Por: Amy Goodman* – septiembre 20 de 2007
La repentina renuncia de Alberto Gonzales como Fiscal General de Estados Unidos no ocurrió lo suficientemente a tiempo. Las políticas y la politización de la justicia, que han sido su sello personal, permanecen. Gonzales ha sido un pertinaz ejecutor y defensor de las más nefastas políticas de la administración Bush Cheney: desde la práctica de la tortura y las escuchas telefónicas sin órdenes judiciales hasta la destitución de fiscales estadounidenses y la ampliación de los poderes del Ejecutivo.