Hacer el seguimiento del proceso de paz en Colombia se hace difícil por la mucha discreción que gobierno y guerrilla acordaron desde el comienzo. Sobre lo tratado apenas se pueden hacer suposiciones. No sorprende que el silencio oficial –la guerrilla ha sido menos parca al respecto– permita a los enemigos del proceso crear toda suerte de infundios, rumores y verdades a medias que por lo común terminan convertidas en mentiras en toda regla, destinadas claramente a restar apoyos a la iniciativa del presidente Santos. Los optimistas incorregibles, por su parte, dan por efectivas muchas de sus ilusiones desinfladas luego por la dura realidad. Y, entre mensajes agoreros y noticias felices, el lector ya no sabe a qué atenerse.
El solo preanuncio de la conformación de la Comisión de la Verdad como parte de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP despierta desde ya el miedo fundado de los sectores más reaccionarios del establecimiento.
La terminación del cese al fuego unilateral por parte de la guerrilla de las FARC el pasado viernes cierra un periodo en el que fue notoria una reducción de los enfrentamientos, lo que dio un respiro a las comunidades afectadas por la guerra, pero no a los contendientes.
Más de 120.000 personas marcharon en Bogotá el pasado 9 de abril para exigir al Estado comprometerse con las víctimas para acabar la impunidad y para respaldar los diálogos de paz de La Habana.
Una multitudinaria marcha por la memoria y la solidaridad con las víctimas en Colombia se tomó las vías de Bogotá durante la jornada del 9 de abril. Más de 120.000 personas se movilizaron entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hasta el parque Simón Bolívar, sumándose esta manifestación a decenas de actividades similares en diferentes ciudades del país.
El gobierno colombiano asume que el orden social del país no sólo funciona en armonía con los postulados de un Estado de derecho sino que, además, está asistido de suficiente legitimidad para sustentar sus exigencias frente a los insurgentes de las FARC-EP. Estas exigencias van desde pedir la rendición de armas y el acogerse a la legalidad vigente a cambio de la generosidad de las autoridades hasta asumir en los hechos que a los guerrilleros les asisten motivos de naturaleza política y deben ser por tanto tratados como rebeldes, y no como simples delincuentes. En consecuencia, el gobierno accede a impulsar reformas que eliminarían los motivos del alzamiento armado y llevarían a éstos al abandono de las armas.
Asistimos a una coyuntura política marcada por el aumento de los mecanismos represivos, los cuales han sido históricamente utilizados por el Estado para controlar al movimiento social colombiano. Por una parte, la impunidad frente a la pérdida de información de la operación Andrómeda, demuestra que el espionaje sin orden judicial es respaldado por el gobierno, por otra parte, los casos de brutalidad policial y la violación sistemática de derechos humanos por parte del ESMAD en el paro camionero y en las recuperaciones de tierras por parte de indígenas del Cauca, son una clara señal de que la fuerza pública se usa en defensa de los intereses del gran empresariado nacional e internacional, mientras se agravan condiciones sociales que han alimentado la violencia.
Durante el mes de marzo se conocieron nuevas amenazas a líderes animalistas, ambientalistas, mujeres caucanas afrodescendientes y activistas que se rehúsan al extractivismo en diferentes regiones. Uno de estos casos es el de la comunidad de la Toma de Suarez, Cauca, y otros sectores más que se rehúsan al actual modelo económico del país. Aunado a las amenazas de estos grupos sucesores del paramilitarismo, los medios tradicionales censuran estas noticias y han centrado su interés en el conflicto que enfrenta Venezuela, desconociendo de nuevo la crisis que vive Colombia en materia de derechos humanos.
Paro Camionero y recuperación de tierras
En el caso del paro camionero, se registraron un total de 24 días de movilización pacifica en contra de varios asuntos como son: la concesión que ha hecho el gobierno nacional a la multinacional Impala respecto al uso y construcción de infraestructura vial; el manejo de transporte de carga pesada en el país en medio del alza del combustible y la chatarrizacion de camiones y volquetas a bajo costo, medidas de presión para reducir el gremio camionero en el país. Durante las movilizaciones se registraron agresiones a periodistas, en Pasto, un agente del Esmad disparó una granada de dispersión en la pierna de Isnardo Quiroz. También se registraron diferentes agresiones a la población civil que no participaba en las acciones de la movilización camionera, el Esmad les disparó gases de dispersión a las personas solo por encontrarse asentadas en las carreteras del oriente antioqueño en los municipios de Marinilla, Santuario, Guarne y San Luis. Finalmente, aunque se resuelve el paro camionero con el decreto 2228 referente a las relaciones económicas, aun persiste una cierta inconformidad en el sector camionero porque no hay credibilidad frente a la reciente mesa de trabajo creada entre los transportadores con los ministerios de Minas, Hacienda, Transporte, y el presidente de Ecopetrol con el fin de revisar el precio de los combustibles.
Durante las movilizaciones indígenas de las comunidades de Huellas, Tóez y Lopez Adentro, pertenecientes al municipio de Caloto, Cauca, la respuesta del gobierno ha sido la misma. En el denominado “proceso de liberación de la madre tierra”, que se ha desarrollado específicamente en la hacienda Emperatriz, se ha registrado que en los intentos de desalojo por parte de la fuerza pública, se han hecho disparos de arma de fuego por parte del Esmad, del ejército y de la policía nacional. Los indígenas han empezado a sembrar y a reconstruir sus territorios usurpados por y para el ingenio azucarero, que en su gran mayoría, hacen parte de el empresario Carlos Ardila Lülle. A pesar de que la comunidad ha logrado en varias ocasiones retirar pacíficamente a todo policía uniformado y no uniformado de estos territorios, el 19 de marzo se registró una de las arremetidas mas violentas, el Esmad hirio a 25 indígenas con municiones recalsadas, algunos heridos se encuentran en el Hospital “La Niña María del Caloto”. También fueron afectadas varias casas aledañas al sitio como lo relató a Radio Payumat, Feliciano Valencia, quien se encontraba en esos momentos con las comunidades indigenas en resistencia.
Batidas y censura
Otra forma de militarización de la sociedad se evidencia en el aumento de batidas ilegales por parte del ejército, cuerpo armado que recluta jóvenes pese a la recién sancionada sentencia T455 DE 2014, en la que la corte ratifica la ilegalidad de las mismas y demanda una sanción a los funcionarios que incurran en estas. Por otro lado, hay ciertos grupos de barristas sociales de equipos de fútbol que también han anunciado su necesidad de denunciar situaciones de abuso de autoridad por parte de la policía al negar la libre expresión en los estadios de fútbol. Fue el caso de unos hinchas del equipo Millonarios que pertenecen a diferentes procesos de formación social y política y que tras mostrar una pancarta en rechazo de la brutalidad policial en Colombia el 7 de marzo en el estadio El Campin de Bogota, varios uniformados intentaron retener dicha pancarta haciendo alusión a que esta prohibido en los estadios las expresiones políticas sin ser importante los derechos fundamentales. En otros estadios del país pancartas de cese al fuego bilateral han estado presente, lo cual permite anunciar que pese a las situación de represión diferentes sectores avanzan en su labor de movilización social.
No basta con los avances que se han dado para alcanzar el cese al fuego bilateral entre el gobierno y la insurgencia, el movimiento popular colombiano en su conjunto ha vivido en carne propia la ambivalencia entre un gobierno que persigue la paz y un gobierno cuyo fiel propósito pareciera ser el de perseguir y acabar con toda forma de inconformidad social. Según el medio “Verdad Abierta” Colombia se encuentra actualmente bajo las esperanzas y anuncios que han hecho las Farc-EP en conjunto con las fuerzas militares para desactivar las minas del tercer país del mundo con más minas antipersonales -seguido de Afganistan y Camboya- y que “con este gesto de paz, las minas antipersona son las primeras armas que se están desactivando antes que termine el conflicto” según refiere el general (r) Rafael Colón. Sin embargo, la vida de diferentes lideres sociales esta en peligro, ya que se les ha indicado a través de panfletos y mensajes intimidatorios que abandonen sus hogares y sus labores o de lo contrario “las aguilas negras” o los “Urabenos” se encargaran de silenciar y minar su camino.
En este sentido, a pesar del recrudecimiento de la represión estatal en diferentes sectores de la sociedad, todo parece indicar que el año 2015 sera el año de las movilizaciones sociales. Una de las expectativas más cercanas es la convocatoria a la marcha por la paz, el próximo 9 de abril, la cual está siendo anunciada por diversos procesos sociales del país “por la paz, la democracia y la defensa de lo publico”. Del mismo modo, se espera un primero de mayo en el cual se sigan exigiendo garantías laborales, en especial el reintegro del vicepresidente de la USO, Edwin Palma Egea, quien fue despedido de manera injusta por Ecopetrol tras las denuncias que ha realizado por los salarios desmedidos de algunos ejecutivos y los masivos en contradicción con los recortes de presupuesto y masivos despidos de obreros en las diferentes zonas del país. Con estas movilizaciones se espera por un lado frenar este afán desenfrenado por reprimir a toda forma de inconformidad en el país como también en el avance de los procesos que permitan mayores transformaciones sociales en el conjunto de los colombianos y colombianas.
Durante los dos años que completan los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la oscuridad y la especulación reinaron sobre los colombianos. Con la reciente revelación del contenido de los acuerdos parciales alcanzados en La Habana se abrió un nuevo capítulo en el camino de la paz y se permite a la ciudadanía formarse una opinión informada sobre el rumbo que el país tomará muy posiblemente en los próximos años. ¿Hasta dónde esto permitirá cambios realmente democráticos y de fondo en Colombia?
La exsenadora Piedad Córdoba levantó mucha polémica cuando pidió levantar el paro nacional agrario, étnico y popular. Según sus declaraciones, el mismo no era oportuno y el gobierno había mostrado buena voluntad al instalar la mesa de negociaciones. Ella sorprendió a mucha gente, entre ellos sus amigos –¿ya examigos?– de la izquierda, pero lo que dijo tiene coherencia respecto a sus empeños en el marco del proceso de paz y de su carrera política.
Mayo 25 de 2015
Abril 15 de 2015
Abril 2 de 2015