Por: Juan Diego García – abril 27 de 2009
La condena de Alberto Fujimori es destacada como un hecho excepcional porque rara vez un expresidente es acusado por crímenes cometidos en nombre del Estado. Se asume, con una buena dosis de cinismo, que el sistema tiene ‘cañerías’ y el terrorismo de Estado se justifica siempre en nombre de los grandes intereses de la colectividad o, al menos, como males menores o necesarios por los cuales el gobernante se ve impelido, aún contra su voluntad, a violar la ley. Con ello todo, el edificio jurídico se ve afectado y se abre la veda a las conductas más siniestras.