Por: Daniela King Reyes – julio 25 de 2011
En Chile la crisis de la educación no es una novedad. Por el contrario, ha sido denunciada constantemente durante varios años. Antes de septiembre de 1973, tanto la educación básica, como la media y la superior eran estatales, gratuitas, de calidad reconocida y con cobertura a nivel nacional. Luego del golpe y la dictadura militar, comenzó a sufrir una transformación donde pasó de ser un derecho a convertirse en un lucrativo negocio para los grandes empresarios, en el que el Estado se terminó alejando tanto del funcionamiento como del financiamiento de las universidades ‘públicas’.
Transcurrieron los años, volvió la democracia y, lejos de que los gobiernos de la Concertación realizaran un cambio en el ámbito educativo, estos se esforzaron por profundizar el sistema neoliberal también en las universidades y colegios.
En Chile, cualquier persona que posea un capital para invertir puede instalar una universidad, instituto de formación técnica o colegio, con el beneplácito del Estado, careciendo de un sistema de fiscalización que garantice la calidad, tanto en la enseñanza como en la infraestructura de los establecimientos.
Específicamente, la Ley indica que ninguna institución educativa puede lucrarse por los servicios prestados. Sin embargo, se pasa por alto esta disposición en la práctica, pues se han creado diversos artilugios para evadir la nula fiscalización en este aspecto y convertir a las entidades encargadas de impartir la educación en Chile en rentables negocios privados. Éste es el punto que ha colmado la paciencia de miles de estudiantes universitarios y secundarios, que ven que para poder estudiar una carrera universitaria deben pagar al contado una suma no menor a los 2.000 dólares por año –una carrera profesional, con duración de cinco años, cuesta por lo menos unos 11.000 dólares, sin incluir gastos de matrícula y titulación– y si desean optar por un crédito para financiar sus estudios esta cifra se multiplica cuatro o cinco veces.
El fin de este lucro indiscriminado en la educación superior es uno de los puntos comunes que escolares y universitarios exigen en un petitorio que han elaborado en forma separada, puesto que las demandas en otros aspectos son bastante distintas. Mientras que los universitarios exigen el fin al lucro, más aporte fiscal directo a las universidades estatales, centros de formación técnica estatales y créditos con un fondo solidario que no aplique las tasas de interés de la banca privada, entre otros varios puntos; los secundarios exigen la desmunicipalización de los colegios y su respectiva estatización, una tarjeta de locomoción gratuita para los 365 días del año y una efectiva reconstrucción de los establecimientos, luego de los daños que sufrieron en el terremoto de febrero de 2010.
Los estudiantes llevan movilizados más de un mes, en un cese de actividades en el que ocupan las instalaciones de los colegios y universidades, y en el que han ido ganándose poco a poco la validación de la sociedad en general: para los chilenos, la educación de calidad es algo a lo que aspiran todas las familias, que ven en el futuro de sus hijos e hijas la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
El jueves 14 de julio se realizó la última gran marcha de este movimiento. A pesar de no haber sido tan masiva como las anteriores, puesto que la autoridad regional prohibió que se marchara sobre la Alameda Bernardo O’ Higgins –principal calle de Santiago–, cerca de cien mil personas llegaron a manifestarse a dicha avenida, sobrepasando la capacidad de los Carabineros de la Policía.
Las marchas, multiplicadas por todas las regiones y ciudades del país, ya no están conformadas sólo por estudiantes sino por todo tipo de sectores sociales que sienten sus demandas como propias. Sólo en la movilización del 30 de junio, según los organizadores, participaron más de 300.000 personas a nivel nacional y hasta los grandes medios de comunicación afirman que desde las marchas que se efectuaron a principios de los años ochenta en rechazo a la dictadura no se habían congregado tantas personas en las calles.
En esta coyuntura, el gobierno de Sebastián Piñera, de clara tendencia neoliberal, aduce que los puntos del petitorio son casi imposibles de cumplir y ha propuesto sólo soluciones de maquillaje, aumentando un poco el fondo en las becas universitarias y comprometiéndose a analizar los puntos de las demandas de los secundarios.
Adicionalmente, Piñera ha planteado que no dialogará con quienes se encuentren movilizados y, sobre todo, ha logrado que, en un pacto tácito con ciertos medios de comunicación, se exageren los enfrentamientos con la Policía en las marchas, otorgando mayor importancia a estos hechos que a la masiva participación vista en las últimas semanas. Por ejemplo, en una de las manifestaciones hubo 140 detenidos en Santiago, de 140.000 manifestantes, es decir, el 0,1%. A través de los medios, el gobierno está constantemente deslegitimando al movimiento estudiantil, que en estos momentos está adquiriendo las características de un movimiento social que se plantea en contra de las privatizaciones, tanto en la educación como en la salud y en el transporte, y que se define opuesto a las políticas neoliberales que han traído la flexibilización laboral, la venta de los recursos naturales, el saqueo del cobre, etc.
Buscando un amaine del descontento social, el lunes 18 de julio, el gobierno realizó un cambio de gabinete que terminó siendo un ‘enroque’ entre titulares de varios ministerios. Entre los cambios, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, fue removido a la cartera de Planificación y Felipe Bulnes, quien abandonó el ministerio de Justicia, asumió la tarea de comandar en Educación. De este cambio todavía no se sabe mucho, pues en sus primeras semanas Bulnes no ha tenido mucha presencia mediática ni ha anunciado nada diferente a lo que hacía su antecesor. Pese a esto, y con todo lo que han significado estas movilizaciones, se prevé que luego se hagan anuncios más fuertes.
Por su parte, Sebastián Piñera anunció que impulsaría un Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE), que consiste en inyectar cuatro mil millones de dólares por una única vez al sistema educacional, ‘discutir’ el tema del lucro en las universidades y crear una superintendencia de Educación. Como se deduce, ninguna de estas medidas ataca directamente los problemas de fondo que plantean los estudiantes, por lo que estos se mostraron insatisfechos con dichas soluciones y decidieron mantener las movilizaciones.
La sociedad chilena se comienza a indignar y a exigir su derecho fundamental a la educación pública y de calidad. Ojalá este movimiento cumpla sus objetivos y no decaiga en los vicios que muchas veces perjudican a la construcción del poder popular. Esperemos que ésta sea la primera de muchas victorias para el pueblo chileno.
