Etiqueta: diputados

  • Las horas difíciles

    Por: Juan Diego García – agosto 2 de 2007

    El presidente Uribe Vélez esperaba convertir las manifestaciones ocurridas con motivo de la muerte violenta de once parlamentarios en un respaldo a su política. La iniciativa de los familiares de los afectados se convirtió entonces en acto oficial, santificado por la Iglesia Católica, apadrinado por los medios de comunicación y financiado generosamente por los empresarios, que concedieron el salario del día a quienes asistieran a los actos en apoyo del Ejecutivo. Pero las voces de quienes abogaban por el rescate militar y el rechazo a todo acercamiento a los insurgentes se vieron acalladas por una clara mayoría que condenó la aventura irresponsable del rescate y exigió el intercambio humanitario, subrayando que la vida y la libertad de las personas están por encima de los intereses coyunturales del gobierno de turno.

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  • Un Reichtag a la criolla

    Julio 11 de 2007

    Así como en 1933 el incendio del Reichstag –sede del parlamento alemán– fue aprovechado por Hitler para el establecimiento de la Alemania nazi, aboliendo la mayoría de los derechos civiles, hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez capitaliza a su favor la situación generada por la muerte de los once ex diputados del Valle.

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  • ¿Por qué no me puse la camiseta blanca hoy?

    Por: Mario Ruiz – julio 5 de 2007

    El día de ayer se recibió un correo de la empresa, donde llaman a los funcionarios a vestirse con camisetas blancas, a propósito de la jornada que habrá hoy, en horas del medio día, en contra del secuestro, en rechazo al asesinato de los 11 ex diputados del Valle y reclamando la devolución de los cadá¡veres. Los argumentos que expresaré a continuación son solamente para la reflexión y expresan algunos aspectos de mi forma de pensar. Hoy no me vestí de blanco, entre otras, por las siguientes razones.

    Es necesario que se tengan en cuenta otras apreciaciones en la vida nacional. El país se encuentra en una guerra cuyas características se asimilan a las de una guerra civil, que se expresa de diferentes maneras: la existencia de grupos insurgentes cuyo accionar se levanta, principalmente, contra un Estado, buscando su derrocamiento; la inconformidad de grandes masas en las ciudades; la movilización de sectores de la sociedad que reclaman derechos y garantías.

    El reconocimiento de la existencia o no de la guerra es un principio para buscar su solución. Existen opciones: una es buscar acuerdos donde las partes deben ceder en sus aspiraciones buscando un punto medio; la otra es la radicalización del conflicto, es decir, que las partes enfrentadas, antes que buscar una salida negociada, se fortalezcan política y militarmente para tratar de resolver la guerra a su favor.

    Para esto, la validación de sus prácticas, se requiere la aceptación política de la población. En este proceso entran a jugar elementos tan vitales e importantes como son los imaginarios populares, es decir, las ideas en grandes capas de la población donde la influencia de los medios masivos de comunicación entra a jugar un papel de vital importancia, a favor o en contra de una u otra posición.

    Desde hace mucho tiempo, grandes sectores de la sociedad han llamado a uno y otro sector a buscar puntos coincidentes para llegar a un acuerdo humanitario, tratando ponerle fin a las penurias de las personas retenidas por la guerrilla. Ni un sector ni el otro han hecho lo suficiente para buscarle una salida a tan difícil situación: unos argumentan la necesidad de una zona de despeje, el otro sector argumenta la imposibilidad de ceder en esta solicitud. Lo cierto de todo es que el tema se ha convertido, más que en un asunto de carácter obligatorio para cualquier sociedad civilizada -en el entendido de que se está hablando de seres humanos que están padeciendo este flagelo-, en un espectáculo morboso y degradante de aquellos que buscan sacar tajada política de tan terrible situación. El Derecho Internacional Humanitario brinda las herramientas necesarias y suficientes para que los actores involucrados en dicho conflicto lleguen a acuerdos.

    Pero en el país, infortundamente para nosotros, hay otras muertes y otros muchos colombianos que han sido asesinados o desaparecidos. Aquellos son ignorados, desconocidos o, simple y llanamente, olvidados. Según informaciones publicadas en la revista Semana hace pocos días, más de 30.000 colombianos reposan en fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional. A esto no le hacen el ‘show’ ni la publicidad suficiente, los medios masivos de comunicación no llaman a movilizaciones y, mucho menos, la Presidencia de la República. Por supuesto, el Congreso calla, quizás porque algunos de los autores intelectuales han ejercido como ‘padres de la patria’, quizás porque muchos de esos colombianos osaron manifestar su inconformismo ante un Estado cuya democracia es burlada constantemente por las clases que ostentan el poder.

    Entonces, ¿por qué nunca el gobierno colombiano ha expresado su rechazo públicamente en contra de estas prácticas, no menos detestables o despreciables?

    Recuerdo en estos momentos las marchas que se hacían contra el secuestro diez años atrás, cuando Francisco Santos, ahora vicepresidente, convocaba a la ‘sociedad civil’ a manifestarse en contra de esa práctica. ¿A quién le sirvieron, entonces, esas movilizaciones? ¿Quién capitalizó todas esas grandes manifestaciones? Por ese entonces, se estaba viviendo una situación de desplazamiento, producto de la guerra. Millares de campesinos estaban protestando en la calle, reclamando sus derechos, y la respuesta del gobierno fue represión, la muerte de varios indígenas en el Cauca, la desaparición de varios campesinos en el Tolima y el asesinato de un participante en las calles de Bogotá, a manos de los antimotines.

    Desde 1986, cuando se creó la Central Unitaria de Trabajadores, mas de 4.300 dirigentes y dirigentas sindicales han sido asesinados por parte de grupos paramilitares o por miembros activos de la Fuerza Pública, actuando en alianza con fuerzas ‘oscuras’. La inmensa mayoria de estos crímenes han quedado en la impunidad: al momento sólo 35 personas han sido judicializadas por estos asesinatos y más de 4.265 están impunes. ¿Quién protesta por estos asesinatos?

    Cada día, a lo largo y ancho del territorio nacional, mueren de hambre niños y ancianos por problemas de hambre, desnutrición o falta de atención médica oportuna. Sólo se recuerdan cuando los medios de comunicación necesitan aumentar el raiting de la teleaudiencia. ¿Recuerdan lo que pasó hace unos pocos días con los niños del Chocó? ¿Será que el hambre se calmó o la miseria se acabó, que no han vuelto a decir nada en los medios de comunicación?

    Por otro lado, en los barrios populares son asesinados jóvenes que, por desgracia, han caido en el terrible problema de la droga, muchos de ellos por escuadrones de la muerte. Pereira, por ejemplo, en los últimos dos años ha figurado en el país como la ciudad más violenta, con el índice más alto de homicidios por cada 100.000 habitantes. En términos concretos, cada fin de semana en Medicina Legal practican alrededor de 15 levantamientos. Hagan una simple operación matemática: multipliquen esto por 52 semanas, que es lo que contiene un año, y observen cuanto da. Por estas muertes nadie reclama.

    Entonces, sería más partidario de participar de una movilización donde se reclame un acuerdo humanitario, donde se llegue a compromisos sobre la imperiosa libertad de todos y cada uno de los secuestrados, pero donde, igualmente, se exija el esclarecimiento de los millares de asesinatos que se han cometido en contra de sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos indefensos -como los asesinados por el ejercito en Cajamarca-, o de los cientos de cadáveres presentados falsamente como muertos en combate. Sobre éstos últimos, no hay que olvidar que esos mismos medios de comunicación mostraban a esas personas asesinadas como ‘botín de combate’, mientras la procuraduria general de la Nación tiene abiertas cerca de 100 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública por asesinatos cometidos contra civiles, que hoy en dí­a, se conocen como falsos positivos. Esto tambien está archivado y nadie, absolutamente nadie, del gobierno protesta o exige claridad sobre estos hechos.

    La verdad, estaría de acuerdo con protestar, con manifestarnos, con expresarnos en contra de todas esas penurias que padece el conjunto del pueblo colombiano. Aquí, al parecer, hay unos muertos que duelen y los demás son sólo frías e inermes estadísticas, cuyo dolor sólo lo padecen sus familiares más cercanos, porque el ‘gran gobierno’ y los medios masivos de comunicación ocultan la verdad que, en silencio, se vive allí donde las noticias no llegan o donde los micrófonos no expanden las voces que reclaman a viva voz que haya justicia.

    Éstas son algunas razones de por qué no me puse la camisa blanca.

  • Hay algo aquí­ que no va

    Julio 2 de 2007

    Con el anuncio de la muerte de once de los doce ex diputados de la Asamblea departamental del Valle que, desde hace cinco años, permanecían retenidos por la guerrilla de las FARC, se ha abierto la puerta a un gigantesco debate nacional en el que han imperado la confusión, la multiplicidad de vagas hipótesis y la manipulación gubernamental del dolor de las familias de las víctimas.

    Mientras las acusaciones corren de un lado para el otro, las lágrimas de las familias de los diputados secuestrados son mostradas a todo el país, ‘en vivo y a todo color’, por los principales monopolios mediáticos, que no muestran el más mínimo respeto por las víctimas, ni tampoco ningún interés por escuchar su quejas ante la indiferencia de un gobierno que insiste fanáticamente en un rescate militar de los rehenes que ya ha probado su inutilidad.

    Desde la madrugada del jueves, cuando la agencia Anncol publicó un comunicado del Comando conjunto de occidente de la organización guerrillera señalando la muerte de estas personas “En medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban”, el alud de versiones emitido por algunos medios, basadas solamente en conjeturas, sólo han contribuido a la confusión y la incertidumbre que han reinado desde entonces en el país.

    Si bien es cierto que la vaguedad de los datos ofrecidos por los comunicados de la organización armada dejan un manto de duda importante sobre el caso, también es cierto que una plausibilidad de las hipótesis basada exclusivamente en suposiciones contradictorias y datos dispersos, ha sido una valiosa excusa para que el gobierno sostenga su versión de los hechos y se encuentren desarrollando una ofensiva diplomática y de opinión para negarse a pactar el intercambio humanitario.

    En irresponsables, pero muy calculadas declaraciones, emitidas en cadena nacional al medio día del jueves y repetidas a las nueve de la noche de ese mismo día, Uribe Vélez y los más altos funcionarios de su gobierno insistieron en mantener la versión de una ejecución masiva practicada por las FARC. Partiendo de una conjetura, buscaron establecer una cortina de humo sobre el caso para eludir su responsabilidad en la muerte de estas personas, posible no sólo en el supuesto de un operativo militar secreto para liberarlas, o eliminarlas; sino por su intransigencia en la negociación del acuerdo.

    Aún cuando desobedezca los mandatos del gobierno de Bush, que busca desesperadamente la liberación de los tres mercenarios de la empresa Dyncorp en poder la guerrilla; del gobierno de Sarkozy, que ha usado el caso de Ingrid Betancourt como comodín de su campaña política y la de su partido en las elecciones legislativas francesas; de la comunidad internacional, que se ha pronunciado vehementemente en diferentes espacios por el acuerdo; y hasta los de la propia ciudadanía colombiana, que ha apoyado el pedido de canje como una forma de reducir los efectos negativos que tiene la confrontación militar entre las partes, Uribe busca salir nuevamente fortalecido de esta situación para mejorar las condiciones en las que se desarrolla su proyecto autoritario. Exigiendo condenas a la guerrilla, negándose a cualquier propuesta que reactive las negociaciones o permita esclarecer la verdad sobre el caso, como la comisión de encuesta planteada por Francia, Suiza y España, y elevando una rabiosa y fanática voz de condena, el mandatario ha conseguido hacer eco en los sectores de opinión que le son más leales, entre ellos los monopolios de comunicación más poderosos del país, para convencer a la nación y al mundo de las nobles intenciones de su gobierno y de la inviabilidad de cualquier intento de negociación del canje con lo que él insiste en llamar una organización terrorista.

    Los gritos de indignación del mandatario contrastan con la amnesia colectiva que se trata de imponer en este caso. Durante las últimas semanas, mientras el gobierno cedía a las presiones internacionales para liberar a un grupo de desertores de la organización armada y presos comunes, presentándolos como insurgentes, decía a los cuatro vientos que no iba a dejar de buscar el rescate militar de los retenidos, ordenando a los comandantes de las fuerzas armadas y de la policía la realización de operativos de alta contundencia en las zonas en las que pudieran encontrarse los secuestrados. Operativos que, en pasadas ocasiones, causaron la muerte de numerosas personas.

    Cabe resaltar aquí, sólo para ofrecer un ejemplo, que el veintidós de mayo cayó muerto en La Guajira Mauricio Vives Lacouture, quien había sido retenido por el ELN desde noviembre de 2005, durante un operativo de rescate negado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Vives, miembro de uno de los más poderosos clanes familiares de la Costa Atlántica, habría sido presentado inicialmente por el ejército como un insurgente muerto en combate y su cuerpo escondido para evitar investigaciones, lo cual ha sido denunciado por su hermano, el congresista Luís Eduardo Vives quien se encuentra detenido por presuntos nexos con el narcoparamilitarismo.

    La ejecución de los secuestrados, sin dejar de ser posible, habría sido una torpeza política de enorme magnitud para la guerrilla. En un momento en que la presión internacional y de la opinión pública nacional había logrado que el gobierno aceptara la posibilidad de un intercambio, la entrega de estos retenidos habría sido su más grande carta política para avanzar en sus planes estratégicos y generar un respaldo más amplio a su propuesta y acciones.

    No obstante, la pregunta fundamental en este punto es saber qué hacían los once diputados juntos en la zona en la que se calcula que cayeron. Si se recurre al sentido común y a los elementos básicos de cualquier lógica militar, no es posible pensar que el grupo guerrillero tuviese a tantas personas de tal importancia reunidas en un solo sitio, menos aún en una zona tan vulnerable como las montañas del sur del Valle del Cauca, donde se especula pudieron presentarse los hechos. Sin excluir ninguna posibilidad, incluido algún error de comando de la guerrilla que haya traído consigo el trágico desenlace, cabe preguntarse: ¿qué interés, entonces, podrían tener las FARC para tener concentrados a estos retenidos, arriesgándose a perder una poderosa carta de negociación? ¿acaso se estaban preparando las condiciones para un posible despeje de los municipios de Pradera y Florida que esa guerrilla ha exigido para realizar el canje?

    La necesidad de conocer la verdad, cualquiera que sea, es una exigencia que los colombianos y las colombianas no podemos dejar de lado para conocer una cómoda versión oficial que no ofrece pruebas ni argumentos para sustentarse. Una situación de esta gravedad, impone el reclamo a las partes: gobierno y FARC, para que respondan por los hechos ante una población que, mayoritariamente, insiste en que el intercambio es una necesidad para frenar la degradación de la guerra que se ha impuesto en Colombia.