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  • Unas elecciones sin sorpresas

    30 de mayo de 2010

    Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2010 – 2014 terminaron con muy pocas sorpresas, marcadas por el fraude, el triunfo de la maquinaria uribista y por un escenario que, a pesar de las alianzas lectorales, augura escasas novedades en la segunda vuelta. Después de escrutadas 99.71% de las mesas, se definió la primera vuelta a favor de Juan Manuel Santos con 6’758.539 votos, seguido por Antanas Mockus, candidato del Partido Verde, con 3’120.716, quienes se enfrentarán en las urnas el 20 de junio próximo. Los comicios se realizaron bajo hostigamientos de la guerrilla en varias regiones del país y se presentaron denuncias sobre la compra de votos a favor de Santos en las mismas zonas en las se denunciaron fraudes a favor del Partido de la U en las pasadas elecciones parlamentarias. (más…)

  • Se niega testimonio clave para la defensa de Miguel Ángel Betrán

    El proceso contra Miguel Ángel Beltrań completa ya dos años y la prueba más importante en su defensa ha sido negada por la juez encargada del caso - Foto: Andrés Gómez

    Por: Andrés Gómez – mayo 28 de 2011

    Tras dos años de juicio contra Miguel Ángel Beltrán, un ciudadano mexicano que trabajaba irregularmente para el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) atestiguó en la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en México que el organismo de seguridad le reclutó y le pagó por seguir al catedrático y que le hizo saber a sus jefes en Bogotá que éste no es un guerrillero, recibiendo como respuesta que Miguel Ángel Beltrán era un “trofeo” para el gobierno de Uribe. Sin embargo, el pasado 27 de mayo, la juez encargada del caso negó que se escuchara la grabación en el juicio, aduciendo que el testigo no estaba lo suficientemente acreditado, lo que ha generado preocupación en todo el entorno académico que se ha solidarizado con el caso del profesor bogotano.

    Según Luis Guillermo Pérez Casas, abogado colombiano que hace parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y actualmente se desempeña como secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el testigo mexicano cuyo testimonio fue negado en la audiencia fue reclutado por Fabio Duarte Traslaviña, excoordinador de operaciones del DAS, actualmente detenido por el escándalo de las chuzadas. El testigo, que teme por su vida y por lo tanto no quiere comparecer ante ninguna instancia colombiana, también aseguró que se infiltró en el grupo de apoyo de Beltrán para continuar sus labores de espionaje y que el DAS le pagó $120 millones –sin precisar si el pago era en moneda colombiana o mexicana– por sus labor de inteligencia en contra del académico y de otros personajes públicos, como Piedad Córdoba.

    El trofeo

    El 22 de mayo de 2009, Miguel Ángel Beltrán fue retenido y deportado de forma irregular desde México. Una vez en Colombia, la Policía lo presentó ante los medios como miembro de la comisión internacional de las FARC y el expresidente Uribe aseguró que la captura del reconocido intelectual era un duro golpe a la guerrilla.

    Numerosos medios de comunicación llenaron sus páginas con la fotografía de Beltrán y el enigmático nombre de alias ‘Jaime Cienfuegos’, dando credibilidad absoluta a la versión del comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y a inteligencia aportada por el DAS. Esto llevó a una fuerte presión mediática en el caso que, según la defensa, llevó a que en las audiencias de control de garantías de primera y segunda instancia no se consideraran relevantes las irregularidades en la detención del catedrático ni las anomalías en la cadena de custodia de la memoria digital que portaba al momento de su detención.

    En ese momento, el abogado Gustavo Gallardo, quien se encargó de la defensa de Beltrán durante las audiencias preliminares, en entrevista con El Turbión, manifestó su desconcierto por las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, que desconocieron que el académico fue secuestrado en México y porque la juez de conocimiento negara siete nulidades de un día para otro, cuando este tipo de decisiones toman de quince a treinta días. Por el contrario, se dio vía libre al proceso que en este momento se tramita actualmente en el Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá, por los cargos de concierto para delinquir agravado y rebelión.

    Durante 2009 y 2010, los titulares de prensa sobre el caso relataban los presuntos hallazgos de la inteligencia colombiana en la memoria portátil del catedrático y reforzaban la idea de que Beltrán  era el contacto en México de Luis Édgar Devia Silva alias ‘Raúl Reyes’, comandante de las FARC asesinado durante el bombardeo ilegal en Sucumbíos (Ecuador) del 1 de marzo de 2008, o un supuesto reclutador de guerrilleros en las universidades públicas de Bogotá, como lo asegura el programa ‘Especiales Pirry’, del Canal RCN, del 6 de junio de 2010.

    Durante 2010, la jueza de conocimiento del caso permitió la presencia en el juicio del abogado Miguel Ándrés Fierro Pinto, presidente de la fundación Un Millón de Voces y quien dice representar a las víctimas de las Farc, a pesar de que la Fiscalía no esté presentando cargo alguno a Beltrán por delitos contra los representados por el cuestionado abogado ni se haya comprobado su pertenencia a alguna organización alzada en armas.

    A pesar de que durante la etapa probatoria del juicio la Fiscalía no ha podido comprobar que el profesor Miguel Ángel Betrán y alias ‘Jaime Cienfuegos’ sean la misma persona, la Unidad Antiterrorista del ente investigador ha sostenido las acusaciones basándose en las informaciones que se habrían encontrado en el computador de ‘Reyes’ y en la memoria USB del académico, y con los testimonios de los uniformados que participaron en la ‘Operación Fénix’ y de los analistas de inteligencia policial que custodiaron y analizaron esos datos, cuestionados luego de que la Corte Suprema de Justicia señalara que no podían usarse como pruebas en los procesos, dado que “son nulas e ilegales, por haber sido recogidas sin autorización ni participación de las autoridades de ese país [Ecuador]”, como señaló el presidente del alto tribunal, Camilo Humberto Tarquino Gallego.

    Irregularidades

    De los treinta millones de documentos encontrados en los resistentes dispositivos digitales que soportaron el bombardeo al campamento de ‘Reyes’ en Ecuador, sólo fueron ciento cincuenta los que tuvo en cuenta el capitán Ronald Coy, investigador especializado de la Dijín, para acusar a Miguel Ángel Beltrán de ser miembro de las FARC, teniendo en cuenta que sólo dos de estos archivos aportaban información sobre el caso ‘Cienfuegos’ y que en ninguno de ellos hay referencia alguna que ligue al intelectual con esa guerrilla.

    Según el detective, sólo un archivo, que pudo recuperarse apenas en una tercera parte de la memoria USB del académico, coincide con la información relevante de la investigación. De otra parte, los otros cuatro documentos que la Fiscalía aportó como pruebas, hallados en ese mismo dispositivo portátil, son en realidad comunicados públicos de partidos políticos legales de España y México, que cualquier persona podría obtener a través de Internet. Por eso, el ente acusador insiste en que sean los movimientos migratorios que ha realizado el académico por Latinoamérica los que lo liguen con el alias de “Cienfuegos”.

    Según la defensa del Miguel Ángel Beltrán, las irregularidades en el proceso van mucho más allá de la extraña retención del intelectual en México, el 22 de mayo de 2009, y de la violación de sus derechos al ser obligado a comparecer enfermo a la audiencia de control de garantías. Según el abogado defensor, José David Albarracín, el fragmento de archivo que el capitán Coy dice haber recuperado de la memoria USB no puede ser tenido en cuenta como prueba pues, como el propio analista de inteligencia de la Policía reconoció en la audiencia del pasado 2 de mayo, el dispositivo permaneció en su poder entre el 23 y 26 de mayo de 2009, cuando su tarea era la de transportarlo de un lugar a otro en la ciudad de Bogotá, lo que cuestiona la autenticidad de estos datos al haberse violado la cadena de custodia.

    Por otra parte, en la audiencia del 27 de mayo de 2011, ni la juez ni la delegada de la Procuraduría, Mónica Sánchez Medina, hicieron alusión a la providencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de 2011, que inhabilita la información del computador de ‘Raúl Reyes” como material probatorio en cualquier proceso penal. En un comunicado del pasado 25 de mayo, el alto tribunal argumenta que “las autoridades que realizaron el operativo desatendieron el “debido proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, traspasaron las fronteras y, de facto, las recogieron, lo que determinó que la Sala declarara que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal”.

    El juicio contra Miguel Ángel Beltrán continuará el próximo viernes 3 de junio. Desde ahora, tanto la defensa del profesor como centenares de organizaciones solidarizadas con su caso han solicitado se redoble la veeduría internacional sobre el proceso.

  • Desalojo violento de la Plaza Catalunya: el fútbol es lo de menos

    Votaciones en las asambleas de Plaza Catalunya - Foto: Sara Wiederkehr

    Por: InaZafràn* – Barcelona, 27 de mayo de 2011

    Durante diez días, en todo el Estado Español miles de personas ha salido a las principales plazas a resistir y manifestar su indignación. Sin embargo, el pasado viernes a las 7 de la mañana, la policía barcelonesa (Mossos d’esquadra) y la guardia urbana irrumpieron en la Plaza Cataluña con el objetivo de dispersar a la fuerza a las cuatrocientas personas que acamparon allí la noche del jueves 26.

    Decenas de personas fueron golpeadas por la policía, de ellas 121 resultaron heridas por las balas de caucho y los bolillazos con que los uniformados arremetieron contra la concentración pacífica, interrumpiendo un proceso legítimo de participación ciudadana.

    Desalojo, partidos de fútbol y limpieza

    Después de la brutal arremetida de la Policía, la solidaridad y la indignación se tomaron las calles: los estudiantes de la Universidad de Barcelona cortaron el tráfico de entrada a la ciudad; a las 5pm hubo una concentración multitudinaria en la estatua de Colón, frente a una de las principales avenidas de la ciudad Barcelonesa y centro de las actividades políticas; por las vías se escuchaban silbidos, pitos de los carros y consignas rabiosas pidiendo la la renuncia inmediata de Felip Puig, consejero del interior de Catalunya y responsable de la represión, a lo cual se unen las firmas de más de 40.000 ciudadanos; y, finalmente, ha aumentado la cantidad de gente que se ha unido a los ‘indignados’ –como se ha ido conociendo al movimiento– de Plaza Catalunya, que desde las 7pm del viernes 27 han vuelto a levantar sus campamentos y siguen sesionando, a pesar de los temores a nuevos operativos policiales y de la realización del juego entre el Barça y el Manchester United, que se esgrimió como excusa para la acción policial, señalando la necesidad de limpiar la Plaza Catalunya para los festejos relacionados con la final de la Liga de Campeones, pues los hinchas del club deportivo suelen celebrar las victorias de su equipo en la Rambla de Catalunya, justo al lado de donde se realizan las acampadas.

    A pesar de la intención de un desalojo pacífico por parte de los manifestantes, las fuerzas policiales, siguiendo órdenes del consejero Puig, además de cargar violentamente contra los allí presentes, confiscaron toda la infraestructura con la que contaban los asambleístas, construida por ellos mismos o donada por personas que se han solidarizado con el movimiento –computadores, alimentos, páneles solares, material de oficina y miles de euros en material cedido–, embarcándola en 35 camiones y llevándosela lejos del acceso de la ciudadanía. Aún así, nuevas donaciones solidarias y aportes de los participantes en el movimiento han permitido que se vuelvan a levantar las acampadas y, desde las 9pm del viernes, se hayan retomado las dinámicas asamblearias.

    Indignación creciente

    Mas allá de los análisis divergentes que estas movilizaciones permiten hacer, la certeza es que la situación es grave y la indignación entre la población es creciente.

    Después de los resultados de las elecciones del domingo 22 de mayo, en las que la derecha arrasó en todo el Estado Español –menos en el País Vasco, donde Bildu, la nueva fuerza política de la izquierda independentista, tuvo un triunfo histórico–, la situación se plantea bastante contradictoria y el miedo hacia el futuro, tanto político como económico, se toma la vida cotidiana de la mayoría de los españoles.

    Recogiendo la antorcha encendida en Islandia, donde las protestas civiles impidieron que la crisis financiera fuera pagada con el dinero de los contribuyentes, y proyectándose como una fuerza social sin precedentes en los anos de democracia –desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975–, los manifestantes han venido tomándose el espacio público como sede de sus deliberaciones y reivindicaciones, organizándose en asambleas y comisiones, por reformas sociales y económicas.

    Desde el 15 de mayo, los indignados reclaman soluciones a problemáticas tan complejas como el desempleo juvenil –que sobrepasa el 40%–, la corrupción en las altas esferas de los partidos tradicionales, el afianzamiento de la derecha de corte fascista en los escenarios políticos, los recortes en los presupuestos de salud y educación, y el sostenimiento de un alto gasto militar para permitir la intervención española en los conflictos internos de países de Asia y África. Para ello, han venido construyendo un programa básico de reivindicaciones que intenta unificar a un movimiento diverso y aún en construcción, aunque limitado de alcances por las dificultades para darse una identidad propia y por el rechazo de algunos de los indignados hacia partidos y organizaciones políticas, incluidas muchas de izquierda.

    El movimiento de los indignados, que se propaga por el mundo, continúa y recupera fuerza luego de la represión en Barcelona, ciudad en la que ya suenan las cacerolas. Los alcances reales y el impacto que pueda tener en la política del gobierno ibérico, justo ad portas de la crisis, están por verse. Mientras tanto, la indignación resiste.

  • Migrantes

    Por: Pedro Echeverría V. – mayo 25 de 2011

    Policías estatales y municipales de México aseguraron a 513 migrantes de Centro América, El Caribe y Asia que eran transportados en dos tráileres y detuvieron a dos personas que los trasladaban, informaron fuentes oficiales. Les dieron alcance en Tuxtla Gutiérrez, asegurando un tractocamión con placas de circulación 969AK5, conducido por Jesús Margarito Pérez Hernández, originario de Comitán, que fue detenido junto con su acompañante, Armando Pérez Hernández, de San Cristóbal de Las Casas. Precisaron que en esta unidad viajaban 273 personas: “175 hombres, 32 mujeres y cuatro menores” de origen salvadoreño, ecuatoriano, chino y japonés. En otro camión viajaban 240 personas, originarias de Guatemala, El Salvador, Ecuador, India, Nepal, Honduras y República Dominicana.

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  • Las tragedias serán un negocio

    Las obras de mitigación del desastre invernal serán una fuente de riqueza para empresas constructoras y contratistas - Foto: Santiago La Rotta

    Por: Carlos Jaime Fajardo – mayo 17 de 2011

    A raíz de las víctimas que deja el invierno, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo la ‘locomotora’ de “Gestión ambiental y de riesgos de desastres”, en el marco de lo que el gobierno denomina “prosperidad para todos”. Bajo dicha política, los gremios económicos y los altos funcionarios tomaron la tragedia invernal como una oportunidad para la inversión de capitales, por ejemplo: el ministro de Transporte, Germán Cardona, afirmó en enero que “ésta es la oportunidad para dotar a Colombia de la infraestructura adecuada”; mientras el presidente del Grupo Grodco y miembro del conglomerado Odinsa, Gustavo Rodríguez, aseguró que “la ola invernal se convirtió en una oportunidad que tanto el Gobierno como el sector de la ingeniería deberán aprovechar”.

    Por ende, no debe extrañarnos que después de cinco meses de la tragedia de los habitantes de Gramalote (Norte de Santander) ésta no haya sido resuelta, a pesar de los anuncios de la agencia Colombia Humanitaria sobre la atención que el gobierno de Santos prestaría a las víctimas del invierno. Sin duda, éste no es el único caso donde las promesas gubernamentales no han sido cumplidas.

    Lo anterior se explica por la concepción del gobierno de no realizar gasto social sino inversión en lo social, es decir, porque busca encontrar en las tragedias unas posibilidades para negociar y para que el capital privado entre a jugar un papel importante. Por ello, sólo se resolverán los casos de los damnificados que encajen en macroproyectos, como la propuesta para conformar nuevos poblados en las zonas donde existen planes económicos de gran importancia, por donde pasen las nuevas líneas ferroviarias o donde se tenga planeada la conformación de grandes explotaciones a las orillas de los grandes ríos. Tal vez, invertir en Gramalote no sea oportunidad de negocio.

    Donde resolver la tragedia sea rentable se hará. Donde no lo sea, los damnificados tendrán que esperar las promesas de los candidatos de las próximas elecciones, quienes también se aprovecharán de ellos para sus campañas. Entonces, ¿prosperidad para quién?

  • Carta desde una prisión de la ocupación israelí

    El preso político palestino-francés Salah Hamouri se dirige a los gobiernos de Occidente

    Por: Salah Hamouri* – 16 de mayo de 2010

    Desde las celdas de la prisión se pueden oír voces indignadas que hablan de los derechos humanos y a gobiernos que pretenden defender los derechos humanos y aplicar la justicia. ¿Saben lo que está pasando en las cárceles de la ocupación israelí? ¿Saben que más de 8.000 prisioneros son víctimas de una muerte lenta?

    A veces se elevan algunas voces en reuniones y cumbres. Puede ocurrir que alguien hable de presos políticos palestinos, pero se habla de nosotros como terroristas, como números sin cara, cuando, como todos los seres humanos, a veces somos débiles, a veces fuertes, amamos y detestamos, reímos, tenemos incluso nuestros momentos de alegría o lloramos cuando pensamos en nuestras familias.

    Para expresar nuestro sufrimiento me haría falta escribir cien libros, pero ni una enciclopedia haría mover sus conciencias, si es que alguna les queda después de su carrera hacia el petrodólar del Tío Sam que ocupa Iraq vestido de demócrata. Uds. apoyan la justicia y los derechos humanos en algunos lugares del mundo, pero aquí están apoyando y legitimando la ocupación, y nosotros pagamos el precio en estas celdas.

    ¿Se han imaginado alguna vez a una mujer palestina dando a luz mientras está atada de pies y manos? ¿Han visto alguna vez a un niño de doce años esposado en un punto de control durante horas y horas, al sol o bajo la lluvia, por el capricho de un simple soldado? ¿Saben que un gran número de mis camaradas lleva ya más de 20 años detrás de las rejas? Muchos han perdido a sus padres sin poder decirles adiós.

    Los gobiernos occidentales deben revisar sus posiciones respecto al Oriente Próximo antes de que sea demasiado tarde. Desde hace un tiempo, las revoluciones de los pueblos árabes están poniendo fin a dictaduras que a menudo servían a intereses mezquinos en vez de defender a sus pueblos. ¡Vivan las revoluciones árabes! ¡Viva el poder de los pueblos! ¡Viva la libertad!

    Prisión de Guilboa.

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    * Salah Hamouri, de madre francesa y padre palestino, con pasaporte francés, era estudiante de la Universidad de Belén cuando fue detenido abusivamente por la justicia israelí en 2005. Al día de hoy, sigue en prisión y, a pesar de los llamamientos de la familia y de diferentes comités de apoyo que abogan por la causa de este joven, el Estado francés no ha hecho ninguna gestión significativa para liberar a su ciudadano de las mazmorras israelíes.

  • El vagón trasero del saqueo

    Julio Roberto Gómez y Juan Manuel Santos - Foto: Presidencia

    Por: Carlos Jaime Fajardo – 15 de mayo de 2011

    Una de las discusiones que se está presentando en el país tiene que ver con las diferencias y similitudes que existen entre el régimen de Uribe Vélez y el de Santos Calderón, particularmente al interior de las organizaciones sociales, pues hoy algunos de sus miembros han decidido hacer parte de la propuesta de ‘unidad nacional’.

    Tal vez, la presencia de un exsindicalista como el actual vicepresidente venda la imagen de que los trabajadores han llegado a mandar en el gobierno, imaginario compartido por otros dirigentes sociales que no sólo están de acuerdo con las firmas de tratados comerciales desventajosos para la nación sino que se atribuyen tal atropello como un gran logro del sindicalismo.

    El régimen de Santos utiliza el pragmatismo como base de su práctica política, esto quiere decir que se alía con todo aquel que le sirva a sus planes. Por eso ha acordado con Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), nombrarlo de ministro de Trabajo. Junto a él desfilan un sinnúmero de sindicalistas para que los nombren de inspectores laborales, justificándolo dizque por que Santos no los trata igual que Uribe, pero sin cuestionar ni reflexionar que los dos han desarrollado un modelo económico y político en contra del pueblo.

    Pero que el presidente Santos utilice un estilo que busque engatusar a los líderes sociales no es el problema, pues ésa es otra de las tantas formas históricas para destruir a la oposición. El problema es que estos sectores se estén tragando el anzuelo neoliberal que rechazan verbalmente.

    Por eso, no debemos extrañarnos si, dentro de poco, algunas elites sindicales afectas al gobierno empiezan a tener tribuna en los grandes medios de comunicación, a realizar giras internacionales afirmando que las condiciones para los sindicalistas y trabajadores ha mejorado, a declarar que las protestas sociales son antidemocráticas, a gritar que el Plan Nacional de Desarrollo es “prosperidad para todos” y a negar que ellos son el vagón de cola de las locomotoras del saqueo.

  • El buen vivir

    El Buen Vivir significa, para los pueblos originarios de Los Andes, armonía social entre los seres humanos y de éstos con la nauraleza - Foto: Omar Vera

    Por: Juan Diego García – mayo 13 de 2011

    La actual constitución ecuatoriana establece el principio del Buen Vivir como un instrumento que permitiría tanto armonizar el orden social como alcanzar una relación sana con la naturaleza, inspirándose inicialmente en las propias tradiciones indígenas pero con el propósito de sintetizar éstas con las culturas europea y africana, todas ellas presentes en el complejo tejido multiétnico del país.

    Armonizar el orden social comienza con la redistribución de la riqueza, garantía material de un Buen Vivir, dando de esta manera satisfacción universal a las necesidades básicas de la población. Socialmente, el Buen Vivir supone el fin de toda suerte de exclusión, algo fundamental en una sociedad con un alto porcentaje de población discriminada por su origen racial. De igual forma, el sistema político haría compatibles la democracia representativa con formas nuevas de participación directa de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos. La armonía con la naturaleza exigiría un modelo de producción esencialmente diferente al actual y el fin de toda forma de consumismo.

    El Buen Vivir de Ecuador guarda estrecha relación con orientaciones similares en Bolivia y Venezuela, y es compartido por muchos movimientos sociales en la región. En palabras del presidente Chávez, por ejemplo, el objetivo de la Revolución Bolivariana no es hacer a todos más ricos sino permitir el pleno despliegue de las potencialidades individuales y colectivas, algo que se riñe con la idea tradicional que vincula el simple crecimiento económico con el desarrollo. La idea del Buen Vivir tampoco resulta ajena a otros conceptos corrientes hoy en sociedades que ponen en tela de juicio las relaciones de propiedad y poder, así como el vínculo entre su modo de vida y el impacto que éste produce en el medio natural. El énfasis en la dimensión cuantitativa, tan ligada al sentido mismo de la sociedad del consumo, parece dar paso a consideraciones mas cercanas a la calidad de vida, al cuidado de la naturaleza, a cálculos menos restringidos sobre la explotación de los recursos y a la responsabilidad con las futuras generaciones.

    Ahora bien, cualquiera de estas estrategias del Buen Vivir –o del consumo responsable y el rompimiento con el mito de asociar automáticamente crecimiento con progreso y desarrollo– lleva indefectiblemente a cuestionar el sistema mismo, es decir, a preguntarse si un cambio tan radical en el orden social –casi un cambio de civilización– es compatible con el capitalismo y, de no ser así, cuáles serían entre otras consideraciones, las relaciones de propiedad y poder, la participación ciudadana y el tipo de producción y distribución de la riqueza social en ese nuevo ordenamiento. La respuesta en el Nuevo Mundo es cada vez más clara: los movimientos sociales, en el poder o en la oposición, mayoritariamente desconfían del capitalismo y proponen en su lugar un socialismo acorde con sus propias condiciones y más cercano a la idea del Buen Vivir. ¿Un vínculo, acaso, con la tradición del movimiento socialista? En particular, con ese “ocio creador” que tan magistralmente plasmó en su folleto “El derecho a la pereza” el propio yerno de Karl Marx, casualmente el cubano Paul Lafargue.

    Los retos que enfrenta esta búsqueda de alternativas al capitalismo no son pocos. Si en el mundo rico algo similar al Buen Vivir supondría drásticos cambios en los patrones de producción y de consumo, en la periferia pobre del sistema las dificultades se multiplican porque no sólo se trata de cambiar el modelo capitalista por otro sino satisfacer primero muchas de las tareas históricas que su capitalismo raquítico, deformado y dependiente nunca resolvió. Una reducción de la actividad económica o, en todo caso, un reordenamiento y racionalización de la misma resulta más cómodo cuando se cuenta con múltiples recursos de capital, conocimientos, tecnología y una población cualificada y que mayoritariamente tiene resueltas sus necesidades básicas, pero no sucede así en las difíciles condiciones del atraso. Los recursos de todo orden que permitieron el desarrollo del capitalismo metropolitano o no existen o se presentan de manera muy precaria en los países pobres.

    La estrategia del Buen Vivir en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y similares tiene, entonces, la urgente necesidad de intensificar la producción y no sólo de propiciar mecanismos de redistribución que mejoren la vida cotidiana de las inmensas mayorías de la población. Tareas obvias, como democratizar la propiedad rural mediante una profunda reforma agraria, industrializar, construir las infraestructuras necesarias, universalizar la educación y la salud, en pocas palabras, acceder a la modernidad, suponen imponer una dinámica y un esfuerzo productivo de dimensiones considerables que exigen abolir los actuales privilegios de las elites –un acto de enorme y revolucionaria violencia en todos los órdenes– y traen consigo un impacto sobre el medio natural que, si no median alternativas realizables, seguiría los mismos o similares caminos de la modernidad en Occidente. Nada de esto resulta compatible con el Buen Vivir. Seguir el ejemplo de China o India resulta bastante alejado de este ideal y muestra que el camino clásico parece indisolublemente ligado a una explotación atroz de los trabajadores y a producir un impacto considerable sobre la naturaleza.

    ¿Es posible la industrialización y la modernización de la agricultura sin generar altísimos impactos en el medio ambiente? ¿Es viable lograrlo sin hacer uso de los mismos métodos de superexplotación del trabajo, típicos de la acumulación primitiva del capitalismo? Ésta es una cuestión central en el debate y constituye un reto no sólo teórico sino práctico cuando se asumen responsabilidades de gobierno. Si reformar el capitalismo dependiente ha sido hasta ahora tarea imposible ante las resistencias oligárquicas locales e imperialistas externas, no resultará nada fácil desmantelar el sistema mismo y construir otro en su lugar. Las medidas de corte keynesiano podrían ser, en todo caso, una respuesta parcial al actual capitalismo salvaje, pero es muy dudoso que sirvan igualmente para dar satisfacción a los interrogantes centrales que plantea una estrategia como la del Buen Vivir.

    Además, contra el Buen Vivir y contra el desarrollo en general actúa el modelo ‘extractivista’, tan típico de los países periféricos –y Ecuador, Bolivia y Venezuela lo son– en los cuales una parte considerable de sus recursos proviene precisamente de la minería, la extracción de petróleo y gas, y otras actividades similares que impactan de manera muy agresiva en el medio ambiente y no generan acumulación interna de capital, pues principalmente se benefician las empresas transnacionales. Al mundo pobre se deja, en todo caso, la industria más contaminante y de menos valor agregado, y se le impone un desarrollo agrícola basado en la gran explotación moderna, enemiga acérrima del medio ambiente y que ni siquiera está dirigida prioritariamente al mercado nacional.

    De esta forma, la economía ‘extractivista’ actúa de lleno contra las intenciones de superar la naturaleza depredadora del industrialismo. Además, y esto resulta de importancia estratégica, el modelo actual no hace más que prolongar en estos países su carácter de economías subsidiarias, complementos menores de las economías metropolitanas, es decir, eterniza la relación de dependencia y agota recursos que serán claves para su desarrollo futuro.

    Alcanzar el consenso social necesario para que una estrategia del Buen Vivir cuente con apoyos suficientes no es sencillo cuando se trata de las llamadas ‘clases medias’ acostumbradas al consumismo, sobre todo en sus estratos más altos, y reacias por tanto a cualquier cambio que suponga renuncias y sacrificios. No por azar, allí se anida la mayor reacción contra los gobiernos de progreso. La oligarquía criolla, aún siendo tan minoritaria –no pasará del 1% de la población– consigue en estos estratos su clientela electoral, a la que se suma, por lo general, el sector social más atrasado políticamente, manipulable por el clero conservador y los monopolios de medios en manos de multinacionales. Pero las mayorías tampoco están a resguardo de esta cultura del consumismo tan diferente al Buen Vivir, sujetas como están a la manipulación que identifica bienestar y consumismo, felicidad y modo de vida metropolitano.

    El sistema cuenta, entonces, con la ventaja de la cultural predominante, extraña por principio a la idea del Buen Vivir. El sueño de alcanzar los niveles de consumo que observan en la clase dominante y sobre todo el que se transmite por los medios de comunicación puede llegar a dificultar la aceptación de una idea como la del Buen Vivir, aunque, considerando el grado de pobreza de las grandes mayorías –inclusive de sectores crecientes de la pequeña burguesía empobrecida por el neoliberalismo y sumida en la desesperanza por la actual crisis–, es de suponer que para el pobrerío de estos países será siempre más realista optar por un ideario que se traduce en la satisfacción real de sus necesidades básicas –aunque sólo sea eso, ya es mucho– que permanecer indefinidamente viviendo del sueño irrealizable de una vida dorada en el capitalismo.

    El apoyo mayoritario de la población, la fuerza que adquieren ideas como las del Buen Vivir, será probablemente la clave del apoyo electoral mayoritario que hasta hoy ha permitido a los presidentes Correa, Morales y Chávez sortear con éxito el juego tramposo que supone la democracia burguesa: ‘con cara gano yo, con cruz pierdes tú’.

  • “Monseñor procurador: se equivocó de profesión”

    Diversas organizaciones de mujeres exigen que Alejandro Ordóñez no esté al frente de la Procuraduría - Foto: Andrés Gómez

    Por: Andrés Gómez – mayo 11 de 2011

    Con estas palabras, el pasado martes 10 de mayo, más de cien personas manifestaron su rechazo a la gestión de Alejandro Ordóñez Maldonado al frente de la Procuraduría General de la Nación, dado su manifiesto irrespeto a los derechos fundamentales de los colombianos y colombianas. De acuerdo con los manifestantes, el jefe del Ministerio Público ha obstaculizado de manera abierta el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en tres casos especiales, intentando que no se puedan realizar campañas educativas campañas educativas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que, a pesar de que Colombia es un Estado laico, el procurador Ordóñez ha impulsado, desde su dogmatismo religioso, la penalización total del aborto y pretende que no se reconozcan las uniones entre parejas del mismo sexo.

    En su mayoría, quienes expresaron su rechazo a las actuaciones del procurador, justo en frente del despacho del funcionario en el centro de Bogotá, hacen parte de organizaciones de mujeres y de defensores de derechos humanos. En sus pancartas podían leerse mensajes como “quiten sus rosarios de mis ovarios”, “soy mujer y no quiero ser madre”, “yo aborté porque mi anticonceptivo no sirvió”, “con o sin decreto, yo decido sobre mi cuerpo”, “personas libres, Estados laicos”, entre otros.

    Los manifestantes también exigieron al Congreso no reelegir a Ordoñez como procurador, pues el funcionario se encontraría en plena labor de cabildeo para tener durante otro periodo de cuatro años el control del Ministerio Público. Así mismo, piden al Consejo de Estado que se le investigue por los pronunciamientos que ha hecho como servidor público y que no se apegarían a sus deberes constitucionales sino a su fe religiosa.

  • Industria cultural y conocimiento en Internet

    ¿En qué quedará el conocimiento cuando sólo lo manejen los intereses privados? - Foto: William P. Gottlieb

    Por: Jairinflas – mayo 11 de 2011

    Durante el foro informativo que se dio hace unos días sobre la #Leylleras, a la que el ministro pidió se rebautizara en medio de chistes que dejan muy mal parado su sentido del humor, algunos de los representantes de la industria cultural de nuestro país hicieron una defensa muy aguerrida de los derechos de autor y el copyright, esgrimiendo argumentos que van más allá del contenido y el alcance de la ley en cuestión.

    Jose Gaviria, músico, compositor y productor, dice que la industria musical en Colombia es difícil, que mucha gente no compra discos compactos porque son muy caros, que él algunas veces está de acuerdo con eso y que cuando puede aboga para que se vendan baratos, pero también manifestó que lo caro no era motivo para que la gente se lo ‘robara’. Sin entrar en un debate acerca de la propiedad privada, me pregunto por lo acertada o no de esta afirmación, en la que pone al mismo nivel un objeto ostentoso como un carro de lujo con un producto cultural como la música o el conocimiento que, por su naturaleza, la única forma de robarla es acabando con su existencia o cerrando el acceso a la obra, cosa que de una u otra forma hace la gran industria.

    Me parece irresponsable la afirmación que hace Gaviria acerca de lo que sucede en Internet. Compara a los usuarios que comparten contenidos en la red con atracadores de callejón oscuro. No, señor Gaviria, lo que pasa en Internet es muy distinto: en la red se comparte, cosa que es una gran herramienta para que la cultura no se convierta en un objeto de lujo.

    Ahora bien, no se trata de que los artistas se busquen un trabajo de medio tiempo como cajeros de supermercado, pero tampoco, ni por error, puede tratarse de que la gente no pueda tener acceso al conocimiento y al arte porque a unas cuantas industrias se les ocurrió convertirlos en un producto para pocos.

    El Copyright y la actual industria cultural son hijos dignos del sistema excluyente que les dio vida. Los representantes de la cultura son personajes que, como el señor Gavira, son llamados ‘empresarios’ y para quienes la capacidad adquisitiva es el indicador del acceso al arte y al conocimiento. Pero, gracias a la Internet, eso ha cambiado y se puede escuchar música que de otra forma sería imposible, bien sea por el precio o porque no llega al país. Además, se accede a distintas iniciativas creativas que encuentran en la red su mejor forma de difusión, donde se comparte aquello que la industria niega y entre quienes no pueden o no están dispuestos a pagar sus altos costos.

    Las dinámicas en la red democratizan los contenidos y ponen en una situación incómoda a la gran industria. Desafortunadamente, ésta, en lugar de dar la talla y avanzar hacia nuevas formas de mercado acordes con las nuevas dinámicas, busca restringir el acceso y esgrimir argumentos como los de Gaviria. Parece que ignoran que miles de músicos comparten su música en Internet y que escritores nuevos y reconocidos liberan sus libros, sin que eso signifique que no reciben un centavo por su producción artística.

    Claro que lucrarse con la obra de otro no es lo más legítimo de la vida, pero el verdadero obstáculo que enfrenta la cultura y el conocimiento no es precisamente la piratería sino ese modelo de negocio al que los usuarios comenzamos a cuestionar e, incluso, a confrontar.