Por: Carlos Medina Gallego – mayo 5 de 2012
En un país donde el gobierno sólo reconoce el conflicto armado para salvaguardar las fuerzas institucionales de los tribunales internacionales, donde la clase política y el Estado Mayor de la Fuerza Pública le reclaman al Congreso de la República una ley que reconozca el fuero militar para subir la moral a las fuerzas y darle seguridad jurídica a las operaciones militares de una institución profundamente cuestionada en materia de derechos humanos a raíz de los falsos positivos; donde, en lugar de comprometerse con la solución política negociada del conflicto, se asignan 25 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de la Fuerza Pública en los próximos tres años de guerra, recortando los presupuestos de salud, educación, saneamiento básico y, en general, de desarrollo y bienestar social para los colombianos, con el argumento de que la seguridad esta primero, en menos de ocho días se han producido 80 muertes de soldados y guerrilleros en emboscadas, bombardeos y ametrallamientos.