Por: Andrés Monroy Gómez – junio 8 de 2012
Una auditoría compuesta por nueve personas destacadas por su dedicación a la defensa de los derechos humanos en diferentes países presentó un informe y recomendaciones a la Corporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Ccajar).
Por: Cincosentidos – 6 de septiembre de 2010
Organizaciones como la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos “Eduardo Umaña Mendoza” (Acadeum) y la Corporación Guasimi – Modep Nariño se vincularon a la segunda caravana internacional de juristas, llevada a cabo del 23 al 28 de agosto en el suroccidente colombiano. La actividad tenía como objetivo lograr un acompañamiento de abogados de diferentes partes del mundo a quienes buscan garantizar la defensa de los derechos humanos en esta región de Colombia. (más…)
Por: Fermín Romero – julio 5 de 2008
Athemay Sterling, reconocido defensor de Derechos Humanos del occidente del país, fue detenido en Miami el pasado 22 de junio de forma arbitraria por las autoridades aduaneras de EEUU.
Mayo 12 de 2008
Desde comienzos de 2008, los asesinatos y las amenazas de muerte contra diferentes actores de la sociedad civil se han incrementado. Las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos son víctimas de una persecución e impunidad por parte del gobierno, a través de las fuerzas del Estado y paramilitares. Aunque las declaraciones de la actual administración manifiestan garantías en la seguridad de activistas y periodistas, la arremetida es innegable. Según las estadísticas proporcionadas por las centrales obreras y los diferentes observatorios de derechos humanos, en marzo de 2008 las muertes de sindicalistas aumentaron en un 300% y el número de exilios de periodistas ha crecido. Además, las autodenominadas Águilas Negras han reactivado su acción en el Magdalena Medio, algunas ciudades capitales y Bogotá. Esto ha ocasionado una serie de amenazas a activistas, intentos de homicidio, nuevos desplazamientos, toques de queda impuestos por los grupos paramilitares y extorsiones a las comunidades que, de nuevo, tienen que pagar por la falsa seguridad que prestan estos grupos irregulares.