{"id":683,"date":"2008-08-01T23:15:34","date_gmt":"2008-08-02T04:15:34","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/wordpress\/?p=683"},"modified":"2008-08-01T23:15:34","modified_gmt":"2008-08-02T04:15:34","slug":"el-tribunal-permanente-de-los-pueblos-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=683","title":{"rendered":"El Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia"},"content":{"rendered":"

Agosto 1 de 2008<\/strong><\/p>\n

El Estado colombiano ha implementado hist\u00f3ricamente pol\u00edticas y pr\u00e1cticas contrarias a la soberan\u00eda y al bienestar popular, garantiz\u00e1ndole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control territorial y la explotaci\u00f3n y precarizaci\u00f3n de los trabajadores,generando todo tipo de da\u00f1os ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos de comunidades. Estos casos se han venido presentando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).<\/p>\n

El TPP es un tribunal de car\u00e1cter no gubernamental que tuvo su origen en el juzgamiento de los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam, conocido como el Tribunal Russel. En su segunda sesi\u00f3n (1974-1976), el TPP enjuici\u00f3 a las dictaduras militares de Am\u00e9rica Latina. La base de los juicios del TPP son las convenciones y declaraciones internacionales sobre derechos humanos y se realizan sin las ataduras que crean los poderes pol\u00edticos, econ\u00f3micos y de los Estados, por lo tanto, est\u00e1 por fuera de las estructuras judiciales de los pa\u00edses y representan, de alguna manera, la conciencia \u00e9tica de los pueblos, de la humanidad.<\/p>\n

Un proceso de diecisiete audiencias preliminares, nacionales e internacionales, y seis audiencias especializadas para los sectores agroalimentario, petrolero, minero, de biodiversidad, de servicios p\u00fablicos y sobre el genocidio contra las comunidades ind\u00edgenas evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en m\u00faltiples cr\u00edmenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos, atendiendo las denuncias que, desde abril de 2006 hasta julio de 2008, cuando se desarroll\u00f3 la audiencia final en Bogot\u00e1, los jueces del TPP recogieron en las regiones afectadas. M\u00faltiples v\u00edctimas y organizaciones, con las pruebas en las manos, dieron a conocer un panorama m\u00e1s que completo de la situaci\u00f3n y demostraron las relaciones entre ciertas pr\u00e1cticas econ\u00f3micas con las profundas afectaciones pol\u00edticas y militares que \u00e9stas han impuesto sobre sus derechos.<\/p>\n

Con base en el Art\u00edculo I de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel 1976), que dice \u201ctodo pueblo tiene derecho a existir\u201d, y en vista de que las empresas multinacionales atentan contra este derecho de diferentes maneras, por sus pol\u00edticas y pr\u00e1cticas en Colombia fueron acusadas las empresas: Coca Cola, Nestl\u00e9, Chiquita Brands, BP, OXY, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cart\u00f3n de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A – Maderas del Dari\u00e9n, Urapalma S.A, Dyncorp, Uni\u00f3n Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telef\u00f3nica y TQ3. As\u00ed mismo, fueron acusados, por sus acciones y omisiones, los gobiernos de Colombia y de aquellos pa\u00edses donde reposan las casas matrices de estas empresas.<\/p>\n

Dictamen audiencia agroalimentaria \u2013 Bogot\u00e1, 1 y 2 de Abril de 2006<\/strong><\/p>\n

Se presentaron informes detallados acerca de la naturaleza, trayectoria institucional, magnitud econ\u00f3mica y solvencia financiera de las empresas transnacionales Coca Cola, Nestl\u00e9 y Chiquita Brands. Estas empresas han acumulado sumas multimillonarias a costa del desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores y sus familias, con la complicidad de altos mandos de gobierno, como es el caso de Sabas Pretelt De La Vega, quien en 2003 pasa de ser el representante de los intereses del capital comercial al cargo de ministro del Interior y de Justicia, determinando as\u00ed las grandes decisiones pol\u00edticas y judiciales que afectan a los trabajadores colombianos. De la misma manera, se se\u00f1al\u00f3 la relaci\u00f3n entre estas empresas, el Estado y el paramilitarismo, como mecanismo de ejecuci\u00f3n de las decisiones ilegales del gobierno y de las empresas transnacionales que deterioran la situaci\u00f3n de los trabajadores.<\/p>\n

Dictamen audiencia minera \u2013 Medell\u00edn, 10 y 11 de noviembre de 2006<\/strong><\/p>\n

Se se\u00f1alaron las responsabilidades de las empresas Drummond, Cemex, Ladrillera Santaf\u00e9, Holcim, Muriel, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington y Anglo Gold en los asesinatos y la persecuci\u00f3n a l\u00edderes de sindicatos como Sintraminercol, en los convenios con paramilitares que operan en sus instalaciones, en la violaci\u00f3n de derechos territoriales de las comunidades que habitan las regiones de explotaci\u00f3n minera, en los impactos de la misma sobre las comunidades circundantes a las minas y en desplazamientos forzados por la misma causa, como la perpetrada contra ind\u00edgenas way\u00fau en Bah\u00eda Portete (La Guajira).<\/p>\n

Dictamen audiencia biodiversidad \u2013 Atrato chocoano, 25 y 26 de febrero de 2007<\/strong><\/p>\n

Se denunciaron hechos relacionados con la biodiversidad y la biopirater\u00eda, el cultivo de palma y los biocombustibles, la pol\u00edtica ambiental y agraria, y la implantaci\u00f3n de transg\u00e9nicos en Colombia. A empresas como Smurfit Kapa – Cart\u00f3n de Colombia, Multifruits SA filial de la transnacional norteamericana Delmonte, Pizano SA y su filial Maderas del Dari\u00e9n, Urapalma SA, Monsanto y Dyncorp se les acus\u00f3 por violaci\u00f3n de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales, la pr\u00e1ctica del agronegocio ilegal de pl\u00e1tano y de beneficiarse del asentamiento de las estructuras paramilitares en La Balsa desde el 26 de febrero de 1997, que produjo el desplazamiento de m\u00e1s de 2.500 afrocolombianos. Se les acus\u00f3, adem\u00e1s, del uso destructivo de los recursos
\nmaderables del Cacarica y de haber generado un profundo da\u00f1o en el territorio, en los recursos forestales y en las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianos; de complicidad para violar el Art. 14 del Protocolo 1 de Ginebra, que proh\u00edbe como m\u00e9todo de combate hacer padecer hambre a los civiles; de atacar bienes indispensables para la supervivencia de la poblaci\u00f3n civil; del exterminio de las semillas criollas e implantar en su lugar de semillas transg\u00e9nicas, lo que atenta contra la autonom\u00eda de los pueblos tradicionales porque genera dependencia con relaci\u00f3n a las culturas econ\u00f3micamente dominantes, llevando a estos pueblos a la exclusi\u00f3n social.<\/p>\n

Dictamen audiencia petrolera –\u00a0 Bogot\u00e1, 8 de agosto de 2007<\/strong><\/p>\n

A las empresas Oxy, BP y Repsol se les acusa de acu\u00f1ar pol\u00edticas comunes en Colombia con el fin de concretar el saqueo de los recursos naturales y la violencia sistem\u00e1tica contra la poblaci\u00f3n, implicando con esto la destrucci\u00f3n del tejido social, la ejecuci\u00f3n de asesinatos y la persecuci\u00f3n de su dirigencia as\u00ed como la violaci\u00f3n de los derechos humanos de las mayor\u00edas y la destrucci\u00f3n de los grupos ind\u00edgenas. Adicionalmente, de implementar estrategias para saquear los recursos a Colombia, como ocultamiento de los resultados de las pruebas de producci\u00f3n, celebraci\u00f3n de contratos en t\u00e9rminos desfavorables para la naci\u00f3n, realizaci\u00f3n de transacciones fraudulentas con el fin de evadir impuestos, utilizaci\u00f3n del presupuesto nacional al servicio de la construcci\u00f3n de la exploraci\u00f3n y la infraestructura, invasi\u00f3n de territorios ancestrales de las etnias ind\u00edgenas, celebraci\u00f3n de convenios de seguridad con empresas privadas y con las fuerzas militares, con la eficaz colaboraci\u00f3n del Estado. Todo esto en un cuadro de persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica a toda forma de oposici\u00f3n a los intereses de las empresas petroleras involucradas, con el apoyo del Gobierno en la criminalizaci\u00f3n de la protesta social, mediante judicializaciones arbitrarias y detenciones masivas, como las sucedidas en distintas ocasiones en Saravena; vulnerando el derecho a la libre circulaci\u00f3n, en la medida en que se establecen lo que alg\u00fan testigo ha denominado \u201czonas de exclusi\u00f3n\u201d en las que rige un virtual estado de guerra bajo el control directo de las fuerzas armadas y de seguridad privada al servicio de las empresas petroleras. Tambi\u00e9n fueron acusadas de producir el desplazamiento, expulsi\u00f3n y, pr\u00e1cticamente, la extinci\u00f3n de gran parte de las comunidades ind\u00edgenas U\u2019wa, Sikuani, Macaguane, Cuiba, Guahibo, Betoye, Bari, Cof\u00e1n, Nasa, Inga, Embera Cham\u00ed, Siona, Aw\u00e1, Pastos, Cams\u00e1, Yanacona y Camentz\u00e1; y de afectar el sistema de esteros y humedales, ca\u00f1os y r\u00edos de la cuenca del Orinoco, lo que ha originado alteraciones graves a los flujos naturales del ecosistema.<\/p>\n

Dictamen audiencia servicios p\u00fablicos – Bogot\u00e1, 7 y 8 de abril de 2008.<\/strong><\/p>\n

A empresas como Uni\u00f3n Fenosa, Canal Isabel II – Metroagua, Endesa, Aguas de Barcelona – Aguas de Cartagena,se les acus\u00f3 de vulneraci\u00f3n de derechos laborales y sindicales, y de los derechos a la vida e integridad personal de sus trabajadores; de da\u00f1os graves a territorios de grupos \u00e9tnicos y campesinos, a trav\u00e9s de inundaci\u00f3n de tierras colectivas, causando el desplazamiento forzado de dichos grupos; ruptura de tejidos sociales; destrucci\u00f3n de organizaciones comunitarias y depr\u00e1cticas culturales ancestrales; de violar los derechos de acceso al agua y a los servicios sanitarios; de maltrato moral a sus propios trabajadores y de formas de persecuci\u00f3n laboral.A empresas como Aviatur-BCD Travel (TQ3), Telef\u00f3nica y Acuavalle se les acus\u00f3 de buscar la privatizaci\u00f3n, a largo plazo, de los servicios p\u00fablicos, sin importar el alto impacto socio ambiental, y de beneficiarse abusivamente de su privatizaci\u00f3n, como en el caso de Telecom.<\/p>\n

Dictamen audiencia sobre genocidio ind\u00edgena – Resguardo ind\u00edgena de At\u00e1nquez (Cesar), julio 18 y 19 de 2008<\/strong><\/p>\n

El exterminio hist\u00f3rico de los pueblos ind\u00edgenas, que comenz\u00f3 desde el mismo momento en que los invasores europeos pusieron pie en estas tierras que posteriormente llamaron Am\u00e9rica, se ha venido realizando de manera sistem\u00e1tica a trav\u00e9s de una estrategia
\nde m\u00faltiples rostros, se determinaron dos \u00e1mbitos de la violaci\u00f3n de derechos:<\/p>\n

<\/p>\n