Por: Nancy Okail y Michel Paalberg
La violencia performativa, es decir, ejecuciones sin juicio en el mar, oscurece la manera en que la administración está construyendo una nueva política de Estados Unidos hacia el hemisferio: actos de asesinato como herramienta para crear estructuras permanentes de dominación y extracción.
«El dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca volverá a cuestionarse», declaró el Departamento de Estado en un nuevo video que vincula, de manera algo improbable, la Doctrina Monroe de 1823 con el asesinato de personas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, 200 años después.
Hacer estallar lanchas rápidas supuestamente para detener el contrabando de fentanilo, que cabe señalar, no llega a Estados Unidos en lanchas rápidas, parece carente de sentido. Como estrategia antinarcóticos es ineficaz, una valoración compartida por la DEA.
Plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de diciembre de 2025, la «Doctrina Donroe» busca restaurar la preeminencia estadounidense en una región que ha sido eclipsada por China, convertir reclamos de seguridad en autoridad militar excepcional contra los «narcoterroristas», institucionalizar esa autoridad mediante órdenes permanentes, «reclutar y ampliar» gobiernos alineados con Washington, y usarla para asegurar acceso estratégico y comercial. El fin deseado: cooperación militar, acuerdos comerciales, acceso a minerales críticos y tierras raras, probablemente acompañado de turbios tratos personales para la familia Trump. El retroceso democrático, en una región donde la democracia es aún relativamente joven, es una condición necesaria para su éxito.
La arquitectura de la Doctrina Donroe sigue en construcción. Los gobiernos latinoamericanos aún pueden resistir las presiones de Washington y negarse a co-crear su orden transaccional. Una mayor integración regional re-equilibraría ese poder de negociación, ayudando a los países con menos poder a imponer condiciones, defender límites constitucionales, rechazar operaciones particulares y soportar los costos de la presión estadounidense. Más de 100 legisladores, líderes políticos y expertos de 15 países se reúnen este fin de semana en el Tercer Congreso Panamericano en Montevideo para fortalecer la colaboración regional, la base de una arquitectura alternativa a una basada en el dominio estadounidense.
La resistencia a la coerción estadounidense, sin embargo, también depende de la reparación democrática dentro de la región. Los gobiernos capturados por líderes autoritarios no pueden proveer una base duradera para la soberanía. La corrupción erosiona la capacidad estatal y la confianza pública, haciendo más atractivas las soluciones militares extranjeras. La administración Trump apuesta por una doctrina hemisférica que favorece a líderes autoritarios, ávidos de participar en la corrupción.
La prueba de concepto más visible de la Doctrina Donroe comenzó con ataques aéreos contra embarcaciones frente a la costa de Venezuela, pasó por el asesinato de pescadores en el Pacífico, luego revelado como un programa encubierto de la CIA, y llegó al anuncio, en agosto, de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental, que establece un cuartel general permanente para convertir esos asesinatos extrajudiciales en operaciones conjuntas con gobiernos aliados. Esto se corresponde con el Escudo de las Américas de la administración, una coalición de gobiernos latinoamericanos de derecha aliados con la administración Trump. Desde el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hasta los asesinatos por ataques a embarcaciones, todo se apoyó en dos guerras infinitas como marco y justificación que precedieron por mucho tiempo a Trump: la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra el Terror.
Convertir a supuestos contrabandistas, muchos de ellos probablemente pescadores, en «narcoterroristas» es una forma de trasladar el tráfico del marco del derecho penal a las autoridades reclamadas en tiempo de guerra. Los sospechosos dejan de ser objeto de investigación para convertirse en blanco de ejecución inmediata, con evaluaciones secretas reemplazando el debido proceso y las pruebas en los tribunales. La urgencia de la seguridad nacional antepone la discrecionalidad del ejecutivo a la autoridad judicial. Los ataques a embarcaciones declaran públicamente la autoridad excepcional del ejecutivo. Los programas del Pentágono y la CIA la institucionalizan.
Como la Guerra contra el Terror, este encuadre retrata a un enemigo y crea una industria para gestionarlo. Crea sociedades de intercambio de favores con otros gobiernos que aprovechan la cooperación militar para obtener acceso a la asistencia extranjera estadounidense, armas, inteligencia y cobertura diplomática para fines poco decorosos, ya sea la represión interna, la corrupción o el asesinato estatal de su propia gente. Con las encuestas mostrando una confianza decreciente en todas las instituciones excepto en los militares, atizar el miedo a narcoterroristas todopoderosos sirve a los intereses mutuos de los reaccionarios en Washington, Bogotá y Tegucigalpa. El principal riesgo es que crea estructuras burocráticas que sobreviven a las administraciones de turno. Con la cooperación multilateral y las instituciones en declive, este nuevo complejo militar-industrial lo vuelve casi irreversible.
También crea herramientas para inmiscuirse en la política partidista interna. El éxito del «Escudo de las Américas» de Trump depende del giro continuo de América Latina hacia la derecha. Ecuador y Colombia ya aceptaron ataques militares «conjuntos» en su territorio, que probablemente se convertirán en ataques unilaterales estadounidenses. Trump intervino abiertamente en apoyo a la elección de Nasry Asfura en Honduras, como hace actualmente con Flávio Bolsonaro en Brasil. Que muchos de estos aliados estén ellos mismos vinculados al narcotráfico tiene poca importancia: el presidente de Colombia, de la Espriella, hizo carrera como abogado defensor de grandes narcos; al negocio frutero de la familia del presidente ecuatoriano Noboa se le halló transportando cocaína; y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández obtuvo un indulto de Trump tras su condena en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El proyecto funciona con mayor facilidad donde los cimientos democráticos son débiles y los líderes enfrentan menos restricciones por parte de los ciudadanos, los congresos, los tribunales y las instituciones independientes, lo cual refleja el propio esfuerzo de Trump por debilitar los frenos a la autoridad del ejecutivo dentro de Estados Unidos. Bukele en El Salvador ofrece el caso estelar del uso del espectro del crimen para consolidar un «estado de excepción» permanente y el autoritarismo. Tales regímenes pueden autorizar operaciones, compartir inteligencia, firmar acuerdos, asignar tierras y suprimir a la oposición con menos escrutinio.
El escrutinio democrático puede exponer los costos climáticos de la extracción, disputar las asignaciones de tierras y las intervenciones territoriales, exigir transparencia en los contratos e insistir en que la riqueza de los recursos beneficie al público. La corrupción evita esos controles al conectar al poder externo con porteros locales capaces de transferir recursos públicos y proteger el convenio. La falta de transparencia en torno a los más de 13.000 millones de dólares recaudados por Estados Unidos por la venta de petróleo venezolano ilustra la magnitud del problema de rendición de cuentas.
Para la región, el sistema emergente depende de que los gobiernos elijan participar y de que las instituciones sostengan su autoridad. Como progresistas en Estados Unidos, debemos desafiar las falsas afirmaciones antinarcóticos, el uso de fuerza letal sin control y el desperdicio de recursos públicos que sostienen este proyecto, y exigirle cuentas a nuestro gobierno. La resistencia regional y la reparación democrática deben avanzar juntas.
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