Por: Juan Diego García – agosto 26 de 2007
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.