Mayo 12 de 2008
Desde comienzos de 2008, los asesinatos y las amenazas de muerte contra diferentes actores de la sociedad civil se han incrementado. Las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos son víctimas de una persecución e impunidad por parte del gobierno, a través de las fuerzas del Estado y paramilitares. Aunque las declaraciones de la actual administración manifiestan garantías en la seguridad de activistas y periodistas, la arremetida es innegable. Según las estadísticas proporcionadas por las centrales obreras y los diferentes observatorios de derechos humanos, en marzo de 2008 las muertes de sindicalistas aumentaron en un 300% y el número de exilios de periodistas ha crecido. Además, las autodenominadas Águilas Negras han reactivado su acción en el Magdalena Medio, algunas ciudades capitales y Bogotá. Esto ha ocasionado una serie de amenazas a activistas, intentos de homicidio, nuevos desplazamientos, toques de queda impuestos por los grupos paramilitares y extorsiones a las comunidades que, de nuevo, tienen que pagar por la falsa seguridad que prestan estos grupos irregulares.
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