{"id":21643,"date":"2025-10-29T06:00:00","date_gmt":"2025-10-29T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/elturbion.com\/?p=21643"},"modified":"2025-10-29T06:00:00","modified_gmt":"2025-10-29T11:00:00","slug":"mas-castigo-para-quienes-ya-lo-habitan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=21643","title":{"rendered":"M\u00e1s castigo para quienes ya lo habitan"},"content":{"rendered":"\n

Por: @milaencanada<\/a><\/p>\n\n\n\n

Tras varios episodios de violencia ocurridos en el mes de octubre en distintos<\/a> centros penitenciarios del pa\u00eds, que dejaron a varios funcionarios fallecidos y otros gravemente heridos en ciudades como Armenia, Bello, Bogot\u00e1 y Palmira. Las autoridades han implementado una serie de medidas en respuesta a estos hechos de violencia.<\/p>\n\n\n\n

Mediante los boletines informativos 092<\/a>, 093<\/a>, 094<\/a> y 095<\/a> de octubre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Colombiano (Inpec), inform\u00f3 de las medidas extraordinarias de seguridad. Seg\u00fan los boletines oficiales, las disposiciones incluyen la suspensi\u00f3n<\/a> de visitas, la prohibici\u00f3n de las labores comunitarias realizadas por personas privadas de la libertad y la interrupci\u00f3n provisional de traslados y remisiones. Estas acciones regir\u00e1n para los centros penitenciarios de Bogot\u00e1 y el departamento del Valle del Cauca, no obstante, pueden ser extensivas a todo el territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n

A estas disposiciones se sum\u00f3 la implementaci\u00f3n de operativos simult\u00e1neos en 123 c\u00e1rceles del pa\u00eds, seg\u00fan bolet\u00edn 094<\/a> del Inpec: \u201cinterviniendo 134 pabellones en los que fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad\u201d. Sin embargo, la medida que m\u00e1s preocupa y genera incertidumbre entre las personas privadas de la libertad, es la estrategia de fortalecer la seguridad de miembros del Inpec con adquisici\u00f3n de armas de uso personal, est\u00e1 t\u00e1ctica se realiza en articulaci\u00f3n con el Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil), empresa del Estado colombiano.<\/p>\n\n\n\n

Para las personas privadas de la libertad resulta cuestionable una estrategia que promueve: ferias de adquisici\u00f3n de armas, ben\u00e9ficos y descuentos en la compra de armamento, permisos otorgados a los funcionarios con una excepci\u00f3n especial, capacitaciones sobre porte responsable, y manejo seguro de armas. Esta iniciativa provoca dos preguntas: \u00bfarmar los funcionarios soluciona los ataques contra ellos provenientes de mafias instaladas con participaci\u00f3n del Inpec? \u00bfcastigar a todos y todas las reclusas soluciona un problema estructural?<\/p>\n\n\n\n

Para la poblaci\u00f3n privada de la libertad resulta incongruente dotar de armas a un cuerpo de servidores civiles dedicado a la custodia y administraci\u00f3n penitenciaria, considerando los altos riesgos que esto conlleva y la experiencia previa que demuestra los peligros de armar a civiles para que se defiendan as\u00ed mismos.<\/p>\n\n\n\n

Pensar en personas del Inpec armadas custodiando las filas de visita, en la mayor\u00eda de casos compuestas por mujeres, ni\u00f1os y ni\u00f1as, y que se presente alg\u00fan inconveniente genera ansiedad. Y preocupa que grupos al interior del Inpec que participan de la corrupci\u00f3n, el tr\u00e1fico de sustancias, objetos, y artefactos prohibidos dentro de las prisiones, ahora tenga acceso a armamento en descuento.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfViolar derechos fundamentales para proteger al Inpec?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\"Algunos<\/a>
Foto: Inpec<\/sub><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Estas medidas son un castigo colectivo para las personas privadas de la libertad y sus familias, y no nos llamemos a enga\u00f1o, cancelar de forma arbitraria las visitas de m\u00e1s de 10.000 personas constituye una clara violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales y los de sus seres queridos.<\/p>\n\n\n\n

No es nada m\u00e1s que una demostraci\u00f3n de poder, de dominio y de la capacidad para someter y ejercer sufrimiento. Es castigar a personas que ya habitan en el castigo, que son profundamente vulnerables y que se encuentran en una situaci\u00f3n de total indefensi\u00f3n. En concreto, las medidas militaristas y autoritarias del Inpec se traducen en la cotidianidad de las personas privadas de libertad de la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n

Al impedir el ingreso de entidades de control como la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda, se elimina por completo cualquier veedur\u00eda sobre aspectos cruciales como la alimentaci\u00f3n, el servicio de salud, el trato por parte de la guardia y, en general, las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este vac\u00edo de verificaci\u00f3n permite que las empresas contratadas a trav\u00e9s de la tercerizaci\u00f3n para prestar estos servicios se aprovechen, entregando comida en mal estado, mal preparada o a deshoras.<\/p>\n\n\n\n

Si en condiciones normales el proceso para que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos ingresen a los establecimientos penitenciarios ya es largo y burocr\u00e1tico, con estas medidas se vuelve imposible. Esto no solo frena la supervisi\u00f3n externa, sino que tambi\u00e9n interrumpe los procesos organizativos; como las organizaciones defensoras de derechos humanos, las que acompa\u00f1an prisioneros y prisioneras pol\u00edticas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema del Estado de cosas inconstitucional dentro de las prisiones, o las organizaciones que trabajan temas de g\u00e9nero y violencia; que se gestan al interior de las c\u00e1rceles y que vienen trabajando desde hace a\u00f1os con las personas privadas de la libertad por la defensa de su dignidad.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
C\u00e1rcel la Picota -Foto: Andr\u00e9s G\u00f3mez<\/sub><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La suspensi\u00f3n de traslados y remisiones vulnera derechos fundamentales. Con esta medida, se les niega a las personas privadas de la libertad tanto el derecho a la visita \u00edntima como a la salud, especialmente en los casos donde su integridad f\u00edsica depende de asistir a citas m\u00e9dicas, ex\u00e1menes o intervenciones especializadas al centro m\u00e9dico extra mural.<\/p>\n\n\n\n

El aumento de operativos en las c\u00e1rceles incrementa dr\u00e1sticamente el riesgo de que se cometan actos de tortura y malos tratos durante estas intervenciones. La evidencia demuestra que el Inpec dista mucho de ser la instituci\u00f3n respetuosa de los derechos humanos que dice ser.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, sus pol\u00edticas no oficiales, pero leg\u00edtimas, son las del miedo y el dolor. Suspender las visitas familiares implica mucho sufrimiento para las personas privadas de su libertad y sus seres amados. En muchas ocasiones, y en especial en los establecimientos penitenciarios ubicados en Bogot\u00e1, se alberga a personas de todo el pa\u00eds. Las familias hacen grandes esfuerzos econ\u00f3micos y log\u00edsticos para visitar a sus mam\u00e1s, pap\u00e1s, hermanas o hijas; hacer este esfuerzo para no poder verles es un acto de infamia.<\/p>\n\n\n\n

Un ejemplo concreto ocurri\u00f3 el martes 14 de octubre en la c\u00e1rcel de Mujeres El Buen Pastor. All\u00ed, 50 mujeres privadas de la libertad, que llevaban a\u00f1os sin ver a sus hijos e hijas, ten\u00edan programado un encuentro para poder abrazarles. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras mujeres privadas de la libertad solidarias, hab\u00edan gestionado todos los permisos, hab\u00eda ilusionado a los ni\u00f1os con la idea de ver a sus madres, e incluso hab\u00eda organizado la comida y el entretenimiento para ese d\u00eda. Sin embargo, todo fue cancelado de forma abrupta. <\/p>\n\n\n\n

Lo m\u00e1s grave es que ya hab\u00eda familias viajando desde departamentos lejanos como Casanare y Bol\u00edvar hacia Bogot\u00e1. La incidencia de las familias y de la CIDH no se hizo esperar pero tom\u00f3 dos semanas para que finalmente se realizara el 28 de octubre.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de todo lo que ya est\u00e1 ocurriendo, existe el riesgo de que, una vez superada la emergencia, algunas de estas medidas funestas se mantengan de manera indefinida. Esto ya sucedi\u00f3 en 2022 tras la pandemia de COVID-19, cuando se implementaron varias restricciones que permanecen actualmente. Por ejemplo, se prohibi\u00f3 la entrada de comida casera una vez por semana en el d\u00eda de visitas. Asimismo, en la c\u00e1rcel de Mujeres El Buen Pastor, se espaciaron las visitas a solo una vez cada 20 d\u00edas y con una duraci\u00f3n m\u00e1xima de 3 horas, cuando antes se permit\u00edan cada 8 d\u00edas por hasta 7 horas.<\/p>\n\n\n\n

La sujeci\u00f3n total a las instituciones que nos vigilan y controlan hace que organizarnos, denunciar o exigir nuestros derechos conlleve el riesgo de sufrir m\u00e1s castigos y malos tratos. Que el sentido com\u00fan dictamine que quienes habitamos las c\u00e1rceles somos monstruos y malas personas, no hace que esto sea cierto. Las personas privadas de la libertad somos, ante todo, una poblaci\u00f3n vulnerable.<\/p>\n\n\n\n

Toda esta situaci\u00f3n, m\u00e1s que respuestas, nos genera muchas preguntas: \u00bfSon estos lugares instrumentos de guerra contra las personas empobrecidas y marginalizadas? o \u00bfPor qu\u00e9 ser\u00e1 que el rico nunca entra en la c\u00e1rcel, y el pobre nunca sale?<\/p>\n\n\n\n

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