Por: Silvia Arana – mayo 9 de 2018
El 28 de marzo, el gobierno ecuatoriano confirmó que había incomunicado a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en represalia por un tuit. En dicha declaración, Assange había equiparado el arresto del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en Alemania y a pedido del gobierno español, con el arresto en 1940 del presidente catalán Lluís Companys por la Gestapo. Companys fue deportado a España y ejecutado por el gobierno fascista de Franco.
Por: Christian Peñuela – 20 de noviembre de 2015
El pasado 1 de noviembre en las horas de la madrugada, 15 personas con cuchillos agredieron a diferentes miembros de la familia de Guillermo Andrés Castro Rozo, periodista y director del Periódico El Macarenazoo y excandidato al concejo del municipio de Funza (Cundinamarca) por el Polo Democrático Alternativo.
Por: Marcela Zuluaga
A 15 años de la creación del programa de protección para periodistas en riesgo, el panorama de agresiones no ha mejorado considerablemente.
Por: Marcela Zuluaga – mayo 3 de 2015
Colombia es el segundo país donde más se han asesinado periodistas en los últimos 14 años, según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), y este año ya se han presentado dos nuevas víctimas, convirtiéndose en uno de los lugares en los que más se violan los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión.
Octubre 14 de 2014
La #NetConf Latinoamérica 2014 reunirá a activistas y expertos tecnológicos del continente con organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y sociedad civil para impulsar una agenda conjunta para la defensa de la soberanía tecnológica en la región.
Por: Andrés Monroy – febrero 25 de 2014
Desde 1977 han sido asesinados 142 periodistas en Colombia. El año pasado se presentaron 123 violaciones a la libertad de informar que involucraron a 194 periodistas , según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Seguramente, un alto porcentaje de estas víctimas no corresponde a periodistas que laboraban para las grandes empresas mediáticas.
Por: Christian Peñuela – febrero 11 de 2013
La Alcaldía Mayor de Bogotá se comprometió en noviembre de 2012 con una “política pública de tercios para medios alternativos y comunitarios” a partir de enero de 2013. El acuerdo suscrito por la administración de Gustavo Petro ha generado expectativa sobre la promesa de pauta directa con el Distrito a través de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), que centralizará todos los negocios de publicidad de las entidades públicas capitalinas, y preguntas sobre su alcance en términos de libertad de prensa, libertad de expresión y de las condiciones para que estas políticas habiliten los recursos y escenarios necesarios para el ejercicio de los derechos a la comunicación y al acceso a información de calidad.
Por: Mariam Metwally – septiembre 18 de 2012
Un año y siete meses después del levantamiento del 25 de enero de 2011, se ha ordenado que Islam Afifi, director del periódico egipcio El Dustour, permanezca en prisión hasta que se lleve a cabo la primera audiencia de su caso, el día 16 del próximo mes. Afifi fue acusado de ‘insultar al presidente’ y menoscabar el interés público en uno de sus controversiales artículos, y le fue prohibido salir del país. La decisión judicial suscitó opiniones indignadas de parte de activistas, intelectuales y ciudadanos del común preocupados por la libertad de prensa y la libertad de expresión bajo el gobierno de Morsi, y por el futuro del país luego de este incidente. Resulta interesante que Afifi no sea un reportero popular, pues muchos de los que se oponen a su arresto no son seguidores de sus escritos y sostienen fuertes opiniones acerca de su integridad. Sin embargo, la indignación y la controversia surgieron de la inquietud pública por lo que la llamada ‘revolución’ ha conseguido hasta el momento.
Por: Ramiro Vinueza – septiembre 18 de 2012
Luego de dos audiencias fallidas y suspendidas desde la Fiscalía, en un proceso que mantiene privados injustamente de su libertad a 10 jóvenes y profesionales apresados el 3 de marzo en el sector quiteño de Luluncoto (Quito, Ecuador), el fiscal José Luis Jaramillo Calero realizó el dictamen fiscal acusándolos de ‘actos terroristas’, delito tipificado en el Artículo 160 del Código Penal vigente, que dice: “El que con fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de cuatrocientos cuarenta y dos y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares […]”.
Por: Andrés Monroy Gómez – marzo 2 de 2012
El reconocimiento del conflicto armado interno por parte del Estado es resaltado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un avance. Sin embargo, el informe del ente internacional para Colombia manifiesta que los esfuerzos emprendidos no tienen el impacto deseado.