Por: Omar Vera – agosto 26 de 2014
Los pueblos indígenas de Colombia han resistido más de cinco siglos de agresiones, extendidas desde la Conquista, pasando por la Colonia, hasta una era republicana que se sigue manteniéndoles sometidos a la negación de sus tradiciones y a difíciles condiciones de vida, que ponen en riesgo su supervivencia.
Las recientes declaraciones del capturado Andrés Sepúlveda a la Fiscalía han puesto sobre el tapete la posible existencia de una red de tráfico de información dentro de los organismos de inteligencia del Estado colombiano que tiene entre sus compradores no sólo a personas vinculadas al mundo criminal y al paramilitarismo sino a reconocidos políticos del uribismo.
¿Qué tanto le cree ud. a estas declaraciones? Opine, deje su comentario y manténgase atento a la conversación.
Por: Andrés Gómez – agosto 10 de 2014
Joaquín Pérez Becerra, ciudadano sueco nacido en Colombia y director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), fue absuelto el pasado 17 de julio por el Tribunal Superior de Bogotá de los cargos de concierto para delinquir y vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la decisión judicial, la Fiscalía no pudo demostrar que el periodista fuera miembro de esa guerrilla y determinó que Anncol no hace parte de los medios de comunicación de la organización insurgente. Hoy, el exiliado político y sobreviviente del genocidio a la Unión Patriótica se encuentra en libertad y de nuevo en Suecia.
Por: Camila Ramírez – agosto 5 de 2014
En horas de la mañana del pasado 30 de julio, diferentes juntas de acción comunal, organizaciones sociales, conductores de transporte público y la comunidad en su conjunto protestaron en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá por el mal servicio del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y del sistema Transmilenio.
Por: Andrés Gómez y Ernesto Che Mercado – agosto 7 de 2014
En Colombia se adelanta la construcción de varias hidroeléctricas, megaproyectos que tienen como fin vender energía y alimentar la industria minera que es controlada por trasnacionales.
Por: Christian Peñuela – julio 28 de 2014
El pasado 21 de junio, el festival Antimili Sonoro de Bogotá reunió más de mil personas en la Plaza de Bolívar, manifestantes que acompañaron el cierre de la campaña “Somos la generación de la paz, ni un joven más para la guerra”.
Por: Christian Peñuela – julio 28 de 2014
El reciente reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia a los argumentos para la objeción de conciencia del joven Mario Hurtado Cardozo abre un nuevo camino jurisprudencial para los jóvenes que por razones políticas no quieren participar activamente en la guerra que se vive en Colombia.
Por: Camila Ramírez- julio 24 de 2014
A las 6 am del pasado 9 de julio, 3.416 trabajadores dedicados al mantenimiento de la maquinaria usada en las minas del norte de Colombia se declararon en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo y contratación por parte de las empresas Gecolsa SA y Dimantec Ltda.
Por: Juan Diego García – julio 21 de 2014
Aprovechando como pretexto un doloroso suceso aún sin aclarar –el secuestro de tres jóvenes colonos judíos y su posterior asesinato–, las autoridades sionistas de Israel llevan a cabo una operación militar de amplia escala que, lejos de castigar a los supuestos autores del secuestro, convierte a toda la población de Gaza en objetivo militar con los resultados que ya son habituales: cientos de personas asesinadas –entre los que se cuentan principalmente civiles, muchos de ellos niños y niñas–, miles de personas heridas, casas y edificios arrasados y cientos de miles de familias que quedan como candidatas a engrosar el éxodo al que Israel somete al pueblo palestino desde hace décadas.
Por: MA DeCollage – julio 18 de 2014
Paramilitares amenazaron de muerte a diez estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) que pertenecen, entre otras organizaciones, al Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep) y a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). En los panfletos se les da un plazo de cuarenta días a los activistas estudiantiles para no matricularse en la UTP y dejar la ciudad.