Categoría: Nación

  • Absuelto Miguel Ángel Beltrán

    Miguel Ángel Beltrán - Foto: Andrés Gómez

    Junio 3 de 2011, 8pm

    Luego de más de dos años de prisión, el profesor Miguel Ángel Beltrán fue absuelto de los cargos por concierto para delinquir agravado y rebelión que pesaban en su contra. La decisión fue tomada por la juez cuarta de descongestión de Bogotá, al observar que ninguna de las pruebas presentadas por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía permitía concluir que Beltrán y ‘Jaime Cienfuegos’, el guerrillero mencionado en los datos que la Dijín habría extraído del compuador de ‘Raúl Reyes’, fueran la misma persona.

    El fallo en justicia se emite luego de reiteradas denuncias sobre múltiples irregularidades en el proceso y de que la Corte Suprema de Justicia determinara que los datos del computador del jefe guerrillero no podían ser empleados como pruebas, pues habían sido obtenidos luego de una operación ilegal en otro país.

    Sin embargo, el fiscal encargado del caso, Ricardo Bejarano, señaló esa tarde durante su alegato final que el alto tribunal habría incurrido en ‘traición a la patria’ por no validar ese material informático como prueba y pidió la condena del intelectual por los dos cargos que se le imputaban.

    Por su parte, la delegada de la Procuraduría sugirió que la providencia de la Corte se trataba de apenas una ‘respetable opinión’ y señaló que las denuncias de distintos periodistas sobre las irregularidades en el caso constituían una ‘fantasía mediática’, antes de pedir la condena de Beltrán por el cargo de rebelión.

    Luego del alegato de la defensa, donde se señalaban las múltiples garantías violadas luego de la retención del profesor Beltrán en México, la juez encargada decidió emitir fallo absolviendo al intelectual de ambos cargos y definió que será liberado el 8 de julio,.

  • Se niega testimonio clave para la defensa de Miguel Ángel Betrán

    El proceso contra Miguel Ángel Beltrań completa ya dos años y la prueba más importante en su defensa ha sido negada por la juez encargada del caso - Foto: Andrés Gómez

    Por: Andrés Gómez – mayo 28 de 2011

    Tras dos años de juicio contra Miguel Ángel Beltrán, un ciudadano mexicano que trabajaba irregularmente para el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) atestiguó en la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en México que el organismo de seguridad le reclutó y le pagó por seguir al catedrático y que le hizo saber a sus jefes en Bogotá que éste no es un guerrillero, recibiendo como respuesta que Miguel Ángel Beltrán era un “trofeo” para el gobierno de Uribe. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, la juez encargada del caso negó que se escuchara la grabación en el juicio, aduciendo que el testigo no estaba lo suficientemente acreditado, lo que ha generado preocupación en todo el entorno académico que se ha solidarizado con el caso del profesor bogotano.

    Según Luis Guillermo Pérez Casas, abogado colombiano que hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y actualmente se desempeña como secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el testigo mexicano cuyo testimonio fue negado en la audiencia fue reclutado por Fabio Duarte Traslaviña, excoordinador de operaciones del DAS, actualmente detenido por el escándalo de las chuzadas. El testigo, que teme por su vida y por lo tanto no quiere comparecer ante ninguna instancia colombiana, también aseguró que se infiltró en el grupo de apoyo de Beltrán para continuar sus labores de espionaje y que el DAS le pagó $120 millones –sin precisar si el pago era en moneda colombiana o mexicana– por sus labor de inteligencia en contra del académico y de otros personajes públicos, como Piedad Córdoba.

    El trofeo

    El 22 de mayo de 2009, Miguel Ángel Beltrán fue retenido y deportado de forma irregular desde México. Una vez en Colombia, la Policía lo presentó ante los medios como miembro de la comisión internacional de las FARC y el expresidente Uribe aseguró que la captura del reconocido intelectual era un duro golpe a la guerrilla.

    Numerosos medios de comunicación llenaron sus páginas con la fotografía de Beltrán y el enigmático nombre de alias ‘Jaime Cienfuegos’, dando credibilidad absoluta a la versión del comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y a inteligencia aportada por el DAS. Esto llevó a una fuerte presión mediática en el caso que, según la defensa, llevó a que en las audiencias de control de garantías de primera y segunda instancia no se consideraran relevantes las irregularidades en la detención del catedrático ni las anomalías en la cadena de custodia de la memoria digital que portaba al momento de su detención.

    En ese momento, el abogado Gustavo Gallardo, quien se encargó de la defensa de Beltrán durante las audiencias preliminares, en entrevista con El Turbión, manifestó su desconcierto por las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, que desconocieron que el académico fue secuestrado en México y porque la juez de conocimiento negara siete nulidades de un día para otro, cuando este tipo de decisiones toman de quince a treinta días. Por el contrario, se dio vía libre al proceso que en este momento se tramita actualmente en el Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá, por los cargos de concierto para delinquir agravado y rebelión.

    Durante 2009 y 2010, los titulares de prensa sobre el caso relataban los presuntos hallazgos de la inteligencia colombiana en la memoria portátil del catedrático y reforzaban la idea de que Beltrán  era el contacto en México de Luis Édgar Devia Silva alias ‘Raúl Reyes’, comandante de las FARC asesinado durante el bombardeo ilegal en Sucumbíos (Ecuador) del 1 de marzo de 2008, o un supuesto reclutador de guerrilleros en las universidades públicas de Bogotá, como lo asegura el programa ‘Especiales Pirry’, del Canal RCN, del 6 de junio de 2010.

    Durante 2010, la jueza de conocimiento del caso permitió la presencia en el juicio del abogado Miguel Ándrés Fierro Pinto, presidente de la fundación Un Millón de Voces y quien dice representar a las víctimas de las Farc, a pesar de que la Fiscalía no esté presentando cargo alguno a Beltrán por delitos contra los representados por el cuestionado abogado ni se haya comprobado su pertenencia a alguna organización alzada en armas.

    A pesar de que durante la etapa probatoria del juicio la Fiscalía no ha podido comprobar que el profesor Miguel Ángel Betrán y alias ‘Jaime Cienfuegos’ sean la misma persona, la Unidad Antiterrorista del ente investigador ha sostenido las acusaciones basándose en las informaciones que se habrían encontrado en el computador de ‘Reyes’ y en la memoria USB del académico, y con los testimonios de los uniformados que participaron en la ‘Operación Fénix’ y de los analistas de inteligencia policial que custodiaron y analizaron esos datos, cuestionados luego de que la Corte Suprema de Justicia señalara que no podían usarse como pruebas en los procesos, dado que “son nulas e ilegales, por haber sido recogidas sin autorización ni participación de las autoridades de ese país [Ecuador]”, como señaló el presidente del alto tribunal, Camilo Humberto Tarquino Gallego.

    Irregularidades

    De los treinta millones de documentos encontrados en los resistentes dispositivos digitales que soportaron el bombardeo al campamento de ‘Reyes’ en Ecuador, sólo fueron ciento cincuenta los que tuvo en cuenta el capitán Ronald Coy, investigador especializado de la Dijín, para acusar a Miguel Ángel Beltrán de ser miembro de las FARC, teniendo en cuenta que sólo dos de estos archivos aportaban información sobre el caso ‘Cienfuegos’ y que en ninguno de ellos hay referencia alguna que ligue al intelectual con esa guerrilla.

    Según el detective, sólo un archivo, que pudo recuperarse apenas en una tercera parte de la memoria USB del académico, coincide con la información relevante de la investigación. De otra parte, los otros cuatro documentos que la Fiscalía aportó como pruebas, hallados en ese mismo dispositivo portátil, son en realidad comunicados públicos de partidos políticos legales de España y México, que cualquier persona podría obtener a través de Internet. Por eso, el ente acusador insiste en que sean los movimientos migratorios que ha realizado el académico por Latinoamérica los que lo liguen con el alias de “Cienfuegos”.

    Según la defensa del Miguel Ángel Beltrán, las irregularidades en el proceso van mucho más allá de la extraña retención del intelectual en México, el 22 de mayo de 2009, y de la violación de sus derechos al ser obligado a comparecer enfermo a la audiencia de control de garantías. Según el abogado defensor, José David Albarracín, el fragmento de archivo que el capitán Coy dice haber recuperado de la memoria USB no puede ser tenido en cuenta como prueba pues, como el propio analista de inteligencia de la Policía reconoció en la audiencia del pasado 2 de mayo, el dispositivo permaneció en su poder entre el 23 y 26 de mayo de 2009, cuando su tarea era la de transportarlo de un lugar a otro en la ciudad de Bogotá, lo que cuestiona la autenticidad de estos datos al haberse violado la cadena de custodia.

    Por otra parte, en la audiencia del 27 de mayo de 2011, ni la juez ni la delegada de la Procuraduría, Mónica Sánchez Medina, hicieron alusión a la providencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de 2011, que inhabilita la información del computador de ‘Raúl Reyes” como material probatorio en cualquier proceso penal. En un comunicado del pasado 25 de mayo, el alto tribunal argumenta que “las autoridades que realizaron el operativo desatendieron el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, traspasaron las fronteras y, de facto, las recogieron, lo que determinó que la Sala declarara que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal”.

    El juicio contra Miguel Ángel Beltrán continuará el próximo viernes 3 de junio. Desde ahora, tanto la defensa del profesor como centenares de organizaciones solidarizadas con su caso han solicitado se redoble la veeduría internacional sobre el proceso.

  • Entrevista a Aída Quilcué

    Aída Quilcué, durante la minga de 2008 - Foto: Omar Vera

    Por: Catalina Carmona Ruiz – mayo 4 de 2011

    Aída Quilcué, ha sido una de las líderes indígenas más reconocidas en Colombia. Su mirada es certera y su voz tranquila. Es una persona a la que le gusta escuchar los pensamientos de quienes le rodean y, por esto, genera un sentimiento de admiración y respeto por su lucha y por sus pensamientos, que es compartido por muchas personas. (más…)

  • Miguel Ángel Beltrán: «La verdad resulta incómoda para el sistema»

    El profesor Miguel Ángel Beltrán completa casi dos años en un criticado proceso que le ha privado de la libertad - Foto: Andrés Gómez

    Por: Andrés Gómez – abril 14 de 2011

    Han pasado cerca de dos años desde la detención irregular de Miguel Ángel Beltrán en México y su posterior entrega al DAS en Colombia, tiempo en el que no se ha resuelto la situación jurídica del catedrático de la Universidad Nacional y estudiante de posdoctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a quien la Fiscalía acusa de ser miembro del llamado ‘frente internacional’ de las FARC. A menos de un mes para que se reinicien las audiencias del juicio, el profesor Beltrán conversó con El Turbión acerca de su caso, sobre su libro “Crónicas del otro cambuche”, respecto a su experiencia como preso político, acerca del gobierno de Santos y sobre el pensamiento crítico en una realidad como la colombiana.

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  • Desde Colombia se conmemoraron doce años de cambios en Venezuela

    Raúl 'Numerao' González cantó en honor de la hermandad de los pueblos colombiano y venezolano - Foto: Plaxy

    3 de febrero de 2011

    Más de doscientos ciudadanos colombianos se reunieron en el Congreso de la República, el pasado 2 de febrero, para conmemorar el décimo segundo aniversario del inicio del gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, demostrando su apoyo a la Revolución Bolivariana que ha impulsado el mandatario en la Hermana República y obsequiando al gobierno socialista, como muestra de aprecio, un cuadro tríptico pintado por varios artistas colombianos que recibió el embajador venezolano en Colombia, Iván Guillermo Rincón, quien aseguró que Chavez trabaja por la “la unión de Latinoamérica, la creación de la gran patria” y sostuvo que su gobierno cambió la realidad venezolana, al convertir los barrios en espacios diferentes a cárceles sociales.

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  • ‘El principal desafío de la educación es formar seres humanos’

    Se necesita una educación integral, humanista y que dé formación sociopolítica - Foto: Plaxy

    Por: Nicolás Camargo – 21 de octubre de 2010

    Cecilia Correa, ex funcionaria de la Secretaria de Educación de Ibagué (Tolima), afirma que los desafíos en términos de educación son complejos y que el problema fundamental de la educación en Colombia es que no se están formando ciudadanos. Sostiene, además, que en el municipio hay un atraso de casi medio siglo respecto al país y que, tanto en colegios como en universidades, se ha perdido el ideal sobre el que fue concebida, la “universalidad del conocimiento”, y que por ello hay más profesionales que ciudadanos. Con una visión un poco pesimista, considera que la educación en Colombia es poco pertinente y que la ‘revolución educativa’, no fue precisamente una revolución.

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  • The death of Mono Jojoy in the heart of the Plan Colombia

    September 23th, 2010

    The death of ‘Jorge Briceño’, also known as ‘Mono Jojoy’, happens in the core of the military help given by the USA to Colombia. The Serranía de la Macarena has a very high value for the fighting parties and represents a worthy military and economic trophy that, given the present circumstances, will determine the future course of eastern Colombia. As we see how the lame spectacle that celebrates death morbidly seizes the country, we can ask: what course will the government and the guerrilla take after such an important event?


    The ‘Mono’

    Colombia knew ‘Jorge Briceño’ as a slightly overweighted man, with a thick moustache and a black military beret always on him. He was one of the most emblematic of the leaders of the FARC-EP and his elimination was the main target of the ‘antiterrorist’ military strategy of Uribe’s Government ‘democratic security’ policy. His many interventions in the peace negociations in El Caguán, that took place between 1999 and 2002, and his command of that guerrilla’s military apparatus had made him an enemy of the State, whose elimination meant a symbolic success seeked by the Colombian Military Force and its sponsors.

    With rude manners and an aggressive language, Víctor Julio Suárez Rojas, the true name of the of this peasant-born man, whose mother was a cook and who devoted himself to the guerrilla since the age 22, had been known in the Colombian media since the mid-90’s, when he was stood out among the other members of the FARC-EP’s Secretariat as the commander of the guerrilla operations in eastern Colombia and as the achiever of an iron control over the Serranía de la Macarena, after the declaration of ‘integral war’ by Cesar Gaviria Trujillo’s government and the destruction of Casa Verde -located in the town of La Uribe, Meta, considered as the headquarters of the guerrilla group- in 1990. His rude manners in public, the rewards offered for his head since then and the statements of all the Military Commanders during the last twenty years, that spoke of him as a bloodthisrty terrorist and the possible successor of ‘Tirofijo’, made the ‘Mono Jojoy’ be seen by the public opinion as the manifestation of evil, who should be erradicated by a strong-hand government that wouldn’t bother talking with the guerrilla.

    For the members of that organization, as several investigations have documented, ‘Mono Jojoy’ was an admired man: under his military guidance, the insurgency struck the military forces decisively, with attacks such as the one that killed general Carlos Julio Gil Colorado, in 1994; and the attacks to the military bases of Las Delicias (Putumayo) in 1996, and Patascoy (Nariño-Putumayo border) in 1997, actions that made the FARC-EP grow during those years as never before and allowed them to go into a much more agressive strategy until 2003. However, he was also a very feared leader: men and women under his command received a very severe treatment, which led to a significant number of desertions during the last years, and it is known by testimonies of demobilized combatants, that the ‘Mono’ din’t tolerate desertors or traitors, against whom he used all the force of the armed organization.

    Additionally, the lack of results after the negociations in the Caguan, due to the lack of interest of Pastrana’s Government in making concrete social commitments to make viable the agreed peace agenda, made him be presented as the leader of the militarist wing of the guerrilla group, as opposed to the politic one, lead by ‘Alfonso Cano’. Nevertheless, once ‘Cano’ succeded ‘Manuel Marulanda Vélez’ after his death, and due to Briceño’s health problems, worsened by the guerrilla life, the ‘Mono’ ended up his life under his own terms: fighting the troops that chased him.

    With his death, a strong tension within the guerrila commandance is predictable. According to the information provided to the media by the military intelligence, the candidates to replace him would be Joaquín Gómez’, commander of the South Bloc; ‘Timochenko’, who directs the Magdalena Medio Bloc, and ‘El Paisa’, who commands the ‘Teófilo Forero’ Mobile Column. In addition, the government scores an important symbolic strike against the guerrilla, by killing a man seen as invencible by the FARC-EP basis, which will possibly generate many desertions from its ranks, but not the definitive collapse of its structures, as the president Juan Manuel Santos announced in his statement given the morning of September 23th from New York.

    The Truth of La Macarena

    Despite the military success of the ‘Sodoma Operation’, in which at least 30 bomber planes and 27 helicopters participated, we can’t forget that the region where they killed ‘Mono Jojoy’ is precisely the same in the press headlines during the last months for two very different but closely related facts: an increase of military presence and of the Plan Colombia’s funds, and the finding of a cemetery containing a huge quantity of unidentified bodies in La Macarena, whose existence has been described as a defamation by the government.

    According to a report presented last July by the NGO Fellowship of Reconciliation’s office in Colombia, the Quick Deployment Force (FUDRA, for its initials in spanish) -composed by the 1st, 2nd, 3rd, 7th, and 10th Mobile Brigades- is one of the military units that concentrate the majority of resources from the Plan Colombia’s third phase, which allowed it to be crated in 1999, as a part of the Omega Joint Task Force (Fuerza de Tarea Conjunta Omega). According to the Army, the FUDRA is the “cutting edge of the Colombian military strategy” and has its headquarters precisely in the national park located in the Serranía de La Macarena. Next to this military facility, says the document, “the investigators found a huge burial site, or common grave […] The first reports showed that the Army, probably combined with other armed groups, buried over 800 and maybe up to 1500 bodies in the grave”, although the commander of the Omega Joint Task Force, general Javier Flórez, and the national governent sustains that it is a cemetery where the bodies of 564 unidentified members of illegal armed groups killed in combat were legally buried. Even so, at least 261 extra-judicial executions have been reported in the zone, which are atributed to the FUDRA and the Army’s 7th Brigade, and the human rights defender organizations sustain that there are tens of forced disappearance cases that might have ended as ‘false positives’, and will only be proved when the identification of the remains found is made, as well as many others that the families haven’t denounced because they fear retaliations.

    Even before this cemetery was found, that region had been one of the most affected by crimes commited by military men against civilians. Human rights defender organizations have documented hundreds of cases of rape, torture, arbitrary detentions, homicides and disappearances, in events that involve the military forces as much as different paramilitary organizations. Even so, the military units present in the zone have been certified recently in human rights for a one-year term by the United States, wich assures their funding by making the Leahy Law inapplicable.

    La Macarena, a very important zone controlled until 2002 by the FARC-EP -who were present in this silvan zone since the 1960’s-, is today a main spot to be conquered in the Plan Colombia’s military strategy to control all the southwestern zone of the country. The department of Meta, where the park named the same way is located, not only is essential in the counterinsurgence war but is also in the sight of different economic megaprojects: besides its importance in the oil exploitation, with discoveries like the Cuenca Caguán Putumayo -with a production of 7,000 barrels a day, between the departments of Putumayo and Meta-, different companies expect to use 168.800 hectares for single-crop exploitation agriculture, related mainly with agrofuel, and different illegal organizations seek to seize over the coca crops in the region, from which many native peasants earn their living. Likewise, its role in important mining projects in Vichada and Guaviare makes the control of this zone a priority, since it connects geographically these two departments with the center of the country and Bogotá.

    Who’s favored

    The Santos Government, pushed too far by an extreme right that’s held responsible by some analysts for the car bomb attack in front of the Caracol Radio offices in Bogotá, has shown its military capacity and warlike character, thus clearing any doubt about possible scenarios for a negociation with the insurgence, an issue objected fiercely by the most backward looking sectors.

    The same group of officers that a few weeks ago echoed the supposed presence of ‘Jojoy’ in Venezuela, cried out loud by Uribe’s government in order to deteriorate the relations with the neighbors, celebrates today this victory using even biblical quotations in TV speeches that remark the “professionalism of the Military Forces”, as sustained Rodrigo Rivera, the defense minister. A military strike of this characteristics, only comparable to the death of ‘Raúl Reyes’, must definitiely be useful to clean the images of the military and justify the ‘strong hand’ policy, along with the abuses as a valid method to achieve convincing results against ‘terrorism’, no matter the consequences.

    With this achievement, the Santos’ government will boost its popularity. It could even exceed the popularity levels in the public opinion reached by his predecessor, taking -as Uribe did- advantage of the social support to boost his own agenda, the economic one and that of social control. The true result of this event is still to be seen in the very authoritarian measures announced a few days ago by this government and whose results are still unsuspected: the militarization of some cities and the reforms in wage, financial and public health matters.

    Things being so, we can only wait to see how the government capitalizes its military success, as much as the response from the guerrilla, amidst a confrontation that has involved all of the Colombian social sectors and classes for over 50 years, and that will continue determining the course assumed by a country that celebrates the death of a guerrilla leader, forgetting its poverty, the more than four and a half million displaced violently from their lands and the deep crisis to which it has been lead by the very governments that pride on having eliminated the ‘terrorist snake’ during the last years.

  • La crisis en salud requiere de un modelo alternativo

    Por: Óscar Patiño – 5 de mayo de 2010

    Desde la promulgación de la Ley 100 de 1993 la prestación del servicio de salud en Colombia presenta una de sus más agudas crisis. Sin embargo, y muy a pesar de la difícil situación en materia de salud que afronta el país, éste parece ser un tema del cual nadie quiere hablar, ni siquiera los candidatos a la Presidencia de la República. ¿Será que hay intereses que los candidatos y el mismo gobierno pretenden proteger? O tal vez esta crisis sólo sea, como dice el adagio popular, para los de ruana y en medio de su desarrollo esté favoreciendo intereses diferentes a los de los colombianos del común. (más…)

  • El DAS convirtió la opinión en delito

    14 de abril de 2010

    La Fiscalía ha revelado que en sus investigaciones sobre el grupo G3 del DAS, ha descubierto que este organismo realizaba labores de espionaje, hostigamiento e intimidación de manera sistemática a decenas de opositores al gobierno Uribe, periodistas, magistrados, abogados, congresistas y miembros de organizaciones internacionales. Las acciones delictivas que el ente investigador imputa a los miembros de la entidad van desde seguimientos e interceptaciones telefónicas y de cuentas de correo electrónico hasta la consecución de estrategias para desarticular organizaciones e intimidar a opositores. Estas denuncias confirman las acusaciones que, desde hace más de un año, medios como El Turbión realizan sobre las funciones de policía política del DAS, que, desde el G3 y otros grupos nunca legalizados mediante acto administrativo, han perseguido la opinión como delito, usando prácticas terroristas propias de Estados totalitarios y represores.

    La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia considera que el G3 fue “conformado con la finalidad indeterminada de cometer delitos contra organizaciones y personas opositoras del gobierno”. Documentos en poder de la prensa, que hacen parte de los argumentos de la Fiscalía en el caso, al igual que pruebas incautadas en las oficinas del DAS, indican que la Casa de Nariño sabía de las acciones del G3.

    Acciones sistemáticas

    Parte del material incautado fue filtrado al periodista Antonio José Caballero, que las hizo públicas a través de Juan Gossain, director de noticias de RCN Radio. En los documentos que hoy se hacen públicos, se habla de las operaciones “Amazonas”, “Transmilenio”, “Bahía”, “Halloween”, “Arauca”, “Intercambio”, “Europa”, “Risaralda” e “Internet”, cuyos objetivos eran: desinformar a la población sobre los detractores del gobierno, generar división en los movimientos de oposición, impedir la materialización de escenarios convocados por opositores y propiciar un ‘transbordo’ ideológico.

    Las pruebas involucran al DAS en ambientar políticamente la reelección a favor de Uribe, lo que seguramente salpicará a altos funcionarios de la Casa de Nariño y al saliente presidente. Uno de los documentos filtrados a la prensa dice:

    DAS Dirección General de Inteligencia, Subdirección de Operaciones, 2005.
    Operación Amazonas:
    Objetivo:
    promover acciones en beneficio del Estado para elecciones
    de 2006.
    Blancos:partidos políticos opositores al Estado y Corte Constitucional.

    Frente Social y Político, Carlos Gaviria: generar vínculos con FARC. Partido Liberal, Piedad Córdoba: generar vínculos con las AUC. Serpa: generar vínculos con el ELN. Petro: generar vínculos con FARC. Navarro: generar vínculos con M19 y narcotráfico. Borja: Infidelidad sentimental. Samuel Moreno: desfalcos financieros.

    Otras operaciones que citan los periodistas Caballero y Gossaín permiten ver la persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la oposición:

    Operación Risaralda:
    Objetivo:
    generar división entre altos funcionarios de Redepaz, Ana
    Teresa Bernal.
    Desprestigio y sabotaje: comprobar actividades ilícitas de funcionarios para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político. Comunicados desvinculación de protección del DAS.

    Operacion Halloween:
    Objetivo:
    concientizar sobre la ideologia comunista.
    Estrategia: desprestigio. Libros 10.000, 7620 entregados.

    OperaciónTransmilenio:
    Objetivo general:
    neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo.
    Objetivo específico: vínculo con organizaciones terroristas para judicialización.
    Operacion imprenta: impedir la edición de libros EA y otros.
    Estrategias sabotaje y presión: camiones de distribución, guerra jurídica.

    Operación Arauca:
    Objetivo:
    establecer vínculos entre el CCAJAR [Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo] y el ELN.
    Acción: sabotaje, intercambio de mensaje con cabecilla que será encontrado en documentos.

    Organizaciones internacionales fueron también objeto de persecuciones:

    Operación Intercambio:
    Objetivo:
    neutralizar influencia de opositores en Cumbre
    Interamericana de DDHH en Costa Rica, mediante alianza con servicios extranjeros, guerra jurídica, comunicados y páginas web.

    Operacion Europa:
    Objetivo:
    neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo, en la Comisión de DDHH del Parlamento Europeo, en la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH, gobiernos nacionales.
    Acción: comunicados y denuncias, guerra jurídica, páginas web.

    Las investigaciones de la Fiscalía permiten establecer que hay una estrategia diseñada desde la Casa de Nariño para proteger al actual Gobierno y que convirtió el derecho a disentir y a hacer oposición en delito de opinión, y al DAS en una organización criminal.

    El objetivo del DAS, como organismo de inteligencia del Estado, es evitar acciones que atenten contra el Estado. Sin embargo, desde el grupo G3 fueron objetivo de acciones de guerra sucia todas aquellas personas y organizaciones que opinan de manera diferente al actual gobierno.

    Las acciones judiciales

    Para defenderse del escándalo, uno de los mayores que ha enfrentado en su largo mandato de ocho años, Uribe Vélez ha declarado: “He ordenado darle a la oposición todas las garantías para que los protejan. Han tenido garantías para maltratar, para injuriar y pisotear la honra de los altos funcionarios del gobierno”. Sin embargo, defenderse le será muy difícil, ya que él mismo, como jefe directo del DAS, es responsable político del nombramiento a las personas que en este momento son investigadas y que, con sus declaraciones, dejan en claro que la Presidencia sabía precisamente lo que estaba ocurriendo. Por esta razón, la Fiscalía abrirá una investigación aparte para esclarecer cuáles eran los funcionarios del Gobierno Nacional a quienes se les entregaban los informes de dichas operaciones.

    Jorge Noguera, ex director del DAS nombrado y defendido hasta el cansancio por el presidente, es investigado por ser presunto colaborador del Bloque Norte de las AUC en decenas de asesinatos de sindicalistas y por la creación del G3. Este hombre, a quien el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló en su momento como traidor a Uribe, sostiene que José Miguel Narváez, actualmente enfrenta cargos por concierto para delinquir, utilización ilícita de equipos, violación de comunicaciones y falsedad en documento, fue propuesto para el cargo de subdirector de inteligencia por el actual presidente. El mismo Narváez, ex subdirector de inteligencia de ese organismo de seguridad del Estado, fue llamado a juicio por las documentos que lo implican y que él mismo envía a ex director de inteligencia, Enrique Ariza Rivas, y al detective Carlos Moreno Roa, también llamados a juicio.

    Además, el coordinador del G3 para 2004, el fallecido Jaime Fernando Ovalle Olaz, testificó que “el modelo de investigación sobre los objetivos planteados y la ejecución de tareas de interceptación permitía prevenir al Gobierno Nacional sobre las maniobras ejecutadas por las ONG”, manifestando que se convertían en objetivos las organizaciones y las personas cuando “buscaban ante los tribunales nacionales e internacionales que se condenara al Estado por supuestas violaciones a derechos humanos”.

    Alirio Uribe Muñoz, Reynaldo Villaba Vargas y Soraya Gutiérrez Argüello del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; los periodistas Holman Morris y Claudia Julieta Duque, así como miembros de sus familias; la Comisión Colombiana de Juristas y sindicatos como Sinaltrainal, según las denuncias, han sido víctimas de las actividades criminales del DAS.

    Pero el escándalo no para en los nombramientos de Noguera. María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Martha Leal, ex subdirectora de operaciones, también están siendo investigadas por ‘chuzadas’. Dos directores nombrados por Uribe, al parecer, tienen la misma manía de interceptar conversaciones y correos electrónicos, de realizar hostigamientos y de cometer delitos, como plantar evidencias e intimidar.

    Las investigaciones, hasta el momento, permiten pensar que en Colombia la policía secreta ha mantenido, durante el gobierno de Uribe, la política de amedrentar, debilitar y amenazar sistemáticamente a los magistrados de la corte, a los miembros de organizaciones sociales, a las personalidades de la prensa y la vida pública, al igual que a centenares de personas se han visto hostigadas y amedrantadas por pensar diferente en el país de la ‘seguridad democrática’, la misma Colombia en la que el presidente no se da cuenta de las actuaciones delincuenciales del cuerpo de inteligencia que depende directamente de sus instrucciones y que sólo le rinde cuentas a él.