Por: Marcela Zuluaga – octubre 9 de 2014
Con motivo de los 15 años del asesinato del periodista Jaime Garzón, sus familiares y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que este crimen de Estado puede quedar en la impunidad.
Por: Marcela Zuluaga – octubre 9 de 2014
Con motivo de los 15 años del asesinato del periodista Jaime Garzón, sus familiares y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que este crimen de Estado puede quedar en la impunidad.
Abril 14 de 2014
Los recientes escándalos que envuelven a la Fuerza Pública demuestran que los uniformados siguen eludiendo el control del poder civil, incluido el del propio Presidente de la República, que a su vez se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Defensa.

Por: Christian Peñuela – julio 30 de 2013
El pasado 27 de junio asistieron cerca de 400 personas al lanzamiento del Proceso Distrital de Objeción de Conciencia en la ciudad de Bogotá, un escenario compuesto actualmente por 15 organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos juveniles de objetores y objetoras al servicio militar obligatorio.

Por: Juan Diego García – julio 3 de 2013
El levantamiento campesino en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela, ya deja cuatro muertos, decenas de heridos y múltiples detenciones. Miles de labriegos resisten desde hace casi un mes la acometida de fuerzas combinadas de la policía antidisturbios y el ejército regular. Campesinos pobres, muy pobres, ‘armados’ con palos, machetes y piedras intentan defenderse de la acción combinada de estas ‘fuerzas del orden’ que buscan sofocar una protesta silenciada por los medios de comunicación, pero, por fortuna, divulgada al mundo entero en las redes sociales.
Por: Andrés Gómez – junio 23 de 2013
Leonel Jácome y Édinson Franco fueron asesinados en Ocaña (Norte de Santander), y otros 8 campesinos resultaron heridos de bala, el pasado sábado 22 de junio, a causa de los disparos de fusil con los que el Ejército Nacional arremetió contra la manifestación campesina que se encontraba en cercanías del aeropuerto de ese municipio.
Por: Andrés Gómez – enero 13 de 2012
Manuel Antonio Pequí, del resguardo indígena de López Adentro, coordinador zonal de la guardia indígena e integrante del Tejido Justicia y Armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), fue detenido el pasado 4 de enero y acusado de los delitos de rebelión y terrorismo. Después de que la Fiscalía hiciera efectiva la captura, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejó 24 heridos al disolver violentamente una movilización de acompañamiento y negociación compuesta por miembros de la guardia indígena.
Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012
Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.
Por: Andrés Monroy Gómez – julio 17 de 2012
En medio de la crisis humanitaria que padecen los indígenas del norte del Cauca, éstos decidieron enviar sendas comunicaciones a las partes que se disputan por la vía armada sus territorios: Estado y guerrilla. Al día siguiente, la respuesta del Estado llegó convertida en gases lacrimógenos.
Junio 20 de 2011
El Juzgado 11 Penal Especializado de Bogotá declaró culpable a ‘Jorge 40’, jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andréis, cometido en septiembre de 2004, y lo condenó a 26 años de prisión. De igual manera, el tribunal estableció que altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entregaron a los paramilitares listas con información sobre sindicalistas, estudiantes y activistas políticos en toda la Costa Atlántica, con el fin de que estos fueran amenazados, asesinados o víctimas de montajes judiciales, en una “alianza criminal” entre el organismo de inteligencia y las bandas de extrema derecha.