Por: David Bernal y Omar Vera – mayo 18 de 2012
Con el ingreso de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional a predios de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y una indiscriminada represión culminó ayer una protesta que estudiantes de la principal casa de estudios de Risaralda realizaron contra la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Por: Camila Ramírez – mayo 16 de 2012
El pasado 15 de mayo, los grandes monopolios informativos anunciaban con gran satisfacción la salida del puerto de Cartagena del primer embarque hacia Estados Unidos de mercancías colombianas sin aranceles. Se trataba de un contenedor con dieciocho toneladas de textiles, cobijadas por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países. Mientras tanto, por las calles de Bogotá, cientos de estudiantes, trabajadores, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales salieron a protestar contra la puesta en marcha del pacto comercial, que duró ocho años en debate y que sólo beneficiaría a una ínfima minoría de colombianos, a pesar de la quiebra a la que llevará a importantes sectores de la economía nacional.
Por: Natalia Margarita Parada – El Cairo, septiembre 9 de 2011
Alrededor de 20.000 manifestantes egipcios se concentraron el pasado viernes 9 de septiembre frente a la embajada de Israel en El Cairo, durante una jornada caracterizada por multitudinarias concentraciones en las principales ciudades de Egipto, como Alejandría, Suez, Gharbya, Asyout y El Cairo.
Horas antes, los manifestantes derribaron con martillos los muros de concreto que rodeaban el edificio de la sede diplomática. La bandera israelí fue removida de la embajada cuando manifestantes egipcios escalaron el edificio hasta alcanzar el piso 21 de esas instalaciones, recordando así el heroico acto de un joven egipcio que, en la noche del 27 de agosto, escaló el edificio para cambiar la bandera de Israel por la de Egipto.
Mientras tanto, las personas que se concentraban en la emblemática Plaza Tahrir fueron desplazándose hacia las instalaciones de la embajada israelí, al canto de “Israel arderá”.
“La próxima vez, iremos a derribar el muro israelí en Cisjordania”, gritaban los manifestantes egipcios tras derribar los muros de la embajada, en una jornada de protesta que, aseguran los mismos manifestantes, es la más significativa desde las movilizaciones que causaron la dimisión de Hosni Mubarak, el pasado 11 de febrero.
Las falta de resultados efectivos en el juicio a Mubarak y su gabinete, la ausencia de garantías de seguridad para los familiares de las personas asesinadas durante el levantamiento de este año, y el arresto de varios de ellos, así como la falta de determinación del ejército egipcio para tomar medidas frente a los últimos ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Sinaí, que provocaron la muerte de varios soldados egipcios, son algunos de los factores que se suman al ambiente de descontento que motivó las multitudinarias manifestaciones.
“Esto demuestra que cosas grandes están por venir en Egipto: estamos inconformes porque sabemos que es el mismo régimen de Mubarak el que está gobernando en estos momentos”, afirmaba uno de los manifestantes en Tahrir, mientras otro señalaba que «el ambiente es el mismo del 25 de enero, nos alegra saber que la gente no está dispuesta a dejar morir nuestra revolución”. Se trata de la más grande concentración desde la salida de Mubarak del poder.
Por: Baldomero Rocha – septiembre 8 de 2011
El pasado 7 de septiembre, unas 20.000 personas, entre estudiantes universitarios, docentes, integrantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos, marcharon en Bogotá para rechazar las intenciones del gobierno de reformar el sistema educativo en el país y exigir garantías de calidad en el sector. La jornada terminó en calma y se caracterizó por la abundancia de expresiones artísticas y por el rechazo generalizado de los estudiantes de las universidades públicas y privadas al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
Aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para rechazar la intención del gobierno de dejar en manos de las EPS privadas la salud del magisterio y para exigir un nuevo estatuto para las y los docentes del país, los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas, decidieron unirse masivamente a la jornada, luego del encuentro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) realizado el 20 y 21 de agosto en Bogotá, para rechazar la reforma a la Ley General de Educación que el gobierno tramita actualmente en el Congreso pues, según los manifestantes, busca mercantilizar la educación.
Los docentes denuncian que el paso a las EPS privadas llevaría a la pérdida de varios de los derechos que, en materia de salud, han conquistado durante décadas, entre ellos que los bonos, cuotas moderadoras o copagos no sean asumidos por los maestros; que la entrega de medicamentos no esté atada a su precio ni a su cantidad; y que haya atención oportuna a las enfermedades de alto costo. Por su parte, en un comunicado del 6 de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional señaló que no tiene intención de “incluir a los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio al Régimen General de Salud contemplado en la Ley 100 de 1993”, calificando la protesta como injustificada y sancionando a los docentes, a través de una directiva ministerial que establece que los rectores de instituciones educativas deberán entregar a los secretarios de educación el tiempo laborado por los docentes, con el fin de proceder contra quienes incumplieran sus jornadas laborales para asistir a la movilización.
Por su parte, los estudiantes manifestaron que, a pesar del retiro del proyecto de ley de los artículos que autorizaban el ánimo de lucro y la participación de las empresas privadas en las universidades públicas, la intención del gobierno de Santos con esta reforma es profundizar la privatización de la educación y los mecanismos por los que actualmente se presiona a las instituciones para implantar cambios en los programas académicos, como los indicadores de calidad, que dejan a muchas instituciones en la ‘asfixia presupuestal’. Por esto, exigen que la reforma educativa sea discutida en condiciones de igualdad por directivos, docentes, estudiantes, trabajadores y Estado, de manera que pueda elaborarse un proyecto que realmente permita construir una educación superior de calidad, con suficiente cobertura nacional y que enfoque su labor a la solución de los principales problemas nacionales.
Por: Daniela King Reyes – julio 25 de 2011
En Chile la crisis de la educación no es una novedad. Por el contrario, ha sido denunciada constantemente durante varios años. Antes de septiembre de 1973, tanto la educación básica, como la media y la superior eran estatales, gratuitas, de calidad reconocida y con cobertura a nivel nacional. Luego del golpe y la dictadura militar, comenzó a sufrir una transformación donde pasó de ser un derecho a convertirse en un lucrativo negocio para los grandes empresarios, en el que el Estado se terminó alejando tanto del funcionamiento como del financiamiento de las universidades ‘públicas’.
Transcurrieron los años, volvió la democracia y, lejos de que los gobiernos de la Concertación realizaran un cambio en el ámbito educativo, estos se esforzaron por profundizar el sistema neoliberal también en las universidades y colegios.
En Chile, cualquier persona que posea un capital para invertir puede instalar una universidad, instituto de formación técnica o colegio, con el beneplácito del Estado, careciendo de un sistema de fiscalización que garantice la calidad, tanto en la enseñanza como en la infraestructura de los establecimientos.
Específicamente, la Ley indica que ninguna institución educativa puede lucrarse por los servicios prestados. Sin embargo, se pasa por alto esta disposición en la práctica, pues se han creado diversos artilugios para evadir la nula fiscalización en este aspecto y convertir a las entidades encargadas de impartir la educación en Chile en rentables negocios privados. Éste es el punto que ha colmado la paciencia de miles de estudiantes universitarios y secundarios, que ven que para poder estudiar una carrera universitaria deben pagar al contado una suma no menor a los 2.000 dólares por año –una carrera profesional, con duración de cinco años, cuesta por lo menos unos 11.000 dólares, sin incluir gastos de matrícula y titulación– y si desean optar por un crédito para financiar sus estudios esta cifra se multiplica cuatro o cinco veces.
El fin de este lucro indiscriminado en la educación superior es uno de los puntos comunes que escolares y universitarios exigen en un petitorio que han elaborado en forma separada, puesto que las demandas en otros aspectos son bastante distintas. Mientras que los universitarios exigen el fin al lucro, más aporte fiscal directo a las universidades estatales, centros de formación técnica estatales y créditos con un fondo solidario que no aplique las tasas de interés de la banca privada, entre otros varios puntos; los secundarios exigen la desmunicipalización de los colegios y su respectiva estatización, una tarjeta de locomoción gratuita para los 365 días del año y una efectiva reconstrucción de los establecimientos, luego de los daños que sufrieron en el terremoto de febrero de 2010.
Los estudiantes llevan movilizados más de un mes, en un cese de actividades en el que ocupan las instalaciones de los colegios y universidades, y en el que han ido ganándose poco a poco la validación de la sociedad en general: para los chilenos, la educación de calidad es algo a lo que aspiran todas las familias, que ven en el futuro de sus hijos e hijas la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
El jueves 14 de julio se realizó la última gran marcha de este movimiento. A pesar de no haber sido tan masiva como las anteriores, puesto que la autoridad regional prohibió que se marchara sobre la Alameda Bernardo O’ Higgins –principal calle de Santiago–, cerca de cien mil personas llegaron a manifestarse a dicha avenida, sobrepasando la capacidad de los Carabineros de la Policía.
Las marchas, multiplicadas por todas las regiones y ciudades del país, ya no están conformadas sólo por estudiantes sino por todo tipo de sectores sociales que sienten sus demandas como propias. Sólo en la movilización del 30 de junio, según los organizadores, participaron más de 300.000 personas a nivel nacional y hasta los grandes medios de comunicación afirman que desde las marchas que se efectuaron a principios de los años ochenta en rechazo a la dictadura no se habían congregado tantas personas en las calles.
En esta coyuntura, el gobierno de Sebastián Piñera, de clara tendencia neoliberal, aduce que los puntos del petitorio son casi imposibles de cumplir y ha propuesto sólo soluciones de maquillaje, aumentando un poco el fondo en las becas universitarias y comprometiéndose a analizar los puntos de las demandas de los secundarios.
Adicionalmente, Piñera ha planteado que no dialogará con quienes se encuentren movilizados y, sobre todo, ha logrado que, en un pacto tácito con ciertos medios de comunicación, se exageren los enfrentamientos con la Policía en las marchas, otorgando mayor importancia a estos hechos que a la masiva participación vista en las últimas semanas. Por ejemplo, en una de las manifestaciones hubo 140 detenidos en Santiago, de 140.000 manifestantes, es decir, el 0,1%. A través de los medios, el gobierno está constantemente deslegitimando al movimiento estudiantil, que en estos momentos está adquiriendo las características de un movimiento social que se plantea en contra de las privatizaciones, tanto en la educación como en la salud y en el transporte, y que se define opuesto a las políticas neoliberales que han traído la flexibilización laboral, la venta de los recursos naturales, el saqueo del cobre, etc.
Buscando un amaine del descontento social, el lunes 18 de julio, el gobierno realizó un cambio de gabinete que terminó siendo un ‘enroque’ entre titulares de varios ministerios. Entre los cambios, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, fue removido a la cartera de Planificación y Felipe Bulnes, quien abandonó el ministerio de Justicia, asumió la tarea de comandar en Educación. De este cambio todavía no se sabe mucho, pues en sus primeras semanas Bulnes no ha tenido mucha presencia mediática ni ha anunciado nada diferente a lo que hacía su antecesor. Pese a esto, y con todo lo que han significado estas movilizaciones, se prevé que luego se hagan anuncios más fuertes.
Por su parte, Sebastián Piñera anunció que impulsaría un Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE), que consiste en inyectar cuatro mil millones de dólares por una única vez al sistema educacional, ‘discutir’ el tema del lucro en las universidades y crear una superintendencia de Educación. Como se deduce, ninguna de estas medidas ataca directamente los problemas de fondo que plantean los estudiantes, por lo que estos se mostraron insatisfechos con dichas soluciones y decidieron mantener las movilizaciones.
La sociedad chilena se comienza a indignar y a exigir su derecho fundamental a la educación pública y de calidad. Ojalá este movimiento cumpla sus objetivos y no decaiga en los vicios que muchas veces perjudican a la construcción del poder popular. Esperemos que ésta sea la primera de muchas victorias para el pueblo chileno.
Por: Christian Peñuela – julio 11 de 2011
La Slut Walk de Canadá, Australia, Estados Unidos e Inglaterra; la Marcha das Vagabundas en Brasil y la Marcha de las Putas en Honduras, México, El Salvador, España y Venezuela, entre otros países, ha sido una acción colectiva a nivel global que protesta contra la violencia sexual hacia las mujeres. Madres, padres, hermanos, ‘putas y putos’, miembros de la comunidad LGBTI, así como niños y niñas salieron a las calles para reivindicar la dignidad de las mujeres.
Al grito “No es no”, los participantes en esta particular forma de protesta rechazan la utilización de las mujeres como objetos sexuales, así como el acoso y la violencia cometida contra ellas en los ámbitos públicos y privados. El interés en la palabra ‘puta’ se debe a la carga emocional que contiene y a la forma en que socialmente se impone a las mujeres una forma ‘válida’ de vestir, de actuar y de valorar su cuerpo y su feminidad. Sin embargo, estas movilizaciones poco tienen que ver con el trabajo sexual ni están compuestas por quienes ejercen esa labor, por el contrario, integran a mujeres y hombres de todas las edades y condiciones sociales que rechazan la discriminación y las agresiones hacia la población femenina.
Todo comenzó el pasado 24 de enero, por un comentario discriminatorio realizado por el policía canadiense Michael Sanguinetti durante un evento sobre seguridad civil en la Universidad de Nueva York. El uniformado afirmó que “las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”. Esta frase indignó al movimiento femenino de la ciudad de Toronto (Canadá), que no tardó en emprender una lucha por la transformación de los imaginarios sociales que las estigmatizan como responsables de la violencia en su contra y organizó, el pasado 3 de abril, una gran manifestación en la que miles de mujeres, con el apoyo de la comunidad LGBTI y diferentes organizaciones sociales, se movilizaron vistiendo tacones, mallas, pronunciados escotes, ligueros y hasta desnudos para reclamar respeto por el derecho al cuerpo y a una vida libre de violencias.
Esto ha motivado la realización de quince movilizaciones similares alrededor del mundo y la preparación de decenas más, encabezadas por organizaciones de mujeres que han incluido las problemáticas de cada país entre las razones de la protesta: en México, contra los feminicidios; en Honduras, contra la violencia sexual agudizada sin precedentes desde el golpe de Estado; y en Argentina, por el registro de violadores, son algunas de las razones que han alimentado esta acción colectiva en América Latina.
En Colombia, existen muchas experiencias de movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres. Desde las multitudinarias manifestaciones que, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, se toman las calles de las principales ciudades del país hasta decenas de actos simbólicos en distintos lugares de la geografía nacional han servido para denunciar la delicada situación en materia de derechos que se vive en nuestro país.
Dos de estos esfuerzos por sensibilizar a la ciudadanía y transformar la realidad de violencia contra la mujer que se vive en el país se dan en extremos distintos de Bogotá, tanto por su ubicación geográfica como por su situación social y económica. Uno de ellos ha tenido lugar en el Parque Fundacional de Usaquen, donde la campaña Mujeres por la ciudad ubicó siluetas de mujeres tipo monumento y a escala humana para conocer el comportamiento que las personas tienen en su relación con aquellas. De igual forma, desde 2007, organizaciones de mujeres de la localidad de Bosa vienen vienen realizando plantones el primer viernes de cada mes para denunciar los casos de violencia sexual, bajo el lema: “Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa”.
Según el “Informe sobre violencia sexual y feminicidios en Colombia”, presentado en 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Corporación Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres y Vamos Mujer, la situación en Colombia es preocupante por el tipo de agresión y el perfil de las víctimas: “una de cada tres víctimas de violencia está en el rango de edad de 10 a 14 años” y “una de cada cinco víctimas está en la edad de cinco a nueve años […] las niñas son las más agredidas sexualmente”, señala el documento.
Adicionalmente, tanto el informe citado como otros diagnósticos sobre derechos de la mujer señalan que la violencia sexual y el homicidio hacia las mujeres han sido mecanismos de control territorial en la guerra que se vive en Colombia. El informe “La Violencia Sexual en Colombia: Un arma de guerra”, elaborado por Oxfam Internacional en 2009, afirma que “la existencia generalizada y sistemática de la violencia sexual contra las mujeres, empleada por todos los grupos armados como arma de guerra y componente de una estrategia de terror más amplia contra la población civil, puede ser una de las claves para que este delito sea presentado como crimen de lesa humanidad. Esta realidad contrasta con la impunidad y la invisibilización que han silenciado y perpetrado estos crímenes”.
Abril 28 de 2011
El miércoles 27 de abril, estudiantes de varias universidades públicas desarrollaron un ‘pupitrazo’ de protesta contra la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso, pues consideran que con esta norma se vulneraría la autonomía universitaria y las instituciones estatales de educación superior afrontarían una crisis presupuestal mayor a la existente. A la jornada se unieron esudiantes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Industrial de Santander y de Cartagena. (más…)
Por: Catalina Carmona, París, 29 de octubre de 2010
El miércoles 27 de octubre el Parlamento francés aprobó la Ley de Reforma de la Edad de Jubilación, con trescientos votos a favor y doscientos treinta y tres en contra, pasando ésta de 60 a 62 años, en las mujeres, y de 65 a 67 años, en los hombres. Ante esto, el jueves 28 de octubre los sindicatos, estudiantes, universitarias y universitarios convocaron la séptima jornada de huelga general y manifestaciones en toda Francia, con una participación de alrededor de dos millones de personas, según los sindicatos. […] El presidente Nicolás Sarkozy promulgará la ley alrededor del 15 de noviembre y se aplicará a partir del 1 de enero de 2011.
¡La jubilación a los 60 años!
El 12 y 19 de octubre fueron dos grandes jornadas de huelga general, con una participación en cada una de más de tres millones y medio de manifestantes en toda Francia. El 19 de octubre había doce refinerías en huelga, una de cada tres estaciones de servicio estaba sin gasolina, 50% de los vuelos fueron anulados en el aeropuerto Orly de París y apenas seis de cada diez trenes de alta velocidad que conectan toda Francia funcionaban.
La gran sorpresa de estas movilizaciones fueron los estudiantes de bachillerato, que se seguían tomando las calles y la palabra en los medios de comunicación. Sin embargo, éste ha sido un sector bastante golpeado por la represión policial. Geoffrey, de diesiseis años del barrio de Montreuil de París, casi pierde un ojo por una pelota de goma lanzada por los policías antidisturbios.
Los últimos en sumarse al movimiento social han sido las universidades, que se adhirieron de forma masiva con asambleas y bloqueos. Según la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), 29 universidades votaron en las asambleas la huelga general en toda Francia y hubo un participación de más de 190.000 jóvenes en la manifestación del 19 de octubre, y el jueves 28 de octubre había seis universidades bloqueadas parcialmente. La reducción se debe a las vacaciones escolares de las fiestas de todos los santos.
El 21 de octubre, los jóvenes seguían apropiándose de la palabra y las calles. Estudiantes de bachillerato y universitarios, acompañados de algunos profesores y sindicatos, salieron a las calles masivamente en toda Francia, demostrando que los jóvenes entienden que este cambio les afectará durante su vida.
Los manifestantes temen que esta reforma ocasione mayores dificultades para encontrar empleo y rechazan que las personas mayores se vean obligadas a trabajar más años para poder tener una pensión de jubilación con la que puedan vivir.
Para los sindicatos, el hecho de que se apruebe la ley no parará las manifestaciones y las acciones y tienen convocada otra jornada de movilizaciones para el 6 de noviembre. Parten del precedente de haber logrado que, mediante asambleas, bloqueos y manifestaciones, el gobierno al final retirará la Ley del Contrato de Primer Empleo en 2006.
El gobierno, por su parte, no ha querido hasta ahora abrir ningún diálogo con los sindicatos, ocupándose de desbloquear las refinerías con la policía antidisturbios. En la refinería de Granpuits algunos trabajadores en huelga fueron obligados a volver a su trabajo por un procedimiento de requerimiento que los expone, en caso de que se nieguen a presentarse, a seis meses en prisión o hasta 10.000 euros de multa, lo que pone en evidencia la perdida del derecho de huelga de estos trabajadores.
El jueves 28 de octubre, mientras miles de personas se manifestaban en las calles de París, ante las puertas de las tiendas de lujo de Galerías Lafayette, se veían hombres de la policía francesa antidisturbios: una imagen caracterísitica del gobierno de derecha del partido Unión por un Movimiento Popular (UMP), que cuida bien de sus ricos y no quiere saber nada de los trabajadores que luchan por no perder un derecho ganado en 1982.