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  • Cuando a los horrores se les llama errores

    Acciones recientes del Ejército han encendido las alarmas sobre posibles nuevas modalidades de 'falsos positivos' - Foto: Javier Guáqueta

    Junio 16 de 2011

    Durante los meses de abril y mayo se presentaron en el país varios asesinatos por parte del Ejército Nacional. Tanto los grandes medios de comunicación de propiedad de los monopolios como el alto mando castrense calificaron los hechos como ‘errores militares’. Sin embargo, las incongruencias entre los informes de los uniformados involucrados en los hechos y la información recogida por la Fiscalía, entre testimonios y evidencias en los lugares de los hechos, han encendido las alarmas por lo que algunos consideran nuevas modalidades de ‘falsos positivos’.

     

    ¿Emboscada?

    El pasado 9 de mayo, soldados del Batallón de Combate Terrestre número 134 de la Fuerza de Tarea Algeciras dispararon contra un vehículo, identificado con placas CPY-695, en el que se encontraban quince civiles, cuando éstos se transportaban por la vereda El Rosal, a las afueras de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. En el ataque resultaron heridos un niño y cuatro adultos, los cuales fueron trasladados a la clínica Mediláser de Florencia. El joven, de 18 años e identificado como Jefferson Leonardo Cuéllar Barreto, ingresó a la clínica con múltiples heridas de bala, se le practicó una cirugía y estuvo hospitalizado en cuidados intensivos durante más de dos semanas, pero murió el 28 de mayo.

    Emiro Fajardo, herido también en el ataque junto a su hijo Andrés Fajardo, asegura que, aunque gritaban que eran civiles y que habían heridos, los uniformados les dispararon desde los dos retenes ubicados sobre una curva de la vía y a cien metros de distancia uno del otro: “primero por el margen derecho y después por el margen izquierdo”. El general Henrry Torres Escalante, comandante de la IX Brigada del Ejército, aseguró que el hecho lamentablemente era un error militar y el almirante Édgar Cely, en ese momento ministro de Defensa encargado, notificó que los uniformados serían investigados penal y disciplinariamente.

    Ejecuciones extrajudiciales

    Otro hecho se presentó el 25 de abril en el Alto Corozal (Casanare), donde fue asesinado el joven Alexander Alfonso Barrera, de 22 años, por parte de tropas de la Brigada XVI del Ejército, la cual realizaba operaciones militares en la vereda Manare. Manolo Barrera, familiar de la víctima, asegura que el joven salía a acompañar a su madre a un centro hospitalario y que, cuando cruzaba a pie un retén del Ejército, fue impactado por una ráfaga de fusil. Testigos aseguran que el joven estaba en compañía de tres personas más: su hermana, su padrastro y su madre.

    El coronel Rafael Forero Gómez, comandante de la Brigada XVI, reconoció que se trató de un ‘error militar’ y en el comunicado de la Brigada se lee que “la institución ofrece disculpas sentidas a sus familiares, con la confianza absoluta en que las autoridades judiciales competentes tomarén las decisiones que en derecho correspondan”.

    Por otra parte, durante un operativo antinarcóticos realizado el 27 de abril contra un laboratorio de procesamiento de cocaína ubicado en cercanías de Belalcázar (Cauca), el Ejército abrió fuego contra un grupo de indígenas del resguardo de la Mesa de Toboima, que hizo presencia en el lugar al enterarse del ingreso de hombres armados en su territorio. Según Luis Ovidio Lis, líder indígena, los militares ordenaron a los pobladores retirarse y luego les dispararon. En el hecho murió José Aimer Medina Achipiz y resultaron heridos Néstor Lis Chaski y Dubán Darío Lis. La comunidad retuvo temporalmente a uno de los soldados y al día siguiente, en horas de la tarde, fue entregado a una comisión humanitaria, mientras el Ejército aseguraba que abriría una investigación para encontrar a los responsables del hecho.

    No son hechos aislados

    En el mes de mayo, el Programa por la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentó un informe en el que se demuestra la continuación de las ejecuciones extrajudiciales y las nuevas modalidades para cometer este tipo de violaciones. Según el informe, entre 2001 y 2010, se han presentado 562 casos y 1.119 víctimas. De estos casos, 887 responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas y 214 a detenciones arbitrarias.

    Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, luego del escándalo de los ‘falsos positivos’ contra los jóvenes de Soacha, se ha identificado una serie nuevas modalidades en este tipo de violaciones. Por un lado, se ha encontrado que en algunos de los casos los presuntos responsables ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a la delincuencia común; y, por otra parte, algunos hechos se presentan como errores de operación por parte de la Fuerza Pública.

    El informe denuncia que los errores militares son ejecuciones extrajudiciales y que la mayoría de los casos son atribuidos a agentes de la Fuerza Pública. En el documento, el Cinep expone que sólo hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación por investigaciones realizadas en las direcciones seccionales de la Fiscalía por estos hechos entre 2001 y 2010 y que, además, las sentencias condenatorias son apenas 54, las abstenciones de medida de aseguramiento son 90, las decisiones de preclusión son 15 y las personas beneficiadas con dicha medida 36. Sin embargo, resalta el informe que el recurso jurídico del vencimiento de términos permite que muchos militares acusados de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario continúen en servicio.

    Sin embargo, muchos de estos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y allí no se asegura que efectivamente se juzgue a los responsables. Según los tribunales castrenses, en su fuero hay más de 500 casos de posibles ‘falsos positivos’ que, hasta el momento, no han mostrado resultados en las investigaciones ni condenas, al punto que tanto la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia han planteado la necesidad de su paso a la jurisdicción ordinaria, donde hay más garantías a los derechos de las víctimas, y la reapertura de los casos cerrados.

    Mientras tanto, los familiares de las víctimas de estas prácticas siguen esperando que se sepa la verdad y se castigue a los responsables, superando el manto de impunidad que cubre esta atroz práctica en Colombia.

  • ¿Cómo va la guerra en el país?

    El rumbo de la guerra colombiana se encuentra en uan oscura encrucijada - Foto: Ejército

    Por: Carlos Medina Gallego – abril 19 de 2011

    Entre finales de marzo y comienzos de abril de 2011 aparecieron en circulación entrevistas a dos de los responsables de la guerra en el país. La primera, al general Alejandro Navas Ramos, comandante del Ejército Nacional, publicada por el periódico El Nuevo Siglo, y la segunda, a Rodrigo Londoño Echeverry, conocido con el alias de ‘Timochenko’, miembro del Secretariado y segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que se publicó en Anncol.

    Para el general Navas, la trasformación de la confrontación y los logros alcanzados por el Estado y la Fuerza Pública obedecen a la decisión del gobierno de la ‘seguridad democrática’ de colocar toda la voluntad política en alcanzar la victoria militar sobre la insurgencia y haber convocado todos los campos del poder –político, económico, social, militar– a acompañar y desarrollar la confrontación, superando el “error estratégico e histórico de emplear el poder militar solamente para sofocar la violencia”. Según el general, la guerra se la habían dejado a los militares, “siendo que las guerras no las ganan los ejércitos sino los pueblos”. Para él, un papel importante lo han jugado en la guerra las marchas de la población contra las FARC, los impuestos para fortalecer a las Fuerzas Militares, las redes de cooperantes y la creación del servicio militar de soldados campesinos.

    Los logros alcanzados por la Fuerza Pública en la confrontación a la insurgencia hacen que el general se incline hacia una salida en la que la presión militar combine de manera coherente y complementaria el Plan de Seguridad y Defensa del Ministerio, el Plan de Guerra de las Fuerzas Militares, los planes de campaña de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, y el Plan Estratégico de la Policía Nacional, dejando un pequeño espacio político a la negociación con unas reglas de juego favorables al Gobierno Nacional para que se pueda aplicar la pax romana: aquella que se le da al vencido.

    Para el general Navas, el proceso de negociación debe producirse cuando la insurgencia esté vencida y su moral de combate haya sido quebrantada. Según la percepción del general, en el momento actual, el gobierno ha neutralizado el plan estratégico de la FARC, ha frenado el avance del Bloque Oriental de esa organización sobre la capital de la República y ha sido obligada a retornar la guerra de guerrillas, el uso de explosivos, la colocación de minas y bombas, y la utilización de francotiradores para enfrentar la ofensiva de la Fuerza Pública. Considera el general que las bases de la guerrilla están desmotivadas, que los golpes dados a los mandos y a los comandantes han sido fuertes porque eran jefes experimentados y difíciles de reemplazar.

    No obstante, el general reconoce que las FARC persisten en su plan estratégico de la toma del poder, que no están derrotadas y que el tramo que queda por recorrer a la Fuerza Pública es el más difícil, que “el fin del fin” fue un eslogan, un grito de combate, que les dio buenos resultados en su momento, pero que el esfuerzo que queda por hacer es el más fuerte y difícil, por ser el más cruento. Para el general, la guerra está entrando en un nuevo momento y el mismo requiere de reentrenar la tropa, sobre todo la oficialidad operativa, colocando al frente de los entrenamientos su ‘fe’ en la causa como sustento de su moral de combate.

    Para el general, la particularidad de Cauca y Nariño como polos de intensa confrontación corresponde con una situación en la que se combinan las prácticas de terrorismo, la implementación de las acciones milicianas, la defensa de la actividad del narcotráfico, el involucramiento de la población como escudos de guerra y las adversidades del sistema atmosférico, que no deja desarrollar como en otras partes los apoyos aéreos de inteligencia y operativos.

    Sin embargo, su balance general señala que las FARC perdieron su capacidad para tomarse pueblos, montar bloqueos de vías por largas horas, hacer ‘pescas milagrosas’, reunir columnas de doscientos y trescientos hombres para tomarse un pueblo, una base militar o una estación de policía, y que con la fuerza que conservan sólo pueden hacer terrorismo. Gran parte de la estrategia de confrontación a la guerrilla de las FARC se centró sobre el logro de objetivos de gran impacto, entendidos estos como los principales responsables de la organización, comandantes y miembros del Secretariado. No obstante, el general Navas Ramos termina señalando que el centro de gravedad de las FARC no es alias ‘Alfonso Cano’, porque, al tener un cuerpo de mando colegiado, si muere uno de los miembros éste es reemplazado inmediatamente.

    La segunda entrevista es a la que accedió ‘Timochenko’. Parte de aceptar que las FARC han recibido duros golpes, sobre todo las bajas en el Secretariado, el Estado Mayor, los comandantes de frente y numerosos guerrilleros, la mayoría de ellas propinadas por bombardeos que la guerrilla no está en condiciones de enfrentar y que no constituyen muertes en combate. Señala, igualmente, que los golpes que ha tenido la organización obedecen a los procesos de infiltración de los organismos de inteligencia, que han logrado llegar muy cerca de los miembros del Secretariado, como en los casos de ‘Reyes’, ‘Ríos’, ‘Jojoy’, ‘Rincón’ y ‘Fabián Ramírez’. A esta situación le suma el papel de los desertores, que se venden por algunos millones, entre los que se encuentran mandos superiores, como los que posibilitaron el éxito de la Operación Jaque. Sin embargo, señala ‘Timochenko’, todos esos elementos son parte de la guerra, son sus imponderables, así lo entienden y así los asimilan por fuertes que sean.

    Según ‘Timochenko’, se ha recompuesto el Secretariado y el Estado Mayor Central, los mandos están completos y los muertos han sido reemplazados. Además, esa organización se está preparando para la lucha política y militar, incorporando nuevo guerrilleros y militantes a las FARC para realizar trabajo de masas en las regiones y en las ciudades, y se consideran una fuerza real con base social, que no se sienten ni derrotados ni reducidos a la profundidad de la selva.

    ‘Timochenko’ no se hace ilusiones sobre que el gobierno de Santos va a ser distinto al de Uribe. Señala que, durante el tiempo en que fue su ministro de Defensa, fue agresivo en la aplicación militarista de la política de seguridad democrática. Además, menciona que el presidente representa al sector más tradicional de la oligarquía y que, hasta ahora, no ha presentado una política de paz. Comenta que la Ley de Victimas y la Ley de Tierras son importantes, pero no lo suficientemente fuertes para que tenga impacto en la paz.

    Considera que el gobierno exige, pero no hace gestos de paz y que no existe la menor posibilidad de claudicación y entrega, y que están orientados hacia el dialogo, pero en igualdad de condiciones. Indica que están dispuestos a pactar una paz si es con democracia y justicia social, y, en ese caso, a dejar las armas, pues están a la búsqueda de una paz para hacer la política sin armas, pero no en condición de rendición o derrota. El líder guerrillero, además, recuerda que han dado a conocer cinco temas sobre los que están dispuestos a dialogar: tierras y víctimas, soberanía nacional, modelo económico, reformas políticas y apertura democrática.

    No obstante su insistencia sobre la paz, ‘Timochenko’ señala que las FARC harán la guerra mientras exista el conflicto y se insista en acabarlos por la vía militar. Para él, las formas de lucha cambian cuando se accede a la democracia y a los cambios que requiere el país respecto a las causas que dieron origen al conflicto armado.

    Para las FARC, en la voz de ‘Timochenko’, resulta difícil transitar un camino de paz si en él no existe contrapartida y las soluciones se dan a medias: “se propone una Ley de Tierras, pero no una reforma agraria; se habla de reparar a las víctimas, pero se siguen matando sindicalistas y gentes de izquierda; la violación de derechos humanos es una realidad. No han cambiado las razones que dieron origen a la lucha armada”.

    El segundo al mando de las FARC asegura que están dispuestos a pactar acuerdos humanitarios: a ponerle fin a las retenciones, si el gobierno acaba con los falsos positivos y la desaparición forzada; a ponerle fin al minado, si el gobierno suspende los bombardeos; a ponerle fin a la guerra, si se le abre paso a la paz. Acabar la guerra demanda de estar dispuestos a un dialogo constructivo. Si se abre el proceso de dialogo y paz, lo prioritario es lo político. Asegura ‘Timochenko’.

    Las dos entrevistas nos ubican en espacios distintos: uno, el del general Navas, hace énfasis en la necesidad de la victoria militar y la pax romana; el otro, el de Timochenko, reconoce los golpes recibidos, señala la disposición para la paz, pero no la acepta como resultado de la redición o la derrota.

    Después de más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, las posibilidades de dar por terminadas las hostilidades entre el gobierno y la insurgencia parecen estar muy lejanas, a pesar de los esfuerzos que desde distintos lugares de la sociedad civil y la comunidad internacional se realizan.

    El gobierno optó por la solución militar en el contexto de la implementación de la política de seguridad democrática y ha desplazado a un segundo plano la salida política negociada. Resultan claros los pronunciamientos coincidentes entre el general y el presidente Santos en el sentido de que para ganar la guerra falta poco. ¿Qué tanto? Lo que dure la terquedad de uno y otro para decidirse a andar el camino de la solución política negociada.

    No obstante, es necesario reconocer e insistir que ninguna de las partes se niega a considerar la posibilidad de un diálogo de paz para encontrar solución al conflicto armado. Los intentos y experiencias acumuladas en épocas anteriores, durante las administraciones Betancur y Pastrana, se constituyen, a pesar de los resultados, en una importante escuela de aprendizajes, de cuyas lecciones se pueden corregir procesos y precisar objetivos y metas alcanzables para pactar una salida política y negociada a la guerra del Estado con las guerrillas.

    Por ahora, sería pertinente crear una comisión ilustrada de diplomáticos de la paz, con suficiente capacidad para moverse de manera discreta entre los actores, explorando posibilidades, escuchando inquietudes, generado acercamientos y, en general, construyendo sólidas bases para que un proceso futuro pueda tener éxito, porque lo que se lee en las palabras de los entrevistados es que si se les deja a los militares la tarea de construir la paz, los civiles y demócratas de este país nunca la vamos a ver.

  • Niña wiwa fue violada por militar de la X Brigada Blindada

    Por: Fermín Romero – noviembre 18 de 2009

    El 7 de noviembre, en la finca Paramito, en San Juan del Cesar (La Guajira), una niña de 13 años de la comunidad Wiwa fue violada por un soldado del Batallón Santa Bárbara, adscrito a la X Brigada del Ejército. Según denuncia la comunidad indigena, el soldado se encontraba drogado cuando violó a la menor, que estaba siendo preparada para ser una saga, mujer que aplica medicina la tradicional según la tradición wiwa. La violación de la futura saga ha sido un motivo más para que las comunidades indígenas insitieran en la conformación de una comisión que investigue las denuncias de violaciones hacia mujeres kogui y wiwa, por parte de soldados de la X Brigada Blindada.

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  • Ejército parece ser responsable de masacre de 12 indígenas Awá

    Por: Fermín Romero* – septiembre 10 de 2009

    La historia detrás de la muerte de 12 hombres, mujeres y niños Awá, al parecer, pudo haber sido la solución que encontraron miembros del Ejército para que Sixta Tulia García no testificara que su esposo no era el cabecilla del Frente 29 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que su asesinato es un crimen de Estado. Cuando denunció el crimen contra su esposo, mandos militares negaron presencia militar en la zona, a pesar de que el Batallón 23, especializado en operaciones contrainsurgentes, reportó a Gonzalo Rodríguez como guerrillero muerto en fuga ese día. De igual manera, niegan que hubiera presencia militar los días de la masacre del 26 de agosto.

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  • Movilización indígena criminalizada por el gobierno

    Octubre 16 de 2008

    Indígenas que se han movilizado de forma pacífica por todo el país, han recibido por respuesta del gobierno violencia, muerte y la criminalización de la protesta que llevan a cabo desde hace una semana. La Gran Minga Nacional por la Dignidad, Protección y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia tiene como objeto protestar por los abusos que, de forma sistemática, se han realizado en contra de las diferentes naciones y pueblos indígenas desde la conquista hasta nuestros días.

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  • Nariño – Falsos positivos, pan de cada día

    Octubre 1 de 2008

    Dos sucesos han puesto en evidencia un hecho que es verdad a voces en corregimientos, municipios y demás rincones del país. Quizás el de mayor trascendencia sea la desaparición de 19 jóvenes en el sur de Bogotá, quienes posteriormente fueron registrados como muertos en combate en el Norte de Santander y depositados en una fosa común de Ocaña, acontecimiento que los medios de comunicación de los monopolios hicieron ver como un caso de reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, ante las evidencias que los muestran como muertos en combate por parte de las fuerzas militares, se desataron muchos cuestionamientos que evidencian una grave situación sobre la cual existen varios pronunciamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales.

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  • Uribe y Rito Alejo Del Río: verdades por contar

    Septiembre 14 de 2008

    El olor de la impunidad no rodeará por siempre a quienes han hecho historia luego de infundir terror y devastación en nuestro país. En esta oportunidad, el turno fue para el exgeneral Rito Alejo Del Río, capturado el pasado jueves 4 de septiembre en virtud de la investigación adelantada por sus actuaciones como comandante de la XVII Brigada del Ejército entre los años 1995 y 1997.

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  • Liberación y burla del Derecho Internacional Humanitario

    Por: Miguel Ángel Herrera Zgaib – julio 5 de 2008

    A la luz de las noticias en torno al gran acontecimiento de la liberación de 15 secuestrados rehenes de las FARC, que incluyen a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cumplida por una operación comando de las Fuerzas Armadas de Colombia con el apoyo reconocido del gobierno estadounidense, no es menos claro que la operación se realizó con un ‘engaño’ que contraviene los postulados del Derecho Internacional Humanitario, el derecho de la guerra, porque se empleó en la operación de rescate una aeronave del Ejército Nacional de Colombia pintada de blanco y con las insignias de la Cruz Roja Internacional, un asunto de gravísimas implicaciones y sobre el cual han guardado silencio, en medio de la euforia, tanto Ingrid Betancourt, como otros rehenes militares entrevistados, las autoridades militares colombianas y el propio presidente Uribe, el embajador William Brownfield y el candidato republicano McCain, quien fue enterado de la operación un día antes que ésta ocurriera.

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  • San José de Apartadó: memorias de una masacre

    Febrero 24 de 2008

    En el campo colombiano la violación a los derechos humanos ha sido el pan de cada día. En medio de una guerra que no respeta los mínimos reconocidos en el Derecho Internacional Humanitario la población está a merced de la voluntad de los actores del conflicto. Este es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, una organización campesina que surge como propuesta de convivencia y unidad ante la ausencia o mejor, ilegitimidad del Estado en el sector.

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  • Un asesinato encubierto

    Por: Maureen Maya – septiembre 16 de 2007

    El magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fue asesinado por el Ejército Nacional en 1985. El magistrado Carlos Horacio Urán fue asesinado por agentes del orden tras la toma del Palacio de justicia en 1985: de eso ya no cabe la menor duda. Y ésta no fue la primera ni la última vez que la que las Fuerzas Armadas recurrieron al crimen y al asesinato de personas en estado de indefensión para protegerse de investigaciones que los señalaban como violadores de los derechos humanos, para desaparecer testigos o para silenciar opositores al régimen que tantos beneficios y garantías les otorgaba.

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