{"id":85,"date":"2007-09-06T23:56:03","date_gmt":"2007-09-07T04:56:03","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/wordpress\/?p=85"},"modified":"2007-09-06T23:56:03","modified_gmt":"2007-09-07T04:56:03","slug":"estado-colombiano-lesiona-derechos-humanos-y-biodiversidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=85","title":{"rendered":"Estado colombiano lesiona derechos humanos y biodiversidad"},"content":{"rendered":"

Por: El Turbi\u00f3n Pereira – septiembre 6 de 2007<\/strong><\/p>\n

El exterminio de los recursos naturales y la violaci\u00f3n de los derechos humanos por parte del Estado y multinacionales ha sido una constante en Colombia durante d\u00e9cadas. La semana anterior la Drumond multinacional petrolera norteamericana fue sancionada en Estados Unidos por el asesinato de sindicalistas en Colombia, sin embargo, otras denuncias realizadas por el tribunal permanente de los pueblos, no han sido difundidas por los medios de comunicaci\u00f3n, ni se han emitido sentencias internacionales al respecto.<\/p>\n

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Previa a la audiencia Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada el 3 y 4 de agosto de 2007 en Bogot\u00e1 y que analiz\u00f3 el contexto de impactos de las petroleras, este tribunal que tiene como objeto dar visibilidad y calificar jur\u00eddicamente situaciones de violaci\u00f3n masiva de derechos fundamentales, que no encuentran respuestas institucionales, sesion\u00f3 en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, de la cuenca del r\u00edo Cacarica en el bajo Atrato chocoano durante los d\u00edas 25 y 26 de febrero de 2007.<\/p>\n

La audiencia que fue presidida por el jurista argentino Marcelo Ferreira , deleg\u00f3 en los d\u00edas previos, a algunos de los jueces quienes recorrieron la regi\u00f3n en compa\u00f1\u00eda de un numeroso grupo de observadores nacionales e internacionales para verificar los impactos de la presencia de algunas empresas nacionales y multinacionales en el medio ambiente y la sociedad de la regi\u00f3n de la cuenca del r\u00edo Cacarica Choc\u00f3. Estos jueces dejaron expresa constancia de que vieron con sus propios ojos el sufrimiento de los seres de esta tierra y la degradaci\u00f3n de la naturaleza.<\/p>\n

La audiencia se realiz\u00f3 en un asentamiento que se constituy\u00f3 como zona humanitaria luego del retorno de algunas personas que fueron violentamente desplazadas en 1997 y que han ejercido una heroica resistencia durante varios a\u00f1os decidiendo permanecer en el territorio a pesar de los continuos hostigamientos y amenazas de las fuerzas armadas colombianas y los grupos paramilitares. Donde empresas multinacionales han generado da\u00f1os similares en el medio ambiente apoy\u00e1ndose en grupos paramilitares para el logro de sus objetivos. Tambi\u00e9n participaron en la audiencia delegados de organizaciones solidarias de 17 pa\u00edses de Europa, norte y Suram\u00e9rica.<\/p>\n

A la empresa Smurfit Kapa \u2013 Cart\u00f3n de Colombia, se le acus\u00f3 por violaci\u00f3n de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales. Espec\u00edficamente por: destrucci\u00f3n de selvas, bosques andinos y otros ecosistemas y por destruir el tejido social, medios de producci\u00f3n tradicional y cultural de las comunidades, suprimir y contaminar fuente h\u00eddricas, influir la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas gubernamentales en el pa\u00eds y presionar a funcionarios del Estado en pro de los intereses de la multinacional, ocultar informaci\u00f3n, manipular los medios de comunicaci\u00f3n tanto a escala regional como nacional, usar falsos postulados y publicidad mentirosa para justificar sus actividades y enmascarar los impactos generados; acusar y criminalizar con argumentos falsos a quienes denuncian su accionar incorrecto.<\/p>\n

A la empresa MULTIFRUITS S.A. filial de la transnacional norteamericana Delmonte se le acusa de pr\u00e1ctica del agronegocio ilegal de banano, en los caser\u00edos de La Balsa, San Jos\u00e9, Varsova y Bendito Bocachica, Choc\u00f3; beneficiarse del asentamiento de las estructuras paramilitares en la Balsa desde el 26 de febrero de 1.997, que produjo el desplazamiento de m\u00e1s de 2500 afrocolombianos, el saqueo y destrucci\u00f3n de bienes de supervivencia, as\u00ed como la utilizaci\u00f3n de este sitio como centro de operaciones paramilitares en medio de las cuales torturaron, desaparecieron, ejecutaron a civiles, entre ellos varias de las 85 v\u00edctimas de esta comunidad en donde mantienen el control a trav\u00e9s de acciones de presi\u00f3n con la denominaci\u00f3n de \u00ab\u00c1guilas Negras\u00bb; se le acusa tambi\u00e9n de la remoci\u00f3n de tierras para la agroindustria y de fosas comunes de las v\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad.<\/p>\n

A la empresa PIZANO S.A Y SU FILIAL MADERAS DEL DARI\u00c9N, se le acusa del uso destructivo en forma mecanizada de los recursos maderables del Cacarica; haber generado un profundo da\u00f1o en el territorio, en los recursos forestales y en las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianas que habitan las zonas de extracci\u00f3n; beneficiarse de la explotaci\u00f3n extensiva de madera, afectando principalmente los bosques de los municipios de Riosucio y Carmen del Dari\u00e9n en el departamento del Choc\u00f3, as\u00ed como del desplazamiento forzoso de m\u00e1s de 2.500 afrocolombianos, mestizos e ind\u00edgenas de la regi\u00f3n luego de la Operaci\u00f3n G\u00e9nesis en la que fue evidente la complicidad con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 -hoy Bloque Elmer C\u00e1rdenas- en la que se perpetraron ametrallamientos contra la poblaci\u00f3n, incendios a sus bienes y cosechas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n

Al Estado Colombiano se le atribuy\u00f3 responsabilidad por su acci\u00f3n y omisi\u00f3n en los cr\u00edmenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo, en todas las manifestaciones que se anotaron cometidos por miembros de la Brigada XVII del Ej\u00e9rcito Nacional en colaboraci\u00f3n con los grupos paramilitares que se encuentran en la zona, as\u00ed como por mantener en la impunidad cada uno de los delitos cometidos contra las v\u00edctimas y por no investigar, juzgar y sancionar en debida forma, a los miembros de la fuerza p\u00fablica y a los paramilitares que act\u00faan en connivencia.<\/p>\n

A la empresa URAPALMA S.A, se le acus\u00f3 de haber actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal de palma entre 4000 y 7000 hect\u00e1reas de tierra dentro de territorios colectivos de comunidades afrocolombianas; o peraciones que fueron posibles gracias a la comisi\u00f3n e impunidad de m\u00e1s de 113 cr\u00edmenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caser\u00edos, 14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada \u00abdesmovilizaci\u00f3n\u00bb que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control sobre la poblaci\u00f3n. Se acusa a la empresa de haber propiciado la violencia y de haberse favorecido de ella y haber pretendido legalizar la propiedad a favor de sus intereses.<\/p>\n

A la empresa transnacional Monsanto se la acus\u00f3 por suministrar sin sentido \u00e9tico ni responsabilidad legal el componente Raund-up ultra para aspersi\u00f3n a\u00e9rea en el programa de erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito con glifosato, aplicado desde 1984 y convertido en estrategia principal del plan Colombia implementado conjuntamente por el estado de Colombia y los Estados Unidos de Am\u00e9rica; por complicidad flagrante y a conciencia en la violaci\u00f3n del art\u00edculo 14 del Protocolo 1 de Ginebra que proh\u00edbe como m\u00e9todo de combate hacer padecer hambre a las personas civiles y atacar bienes indispensables para la supervivencia de la poblaci\u00f3n civil como art\u00edculos alimenticios, cosechas, ganados, reservas de agua potable y las obras de riego; por vender al gobierno de Colombia sustancias t\u00f3xicas frecuentemente utilizadas como arma de guerra convirti\u00e9ndose en c\u00f3mplice de una guerra qu\u00edmica contra la poblaci\u00f3n civil.<\/p>\n

De las pruebas aportadas al Tribunal se desprende que las pol\u00edticas promovidas e impuestas por el estado colombiano atentan gravemente contra la biodiversidad agr\u00edcola y forestal que fue utilizada sustentablemente durante siglos por las comunidades ind\u00edgenas afrocolombianas y campesinas, causando:<\/p>\n

– el desplazamiento de poblaciones ind\u00edgenas, afrocolombianas y campesinas.<\/p>\n

– La sustituci\u00f3n de la agricultura de subsistencia por monocultivos industriales que afectan la soberan\u00eda alimentaria local y nacional.<\/p>\n

– La aplicaci\u00f3n masiva e indiscriminada de herbicidas resultando en la destrucci\u00f3n de bosques y cultivos as\u00ed como de la fauna asociada.<\/p>\n

– La implantaci\u00f3n de monocultivos de banano, pinos, eucaliptos, cipreses y palma aceitera sustituyen ecosistemas de enorme biodiversidad por desiertos verdes de una sola especie. Los agroqu\u00edmicos utilizados afectan tambi\u00e9n a los recursos h\u00eddricos lo cual impacta sobre la salud de las poblaciones locales y de la flora y fauna asociada a r\u00edos arroyos, lagunas y humedales.<\/p>\n

El testimonio de una testigo resume claramente la situaci\u00f3n al decir: \u00bb la palma aceitera est\u00e1 abonada por la sangre de nuestros hermanos, amigos y familiares\u2026\u00bb \u00abno tenemos donde trabajar porque el territorio est\u00e1 cubierto de palma\u00bb<\/p>\n

La pr\u00e1ctica comercial de Monsanto imponiendo el monopolio de sus productos biol\u00f3gicamente modificados, viene acarreando la extinci\u00f3n de las semillas criollas , lo cual atenta contra la autonom\u00eda de los pueblos tradicionales porque genera dependencia con relaci\u00f3n a las culturas econ\u00f3micamente dominantes llevando a esos pueblos a la exclusi\u00f3n social.<\/p>\n

En el a\u00f1o 1997, el ej\u00e9rcito colombiano con la colaboraci\u00f3n de los paramilitares realiza la Operaci\u00f3n G\u00e9nesis. All\u00ed se bombardean y se ocupa por agua y tierra las poblaciones de las cuencas de los r\u00edos de Salaqu\u00ed y Cacarica.<\/p>\n

Los testigos expusieron al tribunal los horrendos cr\u00edmenes: mutilaciones, ejecuciones, fusilamientos, torturas, violaciones carnales, desapariciones forzadas. La motosierra fue utilizada como arma de guerra contra seres humanos.<\/p>\n

El rompimiento de las familias, el desarraigo, el hambre, la discriminaci\u00f3n social, la falta de atenci\u00f3n en salud, falta de condiciones de trabajo llevan a la desestructuracion social y familiar con la absoluta indiferencia del Estado.<\/p>\n

Ahora como comunidades de resistencia exigen el derecho a existir como pueblo, ejercer su cultura, preservar su identidad cultural, sus territorios ancestrales, garantizando la soberan\u00eda alimentar\u00eda, educaci\u00f3n, salud, integridad f\u00edsica entre otros derechos fundamentales.<\/p>\n

Los hechos relatados a este tribunal, tales como asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, mutilaciones y especialmente el desplazamiento forzoso de miles de personas, constituyen cr\u00edmenes de lesa humanidad tal como est\u00e1n definidos en las convenciones internacionales.<\/p>\n

Los cr\u00edmenes de lesa humanidad son aquellos cometidos en el marco de un ataque generalizado y sistem\u00e1tico contra poblaci\u00f3n civil. Son inderogables, imperdonables, imprescriptibles , y pueden ser juzgados por cualquier tribunal en cualquier lugar del mundo, cualquiera sea la \u00e9poca en que hayan sido cometidos.<\/p>\n

Por las razones anteriores, invocando la carta de Argel sobre los Derechos de los Pueblos, luego de constatar la veracidad y contundencia de los testimonios vertidos con apoyo en abundante prueba documental, considerando probadas la totalidad de las acusaciones contra todas y cada una de las empresas como as\u00ed mismo la responsabilidad del Estado colombiano, y en la convicci\u00f3n de que la violaci\u00f3n de sus derechos constituye un atentado contra la conciencia com\u00fan de la humanidad y concierne a todos los pueblos, el tribunal resuelve:<\/p>\n

1. Elevar las acusaciones y la prueba producida a la audiencia final deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesi\u00f3n Colombia.<\/p>\n

2. Comunicar el presente dictamen a las pueblos ind\u00edgenas, pueblos afrocolombianos y comunidades campesinas que han sufrido los impactos de la acci\u00f3n destructiva de las transnacionales, a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a las altas cortes y organismos de control de Colombia, redes de comunicaci\u00f3n alternativa, medios masivos de informaci\u00f3n y a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.<\/p>\n

3. Expresar su solidaridad y reconocimiento al dolor de las v\u00edctimas.<\/p>\n

4. Apoyar vivamente su lucha por la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n integral, restablecimiento de los derechos conculcados, con el ideal de que los pueblos de Colombia tendr\u00e1n finalmente la paz con justicia social que merecen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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