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  • Hernando Gómez: otro modelo de ciudad

    Por: Omar Vera – julio 6 de 2007

    Los últimos días han significado gran agitación en la contienda por la candidatura oficial del Polo a la Alcaldía de Bogotá. Publicamos a continuación una entrevista a Hernando Gómez Serrano.

    Omar Vera: –En Bogotá venimos de una administración distrital que ha cumplido una lógica diferente a lo que han sido las últimas alcaldías. Sabemos que sus propuestas son críticas de algunas de las políticas de Luis Eduardo Garzón, pero también que hay puntos de coincidencia. ¿Cómo describiría ud. estos elementos?

    Hernando Gómez: –Lo primero es que no es justo hacer una crítica sin partir del reconocimiento: en el momento en el cual asume la Alcaldía de Bogoá Luis Eduardo Garzón, era necesario hacer un gran esfuerzo para lograr que la inversión social pasara con creces la inversión que se había hecho durante tanto tiempo en la infraestructura física de la ciudad. En ese sentido, el primer esfuerzo que desarrolla Luis Eduardo Garzón en su alcaldía no solamente es loable sino que lo aplaudiré toda la vida. Me parece un primer momento fundamental: fue demostrar que era posible gobernar con un énfasis en la inversión social. Pero, también pienso que, paralelamente a ello, deberían haberse ido construyendo y consolidando otros procesos que hicieran que ese esfuerzo inicial fuera sostenible y que, además, fuera paralelo al cambio del modelo de ciudad.

    Me parece a mí que se han debido fortalecer también las organizaciones sociales, el tejido social. Por ejemplo, mientras se mejoraba la condición del acceso a alimentación en los sectores sociales más deprimidos y, particularmente, en la infancia, se debió haber fortalecido, en igual cuantía, a las organizaciones sociales productoras de alimentos, las redes campesinas, las organizaciones sociales que hacen la circulación de alimentos, las redes de tenderos, las madres comunitarias que hacen la cocina y que preparan los alimentos, y también a la producción orgánica sostenible urbana. Sé que este proceso se inició, pero se le dio mucho más énfasis, quizás por el momento, al otro elemento. Como decía monseñor Romero: «en épocas de guerra hay que curar a los heridos». Había que dar comida y se dio comida, pero no fue suficientemente. Se llegó a la concentración en la oferta alimentaria en la ciudad de Bogotá en tres o cuatro grandes operadores, como Makro, Carrefour o Carulla; se llegó a la concentración en la gestión y manejo de los comedores comunitarios en dos o tres grandes operadores, sobre todo las cajas de compensación, y las familias, las mujeres y las gentes se fueron quedando al margen de todo este proceso. Creo yo que ahí habría que seguir otro proceso.

    De igual forma, habría que hacer transformaciones, paralelamente, en el modelo territorial de la ciudad, porque cuando piensa en una ciudad en la que el énfasis es la inversión social, esto tiene que expresarse en cómo se ordena el territorio. Pero si el territorio se sigue ordenando para las grandes vías que son las que alimentarán el modelo de ciudad de puerto seco, puerto libre y zona franca que se está pensando en la ciudad de Bogotá. Si el modelo territorial sigue hacia allí, pues, lógicamente, se va a contradecir con la inversión social que se estaba plantando. En ese sentido, era necesario haber hecho también transformaciones paralelas muy profundas, por ejemplo, en la participación real de la gente en la decisión sobre los presupuestos: ha debido entrarse con mucha fuerza al presupuesto participativo, es decir, que la inversión social se convirtiera en una consecuencia espejo de la participación social en la definición de los presupuestos, de la participación social en la distribución de los bienes y servicios, de la participación de la gente en el empleo y la contratación de los bienes y servicios de la ciudad. Todo eso ha debido fortalecerse, pero, al no hacerlo, se dan, como dije, los excesos de concentración del capital privado monopólico, por un lado, y, lo que es aún peor, terminamos entonces nosotros siendo administradores de crisis y no estamos haciendo cambios estructurales profundos.

    OV: –Precisamente, esas empresas que han entrado a controlar este tipo de programas sociales de la administración actual se terminan volviendo quienes definen cómo se administran los recursos y los programas, y a qué población se enfocan, cuando Bogotá tiene una crisis social bastante grave: aparte de ser la ciudad más grande del país, es la que más recibe migración de personas a una ciudad capital en cualquier departamento. ¿Cómo entender eso dentro de esta lógica de un nuevo ordenamiento territorial de la ciudad a partir de lo social?

    HG: –Un nuevo ordenamiento territorial de la ciudad implica que, por ejemplo, cuando yo digo que la ciudad apunta a ser un puerto intermodal que va a hacer toda la circulación comercial de bienes y servicios que vienen de distintas zonas estratégicas de América, inmediatamente tengo que centrar mis inversiones en la construcción del puerto, en la construcción de las vías, en la habilitación de los sistemas tecnológicos para lograr la más alta velocidad en las transacciones financieras, etc. Pero cuando yo digo no, cuando yo digo que la competitividad de la ciudad radica en que las personas vivan en condiciones de dignidad plena y que su talento sea lo que hace competitiva a la ciudad, mis inversiones se centran, por ejemplo, en mejorar la calidad educativa, en llevar esa calidad de la educación y ese sistema de educación a un objetivo fijo que es el desarrollo científico y tecnológico, en donde nuestros niños y nuestras niñas sean conocedores de toda las grandes riquezas ambientales y geoestratégicas que tiene nuestra ciudad, para que el día de mañana sean los que puedan conocerlas, defenderlas, transformarlas, disfrutarlas y ser soberanos sobre ellas.

    Los dos modelos que se están dando son muy claros: un modelo de competitividad que se fija en el aparato productivo, fundamentalmente, y un modelo de modelo de competitividad que se fija en los sujetos ciudadanos, en el desarrollo, y que define que la competitividad está es aquí en las personas, que es competitiva una ciudad competitiva cuando no tiene personas con hambre, que es competitiva una ciudad cuando su niveles de alfabetización y de formación científica y tecnológica son de los más altos del mundo, que es competitiva una ciudad cuando su modelo económico responde a sus condiciones ambientales, a sus condiciones bióticas, a sus condiciones geopolíicas, que es competitiva una ciudad cuando es capaz de establecer diálogos directos y cercanos con los demás pueblos hermanos que están alrededor de ella, construyendo una gran región como es América del Sur. La competitividad de Bogotá se mira es en eso, no se mira simplemente en que vaya a abastecer, a manera de ciudad peaje, las demandas físicas y financieras que necesita para la circulación económica.

    Desde esa mirada, la llegada de nuevos pobladores, la incorporación de todos estos sectores populares, tiene que ser en las mínimas condiciones de dignidad. Estoy plenamente convencido de que la gran transformación que se está dando en el mundo va de la mano de los migrantes, va de la mano de los desplazados. Porque cuando, fundamentalmente, mujeres y niños son desplazados de sus zonas, desarraigados de sus territorios y llegan a otros sitios, no sólo llegan con el dolor profundo del desarraigo sino que también llegan con su memoria, con su historia, con su gastronomía, con sus bailes, con sus cantos, con su vida, con su mitología, con sus formas de ser, sentir, pensar, amar y resistir. Es un gran capital que está llegando. La ciudad tiene que convertirse en el lugar para la diversidad y para el encuentro de todas esas formas. La construcción de esta ciudad absolutamente diversa de hombres y mujeres que se están encontrando en torno a un solo concepto, la dignidad, depende de la lucha por ser seres humanos en condiciones de vida digna: salarios dignos, vivienda digna, salud digna, educación digna, ingresos dignos, cultura digna, todas esas cosas son las que hacen competitiva a una ciudad.

    No nos sigamos comiendo el cuento de que, cuanto mayores sean los manjares, mayores son las migajas que caen de la mesa; que si nosotros hacemos al aparato productivo más fuerte, de allí se va a generar empleo. ¡Mentira, eso no ha funcionado así! Hemos visto en el mundo entero que eso lo que está llevando es a que unos pocos concentren más la riqueza y a que las grandes mayorías estén condenadas a la pobreza, la exclusión y la miseria.

    OV: –En cuanto a este problema, las tres localidades que más reciben desplazamiento al año son Ciudad Bolívar, Bosa y Usme. Las tres al sur de la ciudad, junto con Sumapaz, conforman un eje de pobreza bastante grande en esta ciudad. Algunos critican a esta administración por haber aplicado ‘paños de agua tibia’ sobre este problema y por dejar que se cree una bomba social como la que existe hoy en sitios como Altos de la Estancia o Cazucá, donde no solamente llega muchísima población desplazada sino que llega a estar bajo el control de los actores armados que los desplazaron, por ejemplo los paramilitares en esta última zona. ¿Qué hacer para garantizar unas condiciones mínimas de acceso a los derechos, unas condiciones mínimas de vida, para estas personas que llegan en una condición tan difícil?

    HG: –Añado dos elementos al muy acertado diagnóstico que tú presentas: adicionalmente a que estas tres localidades son las que tienen la mayor recepción de desplazados, son, de igual manera, las localidades con mayor índice de contaminación; con los mayores índices de degradación por remoción en masa de los terrenos, porque allá están las explotaciones de las multinacionales en el río Tunjuelo; son las mayores receptoras de basuras, porque allá está el botadero de Doña Juana, y son las que tienen mayor degradación de sus fuentes hídricas, el río Tunjuelo y el río Bogotá. Uno dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que a los pobres les gusta irse donde se caen las montañas? ¿Es que a los pobres les gusta irse donde les echan la basura? No, lo que pasa es que la política territorial actual acompaña la exclusión, la acompaña totalmente.

    En cuanto al problema del paramilitarismo, tenemos que quitarle el oxígeno económico en la ciudad de Bogotá. En primer lugar, tenemos que controlar el ‘gota a gota’, ese crédito miserable que hacen los paramilitares en los barrios populares, en el que a la gente le prestan 50.000 pesitos y le cobran el 10% o el 20% de interés semanal, y se lo cobran a bala. Tenemos que quitarles ese soporte económico que tienen allá y ese soporte de control social. Tenemos que quitarles otros soportes que tienen como, por ejemplo, las grandes riquezas y los grandes lavados de dólares que se están haciendo en las operaciones urbanas como el Plan Centro, particularmente en lo que se está haciendo con las zonas de alto impacto allá en Los Mártires; como el control que están haciendo a través del manejo de la seguridad social, con manejo de las grandes operadoras de salud que, en algunos casos, están siendo alimentadas por dineros del narcotráfico y el paramilitarismo.

    Entonces, lo primero que yo estoy diciendo es: conociendo eso, actuemos. Fundemos el Banco de la Solidaridad, un banco en el cual el distrito apoya las iniciativas que están teniendo mujeres y jóvenes para el desarrollo y el mejoramiento de sus ingresos, a través de créditos que estén por fuera de los intereses comerciales y, por lo tanto, saque del paseo al ‘gota a gota’, eso me parece a mí que es fundamental. El otro elemento importante es cómo hacemos nosotros para controlar esos ejercicios de lavado de dólares en las operaciones urbanas. Cobremos las plusvalías y focalicémoslas, que las plusvalías que genera, por ejemplo, un programa de vivienda de interés social se le apliquen al valor de la vivienda de interés social; que si un predio cambia de uso y era un uso educativo que ahora pasa a ser comercial, las plusvalías que genera se le apliquen a la educación, porque eso era de la educación, y si, al revés, pasa del uso comercial a la educación, se le aplican también a la educación, porque es una decisión de voluntad de gobierno. Es decir, priorizamos los servicios sociales básicos por encima de cualquier otro servicio.

    Y no voy en contra del mercado. Si el mercado continúa sus relaciones comerciales a otros niveles, que las continúen. Bienvenido el mercado después de la dignidad, después de que tengamos a todas las personas en condiciones de dignidad, no en estándares mínimos sino en estándares dignos.

    Entonces, es meternos a esa visión. Eso cambia totalmente el modelo de ciudad, eso es darle un vuelco total a la cabeza. De lo contrario, terminarán viviendo en la ciudad de Bogotá, como dijo en algún momento el doctor enrique Peñalosa, los que puedan pagarla.

    OV: –El Plan de ordenamiento territorial (POT) construido por las administraciones de Mockus y Peñalosa definió como prioridad para la ciudad el fortalecimiento del sector financiero y del sector comercial. En ese sentido, está el enfoque de convertir a Bogotá en un puerto seco y en un centro comercial de las grandes empresas que hay el país, hablando de multinacionales y monopolios que tienen negocios estratégicos en Colombia. Sin embargo, ante el panorama que ud. nos presenta, hay un incremento grande de esa pobreza en la periferia de la ciudad, y es una periferia grande que alberga a la mayoría de los habitantes de Bogotá. ¿Cómo lograr que estos cinturones de miseria que se presentan en casi todas las localidades, pero sobre todo en estas localidades del sur, cambien y empiecen a mantener unas condiciones dignas de vida?

    HG: –Primer elemento: una política de suelos muy clara para la ciudad de Bogotá. La vivienda de interés social es la prioridad número uno y, por lo tanto, debe haber cero especulación en el valor del suelo. Hay elementos urbanísticos para poder hacerlo, muy sencillos: en el momento que ud. declara, en el POT, determinadas zonas como zonas de vivienda prioritaria, el valor del suelo ya no entra al mercado sino que queda congelado. Entonces, hay que tomar decisiones ya, sin temor.

    Segunda política: un proceso de recuperación de lo ya construido en la ciudad de Bogotá, en todas las grandes redes de infraestructura que existen en estos asentamientos. Un proceso para la re densificación e incorporación de sectores de población de los estratos uno, dos y tres, prioritariamente, en lugares céntricos de la ciudad de Bogotá. Es perfectamente posible y se puede desarrollar.

    Tercero: sistemas de crédito que le permitan a la gente hacerse a la vivienda en un tiempo prudente y pagable. ¿Qué es lo que está pasando? La gente saca el crédito a quince años, a los tres o cuatro añitos ya no pudo pagar más las cuotas y viene la corporación, le quita la vivienda y se queda con el subsidio, porque esta persona colocó el subsidio al cual tenía derecho. Así se están quedando las corporaciones con los subsidios y con toda la plata. Inicialmente tenemos que tener una política de vivienda clara a este respecto. Esto también implica que las plusvalías, insisto, de la vivienda de interés social se le apliquen a la vivienda de interés social y se disminuya el valor de la vivienda. Así mismo, yo estoy proponiendo que la ciudad debe hacerse copartícipe el crédito para la vivienda de interés social, a través de un banco de crédito del distrito. Son políticas financieras, son políticas de manejo de crédito, son políticas bancarias, son políticas de suelo.

    En algún momento, quizás, de casos particulares como el de Cazucá nos va a tocar hacer una política muy clara de bordes con los otros municipios. Eso implica que Bogotá no puede seguir vendiéndole agua en bloque a los demás municipios, que la compran a valor de estrato cuatro para subsidiarla a las personas que viven en Cazucá. No, Bogotá tiene que entender que también esto es una región.

    ET: – Eso en el caso particular de Soacha, que es la comparte directamente este problema en Cazucá.

    HG: – Claro, Soacha tiene un problema gravísimo y es que le compra agua en bloque a Bogotá para poder subsidiársela. No. Hagamos una política de suelos de borde, donde podamos construir proyectos de vivienda integral, entre Bogotá y Soacha, y hagamos un buen sistema de transporte para puedan movilizarse la gente de un lado al otro. Así evitamos que simplemente sean los bordes de la ciudad los lugares de la explotación económica, donde encontramos que en los límites con otras, como Facatativa, con Funza, con todas ellas, el borde de ciudad es la extracción del agua, a través de la floricultura implementada con el modelo de explotación laboral femenino más perverso que hay en Colombia, o es la cloaca del río Bogotá.

    Por eso yo no estoy de acuerdo con el cuento de la ciudad región. Yo digo que estamos en una región donde hay una red de ciudades en la que una de ellas es Bogotá. Pero no es una ciudad región que, de manera perversa, absorbe el agua de los otros, les bota los desperdicios, les expulsa población y pare de contar. Esto no puede seguir así.

    ET: – Y les define políticas administrativas…

    HG: – Políticas administrativas y, además, políticas ambientales. Nos toca tener una política clara: hay que entender que los derechos son universales, que los derechos no son territorializados, que yo no tengo el derecho a la vida porque vivo en Bogotá y el derecho a la muerte porque vivo en Soacha o el derecho a la salud en Bogotá pero no en Soacha. Nosotros somos un Estado social de derecho unitario, los límites de los municipios son límites para la inversión pero no son límites para la garantía de los derechos. Si yo estoy garantizándole los derechos a los bogotanos y las bogotanas poniendo en riesgo los derechos de quienes viven a escasos diez centímetro de la línea divisoria, yo no estoy haciendo un ejercicio equitativo de ciudad sino un ejercicio excluyente de ciudad.

    ET: – Ud. tocaba una problemática muy sensible en los últimos años en Bogotá y es el modelo de transporte. La construcción de Transmilenio ha significado, sin duda, un nuevo concepto en la forma en que se integra la ciudad. Digamos que hay una movilidad mucho más rápida, que integra localidades apartadas de la ciudad. Eso generó un cambio en la ciudad, pero también ha generado dos problemas importantes: uno radica en las condiciones en las que se da ese transporte para la gente, hay un gran un gran desgaste de la dignidad de las personas en este tipo de sistema; el segundo problema es la relación empleo productividad, dado que, por un lado, sí se han perdido muchos empleos aunque una de las banderas de esta administración fue proponer que no hubiera pérdidas masivas de empleos de los transportadores tradicionales, de los buses de servicio público, que sí se está dando con la entrada de Transmilenio y esto tiene que ver con la productividad, que ha estado enfocada principalmente en monopolios del transporte, pocas empresas que generan grandes dividendos a partir de la explotación de las vías públicas.

    Hay una necesidad de solucionar el problema del transporte. Lo que ocurrió el tres de mayo del año pasado, con el paro de los pequeños transportadores, demostró la incapacidad de Transmilenio para sostener a la ciudad. ¿Qué podemos plantearle a la ciudad, que no esté enfocado en lo que se venía planteando de solamente construir vías?

    HG: –Mira, Bogotá está sobre diagnosticada en el tema de transporte: ya sabemos perfectamente cuáles son las demandas y necesidades de pasajes diarios en la ciudad de Bogotá, conocemos perfectamente el déficit de váis que se tiene, conocemos perfectamente la sobre concentración en ‘horas pico’ en determinados sectores de la ciudad. La ciudad está sobre diagnosticada en esto. El mundo entero está sobre ofertado de alternativas: alternativas limpias ambientales, alternativas de alta velocidad, alternativas subterráneas, alternativas de superficie, alternativas elevadas, etc. A partir de eso, perfectamente, podríamos mirar cual sería el modelo ‘utópico’ que mejor se adaptaría a las condiciones de estructura física del territorio. Una vez definidos esos modelos, viene un segundo punto importantísimo que es mirar cuáles son las tecnologías que tenemos para poderlos implementar. Entonces uno comienza a quitar algunos, por ejemplo, porque necesitan de tecnologías que en este momento no podamos implementar, y a mirar cómo las vamos a financiar, si las vamos a pagar con endeudamiento, si van a haber transferencias de la nación, si se van a pagar con el mismo ejercicio tarifario que van a tener, si se van a pagar a mediano o largo plazo, si se van a concesionar como dicen algunos, en fin, uno va cortando.

    Luego, entre los temas que tú señalas: el tema ambiental, cuáles son más limpias y cuáles son más contaminantes; vamos avanzado y está el tema de cuáles garantizan mejores condiciones de desplazamiento digno, de convivencia y de cultura ciudadana. Así, también con otras consideraciones. Pero, la más importante es que estamos en una ciudad con un déficit de empleo y de ingresos altísimo. En el momento de construir un sistema de transporte, hay que analizar cuáles son intensivos en capital, cuáles son intensivos en tecnología y cuáles son intensivos en mano de obra. Es una gran sábana sobre la cual establece uno criterios y uno dice: ‘yo priorizo este modelo porque me permite la incorporación de una gran cantidad de mano de obra a mediano plazo, me es sostenible en el tiempo, me es sustentable financieramente, me genera condiciones relativamente limpias en términos medioambientales, no me genera iniquidades, no me da resultados colaterales de desempleo, me permite hacer una transición para ir incorporando a los sistemas de transporte actuales’. Es eso lo que hay que hacer, es un modelo en el cual uno se sienta a discutir todas las variables con la gente, es sentarnos a hablar sobre esto, no se necesita mucha cosa distinta. Sería maravilloso que, a través de estas variables sacar cuatro o cinco propuestas y poner a la ciudadanía a que las discuta, hasta es posible que la ciudadanía nos diga: ‘¿sabe qué, alcalde? de pronto para la zona oriental es mejor ésta, para la zona occidental es mejor ésta, para el centro de la ciudad es mejor ésta, para los jóvenes es mejor ésta’, porque también nos toca discutir temas de preferencias tarifarias para jóvenes, para adultos mayores y para desempleados.

    A mí me parece que el tema de la movilidad se sobre tecnificó tanto, que llegó a un nivel de tal profesionalización, que se les olvidó que el modelo tiene seres humanos, tiene medio ambiente, tiene financiación, tiene problemas, tiene contradicciones y una cantidad de cosas que hay que empezar a mirar. Hay que democratizar la propiedad del sistema y todas esas cosas, creo yo, son las que hay que mirar en una propuesta de movilidad integral.

    ET: – Ud. pone un elemento fundamental en esto y es la participación ciudadana en la toma de este tipo de decisiones gruesas de la ciudad, lo que no se ha tenido hasta el momento de una manera clara, es decir, solamente se han dado cierto tipo de consultas a comunidades muy puntuales, en las cuales no han habido decisiones vinculantes. Un ejemplo fue lo que ocurrió con los vendedores ambulantes en los inicios de esta administración, donde se les llamó a reuniones para solucionar el problema del espacio público, pero, en últimas, se vino aplicando un modelo muy similar al de anteriores administraciones, que es lo que más critica esta población, aunque obviamente el enfoque ha cambiado. La participación ciudadana es un eje importante en su propuesta. ¿Cómo implementar una participación que realmente tenga incidencia en esas políticas?

    HG: – Uno, constituyente para la ciudad de Bogotá, es decir, participación plena de toda la ciudadanía en la definición del cuál va a ser el marco normativo institucional que la va a regir, eso implica un trabajo de mediano plazo muy juicioso que hay que ir haciendo. Dos, participación plena en la revisión y transformación del POT para la ciudad e Bogotá, esto se puede comenzar desde el 1 de enero también y tiene plazos más cortos que lo anterior. Tres, participación plena en las decisiones presupuestales de la ciudad y no solamente en los presupuestos participativos locales sino, también, en los presupuestos participativos a nivel central, esta arranca también el 1 de enero y tiene tiempos aún más cortos que los del POT. Cuatro, participación plena, cotidiana, diaria en todas las decisiones que la ciudad esté tomando.

    Entonces, lo que estamos viendo es que se puede hacer un cronograma de participación que va desde las decisiones estructurales hasta las decisiones coyunturales, en donde la ciudadanía va aprendiendo, va construyendo cultura política y cultura de decisión. Participación plena implica participación con decisión, con información y con posibilidades de control y veeduría real, de lo contrario es carreta. En últimas, no hemos entendido que un gobernante no es nada más que el obediente hacedor de las decisiones del pueblo, que lo elige porque considera que es la persona que reúne las mejores condiciones técnicas, políticas y éticas que van a garantizar que va a hacer lo que el pueblo le dice, que no se van a irrespetar estos principios fundamentales, que va a hacer eso y que su equipo de gobierno y su gabinete es obediente, porque quien gobierna es el pueblo, esto se llama una democracia.

    Si ud. pone a decidir a los habitantes de la orilla del río Tunjuelo, ellos perfectamente saben que esas cárcavas están acabando con el río, que están acabando con los pulmones de los niños y que, además, de las gravillas que se sacan de allá no llegan a ser el 3% para la vivienda de interés social, que no es para ellos eso que están sacando de allá. El pueblo lo sabe perfectamente. Yo creo que por eso algunos le tienen miedo, claro, porque el pueblo va a pedir las cosas que son para ellos y por eso la participación debe ser una decisión ética, política y programática del partido Polo Democrático Alternativo.

    ET: – Ud. toca con esto un punto neurálgico y es que hay necesidad de cambiar el esquema político de gobierno de Bogotá. Si las alcaldías menores y las juntas administradoras locales han cumplido un papel de gobierno pero no cumplen este papel de participación de la ciudadanía, ¿estará lista Bogotá para un cambio de este estilo, porque implica un esfuerzo enorme de parte de una administración distrital?

    HG: – Yo no diría que está lista en el sentido terminal de la palabra. Uno nunca está listo para los cambios sociales, uno está listo para iniciar y animar los cambios. Si algún día estamos listos es porque un día arrancamos y nos arrancar en todo ello. Creo que hay que revisar este modelo. ¿Por qué 20 localidades y no 40, 18 ó 50, no sé? ¿Por qué no hay elección popular de alcaldes o alcaldesas menores? ¿Por qué las pobres juntas administradoras locales no tienen fuerza para generar procesos de participación?

    Hay que fortalecer el aparato local, hay que darle mayor autonomía, hay que darle presupuesto y que se decida más colectivamente. Debemos quitarnos de encima esa mentirita que nos metió Peñalosa de que hay que quitarle el presupuesto a los alcaldes locales porque son ladrones, lo que se hizo es que se concentró la corrupción. ¿O quién me va a decir que no hay corrupción en la Unidad Ejecutiva de Localidades (UEL)? ¿O me van a decir que no hay corrupción a nivel central?

    En cambio, lo otro sí tiene unas ventajas competitivas muy importantes. Por ejemplo, si quien tiene el gasto es el alcalde que está más cercano a la ciudadanía, ésta lo vigila más, está más con él, tiene mayor control sobre él. ¿Quién tiene el control sobre un abstracto que se llama UEL? Vayan y miren uds. todo lo que son las contrataciones y las licitaciones en las UEL, a ver si me dicen que hubo mayor transparencia. Lo que hubo fue mayor tecnocracia, es decir, se tecnificó la corrupción porque ahora sí, curiosamente, se concentra la contratación y ahora es técnicamente perfecta desde el punto de vista de la ley 80. En otras palabras, aparecieron ladrones desde la ley 80, perfectos corruptos cumpliendo todos los parámetros de esa ley, porque lo sabemos perfectamente: se escriben los términos de referencia para que gane uno, eso lo sabemos desde hace tiempo. Si eso se pone en manos de la gente, habrá mayor control social, más veeduría, mayor participación.

    ET: – Ud menciona el caso del río Tunjuelo y hay un problema serio que relaciona tres elementos: medio ambiente, multinacionales explotando recursos minerales en esta zona y violación de derechos humanos. Esta tríada ha generado problemas de mortalidad por salud, problemas de miseria bastante grandes, problemas de contaminación también bastante grandes y problemas de mortalidad por acción de los grupos paramilitares. ¿Cómo ponerle un alto a estas multinacionales y monopolios nacionales que se han valido de este tipo de tácticas para multiplicar sus ingresos?

    HG: – Sin miedo, hay que intervenir ya esos contratos. ¿Por qué el pueblo boliviano sí pudo intervenir a las multinacionales explotadoras del petróleo y del gas, diciendo “el gas y el petróleo son nuestros, son soberanos”? Pues digamos nosotros que nuestros recursos naturales son nuestros, son soberanos. Si nos llevan al tribunal de arbitramento de la OMC, ¡que nos lleven! Nosotros les llevaremos a los tribunales internacionales de derechos humanos, a los tribunales internacionales de violación a los derechos civiles, económicos, sociales y culturales y a todos los que sean necesarios. Si esos contratos están lesionando los derechos de la gente, si están lesionando la soberanía y la propiedad de nuestros recursos estratégicos, y si además están generando esta guerra e impunidad que estamos viviendo, esos contratos son ilegítimos. Si son ilegítimos, son injustos y, por lo tanto, son ilegales, esto entraremos a debatirlo sin miedo.

    Hay que garantizar que ejercicios internacionales nos ayuden a garantizar mayor equidad, mayor aplicación de justicia y menos impunidad. Acaba de conocerse la sentencia por la cual Bogotá va a tener que pagar indemnización a cerca de 200.000 personas por el daño generado cuando se hundió y se derrumbó la montaña de Doña Juana, por todo ese problema ambiental. Nos toca entrar a apoyar a los tribunales internacionales, a los tribunales de los pueblos, a los tribunales donde se debaten esas lesiones que están cometiendo estas multinacionales.

    Ahora para lograr eso, establezcamos un compromiso mutuo: yo llego a la alcaldía y, primero, me comprometo a cumplir lo que estoy diciendo, siempre y cuando uds. se comprometan a tumbarme si no lo hago, pero también se deben comprometer a no dejarme tumbar cuando lo esté haciendo. Eso es lo otro: una organización social berraca, nosotros no podemos ser gobierno y no ser poder. El poder está en la decisión de la gente, la participación social es poder. El poder que tiene el modelo económico de la derecha es que tiene los poderes financieros, los poderes académicos, técnicos y científicos, y el poder de los medios de comunicación. ¿Nosotros qué tenemos? El poder del pueblo. Tenemos que tener las bases sociales organizadas, para que en un momento dado seamos poder desde allí. Nos toca construirnos desde una movilización social grandísima.

    ET: – Hay un elemento que ud. toca y es la influencia de estas empresas y estos poderes económicos enormes, que han definido el ordenamiento de la ciudad y sus planes de desarrollo. Ellos empiezan a tener un papel en este proceso electoral, ¿cómo vería ud. eso en los partidos políticos que están entrando, como el grupo uribista, por el lado de Enrique Peñalosa; movimientos cristianos, como el Mira, y por parte de la izquierda, en sus distintas facetas, el PDA?

    HG: – Eso es muy triste. La primera decisión que tiene que tomar un partido político que se llame de izquierda, que se llame del pueblo, es que tiene que ser soberano y nosotros no podemos permitir que en nuestros partidos existan interés multinacionales que apalanquen o no a determinados candidatos. Me parece absolutamente deplorable que, en un determinado momento, decisiones tan cruciales como el tema de la movilidad estén siendo llevadas porque, probablemente unas ciertas multinacionales francesas entren a financiar el metro; que se estén tomando decisiones estratégicas sobre, por ejemplo, la privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá porque, probablemente, una multinacional española llegará a financiar este proceso de sobre concentración de la propiedad y de distribución del espectro radio eléctrico de la ciudad de Bogotá, eso es deplorable, es anti ético y no es de izquierda, no es socialista ni es popular. Yo soy de izquierda, socialista, popular, estoy en la lucha por la dignidad del pueblo y, entonces, digo no a ninguna de esas intervenciones.

    Nuestros pueblos tienen que ser soberanos. Es increíble que recibamos con mejor agrado a los comerciantes de las multinacionales que vienen a hablar con nosotros, aún en nuestros partidos de izquierda, que a los representantes de nuestros pueblos hermanos que libran luchas fraternas por defender sus recursos. Deberíamos estar hablando con los líderes bolivianos para que nos enseñen cómo hicieron ellos para frenar todos esos contratos con las multinacionales, deberíamos estar hablando con nuestros hermanos ecuatorianos que fueron capaces de decirle no a la base militar de Manta, deberíamos estar habando con nuestros hermanos venezolanos que están tratando de reconstruirse allá en las barriadas con sus misiones, a ver cómo construyen la salud y la educación, con nuestros hermanos cubanos, son nuestros hermanos nicaragüenses. Este continente es el continente del futuro, es un continente de esperanza porque tiene gente linda, hermosa, berraca y luchando, y adicionalmente a todo ello porque tiene todas las condiciones físicas, ambientales, geopolíticas y geoestratégicas para ser uno de los epicentros del mundo.

    ET: – El PDA tiene cuatro precandidatos en Bogotá. Están: Hernando Gómez, Edgar Montenegro, Samuel Moreno y María Emma Mejía. ¿Cómo analiza estas precandidaturas y en qué se diferencian sus propuestas de las de ellos?

    HG: – Siento muy próximo en su lucha, en su espíritu, en su deseo de cambio, en sus principios socialistas y a veces hasta en su expresión a Édgar Montenegro. Es un hombre que está diciendo las cosas que está planteando, que está escuchando a la gente porque viene de allí, lo siento cercano en eso.

    Pero, con respecto a María Emma y Samuel, voy a decir algo que ya mencioné a otros medios de comunicación. Alguien me hizo la siguiente pregunta, un poco más agresiva, tal vez: “¿cuál es la diferencia entre Enrique Peñalosa, Samuel Moreno y María Emma?”, y respondí “seis meses”. Si gana Enrique Peñalosa, aplica el modelo de la productividad centrada en el fortalecimiento del sistema financiero y del aparato productivo a partir del 1 de enero, porque él ha sido copartícipe, autor y, durante toda su vida, participante y beneficiario total de ese modelo. Si gana Samuel, seis meses después, mientras lo entiende, y si gana María Emma, seis meses después de pagar algunos favores políticos. No hay ninguna diferencia estructural entre el modelo de Peñalosa y el modelo que están planteando Samuel y María Emma.

    Aquí lo que se está discutiendo son dos modelos de ciudad. ¿Ud se imagina a la izquierda administrando la crisis? ¿Se imagina quién le va a perdonar al PDA cuando, en su alcaldía, se privatice la empresa de teléfonos o se privatice la empresa de acueducto y alcantarillado, que ya viene en proceso de privatización? ¿Quién aceptaría que en una alcaldía del PDA se fortalezcan primero las piezas estratégicas del aeropuerto, del puerto seco, de la Zona Franca, del centro financiero de la calle 72 antes que las piezas estratégicas de vivienda de interés social? Pues no, aquí hay prioridades y yo no los escucho hablar de esas prioridades nunca.

    Adicionalmente, cuando uno mira las propuestas financieras, siempre, por algún lado, se resbala la palabra “co financiación”, y uno se pregunta, entonces, ¿dónde quedó la soberanía y autonomía financiera estatal? Y cuando es el último momento, se les resbala, peor, la “ampliación de la base tributaria”, más impuestos, más impuestos, más impuestos. Todas esas propuestas comienzan diciendo ‘yo no voy a poner impuestos, no voy a privatizar’, pero cuando empiezan a desarrollar el discurso, hablando de concesionar o de aumentar las tarifas, finalmente se da cuenta uno de que en la forma de decirlo hay un no, pero en la forma de hacerlo hay un sí.

    El PDA, o es de izquierda o no es polo ni es alternativo. Este país está pidiendo, a gritos, un partido de izquierda, socialista, que sea capaz de gobernar para los intereses sociales y que, además, claramente pueda mostrarle a la ciudadanía que no comemos niños, que no somos asesinos, que no somos terroristas, etc., y que somos una alternativa de verdad, eso es lo que está pidiendo la gente.

    Yo sí creo en la necesidad de la unidad del Polo. Pero la unidad no se hace con mentiras ni falsas prudencias, la unidad se hace con confrontaciones críticas serias, con la palabra. Nosotros podemos ser gobierno pero no ser poder y solamente seremos poder cuando tengamos un pueblo empoderado, con formación política, con claros idearios de hacia dónde vamos. La gente, más que nunca, está esperando que nosotros seamos los abanderados de esas transformaciones sociales, que seamos los abanderados en las calles, no al revés, no que llenemos las plazas públicas con los movimientos sociales para llegar luego nosotros vestidos de amarillo y subirnos a las tarimas. No, es al revés, nosotros debemos estar abajo porque arriba debe estar la gente diciéndonos lo que tenemos que hacer. Hay que cambiar las prácticas políticas y América Latina nos está dando lecciones.

    ET: – Hernando, ya por último, después de esta larga entrevista, ¿qué es lo que debe motivar a la gente a votar por ud?

    HG: –Desde mi historia, mi formación, mi pertenencia al PDA y mi ideario soy una persona que ha estado caminando junto a los procesos populares desde siempre. Conozco la ciudad de Bogotá, conozco su administración, asumo el ideario del partido, soy un militante de izquierda, soy un luchador popular y estas cinco cosas dan una garantía ética de que yo voy a desarrollar un gobierno lo más próximo a los intereses populares y obediente de los mandatos populares.

    Pero también, lo más importante, soy un enamorado, un apasionado de este pueblo. Yo no tengo que levantar niños y limpiarles los mocos para que vean que a mí me interesan los sectores populares. Yo he estado allá, lo he vivido y lo he luchado por muchos años, soy y encarno esos intereses. Voy por un gobierno colectivo, transparente, ético, abierto, con conocimiento, con capacidad de gobierno, que sabe gobernar.

    Si somos un movimiento de izquierda, si somos un movimiento renovador y con ideas nuevas no podemos votar desde las prácticas tradicionales de los otros, sino que tenemos que votar desde estas prácticas nuevas que estamos construyendo. Además, debemos mantener la Alcaldía de Bogotá para llegar algún día a ser poder, porque ésta es una propuesta nueva y seria, una cara limpia, transparente y apasionada.

  • Plan Colombia empobrece a campesinos del Suroccidente

    Por: Beatriz Elena Valencia – julio 6 de 2007

    Luego de dos días de deliberaciones en el marco del foro “Recuperación de la vida digna y la producción agropecuaria en el Macizo y Sur del Cauca, contra las fumigaciones, las erradicaciones forzosas y la guerra”, cerca de 250 productores aprobaron una declaración en la que entre otros puntos exigen que cesen, de manera inmediata, la erradicación y las fumigaciones que se hacen sobre sus territorios, y que se entre a concertar un Plan de Vida participativo, indemnizando además a las comunidades que se declaran víctimas de las políticas internacionales y nacionales.

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  • Contrato de distribución de la ILC, una herramienta para acabar con la empresa

    Por: Luz Edith Cometa – julio 5 de 2007

    A pesar de haber insistido en que la Industria Licorera del Cauca (ILC) es inviable financieramente, hace unos meses el gobernador del departamento Juan José Chaux Mosquera, como presidente de la Junta Directiva de la factoría, autorizó firmar un contrato con un distribuidor privado que, como lo afirman los miembros del sindicato, va en contra de los intereses de la ILC y del pueblo caucano en general, ya que somete a la compañía a un margen de espera de tres meses para recibir el pago del distribuidor, lo que significa 90 días sin flujo de capital y otorga descuentos muy grandes, entre otras desventajas del citado convenio comercial que, entre otras cosas, ya empieza a tener incumplimiento por parte del distribuidor. Los invitamos a escuchar de qué se trata este nuevo error adminsitrativo del gobernador de los caucanos. Adjunto encontrarán el comunicado enviado por la CUT y SINTRABECOLICAS, donde rechazan este tipo de actos administrativos que, según afirman, se dirigen a liquidar o privatizar las empresas oficiales.

  • ¿Por qué no me puse la camiseta blanca hoy?

    Por: Mario Ruiz – julio 5 de 2007

    El día de ayer se recibió un correo de la empresa, donde llaman a los funcionarios a vestirse con camisetas blancas, a propósito de la jornada que habrá hoy, en horas del medio día, en contra del secuestro, en rechazo al asesinato de los 11 ex diputados del Valle y reclamando la devolución de los cadá¡veres. Los argumentos que expresaré a continuación son solamente para la reflexión y expresan algunos aspectos de mi forma de pensar. Hoy no me vestí de blanco, entre otras, por las siguientes razones.

    Es necesario que se tengan en cuenta otras apreciaciones en la vida nacional. El país se encuentra en una guerra cuyas características se asimilan a las de una guerra civil, que se expresa de diferentes maneras: la existencia de grupos insurgentes cuyo accionar se levanta, principalmente, contra un Estado, buscando su derrocamiento; la inconformidad de grandes masas en las ciudades; la movilización de sectores de la sociedad que reclaman derechos y garantías.

    El reconocimiento de la existencia o no de la guerra es un principio para buscar su solución. Existen opciones: una es buscar acuerdos donde las partes deben ceder en sus aspiraciones buscando un punto medio; la otra es la radicalización del conflicto, es decir, que las partes enfrentadas, antes que buscar una salida negociada, se fortalezcan política y militarmente para tratar de resolver la guerra a su favor.

    Para esto, la validación de sus prácticas, se requiere la aceptación política de la población. En este proceso entran a jugar elementos tan vitales e importantes como son los imaginarios populares, es decir, las ideas en grandes capas de la población donde la influencia de los medios masivos de comunicación entra a jugar un papel de vital importancia, a favor o en contra de una u otra posición.

    Desde hace mucho tiempo, grandes sectores de la sociedad han llamado a uno y otro sector a buscar puntos coincidentes para llegar a un acuerdo humanitario, tratando ponerle fin a las penurias de las personas retenidas por la guerrilla. Ni un sector ni el otro han hecho lo suficiente para buscarle una salida a tan difícil situación: unos argumentan la necesidad de una zona de despeje, el otro sector argumenta la imposibilidad de ceder en esta solicitud. Lo cierto de todo es que el tema se ha convertido, más que en un asunto de carácter obligatorio para cualquier sociedad civilizada -en el entendido de que se está hablando de seres humanos que están padeciendo este flagelo-, en un espectáculo morboso y degradante de aquellos que buscan sacar tajada política de tan terrible situación. El Derecho Internacional Humanitario brinda las herramientas necesarias y suficientes para que los actores involucrados en dicho conflicto lleguen a acuerdos.

    Pero en el país, infortundamente para nosotros, hay otras muertes y otros muchos colombianos que han sido asesinados o desaparecidos. Aquellos son ignorados, desconocidos o, simple y llanamente, olvidados. Según informaciones publicadas en la revista Semana hace pocos días, más de 30.000 colombianos reposan en fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional. A esto no le hacen el ‘show’ ni la publicidad suficiente, los medios masivos de comunicación no llaman a movilizaciones y, mucho menos, la Presidencia de la República. Por supuesto, el Congreso calla, quizás porque algunos de los autores intelectuales han ejercido como ‘padres de la patria’, quizás porque muchos de esos colombianos osaron manifestar su inconformismo ante un Estado cuya democracia es burlada constantemente por las clases que ostentan el poder.

    Entonces, ¿por qué nunca el gobierno colombiano ha expresado su rechazo públicamente en contra de estas prácticas, no menos detestables o despreciables?

    Recuerdo en estos momentos las marchas que se hacían contra el secuestro diez años atrás, cuando Francisco Santos, ahora vicepresidente, convocaba a la ‘sociedad civil’ a manifestarse en contra de esa práctica. ¿A quién le sirvieron, entonces, esas movilizaciones? ¿Quién capitalizó todas esas grandes manifestaciones? Por ese entonces, se estaba viviendo una situación de desplazamiento, producto de la guerra. Millares de campesinos estaban protestando en la calle, reclamando sus derechos, y la respuesta del gobierno fue represión, la muerte de varios indígenas en el Cauca, la desaparición de varios campesinos en el Tolima y el asesinato de un participante en las calles de Bogotá, a manos de los antimotines.

    Desde 1986, cuando se creó la Central Unitaria de Trabajadores, mas de 4.300 dirigentes y dirigentas sindicales han sido asesinados por parte de grupos paramilitares o por miembros activos de la Fuerza Pública, actuando en alianza con fuerzas ‘oscuras’. La inmensa mayoria de estos crímenes han quedado en la impunidad: al momento sólo 35 personas han sido judicializadas por estos asesinatos y más de 4.265 están impunes. ¿Quién protesta por estos asesinatos?

    Cada día, a lo largo y ancho del territorio nacional, mueren de hambre niños y ancianos por problemas de hambre, desnutrición o falta de atención médica oportuna. Sólo se recuerdan cuando los medios de comunicación necesitan aumentar el raiting de la teleaudiencia. ¿Recuerdan lo que pasó hace unos pocos días con los niños del Chocó? ¿Será que el hambre se calmó o la miseria se acabó, que no han vuelto a decir nada en los medios de comunicación?

    Por otro lado, en los barrios populares son asesinados jóvenes que, por desgracia, han caido en el terrible problema de la droga, muchos de ellos por escuadrones de la muerte. Pereira, por ejemplo, en los últimos dos años ha figurado en el país como la ciudad más violenta, con el índice más alto de homicidios por cada 100.000 habitantes. En términos concretos, cada fin de semana en Medicina Legal practican alrededor de 15 levantamientos. Hagan una simple operación matemática: multipliquen esto por 52 semanas, que es lo que contiene un año, y observen cuanto da. Por estas muertes nadie reclama.

    Entonces, sería más partidario de participar de una movilización donde se reclame un acuerdo humanitario, donde se llegue a compromisos sobre la imperiosa libertad de todos y cada uno de los secuestrados, pero donde, igualmente, se exija el esclarecimiento de los millares de asesinatos que se han cometido en contra de sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos indefensos -como los asesinados por el ejercito en Cajamarca-, o de los cientos de cadáveres presentados falsamente como muertos en combate. Sobre éstos últimos, no hay que olvidar que esos mismos medios de comunicación mostraban a esas personas asesinadas como ‘botín de combate’, mientras la procuraduria general de la Nación tiene abiertas cerca de 100 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por asesinatos cometidos contra civiles, que hoy en dí­a, se conocen como falsos positivos. Esto tambien está archivado y nadie, absolutamente nadie, del gobierno protesta o exige claridad sobre estos hechos.

    La verdad, estaría de acuerdo con protestar, con manifestarnos, con expresarnos en contra de todas esas penurias que padece el conjunto del pueblo colombiano. Aquí, al parecer, hay unos muertos que duelen y los demás son sólo frías e inermes estadísticas, cuyo dolor sólo lo padecen sus familiares más cercanos, porque el ‘gran gobierno’ y los medios masivos de comunicación ocultan la verdad que, en silencio, se vive allí donde las noticias no llegan o donde los micrófonos no expanden las voces que reclaman a viva voz que haya justicia.

    Éstas son algunas razones de por qué no me puse la camisa blanca.

  • Euroizquierda

    Por: Juan Diego García – julio 4 de 2007

    Los recientes triunfos electorales de la derecha y la muy publicitada cumbre de la Unión Europea eclipsan dos acontecimientos relevantes en Alemania e Italia: la creación de un partido de la izquierda (Die Linke) en Berlín y la reunión de grupos comunistas en Roma con el propósito de dar nacimiento a un partido similar al de sus colegas teutones.

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  • Sin libertad para las opciones sexuales no hay libertad polí­tica

    Julio 3 de 2007

    El dí­a 1 de julio se relizó en Bogotá la versión número 11 de la marcha de la ciudadaní­a LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), también conocida como marcha del orgullo gay. Esta movilización surge ante el problema de discriminación y exclusión que sufre esta comunidad, además de ser el resultado de las múltiples agresiones por parte de grupos conservadores de derecha e, incluso, de la fuerza pública.

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  • Hay algo aquí­ que no va

    Julio 2 de 2007

    Con el anuncio de la muerte de once de los doce ex diputados de la Asamblea departamental del Valle que, desde hace cinco años, permanecían retenidos por la guerrilla de las FARC, se ha abierto la puerta a un gigantesco debate nacional en el que han imperado la confusión, la multiplicidad de vagas hipótesis y la manipulación gubernamental del dolor de las familias de las víctimas.

    Mientras las acusaciones corren de un lado para el otro, las lágrimas de las familias de los diputados secuestrados son mostradas a todo el país, ‘en vivo y a todo color’, por los principales monopolios mediáticos, que no muestran el más mínimo respeto por las víctimas, ni tampoco ningún interés por escuchar su quejas ante la indiferencia de un gobierno que insiste fanáticamente en un rescate militar de los rehenes que ya ha probado su inutilidad.

    Desde la madrugada del jueves, cuando la agencia Anncol publicó un comunicado del Comando conjunto de occidente de la organización guerrillera señalando la muerte de estas personas “En medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”, el alud de versiones emitido por algunos medios, basadas solamente en conjeturas, sólo han contribuido a la confusión y la incertidumbre que han reinado desde entonces en el país.

    Si bien es cierto que la vaguedad de los datos ofrecidos por los comunicados de la organización armada dejan un manto de duda importante sobre el caso, también es cierto que una plausibilidad de las hipótesis basada exclusivamente en suposiciones contradictorias y datos dispersos, ha sido una valiosa excusa para que el gobierno sostenga su versión de los hechos y se encuentren desarrollando una ofensiva diplomática y de opinión para negarse a pactar el intercambio humanitario.

    En irresponsables, pero muy calculadas declaraciones, emitidas en cadena nacional al medio día del jueves y repetidas a las nueve de la noche de ese mismo día, Uribe Vélez y los más altos funcionarios de su gobierno insistieron en mantener la versión de una ejecución masiva practicada por las FARC. Partiendo de una conjetura, buscaron establecer una cortina de humo sobre el caso para eludir su responsabilidad en la muerte de estas personas, posible no sólo en el supuesto de un operativo militar secreto para liberarlas, o eliminarlas; sino por su intransigencia en la negociación del acuerdo.

    Aún cuando desobedezca los mandatos del gobierno de Bush, que busca desesperadamente la liberación de los tres mercenarios de la empresa Dyncorp en poder la guerrilla; del gobierno de Sarkozy, que ha usado el caso de Ingrid Betancourt como comodín de su campaña política y la de su partido en las elecciones legislativas francesas; de la comunidad internacional, que se ha pronunciado vehementemente en diferentes espacios por el acuerdo; y hasta los de la propia ciudadanía colombiana, que ha apoyado el pedido de canje como una forma de reducir los efectos negativos que tiene la confrontación militar entre las partes, Uribe busca salir nuevamente fortalecido de esta situación para mejorar las condiciones en las que se desarrolla su proyecto autoritario. Exigiendo condenas a la guerrilla, negándose a cualquier propuesta que reactive las negociaciones o permita esclarecer la verdad sobre el caso, como la comisión de encuesta planteada por Francia, Suiza y España, y elevando una rabiosa y fanática voz de condena, el mandatario ha conseguido hacer eco en los sectores de opinión que le son más leales, entre ellos los monopolios de comunicación más poderosos del país, para convencer a la nación y al mundo de las nobles intenciones de su gobierno y de la inviabilidad de cualquier intento de negociación del canje con lo que él insiste en llamar una organización terrorista.

    Los gritos de indignación del mandatario contrastan con la amnesia colectiva que se trata de imponer en este caso. Durante las últimas semanas, mientras el gobierno cedía a las presiones internacionales para liberar a un grupo de desertores de la organización armada y presos comunes, presentándolos como insurgentes, decía a los cuatro vientos que no iba a dejar de buscar el rescate militar de los retenidos, ordenando a los comandantes de las fuerzas armadas y de la policía la realización de operativos de alta contundencia en las zonas en las que pudieran encontrarse los secuestrados. Operativos que, en pasadas ocasiones, causaron la muerte de numerosas personas.

    Cabe resaltar aquí, sólo para ofrecer un ejemplo, que el veintidós de mayo cayó muerto en La Guajira Mauricio Vives Lacouture, quien había sido retenido por el ELN desde noviembre de 2005, durante un operativo de rescate negado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Vives, miembro de uno de los más poderosos clanes familiares de la Costa Atlántica, habría sido presentado inicialmente por el ejército como un insurgente muerto en combate y su cuerpo escondido para evitar investigaciones, lo cual ha sido denunciado por su hermano, el congresista Luís Eduardo Vives quien se encuentra detenido por presuntos nexos con el narcoparamilitarismo.

    La ejecución de los secuestrados, sin dejar de ser posible, habría sido una torpeza política de enorme magnitud para la guerrilla. En un momento en que la presión internacional y de la opinión pública nacional había logrado que el gobierno aceptara la posibilidad de un intercambio, la entrega de estos retenidos habría sido su más grande carta política para avanzar en sus planes estratégicos y generar un respaldo más amplio a su propuesta y acciones.

    No obstante, la pregunta fundamental en este punto es saber qué hacían los once diputados juntos en la zona en la que se calcula que cayeron. Si se recurre al sentido común y a los elementos básicos de cualquier lógica militar, no es posible pensar que el grupo guerrillero tuviese a tantas personas de tal importancia reunidas en un solo sitio, menos aún en una zona tan vulnerable como las montañas del sur del Valle del Cauca, donde se especula pudieron presentarse los hechos. Sin excluir ninguna posibilidad, incluido algún error de comando de la guerrilla que haya traído consigo el trágico desenlace, cabe preguntarse: ¿qué interés, entonces, podrían tener las FARC para tener concentrados a estos retenidos, arriesgándose a perder una poderosa carta de negociación? ¿acaso se estaban preparando las condiciones para un posible despeje de los municipios de Pradera y Florida que esa guerrilla ha exigido para realizar el canje?

    La necesidad de conocer la verdad, cualquiera que sea, es una exigencia que los colombianos y las colombianas no podemos dejar de lado para conocer una cómoda versión oficial que no ofrece pruebas ni argumentos para sustentarse. Una situación de esta gravedad, impone el reclamo a las partes: gobierno y FARC, para que respondan por los hechos ante una población que, mayoritariamente, insiste en que el intercambio es una necesidad para frenar la degradación de la guerra que se ha impuesto en Colombia.

  • Salud: sin perspectivas en Colombia

    Por: Adriana Lozano* – julio 2 de 2007

    El país vive discusiones nacionales importantes y, a su vez, dramáticas: genocidios impunes, parapolítica, tratado de libre comercio (TLC), acuerdo humanitario, elecciones de octubre, ley de transferencias, plan de desarrollo, entre otros. En cada una de ellas es preciso opinar, pese a la evidente dificultad que existe en nuestro país para difundir un punto de vista de manera amplia, libre y democrática –sobre todo, si se trata de cuestionar las políticas de gobierno–. Sin embargo, consideramos importante, y parte de nuestro deber social, el referirnos a un tema que viene siendo motivo de disentimiento en muchos sectores sociales: el Plan nacional de desarrollo e inversiones: Estado comunitario y desarrollo para todos (2006-2010) o PND. Pero, específicamente, nos referiremos a lo relacionado con los objetivos, programas y estrategias que afectan, positiva o negativamente, al sector salud.

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  • Colombia, la ‘res nostra’

    Por: Rafael Rincón* – junio 28 de 2007

    Si el filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) viviera hoy en Colombia, su célebre frase en la que define al hombre como un zoon politikon (animal político) hubiera terminado acuñada como zoon ‘parapolitikon’ (animal parapolítico).

    Según el estagirita, el animal político se ocupaba de la polis, de la ciudad, del Estado, de su funcionamiento, de su organización y estructura. Lo propio de él era lo público, que era también la vida social. Lo político era la ciudad, el Estado, lo social.

    Colombia es un país sin política. Un país sin Congreso, sin lo público y con la ciudadanía amenazada. Un Estado inferior, algo menos que Estado.

    En las democracias, el lugar por excelencia de la política es el Congreso de la República. Pero, el Congreso colombiano fue convertido en el hábitat, la madriguera, de los señores de la guerra. Primero fue la visita al Congreso del comandante paramilitar Salvatore Mancuso y su séquito vociferante: ellos se sentaron, intimidaron y ordenaron. Fue la ‘palomita’ parlamentaria, el país creyó que eran extraños, pero realmente estaban visitando a sus pares.

    Luego, se cayó el tinglado cuando la Corte Suprema de Justicia sindicó a una veintena de congresistas por secuestro y concierto para delinquir, quedando al descubierto los congresistas prepago del paramilitarismo y del narcotráfico. Quedaron también en evidencia las jurisdicciones electorales de la parapolítica. El partido presidencial de la U quedó al descubierto con sus tenebrosas alianzas.

    Si la política es debate y deliberación, en Colombia no hay política porque las leyes se hacen en desayunos presidenciales, se aprueban ‘micos’ a pupitrazo limpio y se obedece cerrilmente las directivas del ‘líder’ del Ejecutivo.

    La política desaparece cuando la deliberación es remplazada por la imposición. En el Congreso, los derechos de las personas desaparecen en oscuras conciliaciones, pactos del más allá o mandatos de la obra de Dios, como ocurrió con los derechos de las parejas homosexuales.

    No hay política en Colombia porque la cosa pública, la res pública, la República, no la asumen ni el Presidente ni el Congreso. Ellos son Presidente y Congreso de la cosa nostra, de la res de los hacendados, son los guardas de la res privada.

    El cuestionado ganadero del Magdalena Medio, Carlos Arturo Clavijo Vargas, líder del movimiento No al despeje, llegó al Congreso en el año 2002, con Rocío Arias como fórmula a la Cámara de Representantes, para cuidar sus reces, su hato ganadero y el de sus compinches. Él no llegó a deliberar, llegó a imponer un proyecto político para refundar un nuevo país que había pactado con su candidato a la presidencia en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia), el ex gobernador Álvaro Uribe Vélez.

    El animal parapolítico es la negación de la política. Se ocupa desde el mundo privado de lo público, niega al Estado, pero lo convierte en un trampolín para los negocios privados.

    La parapolítica es, parodiando al teórico político alemán Carl Schmitt, la guerra por otros medios. Los paramilitares, cuando tomaron la decisión de institucionalizar su proyecto ‘político’ triunfante, consagrado en la Constitución de Paramillo (2001), que consiste en refundar al país, lo que hicieron fue decidir continuar la guerra por otros medios.

    Esa guerra, que produce mejores resultados que la paz, que es más económica que la paz, es el estado político deseado, es un estado parapolítico, llamado por ellos “Estado Comunitario”, porque pone en común las instituciones del Estado democrático con los intereses de la sociedad autoritaria.

    La parapolítica, esa que enarbola la seguridad democrática y muestra como botín la disminución de homicidios, es, ni más ni menos, una propuesta de ‘guerra fría’ a la colombiana.

    Ése es el famoso postconflicto en donde nace la Comisión Nacional de Reconciliación y la Ley 975 de 2005, son las legislaciones para acomodar las secuelas del nuevo orden.

    Lo más público para este zoon ‘parapolitikon’ colombiano es el Tratado de Libre Comercio (TLC), porque es lo más común de los intereses particulares dominantes. Es un tratado que el ‘parapolitikon’ define como la síntesis de todas las oportunidades de negocios.

    El zoon ‘parapolitikon’ no se interesa por los dracmas, ni por los dramas, su interés son los dólares y las comedias. El dolor de las víctimas del desplazamiento forzado se celebra con papayeras, confetis y algarabías, en donde las bases sociales extorsionadas alaban y rinden culto a los crímenes de lesa humanidad de sus amos.

    El animal parapolítico es un ciudadano sin Estado. Aprendió la autodefensa y convirtió la estrategia antisubversiva en proyecto de Estado. El animal parapolítico responsabiliza al Estado de la falta de seguridad, afirma que no hay Estado que lo defienda. Es un parapolitikon que no tiene obligaciones, no paga impuestos, pero quiere tener privilegios, quiere tener un Estado que le cuide las tierras, que proteja la res nostra.

    El zoon ‘parapolitikon’ tiene ejércitos particulares, tolerados muchas veces por los ejércitos oficiales, para garantizar su status quo, que es un estatus social que denigra del estatus político.

    La parapolítica es el dominio del miedo, el triunfo de un orden conservador, de una economía ilegal, la negación de las libertades. Es el autoritarismo sin Estado, es la arbitrariedad de civil, una dictadura sin charreteras.

    * Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

  • El fin de una era: un flato

    Por: Óscar Gutiérrez – junio 25 de 2007

    “Prefiero perder un amigo que una tripa” – mi abuelo Jesús María Flórez.

    Veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa. Hacía un año o dos que había caído el muro de Berlín, y con él, como un castillo de naipes, se vino abajo el imperio ruso que conformaban los países de la llamada ‘Cortina de Hierro’: Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, Yugoslavia, Checoslovaquia, etc. Se convertía en gas lo que antes parecía tan sólido como el hierro y yo, testigo de excepción, me encontraba en un palco, contemplando con mis ojos –todavía de niño– cómo cambiaba el mundo.

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