La condena a 12 años de prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno marca un hito en la historia judicial colombiana: por primera vez un expresidente es declarado culpable en un proceso penal y recibe una condena. Sin embargo, este no es sino un paso hacia la verdad y la sanción de los graves crímenes cometidos durante sus gobiernos que las víctimas y diversos movimientos sociales han reclamado durante años.
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Se reanuda el juicio del caso de Claudia Julieta Duque
De izquierda a derecha: Johan Schmidt, Claudia Julieta Duque e Ivi Oliveira – Foto: Marcela Zuluaga. Marcela Zuluaga – marzo 8 de 2016
Luego de un largo proceso de lucha contra la impunidad de la periodista Claudia Julieta Duque, el pasado 2 de marzo, con sus declaraciones como testigo y víctima, se reanudó el juicio contra Giancarlo Auqué, José Miguel Narváez y Enrique Ariza, todos exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por las amenazas, seguimientos y torturas psicológicas de las que la comunicadora ha sido objeto.
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Andrómeda: espionaje y persecución a la prensa independiente
Abril 14 de 2014
Los recientes escándalos que envuelven a la Fuerza Pública demuestran que los uniformados siguen eludiendo el control del poder civil, incluido el del propio Presidente de la República, que a su vez se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Defensa.
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Uribe: ¿una flor de loto?
Por: Carlos Jaime Fajardo – agosto 1 de 2011
La flor de loto es blanca y prolifera en los fangos, permaneciendo inmaculada e intocable sobre estos. ¿Será apropiado compararla con la situación del expresidente Uribe, que gobernaba junto a gente corrupta y delincuente sin estar, aparentemente, él mismo contaminado?
La última noticia del mencionado fango se dio cuando dos de sus mas cercanos colaboradores fueron puestos a buen recaudo: uno, su exministro de Agricultura y pupilo político, Andrés Felipe Arias, es acusado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; el otro, Bernardo Moreno, exsecretario de la Casa de Nariño, está acusado por el escándalo de las ‘chuzadas’, donde es el presunto responsable de violar los derechos fundamentales de magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.
Pero estos no son los únicos exfuncionarios del anterior gobierno que andan emproblemados con la justicia. Entre los que deben responder ante los tribunales, desde finales del periodo Uribe, hay tres exembajadores –Luis Camilo Osorio, en México; Salvador Arana, en Chile; y Juan José Chaux Mosquera, en República Dominicana–, tres exdirectores del DAS –Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado– y dos exministros –Sabas Pretelt, del Interior y exembajador de Colombia en Italia; y Diego Palacio Betancourt, de la Protección Social–.
Así mismo, otros altos cargos del anterior gobierno deberán responder por su responsabilidad en ciertos hechos delictivos: Jorge Mario Eastman, viceministro de Defensa; José Obdulio Gaviria, exasesor presidencial; Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia; César Mauricio Velásquez, jefe de prensa; Mario Aranguren, exdirector de la UIAF; Juan Carlos Vives, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes; Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad de la Presidencia; Manuel Cuello Baute, ex superintendente de Notariado y Registro; Mario Montoya, excomandante de las Fuerzas Militares y exembajador de Colombia en República Dominicana, entre muchísimos otros, de los cuales no se salvó ni el vicepresidente Francisco Santos. Esto, sin mencionar a su bancada en el Congreso, cuyos miembros en su gran mayoría han sido investigados o condenados por sus relaciones con grupos delincuenciales que desplazaron y masacraron a innumerables colombianos.
Esta situación no es nueva, desde hace años se había venido denunciando y hoy cobra publicidad por las tensiones entre el santismo y el uribismo por el control político del país y por el reparto del botín económico logrado en los últimos ocho años, lo cual tiende a agudizarse en la campaña electoral.
Por su parte, Uribe afirma que todo fue a sus espaldas. Pulcro, como la flor de loto, intenta distinguirse de sus más cercanos colaboradores, mientras otros afirman que sí sabía lo que sucedía. Con las capturas de los últimos días, se puede inferir con relativa facilidad que al expresidente la justicia le está respirando en la nuca.
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Cárcel para Bernardo Moreno en investigación por ‘chuzadas’
Por: Andrés Gómez – julio 31 de 2011
El secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas, fue privado de la libertad el pasado sábado 30 de julio por orden de la magistrada Marlene Orjuela, luego de que las víctimas del caso de las ‘chuzadas’ y la fiscal Viviane Morales pidieran la medida de aseguramiento porque el exfuncionario estaría interfiriendo en las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Bernardo Moreno, por gestión del director del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, lugar actual de residencia del expresidente Uribe, y no en una cárcel ordinaria. El general Ricaurte se comunicó con la magistrada durante la audiencia para plantearle los problemas de seguridad que, según él, podría traer al exfuncionario del gobierno Uribe su traslado a la Cárcel Nacional Picota.
Extrañas reuniones
La decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá se basa en dos reuniones que sostuvo Moreno Villegas con Rafael Martínez, anterior abogado del capitán Luis Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia del DAS; Gabriel Martínez Reyes, entonces presidente del Canal RCN; e Iván Guillermo Lizcano, también directivo del mismo canal. En estas reuniones, según la decisión judicial, Moreno pretendía que Lagos no le responsabilizara por las operaciones ilegales de espionaje en contra de magistrados, senadores, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
La defensa, por su parte, alegó que Moreno pretendía aclarar algunas informaciones que consideraba erróneas y fueron publicadas por el canal privado de televisión, referentes a la declaración de Lagos sobre el caso de las ‘chuzadas’ en 2009. El capitán Lagos ya fue condenado a ocho años de cárcel por su participación en las operaciones ilegales del DAS, luego de confesar su responsabilidad en actos que incluyeron el envío de sufragios y muñecas untadas de sangre a los perseguidos por el organismo de inteligencia colombiano: investigadores y opositores del gobierno de Uribe.
La primera reunión entre Moreno y el abogado Rafael Martínez se realizó en un restaurante del barrio La Macarena, por intermediación del entonces jefe de prensa de la Fiscalía, Álvaro Ayala Tamayo, y posteriormente ambos, Bernardo Moreno y Rafael Martínez, se dirigieron al Club El Nogal, en donde se reunieron con los directivos de RCN.
Cuando Lagos se enteró de la reunión, pidió personalmente a Martínez una explicación, ya que le había pedido que no se reuniera con implicados ni con periodistas. Una vez Lagos conoció el motivo de la reunión, el capitán retirado prescindió de los servicios de Rafael Martínez y, posteriormente, testificó en presencia de Luis Pérez Casas, abogado de Piedad Córdoba, que la intención de Bernardo Moreno con la reunión era la de evitar cualquier responsabilidad en el caso de las ‘chuzadas’.
Por su parte, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, aseguró que considera que hay evidencia de obstrucciones a la justicia por parte del secretario de Uribe y que éste “promovió reuniones con uno de los primeros implicados, al parecer para descargar su responsabilidad en los hechos”. Adicionalmente, la fiscal Morales recalcó los argumentos que presentó el 18 de mayo pasado para pedir la medida de aseguramiento contra Moreno, que finalmente fue negada, señalando que “el acusado puede desplegar actos para obstruir la justicia y estamos ad portas del juicio en su contra”, y que el 19 de mayo la expresidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez fue apresada por hechos “estrechamente” relacionados.
La jefe del ente acusador también indicó que se compulsarán copias para procesar a Ayala Tamayo y al abogado Martínez por su participación en la reunión que le costó la libertad a Bernardo Moreno Villegas.
En octubre de 2010, Moreno Villegas fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer funciones públicas durante dieciocho años, a causa del espionaje ilegal del DAS. Hoy, además de la medida de aseguramiento en su contra, la Fiscalía le imputa cargos por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
Reacciones tras la detención
Poco después de la detención de Moreno, el expresidente Uribe se declaró “adolorido” por la situación en la que se encuentra su secretario general. No es para menos: en la audiencia se pudo conocer que el presidente, en declaraciones que reposan en la Procuraduría, afirmó que el encargado de hacer el puente entre el DAS y la Presidencia era Bernardo Moreno.
Por su parte, Reinaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos que actualmente representa al periodista Carlos Lozano Guillén como víctima de las ‘chuzadas’, manifestó que las declaraciones del expresidente serán llevadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano con potestad para investigarlo. Adicionalmente, afirmó que “las instalaciones militares no son sitio de reclusión para nadie y que los presos de la justicia ordinaria deben estar en cárceles ordinarias”, indicando la preocupación de las víctimas por los privilegios e irregularidades que se han presentado en el pasado con ciertos personajes de la vida política detenidos en guarniciones militares.
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El DAS convirtió la opinión en delito
14 de abril de 2010
La Fiscalía ha revelado que en sus investigaciones sobre el grupo G3 del DAS, ha descubierto que este organismo realizaba labores de espionaje, hostigamiento e intimidación de manera sistemática a decenas de opositores al gobierno Uribe, periodistas, magistrados, abogados, congresistas y miembros de organizaciones internacionales. Las acciones delictivas que el ente investigador imputa a los miembros de la entidad van desde seguimientos e interceptaciones telefónicas y de cuentas de correo electrónico hasta la consecución de estrategias para desarticular organizaciones e intimidar a opositores. Estas denuncias confirman las acusaciones que, desde hace más de un año, medios como El Turbión realizan sobre las funciones de policía política del DAS, que, desde el G3 y otros grupos nunca legalizados mediante acto administrativo, han perseguido la opinión como delito, usando prácticas terroristas propias de Estados totalitarios y represores.
La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia considera que el G3 fue “conformado con la finalidad indeterminada de cometer delitos contra organizaciones y personas opositoras del gobierno”. Documentos en poder de la prensa, que hacen parte de los argumentos de la Fiscalía en el caso, al igual que pruebas incautadas en las oficinas del DAS, indican que la Casa de Nariño sabía de las acciones del G3.
Acciones sistemáticas
Parte del material incautado fue filtrado al periodista Antonio José Caballero, que las hizo públicas a través de Juan Gossain, director de noticias de RCN Radio. En los documentos que hoy se hacen públicos, se habla de las operaciones “Amazonas”, “Transmilenio”, “Bahía”, “Halloween”, “Arauca”, “Intercambio”, “Europa”, “Risaralda” e “Internet”, cuyos objetivos eran: desinformar a la población sobre los detractores del gobierno, generar división en los movimientos de oposición, impedir la materialización de escenarios convocados por opositores y propiciar un ‘transbordo’ ideológico.
Las pruebas involucran al DAS en ambientar políticamente la reelección a favor de Uribe, lo que seguramente salpicará a altos funcionarios de la Casa de Nariño y al saliente presidente. Uno de los documentos filtrados a la prensa dice:
DAS Dirección General de Inteligencia, Subdirección de Operaciones, 2005.
Operación Amazonas:
Objetivo: promover acciones en beneficio del Estado para elecciones
de 2006.
Blancos:partidos políticos opositores al Estado y Corte Constitucional.Frente Social y Político, Carlos Gaviria: generar vínculos con FARC. Partido Liberal, Piedad Córdoba: generar vínculos con las AUC. Serpa: generar vínculos con el ELN. Petro: generar vínculos con FARC. Navarro: generar vínculos con M19 y narcotráfico. Borja: Infidelidad sentimental. Samuel Moreno: desfalcos financieros.
Otras operaciones que citan los periodistas Caballero y Gossaín permiten ver la persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la oposición:
Operación Risaralda:
Objetivo: generar división entre altos funcionarios de Redepaz, Ana
Teresa Bernal.
Desprestigio y sabotaje: comprobar actividades ilícitas de funcionarios para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político. Comunicados desvinculación de protección del DAS.Operacion Halloween:
Objetivo: concientizar sobre la ideologia comunista.
Estrategia: desprestigio. Libros 10.000, 7620 entregados.OperaciónTransmilenio:
Objetivo general: neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y el mundo.
Objetivo específico: vínculo con organizaciones terroristas para judicialización.
Operacion imprenta: impedir la edición de libros EA y otros.
Estrategias sabotaje y presión: camiones de distribución, guerra jurídica.Operación Arauca:
Objetivo: establecer vínculos entre el CCAJAR [Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo] y el ELN.
Acción: sabotaje, intercambio de mensaje con cabecilla que será encontrado en documentos.Organizaciones internacionales fueron también objeto de persecuciones:
Operación Intercambio:
Objetivo: neutralizar influencia de opositores en Cumbre
Interamericana de DDHH en Costa Rica, mediante alianza con servicios extranjeros, guerra jurídica, comunicados y páginas web.Operacion Europa:
Objetivo: neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo, en la Comisión de DDHH del Parlamento Europeo, en la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH, gobiernos nacionales.
Acción: comunicados y denuncias, guerra jurídica, páginas web.Las investigaciones de la Fiscalía permiten establecer que hay una estrategia diseñada desde la Casa de Nariño para proteger al actual Gobierno y que convirtió el derecho a disentir y a hacer oposición en delito de opinión, y al DAS en una organización criminal.
El objetivo del DAS, como organismo de inteligencia del Estado, es evitar acciones que atenten contra el Estado. Sin embargo, desde el grupo G3 fueron objetivo de acciones de guerra sucia todas aquellas personas y organizaciones que opinan de manera diferente al actual gobierno.
Las acciones judiciales
Para defenderse del escándalo, uno de los mayores que ha enfrentado en su largo mandato de ocho años, Uribe Vélez ha declarado: “He ordenado darle a la oposición todas las garantías para que los protejan. Han tenido garantías para maltratar, para injuriar y pisotear la honra de los altos funcionarios del gobierno”. Sin embargo, defenderse le será muy difícil, ya que él mismo, como jefe directo del DAS, es responsable político del nombramiento a las personas que en este momento son investigadas y que, con sus declaraciones, dejan en claro que la Presidencia sabía precisamente lo que estaba ocurriendo. Por esta razón, la Fiscalía abrirá una investigación aparte para esclarecer cuáles eran los funcionarios del Gobierno Nacional a quienes se les entregaban los informes de dichas operaciones.
Jorge Noguera, ex director del DAS nombrado y defendido hasta el cansancio por el presidente, es investigado por ser presunto colaborador del Bloque Norte de las AUC en decenas de asesinatos de sindicalistas y por la creación del G3. Este hombre, a quien el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló en su momento como traidor a Uribe, sostiene que José Miguel Narváez, actualmente enfrenta cargos por concierto para delinquir, utilización ilícita de equipos, violación de comunicaciones y falsedad en documento, fue propuesto para el cargo de subdirector de inteligencia por el actual presidente. El mismo Narváez, ex subdirector de inteligencia de ese organismo de seguridad del Estado, fue llamado a juicio por las documentos que lo implican y que él mismo envía a ex director de inteligencia, Enrique Ariza Rivas, y al detective Carlos Moreno Roa, también llamados a juicio.
Además, el coordinador del G3 para 2004, el fallecido Jaime Fernando Ovalle Olaz, testificó que “el modelo de investigación sobre los objetivos planteados y la ejecución de tareas de interceptación permitía prevenir al Gobierno Nacional sobre las maniobras ejecutadas por las ONG”, manifestando que se convertían en objetivos las organizaciones y las personas cuando “buscaban ante los tribunales nacionales e internacionales que se condenara al Estado por supuestas violaciones a derechos humanos”.
Alirio Uribe Muñoz, Reynaldo Villaba Vargas y Soraya Gutiérrez Argüello del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; los periodistas Holman Morris y Claudia Julieta Duque, así como miembros de sus familias; la Comisión Colombiana de Juristas y sindicatos como Sinaltrainal, según las denuncias, han sido víctimas de las actividades criminales del DAS.
Pero el escándalo no para en los nombramientos de Noguera. María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Martha Leal, ex subdirectora de operaciones, también están siendo investigadas por ‘chuzadas’. Dos directores nombrados por Uribe, al parecer, tienen la misma manía de interceptar conversaciones y correos electrónicos, de realizar hostigamientos y de cometer delitos, como plantar evidencias e intimidar.
Las investigaciones, hasta el momento, permiten pensar que en Colombia la policía secreta ha mantenido, durante el gobierno de Uribe, la política de amedrentar, debilitar y amenazar sistemáticamente a los magistrados de la corte, a los miembros de organizaciones sociales, a las personalidades de la prensa y la vida pública, al igual que a centenares de personas se han visto hostigadas y amedrantadas por pensar diferente en el país de la ‘seguridad democrática’, la misma Colombia en la que el presidente no se da cuenta de las actuaciones delincuenciales del cuerpo de inteligencia que depende directamente de sus instrucciones y que sólo le rinde cuentas a él.
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“No hay sociedad civil posible en Colombia”
Por: Fermín Romero – 18 de febrero de 2010
Estas fueron las palabras con las que describió Claudia Julieta Duque, el 9 de febrero, día del periodista en Colombia, el estado de la libertad de expresión en en país. Ella y Hollman Morris denunciaron que el DAS y la presidencia han vulnerado los derechos humanos de periodistas y de personas de la oposición, usando el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G3), y afirmaron que este no es un grupo clandestino creado en el DAS por delincuentes y que no actuó de forma independiente, sino que es parte de una estratégia que contaba con directrizes claras que involucran al presidente de la república, entidades del DAS, el Programa de Protección de DDHH del Ministerio de Interior, el Ejercito y las Autodefensas Unidas de Colombia. Junto con la presentación de pruebas que sustentan sus palabras, le exigieron al presidente que asuma la responsabilidad de las acciones de ese cuerpo del DAS, ya que los directores y subdirectores de la policia secreta del Gobierno, han sido nombrados por el mismo, y en su administración los directivos de la policia secreta del presidente, se han visto involucrados con paramilitares y se les juzga acusa de realizar actos de espionaje a la Corte Suprema, periodistas, ong, organizaciones sociales y defensores de DDHH.
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DAS: policía política
Marzo 17 de 2009
Las revelaciones de la revista Semana en torno al espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a opositores, periodistas y personalidades del país no sólo levantaron un escándalo de asombrosas proporciones sino que demuestran que los investigadores de ese prestigioso medio de comunicación ‘descubrieron el agua tibia’ o decidieron denunciar una situación que, en todo caso, ya se hacía intolerable para su trabajo periodístico.