Por: Jairo Alberto Uribe – marzo 31 de 2014
Ésta es una historia convertida en palabras: la del asesinato de uno de mis tíos en los límites entre Amalfi y Vegachí (Antioquia). Allí falleció de manera muy triste, como lo cuenta el poema, el señor Carlos Uribe Lopera.
Por: Andrés Monroy Gómez – mayo 15 de 2013
Al concluir el periodo 147 de Sesiones, realizado del 7 al 22 de marzo del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe de la situación de la región, dejando un balance negativo, sobre todo en lo que se refiere a políticas públicas e impunidad.
Por: Comunicaciones CRIC – julio 23 de 2012
Es realmente preocupante y confusa la doble moral del gobierno colombiano, que habla de la seguridad, pero que incita la guerra y ordena a su Fuerza Pública que ataque a la población civil, como lo ordenaron el presidente Santos y el ministro de Defensa el día de 17 de julio de 2012 por los diversos medios de comunicación, para que se actuara violentamente, supuestamente en ‘legítima defensa’ frente a las supuestas agresiones de la comunidad indígena.
Por: Christian Peñuela y María Alejandra Pérez – julio 10 de 2012
El 23 y 24 de junio se desarrolló en la localidad de Ciudad Bolívar el Festival Metal de las Montañas, el cual permitió que diversas agrupaciones musicales de este género del rock mostraran su trabajo y se solidarizaran con los familiares de víctimas de crímenes de Estado, en especial de las ejecuciones extrajudiciales que ha cometido el Ejército, los mal llamadas falsos positivos.
Por: Camila Ramírez – 7 de marzo de 2011
En abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra de ocho ex congresistas por delitos de Lesa Humanidad. Jorge de Jesús Castro Pacheco, Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento, son los congresistas que tendrán que responder por los horrendos crímenes que cometieron el Bloque Norte de las AUC al mando de “Jorge 40”.
Por: Camila Ramírez e Ivone Cardozo – 16 de mayo de 2010
Del 21 al 23 de abril se llevó a cabo en Bogotá el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, al cual asistieron 450 delegados de diferentes organizaciones y equipos de estudios comunitarios procedentes de 23 países, entre ellos: Guatemala, España, Ginebra, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Bosnia, India, Perú, El Salvador, Honduras, Venezuela, Argentina, México, Nepal, Sahara Occidental y Afganistán. (más…)
3 de febrero de 2010
La señora Idalí Garcera Valdés, una de las madres de Soacha, cuenta la historia de su hijo, Diego Alberto Tamayo Garcera, y expresa su frustración al ver que salieron por vencimiento de términos y en libertad condicional los militares acusados del crimen de lesa humanidad contra su hijo y diez jóvenes más, crímenes de Estado cometidos en el marco de la política de ‘seguridad democrática’.
Por: Johanna Cassaleth – febrero 3 de 2010
La justicia colombiana dejó libre a 46 militares procesados por los crímenes de Estado cometidos contra jóvenes de Soacha. El motivo, vencimiento de los términos del proceso. Sin embargo, mientras se reanudan las audiencias y el juicio, los militares tendrián que permanecer recluidos en la Escuela de Artillería por órdenes del Ministro de Defensa. Pero a pesar de la orden del Ministro, los militares se encuentran en licencia de un mes por orden de General Fredy Padilla de León. Este hecho aumenta la preocupación de las madres de las víctimas, que expresan impotencia al ver como en el mes de enero quedaron libres, los uniformados que fueron acusados con pruebas contundentes de la desaparición y muerte de 19 jóvenes del municipio de Soacha, y que fueron presentados como bajas del ejército.
Dos sucesos han puesto en evidencia un hecho que es verdad a voces en corregimientos, municipios y demás rincones del país. Quizás el de mayor trascendencia sea la desaparición de 19 jóvenes en el sur de Bogotá, quienes posteriormente fueron registrados como muertos en combate en el Norte de Santander y depositados en una fosa común de Ocaña, acontecimiento que los medios de comunicación de los monopolios hicieron ver como un caso de reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, ante las evidencias que los muestran como muertos en combate por parte de las fuerzas militares, se desataron muchos cuestionamientos que evidencian una grave situación sobre la cual existen varios pronunciamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales.