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Junio 16 de 2011

Durante los meses de abril y mayo se presentaron en el país varios asesinatos por parte del Ejército Nacional. Tanto los grandes medios de comunicación de propiedad de los monopolios como el alto mando castrense calificaron los hechos como ‘errores militares’. Sin embargo, las incongruencias entre los informes de los uniformados involucrados en los hechos y la información recogida por la Fiscalía, entre testimonios y evidencias en los lugares de los hechos, han encendido las alarmas por lo que algunos consideran nuevas modalidades de ‘falsos positivos’.

¿Emboscada?

El pasado 9 de mayo, soldados del Batallón de Combate Terrestre número 134 de la Fuerza de Tarea Algeciras dispararon contra un vehículo, identificado con placas CPY-695, en el que se encontraban quince civiles, cuando éstos se transportaban por la vereda El Rosal, a las afueras de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. En el ataque resultaron heridos un niño y cuatro adultos, los cuales fueron trasladados a la clínica Mediláser de Florencia. El joven, de 18 años e identificado como Jefferson Leonardo Cuéllar Barreto, ingresó a la clínica con múltiples heridas de bala, se le practicó una cirugía y estuvo hospitalizado en cuidados intensivos durante más de dos semanas, pero murió el 28 de mayo.

Emiro Fajardo, herido también en el ataque junto a su hijo Andrés Fajardo, asegura que, aunque gritaban que eran civiles y que habían heridos, los uniformados les dispararon desde los dos retenes ubicados sobre una curva de la vía y a cien metros de distancia uno del otro: “primero por el margen derecho y después por el margen izquierdo”. El general Henrry Torres Escalante, comandante de la IX Brigada del Ejército, aseguró que el hecho lamentablemente era un error militar y el almirante Édgar Cely, en ese momento ministro de Defensa encargado, notificó que los uniformados serían investigados penal y disciplinariamente.

Ejecuciones extrajudiciales

Otro hecho se presentó el 25 de abril en el Alto Corozal (Casanare), donde fue asesinado el joven Alexander Alfonso Barrera, de 22 años, por parte de tropas de la Brigada XVI del Ejército, la cual realizaba operaciones militares en la vereda Manare. Manolo Barrera, familiar de la víctima, asegura que el joven salía a acompañar a su madre a un centro hospitalario y que, cuando cruzaba a pie un retén del Ejército, fue impactado por una ráfaga de fusil. Testigos aseguran que el joven estaba en compañía de tres personas más: su hermana, su padrastro y su madre.

El coronel Rafael Forero Gómez, comandante de la Brigada XVI, reconoció que se trató de un ‘error militar’ y en el comunicado de la Brigada se lee que “la institución ofrece disculpas sentidas a sus familiares, con la confianza absoluta en que las autoridades judiciales competentes tomarén las decisiones que en derecho correspondan”.

Por otra parte, durante un operativo antinarcóticos realizado el 27 de abril contra un laboratorio de procesamiento de cocaína ubicado en cercanías de Belalcázar (Cauca), el Ejército abrió fuego contra un grupo de indígenas del resguardo de la Mesa de Toboima, que hizo presencia en el lugar al enterarse del ingreso de hombres armados en su territorio. Según Luis Ovidio Lis, líder indígena, los militares ordenaron a los pobladores retirarse y luego les dispararon. En el hecho murió José Aimer Medina Achipiz y resultaron heridos Néstor Lis Chaski y Dubán Darío Lis. La comunidad retuvo temporalmente a uno de los soldados y al día siguiente, en horas de la tarde, fue entregado a una comisión humanitaria, mientras el Ejército aseguraba que abriría una investigación para encontrar a los responsables del hecho.

No son hechos aislados

En el mes de mayo, el Programa por la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), presentó un informe en el que se demuestra la continuación de las ejecuciones extrajudiciales y las nuevas modalidades para cometer este tipo de violaciones. Según el informe, entre 2001 y 2010, se han presentado 562 casos y 1.119 víctimas. De estos casos, 887 responden a ejecuciones extrajudiciales, 87 a torturas, 36 a heridos, 41 a amenazas individuales, 63 a desapariciones forzadas y 214 a detenciones arbitrarias.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, luego del escándalo de los ‘falsos positivos’ contra los jóvenes de Soacha, se ha identificado una serie nuevas modalidades en este tipo de violaciones. Por un lado, se ha encontrado que en algunos de los casos los presuntos responsables ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a la delincuencia común; y, por otra parte, algunos hechos se presentan como errores de operación por parte de la Fuerza Pública.

El informe denuncia que los errores militares son ejecuciones extrajudiciales y que la mayoría de los casos son atribuidos a agentes de la Fuerza Pública. En el documento, el Cinep expone que sólo hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de acusación por investigaciones realizadas en las direcciones seccionales de la Fiscalía por estos hechos entre 2001 y 2010 y que, además, las sentencias condenatorias son apenas 54, las abstenciones de medida de aseguramiento son 90, las decisiones de preclusión son 15 y las personas beneficiadas con dicha medida 36. Sin embargo, resalta el informe que el recurso jurídico del vencimiento de términos permite que muchos militares acusados de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario continúen en servicio.

Sin embargo, muchos de estos casos han pasado a la Justicia Penal Militar y allí no se asegura que efectivamente se juzgue a los responsables. Según los tribunales castrenses, en su fuero hay más de 500 casos de posibles ‘falsos positivos’ que, hasta el momento, no han mostrado resultados en las investigaciones ni condenas, al punto que tanto la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia han planteado la necesidad de su paso a la jurisdicción ordinaria, donde hay más garantías a los derechos de las víctimas, y la reapertura de los casos cerrados.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas de estas prácticas siguen esperando que se sepa la verdad y se castigue a los responsables, superando el manto de impunidad que cubre esta atroz práctica en Colombia.