciendo un programa pol\u00edtico \u00fanico y determinando un modelo de Estado a instituir en Colombia. En segundo lugar, porque, al igual que con Arena, el proceso de legalizaci\u00f3n del narcoparamilitarismo les ha dado acceso a alianzas con barones pol\u00edticos del orden nacional y regional, que no s\u00f3lo se limitan al 35% del Congreso que dicen controlar, a las insuficientes investigaciones de la parapol\u00edtica y a las comprobadas malversaciones de los fondos de los gobiernos locales y regionales hacia las cuentas mafiosas, sino que tambi\u00e9n se extienden a las campa\u00f1as electorales para alcald\u00edas, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, donde ya se ha comprobado la participaci\u00f3n de algunos cuadros regionales de las AUC, supuestamente desmovilizados, en las listas de diversos partidos pol\u00edticos de la coalici\u00f3n de gobierno, a pesar del compromiso gubernamental porque esto no pasara.<\/p>\n

Mientras tanto, las c\u00e1rceles colombianas siguen abarrotadas de los verdaderos criminales pol\u00edticos. Miles de colombianos permanecen encerrados por acusaciones realizadas al amparo de la \u2018seguridad democr\u00e1tica\u2019 en procesos dudosos que incluyen el uso de informantes a sueldo, pruebas falsas y capturas ilegales. Otros tantos, se mantienen desde all\u00ed siendo prisioneros de guerra, presos pol\u00edticos y presos de conciencia que siguen plante\u00e1ndose como opositores a un sistema y un modelo de Estado excluyentes. Ninguno de ellos recibe el trato de los ocupantes del centro vacacional de Itag\u00fc\u00ed ni las mismas consideraciones de parte del gobierno.<\/p>\n

Siendo las cosas as\u00ed, lo que est\u00e1 en juego es la usurpaci\u00f3n del derecho colectivo de los pueblos a rebelarse por parte de quienes les han negado, por medio de una violencia sistem\u00e1tica y salvaje, la m\u00ednima posibilidad de manifestarse a amplios sectores de la poblaci\u00f3n colombiana. Los masacradores de opositores, los desplazadores de campesinos, ind\u00edgenas y afrocolombianos, los ejecutores de los miles de asesinatos selectivos, los comerciantes de la coca\u00edna y los torturadores de oficio no merecen el calificativo de sediciosos porque nunca se han opuesto al orden injusto que impera en Colombia. Su labor, por el contrario, ha sido la de profundizar la injusticia y la desigualdad a favor de intereses espurios. Es deber de la sociedad y del pueblo colombiano hacer que sus cr\u00edmenes sean juzgados como lo que son, delitos de lesa humanidad, y se haga verdadera justicia con las v\u00edctimas de sus actos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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