Por: Christian Peñuela – 20 de noviembre de 2015
El pasado 1 de noviembre en las horas de la madrugada, 15 personas con cuchillos agredieron a diferentes miembros de la familia de Guillermo Andrés Castro Rozo, periodista y director del Periódico El Macarenazoo y excandidato al concejo del municipio de Funza (Cundinamarca) por el Polo Democrático Alternativo.
Por: Omar Vera – noviembre 12 de 2015
Mi generación será la última que recordará lo que era Armero antes y después de la tragedia natural más grande de la historia de Colombia. Hoy, cuando conmemoramos 30 años de estos hechos, nos vemos ante un terrible reto: si los colombianos, comenzando por los propios armeritas, no tomamos en serio la lucha por la memoria de lo ocurrido es muy posible que, luego de que partamos de este mundo quienes nacimos antes del 13 de noviembre de 1985, el país nos condene al olvido y nuestra relato sólo sea un dato más en los manuales de historia.
Por: Andrés Gómez – noviembre 12 de 2015
Dos colombianos visitaron Suecia y hablaron con parlamentarios y directivos de dos empresas estatales suecas: una compra carbón y la otra invierte en empresas que extraen carbón en La Guajira.
Por: Marcela Zuluaga
A 15 años de la creación del programa de protección para periodistas en riesgo, el panorama de agresiones no ha mejorado considerablemente.
Por: Carlos Aznárez – noviembre 8 de 2015
Esta vez me toca escribir en primera persona, ya que, como director desde hace 22 años de la plataforma comunicacional Resumen Latinoamericano, me veo lamentablemente inserto en una acción contra el derecho a opinar, a informar y a manifestarme que está explícitamente amparado por la Constitución Nacional de Argentina.
Por: Giuseppe Bottazzi – noviembre 8 de 2015
Despojo de tierras, amenazas, contaminación, violación de derechos laborales. Éste es el precio que la comunidad de Mapiripán (Meta) tiene que pagar por hospedar un proyecto promovido por el gobierno de Colombia supuestamente para desarrollar actividades legales en una zona plagada por el narcotráfico y los grupos armados. La situación de este municipio de la región de la Altillanura colombiana lleva tiempo bajo la lupa de medios y organizaciones locales.
Por: Carlos Julio Díaz Lotero* – 31 de octubre de 2015
Desde la década del 70 del siglo pasado, el sistema económico global ha venido haciendo tránsito de manera progresiva hacia el liberalismo económico. El Estado que participaba en la regulación de los mercados, de las condiciones sociales de los trabajadores, de la seguridad social y del direccionamiento de la economía fue sustituido por un Estado liberal que cree en la libertad de mercado, que permite que éste regularice la oferta y la demanda, y que, en el mejor de los casos, sólo actúa en defensa de los derechos individuales civiles o políticos.
Por: Gearóid Ó Loingsigh – octubre 31 de 2015
El acuerdo sobre justicia firmado entre las FARC y el gobierno colombiano el pasado 23 de septiembre fue anunciado con bombos y platillos. Al igual que con los otros acuerdos, estalló un gran regocijo entre las ONG, el gobierno, una parte de la prensa y los llamados intelectuales. Olvidaron por completo que las FARC, en un comunicado de 2014, había declarado que no se someterían a la justicia, pero, como todo lo dicho por las organizaciones insurgentes en distintas partes del mundo, lo que anuncian que no harán es el más claro indicio de lo que piensan hacer. Así, tenemos un acuerdo sobre justicia.