Las recientes declaraciones del capturado Andrés Sepúlveda a la Fiscalía han puesto sobre el tapete la posible existencia de una red de tráfico de información dentro de los organismos de inteligencia del Estado colombiano que tiene entre sus compradores no sólo a personas vinculadas al mundo criminal y al paramilitarismo sino a reconocidos políticos del uribismo.
¿Qué tanto le cree ud. a estas declaraciones? Opine, deje su comentario y manténgase atento a la conversación.
Abril 14 de 2014
Los recientes escándalos que envuelven a la Fuerza Pública demuestran que los uniformados siguen eludiendo el control del poder civil, incluido el del propio Presidente de la República, que a su vez se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Defensa.
Por: Bill Conroy – agosto 5 de 2013
Edward Snowden está atrapado en un aeropuerto ruso y trata de migrar a América Latina, donde varios países le han ofrecido asilo. Snowden está huyendo del gobierno de los EE.UU. debido a sus revelaciones: mientras trabajaba para el contratista privado Booz Allen, accedió a documentos que muestran que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), adscrita a la Secretaría de Defensa, realiza extensos programas de vigilancia doméstica en los Estados Unidos y en otros países.
Por: Andrés Gómez – julio 31 de 2011
El secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas, fue privado de la libertad el pasado sábado 30 de julio por orden de la magistrada Marlene Orjuela, luego de que las víctimas del caso de las ‘chuzadas’ y la fiscal Viviane Morales pidieran la medida de aseguramiento porque el exfuncionario estaría interfiriendo en las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Bernardo Moreno, por gestión del director del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, lugar actual de residencia del expresidente Uribe, y no en una cárcel ordinaria. El general Ricaurte se comunicó con la magistrada durante la audiencia para plantearle los problemas de seguridad que, según él, podría traer al exfuncionario del gobierno Uribe su traslado a la Cárcel Nacional Picota.
Extrañas reuniones
La decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá se basa en dos reuniones que sostuvo Moreno Villegas con Rafael Martínez, anterior abogado del capitán Luis Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia del DAS; Gabriel Martínez Reyes, entonces presidente del Canal RCN; e Iván Guillermo Lizcano, también directivo del mismo canal. En estas reuniones, según la decisión judicial, Moreno pretendía que Lagos no le responsabilizara por las operaciones ilegales de espionaje en contra de magistrados, senadores, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
La defensa, por su parte, alegó que Moreno pretendía aclarar algunas informaciones que consideraba erróneas y fueron publicadas por el canal privado de televisión, referentes a la declaración de Lagos sobre el caso de las ‘chuzadas’ en 2009. El capitán Lagos ya fue condenado a ocho años de cárcel por su participación en las operaciones ilegales del DAS, luego de confesar su responsabilidad en actos que incluyeron el envío de sufragios y muñecas untadas de sangre a los perseguidos por el organismo de inteligencia colombiano: investigadores y opositores del gobierno de Uribe.
La primera reunión entre Moreno y el abogado Rafael Martínez se realizó en un restaurante del barrio La Macarena, por intermediación del entonces jefe de prensa de la Fiscalía, Álvaro Ayala Tamayo, y posteriormente ambos, Bernardo Moreno y Rafael Martínez, se dirigieron al Club El Nogal, en donde se reunieron con los directivos de RCN.
Cuando Lagos se enteró de la reunión, pidió personalmente a Martínez una explicación, ya que le había pedido que no se reuniera con implicados ni con periodistas. Una vez Lagos conoció el motivo de la reunión, el capitán retirado prescindió de los servicios de Rafael Martínez y, posteriormente, testificó en presencia de Luis Pérez Casas, abogado de Piedad Córdoba, que la intención de Bernardo Moreno con la reunión era la de evitar cualquier responsabilidad en el caso de las ‘chuzadas’.
Por su parte, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, aseguró que considera que hay evidencia de obstrucciones a la justicia por parte del secretario de Uribe y que éste “promovió reuniones con uno de los primeros implicados, al parecer para descargar su responsabilidad en los hechos”. Adicionalmente, la fiscal Morales recalcó los argumentos que presentó el 18 de mayo pasado para pedir la medida de aseguramiento contra Moreno, que finalmente fue negada, señalando que “el acusado puede desplegar actos para obstruir la justicia y estamos ad portas del juicio en su contra”, y que el 19 de mayo la expresidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez fue apresada por hechos “estrechamente” relacionados.
La jefe del ente acusador también indicó que se compulsarán copias para procesar a Ayala Tamayo y al abogado Martínez por su participación en la reunión que le costó la libertad a Bernardo Moreno Villegas.
En octubre de 2010, Moreno Villegas fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer funciones públicas durante dieciocho años, a causa del espionaje ilegal del DAS. Hoy, además de la medida de aseguramiento en su contra, la Fiscalía le imputa cargos por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
Reacciones tras la detención
Poco después de la detención de Moreno, el expresidente Uribe se declaró “adolorido” por la situación en la que se encuentra su secretario general. No es para menos: en la audiencia se pudo conocer que el presidente, en declaraciones que reposan en la Procuraduría, afirmó que el encargado de hacer el puente entre el DAS y la Presidencia era Bernardo Moreno.
Por su parte, Reinaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos que actualmente representa al periodista Carlos Lozano Guillén como víctima de las ‘chuzadas’, manifestó que las declaraciones del expresidente serán llevadas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano con potestad para investigarlo. Adicionalmente, afirmó que “las instalaciones militares no son sitio de reclusión para nadie y que los presos de la justicia ordinaria deben estar en cárceles ordinarias”, indicando la preocupación de las víctimas por los privilegios e irregularidades que se han presentado en el pasado con ciertos personajes de la vida política detenidos en guarniciones militares.
Por: Nicole Pinzón – julio 27 de 2010
A partir del pasado 28 de junio, día en que el gobierno de Estados Unidos anunció haber detenido a una supuesta red de diez espías que trabajaban para el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso), la antigua KGB, una serie de preguntas y contradicciones envuelven los hechos, principalmente en el caso de una de la peruana Vicky Peláez, quien escribía en el Diario La Prensa, el informativo en español más leído en Nueva York.
Por: Fermín Romero – 18 de febrero de 2010
Estas fueron las palabras con las que describió Claudia Julieta Duque, el 9 de febrero, día del periodista en Colombia, el estado de la libertad de expresión en en país. Ella y Hollman Morris denunciaron que el DAS y la presidencia han vulnerado los derechos humanos de periodistas y de personas de la oposición, usando el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G3), y afirmaron que este no es un grupo clandestino creado en el DAS por delincuentes y que no actuó de forma independiente, sino que es parte de una estratégia que contaba con directrizes claras que involucran al presidente de la república, entidades del DAS, el Programa de Protección de DDHH del Ministerio de Interior, el Ejercito y las Autodefensas Unidas de Colombia. Junto con la presentación de pruebas que sustentan sus palabras, le exigieron al presidente que asuma la responsabilidad de las acciones de ese cuerpo del DAS, ya que los directores y subdirectores de la policia secreta del Gobierno, han sido nombrados por el mismo, y en su administración los directivos de la policia secreta del presidente, se han visto involucrados con paramilitares y se les juzga acusa de realizar actos de espionaje a la Corte Suprema, periodistas, ong, organizaciones sociales y defensores de DDHH.