Por: Andrés Monroy Gómez – julio 3 de 2018
El pasado 1 de julio, las céntricas calles de Bogotá fueron transitadas por la décimo segunda versión de la marcha del Día del Orgullo LGBTI. Según la Secretaría de Gobierno, más de 29.000 personas asistieron a la cita de la diversidad sexual, superando las convocatorias de años anteriores.
Por: Marcela Zuluaga y Yovana Vargas – mayo 4 de 2018
Múltiples marchas se hicieron sentir en Bogotá el pasado 1 de mayo, en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Además de la tradicional movilización del centro de la capital colombiana, a la que asistieron más de 20.000 personas, según cifras de la Secretaría Distrital de Gobierno, al menos otras 7 movilizaciones recorrieron los barrios de distintas localidades para reclamar mejores condiciones de vida, trabajo digno y respeto a los derechos del pueblo.
La tradición de la Séptima
La principal avenida bogotana recibió la más grande concentración de manifestantes, que se movilizaron entre el Planetario y la Plaza de Bolívar. La marcha, convocada por las centrales obreras, contó con la participación de diferentes organizaciones sociales y políticas que, a través de pancartas, arengas, disfraces y presentaciones culturales, se expresaron sobre la delicada situación que vive Colombia de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo.
Los trabajadores exigieron salarios justos, el cese de los asesinatos de líderes sociales, garantías para ejercer sus derechos a la protesta y a la libre de asociación en las empresas, educación gratuita y de calidad, una ley de empleo juvenil y que el Estado luche activamente contra la corrupción. Asimismo, exigieron que se cumplan los acuerdos de paz y demostraron su rechazo a la injerencia de los Estados Unidos en Colombia y a las políticas intervencionistas, racistas y xenófobas de Donald Trump, así como a la guerra en Siria y otras partes del mundo.
[smartslider3 slider=5]
El pueblo en los barrios
Por novena ocasión, por las calles del sur bogotano se movilizaron alrededor de 1.200 vecinos de las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme, y del vecino municipio de Soacha, quienes desarrollaron diferentes recorridos por los barrios hasta llegar a la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar para compartir un almuerzo comunitario y escuchar batucadas, lecturas de poemas y grupos musicales.
Los marchantes construyeron, al caminar por estos territorios, escenarios para aprender y hablar con los vecinos sobre el reconocimiento del trabajo que las mujeres desempeñan en la sociedad, las reivindicaciones de la clase obrera y recordar la importancia de esta fecha. Por otro lado, celebraron el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx y reivindicaron la vigencia de su pensamiento en una época en que la explotación del trabajo asalariado sigue siendo la fuente de las riquezas de los poderosos del mundo y de las monumentales desigualdades y del sufrimiento que enfrenta la mayoría de la humanidad.
[smartslider3 slider=2]
Panorama laboral en Colombia
El 1 de mayo se conmemoró en todo el país en medio de una grave situación para los trabajadores. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre febrero y marzo de 2018, un 10,6% de la población de las 13 ciudades y áreas metropolitanas más importantes de Colombia se encuentra desempleada, habiendo aumentado el 1% respecto al mismo periodo del año pasado. La desocupación está afectando principalmente a las mujeres, que representan 23% del total de quienes no cuentan con trabajo en el país, seguidas de los jóvenes con 17,7% y de los los hombres con 13,7 %.
De otra parte, esta fecha del Día del Trabajo se cumplió en un momento de grave incertidumbre por el futuro de la seguridad social de los colombianos, puesto que en plena coyuntura electoral la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), el gremio de los fondos privados, y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) vienen demandando la presentación de una reforma pensional que afectaría gravemente los derechos de la mayoría de los colombianos. Mientras todas las personas que realizan algún tipo de actividad económica están obligadas a cotizar durante gran parte de su vida bajo la promesa de tener una vejez digna y estable, en medio de todas las dificultades que se encuentran en el camino, la propuesta de dichos gremios buscaría aumentar el número de semanas requeridas para disfrutar de la pensión, que actualmente es de 1.150 en los fondos privados y de 1.300 en Colpensiones, el fondo administrado por el Estado. Esto resulta especialmente preocupante cuando, según ANIF, solo 1,5 millones de colombianos cuentan actualmente con una pensión de vejez, mientras que existen 5,5 millones de personas en edad de pensionarse, lo que indica que Colombia solo llega a una cobertura del 27% mientras América Latina cuenta con un promedio del 64%.
Estos indicadores y una gigantesca informalidad, que abarca a unos 12 millones de personas, muestran varios de los grandes retos que los trabajadores colombianos deben enfrentar en el futuro inmediato para conquistar mejores condiciones laborales y de vida. Así las cosas, la lucha histórica de los trabajadores por construir un mundo distinto sigue estando más que vigente.
Por: Clara Ángel Ospina – abril 6 de 2016
Hace ya más de una década que comenzó la feria de las concesiones mineras en Colombia y el mundo. Solamente en el gobierno de Uribe se entregaron 8.000 títulos. Boyacá, un departamento central del país que cuenta con una localización privilegiada cerca de la capital, donde están la industria y los mercados, y se encuentra habitado por familias campesinas minifundistas que, en su mayoría, viven en condiciones de atraso y bajo nivel educativo, reúne las condiciones óptimas para el establecimiento de empresas dedicadas a las actividades extractivas.
Por: Christian Peñuela – marzo 13 de 2016
Centrales obreras, estudiantes, maestros, mujeres, vendedores ambulantes, comunidades étnicas y diferentes movimientos sociales colombianos vienen preparando un paro cívico nacional buscando un único propósito: rechazar las políticas económicas, laborales, ambientales y sociales del gobierno de Juan Manuel Santos.
Por: Pierkey Herrera Taboada – marzo 4 de 2016
Para los trabajadores, el salario, el sueldo, la remuneración, nunca alcanza. Lo que ganamos apenas nos permite sobrevivir, mantenernos vivos para poder despertar un nuevo día a seguir entregando nuestro sudor en la fábrica, en la plantación, en la calle o en la oficina. Todo para que otros, una minoría, disfruten la vida a costa de nuestro trabajo.
Por: Marcela Zuluaga – mayo 3 de 2015
Los uniformados atacaron la concentración de la Plaza de Bolívar. Otras 9 marchas se realizaron en la capital del país.
Abril 2 de 2015
Asistimos a una coyuntura política marcada por el aumento de los mecanismos represivos, los cuales han sido históricamente utilizados por el Estado para controlar al movimiento social colombiano. Por una parte, la impunidad frente a la pérdida de información de la operación Andrómeda, demuestra que el espionaje sin orden judicial es respaldado por el gobierno, por otra parte, los casos de brutalidad policial y la violación sistemática de derechos humanos por parte del ESMAD en el paro camionero y en las recuperaciones de tierras por parte de indígenas del Cauca, son una clara señal de que la fuerza pública se usa en defensa de los intereses del gran empresariado nacional e internacional, mientras se agravan condiciones sociales que han alimentado la violencia.
Durante el mes de marzo se conocieron nuevas amenazas a líderes animalistas, ambientalistas, mujeres caucanas afrodescendientes y activistas que se rehúsan al extractivismo en diferentes regiones. Uno de estos casos es el de la comunidad de la Toma de Suarez, Cauca, y otros sectores más que se rehúsan al actual modelo económico del país. Aunado a las amenazas de estos grupos sucesores del paramilitarismo, los medios tradicionales censuran estas noticias y han centrado su interés en el conflicto que enfrenta Venezuela, desconociendo de nuevo la crisis que vive Colombia en materia de derechos humanos.
Paro Camionero y recuperación de tierras
En el caso del paro camionero, se registraron un total de 24 días de movilización pacifica en contra de varios asuntos como son: la concesión que ha hecho el gobierno nacional a la multinacional Impala respecto al uso y construcción de infraestructura vial; el manejo de transporte de carga pesada en el país en medio del alza del combustible y la chatarrizacion de camiones y volquetas a bajo costo, medidas de presión para reducir el gremio camionero en el país. Durante las movilizaciones se registraron agresiones a periodistas, en Pasto, un agente del Esmad disparó una granada de dispersión en la pierna de Isnardo Quiroz. También se registraron diferentes agresiones a la población civil que no participaba en las acciones de la movilización camionera, el Esmad les disparó gases de dispersión a las personas solo por encontrarse asentadas en las carreteras del oriente antioqueño en los municipios de Marinilla, Santuario, Guarne y San Luis. Finalmente, aunque se resuelve el paro camionero con el decreto 2228 referente a las relaciones económicas, aun persiste una cierta inconformidad en el sector camionero porque no hay credibilidad frente a la reciente mesa de trabajo creada entre los transportadores con los ministerios de Minas, Hacienda, Transporte, y el presidente de Ecopetrol con el fin de revisar el precio de los combustibles.
Durante las movilizaciones indígenas de las comunidades de Huellas, Tóez y Lopez Adentro, pertenecientes al municipio de Caloto, Cauca, la respuesta del gobierno ha sido la misma. En el denominado “proceso de liberación de la madre tierra”, que se ha desarrollado específicamente en la hacienda Emperatriz, se ha registrado que en los intentos de desalojo por parte de la fuerza pública, se han hecho disparos de arma de fuego por parte del Esmad, del ejército y de la policía nacional. Los indígenas han empezado a sembrar y a reconstruir sus territorios usurpados por y para el ingenio azucarero, que en su gran mayoría, hacen parte de el empresario Carlos Ardila Lülle. A pesar de que la comunidad ha logrado en varias ocasiones retirar pacíficamente a todo policía uniformado y no uniformado de estos territorios, el 19 de marzo se registró una de las arremetidas mas violentas, el Esmad hirio a 25 indígenas con municiones recalsadas, algunos heridos se encuentran en el Hospital “La Niña María del Caloto”. También fueron afectadas varias casas aledañas al sitio como lo relató a Radio Payumat, Feliciano Valencia, quien se encontraba en esos momentos con las comunidades indigenas en resistencia.
Batidas y censura
Otra forma de militarización de la sociedad se evidencia en el aumento de batidas ilegales por parte del ejército, cuerpo armado que recluta jóvenes pese a la recién sancionada sentencia T455 DE 2014, en la que la corte ratifica la ilegalidad de las mismas y demanda una sanción a los funcionarios que incurran en estas. Por otro lado, hay ciertos grupos de barristas sociales de equipos de fútbol que también han anunciado su necesidad de denunciar situaciones de abuso de autoridad por parte de la policía al negar la libre expresión en los estadios de fútbol. Fue el caso de unos hinchas del equipo Millonarios que pertenecen a diferentes procesos de formación social y política y que tras mostrar una pancarta en rechazo de la brutalidad policial en Colombia el 7 de marzo en el estadio El Campin de Bogota, varios uniformados intentaron retener dicha pancarta haciendo alusión a que esta prohibido en los estadios las expresiones políticas sin ser importante los derechos fundamentales. En otros estadios del país pancartas de cese al fuego bilateral han estado presente, lo cual permite anunciar que pese a las situación de represión diferentes sectores avanzan en su labor de movilización social.
No basta con los avances que se han dado para alcanzar el cese al fuego bilateral entre el gobierno y la insurgencia, el movimiento popular colombiano en su conjunto ha vivido en carne propia la ambivalencia entre un gobierno que persigue la paz y un gobierno cuyo fiel propósito pareciera ser el de perseguir y acabar con toda forma de inconformidad social. Según el medio “Verdad Abierta” Colombia se encuentra actualmente bajo las esperanzas y anuncios que han hecho las Farc-EP en conjunto con las fuerzas militares para desactivar las minas del tercer país del mundo con más minas antipersonales -seguido de Afganistan y Camboya- y que “con este gesto de paz, las minas antipersona son las primeras armas que se están desactivando antes que termine el conflicto” según refiere el general (r) Rafael Colón. Sin embargo, la vida de diferentes lideres sociales esta en peligro, ya que se les ha indicado a través de panfletos y mensajes intimidatorios que abandonen sus hogares y sus labores o de lo contrario “las aguilas negras” o los “Urabenos” se encargaran de silenciar y minar su camino.
En este sentido, a pesar del recrudecimiento de la represión estatal en diferentes sectores de la sociedad, todo parece indicar que el año 2015 sera el año de las movilizaciones sociales. Una de las expectativas más cercanas es la convocatoria a la marcha por la paz, el próximo 9 de abril, la cual está siendo anunciada por diversos procesos sociales del país “por la paz, la democracia y la defensa de lo publico”. Del mismo modo, se espera un primero de mayo en el cual se sigan exigiendo garantías laborales, en especial el reintegro del vicepresidente de la USO, Edwin Palma Egea, quien fue despedido de manera injusta por Ecopetrol tras las denuncias que ha realizado por los salarios desmedidos de algunos ejecutivos y los masivos en contradicción con los recortes de presupuesto y masivos despidos de obreros en las diferentes zonas del país. Con estas movilizaciones se espera por un lado frenar este afán desenfrenado por reprimir a toda forma de inconformidad en el país como también en el avance de los procesos que permitan mayores transformaciones sociales en el conjunto de los colombianos y colombianas.
Por: Juan Diego García – agosto 19 de 2013
El paro nacional indefinido del próximo lunes 19 de agosto en Colombia está encabezado por las principales organizaciones campesinas, los mineros artesanales, los transportistas y los trabajadores del sector de la salud, y cuenta con el respaldo de todas las centrales sindicales y prácticamente la totalidad de las organizaciones populares.