Por: Andrés Monroy – agosto 10 de 2012
El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro “La desmovilización, un asunto para la paz”, al que asistieron delegados del Gobierno Nacional y la Administración Distrital para escuchar los reclamos y propuestas de quienes abandonaron las armas creyendo en las promesas hechas por el Estado. La principal crítica de los desmovilizados es que han sido marginados de la participación política y la toma de decisiones.
Por: Ivonne Cardozo – junio 17 de 2011
Una película de Hollywood en noventa minutos hace estremecer al público por sus impresionantes escenas de ficción, donde el prototipo de héroe creado por los grandes monopolios cinematográficos salva al mundo de una catástrofe o mata estratégicamente narcotraficantes colombianos o a quien ocupe el papel del villano de turno. “Impunity”, la impresionante película de Hollman Morris y Juan José Lozano hará que el auditorio permanezca en silencio hasta el final, dando un vuelco a su sentir sobre Colombia durante esos mismos noventa minutos.
Fuera de quimeras y de falsos efectos para impresionar, el relato de este documental se articula alrededor de las voces reales de las víctimas del fenómeno paramilitar, de imágenes inéditas de la masacre de El Salado y de acciones del paramilitarismo en Casanare, así como de las declaraciones en las que los grandes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocen con frialdad los crímenes de lesa humanidad más aterradores de la historia de Colombia. En su coherencia y en su capacidad de explicar otra mirada del conflicto colombiano radican los principales logros de la película Impunity y de los dos colombianos que consiguieron llevar a la pantalla grande un tema que aún sigue sin debatirse a fondo por la sociedad colombiana.
Preguntas, escalofríos y tristeza, entre un ir y venir de sensaciones de impotencia y rabia, se viven en cada minuto de esta película. Sus protagonistas caminan por las calles, son seres humanos como cualquiera de nosotros, habitando el mundo cotidiano de esta Colombia que los mantiene en el anonimato: son las víctimas, que se niegan a ser mantenidas en silencio, que han sido maltratadas por todo el rigor de la guerra y que reflejan en sus rostros un gran sufrimiento al tener que escuchar a sus victimarios.
Así, construyendo un relato que estremece a cada momento al espectador, quien se halla frente a las voces de miles de víctimas que perdieron a sus seres queridos asesinados, torturados y desaparecidos, Impunity se convierte en un excepcional trabajo de investigación sobre la cuestionada Ley de Justicia y Paz, tal vez una de las facetas más reprochables en la historia de la justicia colombiana.
Más de cinco años de investigación y rodaje, junto a 600 horas de archivo audiovisual, se necesitaron para lograr que esta ‘incómoda’ película se estrene en nuestro país. Sus directores, han enfrentado con valor las amenazas, las persecuciones y los robos de su material de rodaje para entregar al país y, en especial, a las víctimas este testimonio de la violencia paramilitar, amparada por el Estado y al servicio de los grandes intereses económicos.
Para Hollman Morris, reconocido periodista colombiano que dirige el programa Contravía, quien recorrió este largo camino junto al documentalista colombo suizo Juan José Lozano, esta película es un regalo para la sociedad colombiana que ha desconocido a las víctimas y un aporte a la reconstrucción de la memoria de lo sucedido en Colombia. Por esto, sus realizadores no desean obtener dinero con esta película, premiada por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), ganadora del premio Camera Justitia en el Festival de La Haya y del premio a mejor documental en el Festival de Cine de Toulouse, sino que esperan poder exhibirla por todo el país, en la televisión nacional y hasta el último barrio del último municipio colombiano.
«Impunity», sin duda, impactará al gran público, generará cuestionamientos y más de un sinsabor. Una pieza clave para que millones de colombianos comprendan el valor real de la justicia en un país en el que sólo hace ley la impunidad.
Por: Camila Ramírez – 16 de marzo de 2011
El pasado 11 de marzo, más de 2.000 personas se unieron al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para rechazar la impunidad permitida por la Ley de Justicia Transicional que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos para viabilizar desmovilizaciones que estaban siendo entorpecidas por la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975 de 2005, en una marcha que partió de la plaza Eduardo Umaña Mendoza hasta la Corte Constitucional, donde los asistentes radicaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta norma, por atentar contra sus derechos fundamentales. (más…)
Por: José Hilario López Rincón* – 29 de enero de 2011
En escasos doce días hábiles, el gobierno de Santos Calderón y el Congreso de Colombia aprobaron el proyecto de ley con el cual se pretende solucionar la situación jurídica de los exparamilitares desmovilizados no cobijados por la Ley de Justicia y Paz.
Por: Rebeca Buendía* – agosto 18 de 2009
El día de ayer me senté a ojear el periódico y en primera plana encontré con preocupación una noticia que anunciaba la crítica situación de inseguridad en 25 departamentos del país. Leyendo más allá del titular, encontré una lista de indicadores por los cuales se podría inferir que tan aguda situación obedece a la reaparición y rearme de grupos paramilitares en diferentes lugares del país, convertidos en bandas que extorsionan, trafican y ejercen otro tipo de actividades delincuenciales, aprovechando sus antiguos aprendizajes en grupos de autodefensas.
Por: Fermín Romero* – junio 23 de 2008
La denuncia la realizaron presos políticos de la cárcel de Girón en Santander, el día 19 de junio. Acusan al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), institución que depende y dirige presidencia, de preparar falsos positivos y de buscar desprestigiar a las organizaciones insurgentes para evitar un intercambio humanitario. Afirman que, el pasado 18 de junio en horas de la mañana, funcionarios del Inpec llevaron hasta un patio de visitas a cerca de 35 presos políticos, algunos de los talleres y otros de los patios 10b y 8, a quienes propusieron convertirse en delatores dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz.
Mayo 21 de 2008
La extradición, el pasado martes 13 de mayo, de 14 jefes paramilitares a EE.UU. responde a estrategias electorales diseñadas para favorecer al Partido Republicano, debilitado sustancialmente por la guerra en Iraq, el problema con los combustibles, la baja del dólar y el Plan Colombia. Por otra parte, a Uribe le sirve para apoyar la reelección de la seguridad democrática, buscando opinión favorable luego de los escándalos de la parapolitica y por los dineros que se pueden recibir para ayuda al Plan Colombia y su postergación, el Plan Consolidación. La extradición, al ser una estrategia electoral, no está pensada para hacer justicia sobre las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y se convierte en una pantalla que favorece la imagen de un presidente de extrema derecha y niega la posibilidad de que se juzguen y castiguen los crímenes que cometieron estos comandantes, al tiempo que obstaculiza la reparación de las víctimas y no permite que se esclarezca la verdad en torno a los verdaderos responsables de estas acciones.
Por: Juan Diego García – agosto 26 de 2007
No transcurre un día sin que nuevos acontecimientos vengan a dar la razón a quienes han criticado la manera como el gobierno colombiano trata la cuestión del paramilitarismo. Desde los que señalan las debilidades jurídicas y políticas de la Ley de justicia y paz, con sus limitaciones clamorosas de medios y personal para someter a juicio a varios miles de supuestos desmovilizados, hasta quienes abiertamente le niegan a dicha política el propósito efectivo de acabar con la extrema derecha y acusan a Uribe Vélez de haberse aprovechado de quienes ahora le cobran sus servicios y le someten a un chantaje permanente y público.
Agosto 15 de 2007
El Derecho distingue, entre las conductas punibles en la sociedad, dos tipos de delitos: el delito común y el delito político. Con la construcción de los estados modernos, esta última clasificación aparece y se va haciendo cada vez más clara, dada la evolución histórica de los movimientos populares y sociales que buscan una sociedad más justa.
Por: Rafael Rincón Patiño* – julio 31 de 2007
Si los paras son delincuentes políticos porque son iguales a la guerrilla, entonces el presidente Uribe V. está: 1) afirmando que la guerrilla tiene un estatus político; 2) reconociendo que sí hay conflicto armado en Colombia; 3) dando a entender que el Estado colombiano está obligado a acatar el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra y Art. 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra); 4) está afirmando que la guerrilla no es un grupo terrorista y que, por lo tanto, no hay agresión terrorista y 5) dejando sin piso político la denominada guerra preventiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).