masacre de Segovia<\/a> (Antioquia), crimen de lesa humanidad en el que murieron cuarenta y tres personas y que fue perpetrada el 11 de noviembre de 1988 por paramilitares al mando de Fidel Casta\u00f1o. Veinte a\u00f1os despu\u00e9s del atroz crimen, la justicia colombiana adopt\u00f3 una decisi\u00f3n pol\u00e9mica: la Fiscal\u00eda dict\u00f3 la prescripci\u00f3n del caso y, con ello, la impunidad sigue reinando.<\/p>\nPor los d\u00edas en los que estos periodistas fueron asesinados, parad\u00f3jicamente, se constru\u00eda y firmaba la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, donde se consagra el derecho de toda persona a la libertad de expresi\u00f3n y opini\u00f3n, a la informaci\u00f3n libre y veraz y a la protecci\u00f3n de la actividad period\u00edstica bajo condiciones de libertad e independencia profesional. Tras veinte a\u00f1os del asesinato de estos periodistas, presuntamente a manos de grupos paramilitares en complicidad con el Ej\u00e9rcito, los familiares de las v\u00edctimas se enfrentan a los mecanismos usuales de impunidad.<\/p>\n
En la decisi\u00f3n, emitida por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se asegura que no se encontraron motivos ni evidencias de fuerza probatoria que pudieran determinar que este doble crimen se haya ejecutado por la labor period\u00edstica que desempe\u00f1aban los comunicadores en el lugar de la masacre. Sin embargo, no quedan a\u00fan claros los elementos que se tuvieron en cuenta en la investigaci\u00f3n del ente acusador ni qu\u00e9 fue exactamente lo que sucedi\u00f3.<\/p>\n
Jorge Enrique Torres y Julio Daniel Chaparro arribaron hasta Segovia con el fin de informar acerca de uno de los cap\u00edtulos m\u00e1s violentos de la historia reciente en Colombia. Este cubrimiento ten\u00eda la intenci\u00f3n de hacer un trabajo de investigaci\u00f3n con las v\u00edctimas de esta masacre, luego de la incursi\u00f3n del grupo paramilitar llamado Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioque\u00f1o, que arras\u00f3 y desplaz\u00f3 a decenas de familias de campesinos en la zona, con la anuencia de la Fuerza P\u00fablica. El motivo: la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica hab\u00eda echado ra\u00edces all\u00ed y hab\u00eda logrado ganar las elecciones locales, posesionando a Rita Tob\u00f3n como alcaldesa, lo cual amenazaba, como se ha comprobado en los estrados judiciales, el poder de pol\u00edticos locales de ultraderecha, como el exministro C\u00e9sar P\u00e9rez Garc\u00eda, quien est\u00e1 preso en este momento como autor intelectual del crimen de lesa humanidad.<\/p>\n
Haciendo gala de un periodismo comprometido y consecuente, estos periodistas arriesgaron sus vidas para informar a la opini\u00f3n p\u00fablica y lograr que estos hechos quedaran registrados en la memoria nacional. Sin embargo, las balas los silenciaron, al igual que a los testigos y a los presuntos victimarios, quienes corrieron la misma suerte. Nadie se salv\u00f3 para dar cuenta de los verdaderos responsables de estos asesinatos y el silencio sigue reinando.<\/p>\n
Es evidente que el motivo del asesinato de estos periodistas tuvo origen en acallar una investigaci\u00f3n period\u00edstica que estaban realizando bajo el t\u00edtulo \u201cLo que la violencia se llev\u00f3\u201d, en la cual cubr\u00edan varias zonas del pa\u00eds fuertemente afectadas por el conflicto armado, como Carmen de Chucur\u00ed (Santander), Vista Hermosa (Meta), Torib\u00edo (Cauca) y Tierralta (C\u00f3rdoba). Esta investigaci\u00f3n los condujo a Segovia, donde encontraron la muerte tras unas pocas horas de haber llegado al pueblo.<\/p>\n
Era indudable: representaban un objetivo militar para los paramilitares por su investigaci\u00f3n y por trabajar para El Espectador, peri\u00f3dico que sufr\u00eda por ese entonces de una campa\u00f1a sistem\u00e1tica de desprestigio, amenaza y muerte por parte del Cartel de Medell\u00edn, que lleg\u00f3 hasta el asesinato de su director, Guillermo Cano, y a atentar con bomba contra la sede del informativo en Bogot\u00e1. Pese a estos antecedentes y sin tener en cuenta la labor peligrosa que realizaban los informadores, la justicia colombiana no encontr\u00f3 pruebas suficientes tras dos d\u00e9cadas de una investigaci\u00f3n que no tuvo en cuenta varias de las particularidades del caso.<\/p>\n
En primer lugar, los presuntos victimarios, quienes fueron se\u00f1alados inicialmente por la Fiscal\u00eda de pertenecer al Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional, fueron puestos en libertad por falta de pruebas en su contra y a\u00f1os m\u00e1s tarde tambi\u00e9n fueron asesinados. En segundo lugar, el caso fue asumido por el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Uma\u00f1a Mendoza, quien tambi\u00e9n fue asesinado por paramilitares el 18 de abril de 1998, y la impunidad reinante en su caso ha impedido que se sepa la relaci\u00f3n entre sus investigaciones, en casos como la masacre de Segovia y el holocausto del Palacio de Justicia, y su homicidio.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos establece, en la Declaraci\u00f3n de los Principios sobre la Libertad de Expresi\u00f3n, que \u201cel asesinato, secuestro, intimidaci\u00f3n o amenaza a los comunicadores sociales, as\u00ed como la destrucci\u00f3n material de los medios de comunicaci\u00f3n, viola los derechos fundamentales de las personas a estar informadas y coarta severamente la libertad de expresi\u00f3n. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las v\u00edctimas una reparaci\u00f3n adecuada\u201d. Sin embargo, las investigaciones no avanzaron en este sentido y la suerte de estos periodistas, que murieron en cumplimiento de su deber \u00e9tico y profesional, ha quedado como un claro ejemplo de que la impunidad es la norma por excelencia en este tipo de casos.<\/p>\n
El historiador Daniel Chaparro, hijo del periodista Julio Daniel Chaparro, considera estos dos asesinatos como un atentado directo contra la democracia que \u201cmancilla la memoria de los periodistas asesinados y hiere profundamente a los familiares\u201d. Por estos motivos, los familiares de los periodistas han decidido llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, en vista de la inoperancia de la justicia colombiana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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