{"id":5393,"date":"2012-10-11T16:23:51","date_gmt":"2012-10-11T21:23:51","guid":{"rendered":"http:\/\/elturbion.com\/?p=5393"},"modified":"2012-10-11T16:23:51","modified_gmt":"2012-10-11T21:23:51","slug":"colombia-indignacion-y-restricciones-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=5393","title":{"rendered":"Colombia: indignaci\u00f3n y restricciones"},"content":{"rendered":"

\"La<\/a><\/strong><\/p>\n

Por: Andr\u00e9s Monroy G\u00f3mez – octubre 5 de 2012<\/strong><\/p>\n

En Colombia se vienen haciendo m\u00e1s frecuentes los brotes de indignaci\u00f3n y las protestas en las calles, universidades, campos y f\u00e1bricas. Ejemplo de ello es la convocatoria a la Semana de la Indignaci\u00f3n<\/a>, impulsada por la Coordinaci\u00f3n Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Pol\u00edticos. Para frenar esta oleada de expresiones de inconformidad, las iniciativas legislativas y judiciales suelen ser las m\u00e1s utilizadas por quienes, desde el poder, no comparten los reclamos de la poblaci\u00f3n. Es por lo anterior que, aproximadamente hace un a\u00f1o, el Congreso de la Rep\u00fablica, de mayor\u00eda oficialista, aprob\u00f3 una ley que penaliza comportamientos propios de la protesta social.<\/p>\n

Constitucionalidad contradictoria<\/strong><\/p>\n

La Ley 1453 de 2011 penaliza a quienes, utilizando \u201cmedios il\u00edcitos\u201d, participen en la obstaculizaci\u00f3n de la infraestructura de transporte. Esa misma ley sanciona a quienes imposibiliten la circulaci\u00f3n o da\u00f1en veh\u00edculos destinados al transporte p\u00fablicode uso oficial.<\/p>\n

El examen por parte de la Corte Constitucional de esa ley era la esperanza de que se pusiera un l\u00edmite a la tendencia represiva con la que fue aprobada en el Congreso. Sin embargo, a finales de septiembre de 2012, el alto tribunal dio a conocer su decisi\u00f3n mediante un comunicado de prensa en donde resaltan las contradicciones de los argumentos de la decisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

El riesgo de este respaldo de constitucionalidad radica en la aparente contradicci\u00f3n en que incurre la Corte al se\u00f1alar que la expresi\u00f3n \u2018medios il\u00edcitos\u2019 hace referencia a acciones que no est\u00e1n determinadas de forma precisa y exacta en la norma acusada, \u201cpero que pueden ser determinables\u201d. Sin embargo, a rengl\u00f3n seguido, afirma que \u201cs\u00f3lo aquellos medios que est\u00e9n contemplados como contrarios a derecho en una ley formal y material pueden ser tenidos como tales\u201d.<\/p>\n

Posteriormente, la Corte se\u00f1al\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de la penalizaci\u00f3n a la obstrucci\u00f3n de v\u00edas y transporte p\u00fablico debe estar de acuerdo con una interpretaci\u00f3n estricta y literal, no anal\u00f3gica ni amplificada. Aclar\u00f3 la Corte, adem\u00e1s, que los elementos que configuran este delito no pueden ser establecidos con base en interpretaciones de funcionarios judiciales o reglamentaciones administrativas.<\/p>\n

En este punto surge la duda sobre la interpretaci\u00f3n de lo expresado en el mismo comunicado por la Corte, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEstablecer cu\u00e1les medios son il\u00edcitos y, por tanto, cu\u00e1les son las acciones tipificadas, es algo que s\u00ed puede ser hecho por las personas destinatarias de los art\u00edculos en cuesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Lamentablemente, esta tendencia a reprimir la inconformidad no es exclusiva del continente americano. S\u00f3lo para citar un ejemplo, Espa\u00f1a, que enfrenta una crisis que las grandes empresas medi\u00e1ticas han sintetizado en el problema econ\u00f3mico, afronta el desaf\u00edo de la restricci\u00f3n a sus derechos fundamentales y,\u00a0 por ello, surgen preocupantes iniciativas como la de ‘modular’ la Ley de Manifestaci\u00f3n, calificada por la derecha como ‘muy pasiva’.<\/p>\n

Salvamento de voto al rescate de la libertad de expresi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\u201cImpedir la movilizaci\u00f3n popular constituye el comienzo de la mutaci\u00f3n del modelo pol\u00edtico hacia una tiran\u00eda\u201d. Esta idea marca la pauta de la inconformidad de los magistrados Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva frente a la decisi\u00f3n mayoritaria de la Corte Constitucional.<\/p>\n

El fundamento de su salvamento de voto es un llamado a proteger la libertad de expresi\u00f3n y a limitar las medidas de car\u00e1cter represivo y restrictivo.<\/p>\n

Los magistrados disidentes se\u00f1alaron:<\/p>\n

\n

\u201c[…] La protesta tiene un v\u00ednculo estrecho e incuestionable con los derechos a la libertad de expresi\u00f3n y a la reuni\u00f3n pac\u00edfica. A partir de ello se\u00f1ala que la movilizaci\u00f3n popular tiene una importancia vital sobre la materializaci\u00f3n del ideal democr\u00e1tico. La protesta permite el cumplimiento de los valores adscritos a la soberan\u00eda popular y asegura la existencia y goce de los dem\u00e1s derechos fundamentales. Dada la complejidad y conflictividad existente, la protesta se ha constituido en la v\u00e1lvula de escape que encuentran diversos sectores vulnerables de la poblaci\u00f3n para dar visibilidad a los reclamos que se relacionan con la violaci\u00f3n de sus garant\u00edas b\u00e1sicas. En esa medida, la respuesta de la sociedad y el Estado deben traducirse en t\u00e9rminos de supertolerancia hacia la cr\u00edtica y el reconocimiento de derechos. Debe considerarse que impedir la movilizaci\u00f3n popular constituye el comienzo de la mutaci\u00f3n del modelo pol\u00edtico hacia una tiran\u00eda\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Ante el cuestionamiento de algunos sectores sociales sobre los desmanes que se presentan durante las protestas, afirmaron:<\/p>\n

\n

\u201c[\u2026] Para evitar que la protesta leg\u00edtima termine en hechos violentos que desconozcan derechos fundamentales, el gobierno dispone de m\u00faltiples herramientas administrativas. Las autoridades cuentan con los poderes de polic\u00eda que son suficientes para controlar los excesos en el disfrute de este derecho. La poca efectividad que pudieran tener esas facultades tampoco podr\u00eda llevar ni justificar la criminalizaci\u00f3n gen\u00e9rica de la protesta\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Sobre las contradicciones identificadas en la decisi\u00f3n de la Corte, Palacio y Vargas aseguraron que el tipo penal ambiguo o indeterminado favorece interpretaciones judiciales extensivas que terminan por criminalizar comportamientos que no ameritan tratamiento penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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