{"id":3165,"date":"2012-03-07T09:53:57","date_gmt":"2012-03-07T14:53:57","guid":{"rendered":"http:\/\/elturbion.com\/?p=3165"},"modified":"2012-03-07T09:53:57","modified_gmt":"2012-03-07T14:53:57","slug":"el-conflicto-armado-deteriora-la-situacion-de-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=3165","title":{"rendered":"\u201cEl conflicto armado deteriora la situaci\u00f3n de derechos humanos\u201d"},"content":{"rendered":"

\"A<\/a><\/strong><\/p>\n

Por: Andr\u00e9s Monroy G\u00f3mez – marzo 2 de 2012<\/strong><\/p>\n

El reconocimiento del conflicto armado interno por parte del Estado es resaltado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un avance. Sin embargo, el informe del ente internacional para Colombia manifiesta que los esfuerzos emprendidos no tienen el impacto deseado.<\/p>\n

El 28 de febrero fue presentado ante defensores de derechos humanos en Colombia el \u201cInforme de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia\u201d para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011. Este informe ser\u00e1 presentado formalmente el 21 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas.<\/p>\n

Desde el comienzo, el informe se\u00f1ala que, pese a las actividades desarrolladas por el gobierno de Juan Manuel Santos, \u201clos esfuerzos no han logrado el impacto deseado a nivel local\u201d. Agrega, m\u00e1s adelante, que \u201cel continuo alto grado de violencia y la persistencia del conflicto armado interno tienen graves consecuencias humanitarias para la poblaci\u00f3n civil\u201d.<\/p>\n

\u201cEl presidente Juan Manuel Santos reconoci\u00f3 p\u00fablicamente la existencia del conflicto armado interno, negado por gobiernos anteriores. Este reconocimiento facilita un di\u00e1logo franco y constructivo con la comunidad internacional, permite utilizar t\u00e9rminos comunes para referirse a la situaci\u00f3n del pa\u00eds y contribuye a la aplicaci\u00f3n efectiva de la protecci\u00f3n internacional\u201d. Los \u201cgobiernos anteriores\u201d indicados, son los dos periodos del mandato de \u00c1lvaro Uribe, quien calific\u00f3 la situaci\u00f3n colombiana como una \u201carremetida terrorista\u201d, sustent\u00e1ndose en muchas ocasiones con las err\u00e1ticas hip\u00f3tesis de su asesor Jos\u00e9 Obdulio Gaviria.<\/p>\n

Panorama de la violencia estatal<\/strong><\/p>\n

A pesar del prudente lenguaje manejado por Tood Howland, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada, el informe no oculta la crisis humanitaria existente, agravada por circunstancias como la corrupci\u00f3n y la impunidad.<\/p>\n

En 2011 se registraron hostigamientos, amenazas y detenciones sin adecuada investigaci\u00f3n contra defensores de derechos humanos. Por otra parte, la pr\u00e1ctica de ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente: seg\u00fan cifras oficiales, en la Fiscal\u00eda se investigan 1.622 casos de homicidios atribuidos a agentes del Estado, que involucran a 3.963 miembros de la Fuerza P\u00fablica. En este punto, se recalc\u00f3 la necesidad de respetar la competencia de la justicia ordinaria en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza P\u00fablica.<\/p>\n

Sobre los grupos armados ilegales surgidos despu\u00e9s de la ‘desmovilizaci\u00f3n’ de los grupos paramilitares, conocidos como Bacrim, se\u00f1ala el informe que \u00e9stos \u201cevitan enfrentarse con la Fuerza P\u00fablica y tienen un impacto abrumador en la vida de la poblaci\u00f3n\u201d. Agrega que existen \u201cpreocupantes evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la Fuerza P\u00fablica con estos grupos\u201d.<\/p>\n

Adicionalmente, a octubre de 2011,\u00a0figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos 16.884 casos que, se presume, se tratan de desapariciones forzadas. Uno de los casos emblem\u00e1ticos es el de la condena a 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n contra el coronel del Ej\u00e9rcito Alfonso Plazas Vega por las desapariciones del Palacio de Justicia en 1985.<\/p>\n

En cuanto a la aplicaci\u00f3n del derecho internacional humanitario, la Oficina en Colombia reiter\u00f3 su llamado a las partes enfrentadas a respetar el principio de distinci\u00f3n, ya que un alto porcentaje de los combates ocurren en zonas habitadas por civiles, debido a la presencia de instalaciones militares o policiales en esa \u00e1rea.<\/p>\n

Silencios sobre la libertad de expresi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n en Colombia, salvo una breve referencia a las estad\u00edsticas dadas por la Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa (FLIP), no mereci\u00f3 mayor reflexi\u00f3n en el Informe de la Alta Comisionada. La situaci\u00f3n de los periodistas es abordada dentro del literal de \u201cDefensoras y defensores de derechos Humanos\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, es necesaria una mayor atenci\u00f3n, ya que basta una breve referencia a los recientes informes de algunas organizaciones que defienden los derechos de los periodistas para entender la magnitud del riesgo en que est\u00e1 la libertad de expresi\u00f3n en Colombia. La Federaci\u00f3n Colombiana de Periodistas (Fecolper), denunci\u00f3<\/a> que en 2011 se triplicaron los intentos de asesinato contra periodistas, aclarando que, aunque los homicidios se redujeron, \u201dlos intentos fallidos de asesinato crecieron en igual proporci\u00f3n, se duplicaron las amenazas, aumentaron los secuestros, el hurto de equipos y destrucci\u00f3n de material y el desplazamiento forzado contra periodistas\u201d. En total, Fecolper document\u00f3 202 casos de agresi\u00f3n contra el ejercicio libre el periodismo, dentro de ellos, 10 situaciones de acoso judicial.<\/p>\n

Seg\u00fan Reporteros Sin Fronteras, Colombia es el segundo pa\u00eds del continente con mayor riesgo para la libertad de informaci\u00f3n. Clasifica al grupo paramilitar \u00c1guilas Negras dentro de la lista de \u201cdepredadores de la libertad de prensa\u201d. Se le atribuyen amenazas a cinco periodistas y 60 ONG, entre ellas la Federaci\u00f3n Colombiana de Periodistas (Fecolper).<\/p>\n

Pero, siendo la libertad de expresi\u00f3n un derecho de doble v\u00eda, es necesario evaluar su protecci\u00f3n y respeto cuando es ejercida por los ciudadanos no vinculados a medios de comunicaci\u00f3n. Casos como el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra por parte de un patrullero de la Polic\u00eda merecen un an\u00e1lisis particular, ya que est\u00e1 en juego el efectivo goce del derecho de acceso a la justicia, ya que la vida, libertad de expresi\u00f3n y derecho al honor de Diego Felipe ya fueron vulnerados.<\/p>\n

Germ\u00e1n Castro Caycedo, en su libro \u201cSin tregua\u201d, publicado en 2003, afirm\u00f3 que \u00abseg\u00fan estudios de varias universidades colombianas y centros de especialistas, en el pa\u00eds cerca del 75% del conflicto se desarrolla en el campo social, econ\u00f3mico y pol\u00edtico, y un 25% en el campo pol\u00edtico. No obstante, quienes manejan el Estado insisten en una soluci\u00f3n 75% en el campo militar y menos del 25% en el social y econ\u00f3mico\u00bb. Esta reflexi\u00f3n resulta aplicable a\u00f1o tras a\u00f1o en Colombia.<\/p>\n

P.S.: Mientras termino este art\u00edculo me entero de que el Tribunal Superior de Cundinamarca confirm\u00f3 la sentencia por injuria y calumnia contra el periodista Agust\u00edn Gonz\u00e1lez. Otro caso de acoso judicial en Colombia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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