Por: Marcos Silva Martínez – agosto 13 de 2007
Los gobiernos reciben la orden, y tienen que cumplirla, de garantizar que el capital transnacional y nacional, el de ese 10% más rico que se apodera del 46.7% del ingreso nacional, acceda sin tropiezos al dominio y usufructo de los bienes públicos de la nación, construidos con sudor y lágrimas de los contribuyentes anónimos.