Por: Antonio Guillermo García Danglades – enero 26 de 2005
En su Artículo 19, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada el 3 de junio de 2002, establece que un Estado no podrá ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado “’ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado por su derecho interno”, por lo que el secuestro de Granda mediante el soborno a funcionarios públicos sin el conocimiento y consentimiento del gobierno venezolano, constituye una clara violación a la soberanía nacional y al derecho internacional público.