Por: Christian Peñuela – mayo 15 de 2016
El pasado 19 de abril se reunieron en Buenaventura (Valle del Cauca) diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas para conmemorar los 11 años de la desaparición, tortura y posterior asesinato de 12 jóvenes por parte de paramilitares en el barrio Punta del Este.
Por: Camila Ramírez – abril 21 de 2015
Entre el 10 y el 11 de noviembre de 2014 se recordó a las víctimas del paramilitarismo en el Nordeste Antioqueño, en una peregrinación que incluyó a diversas organizaciones sociales de la región y a colectivos de víctimas que promueven el retorno de los campesinos a sus tierras y exigen que se termine la impunidad que ha reinado en esta región.
Por: Pedro Moldez – enero 12 de 2013
A horas de la masacre de Connecticut, los ‘gendarmes’ de las noticias ya nos afirmaban que Adam Lanza, de 20 años, era un joven brillante pero antisocial, que padecía un trastorno cercano al autismo, conocido como síndrome de Asperger.
Por: Ivonne Cardozo – agosto 2 de 2011
El pasado martes 2 de agosto, en un fallo sin precedentes en el mundo, fueron condenados cuatro exmilitares del cuerpo de elite del ejército guatemalteco, o kaibiles, a penas de 6.060 años de cárcel cada uno, por ser los responsables de la masacre ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres (departamento de Petén). Según la sentencia, Carlos Antonio Carías, quien para la época tenía el rango de teniente y comandaba la unidad juzgada; y los antiguos soldados Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez asesinaron, violaron y torturaron a 201 hombres, mujeres y niños, para luego enterrarlos en fosas comunes que fueron descubiertas en 1994 y en donde se exhumaron 160 cuerpos.
Julio 8 de 2011
El pasado 15 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a César Pérez García, al hallar pruebas que lo señalan como el autor intelectual de la masacre de Segovia (Antioquia), ocurrida el 11 de noviembre de 1988. Pérez, quien fundó en 1964 la Universidad Cooperativa de Colombia y se desempeñaba como rector y presidente del Consejo Superior de esa institución, es acusado de los delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
El cacique liberal y la masacre de Segovia
El político paisa era uno de los más votados en Antioqua a mediados de los años ochenta. Sin embargo, en 1988 la Unión Patriótica (UP) ganó las elecciones locales en varios municipios del Nordeste Antioqueño, siendo Segovia, Remedios, Apartadó, Mutatá y Yondó los que aportaron la mayor votación. Ese año Pérez García perdió de forma breve su poder político, especialmente en Segovia, municipio que produce la mayor cantidad de oro en el país, donde siete concejales y la alcaldesa pertenecían a la Unión Patriótica.
Según declaraciones del paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias ‘Vladimir’, fue Pérez García el impulsor del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), que actuaba a su antojo en la región y fue responsable de la masacre de Segovia, donde asesinaron a cuarenta y tres personas con la anuencia de la Policía. El 10 de enero de 1996, ‘Vladimir’ aseguró, ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que “referente a la participación del político Cesar Pérez García, él fue quien coordinó con Fidel Castaño y pidió toda la ayuda para sacar a la UP de Segovia porque había perdido las elecciones”.
El 8 de agosto de 1995 fue capturado por estos hechos, pero los cargos en su contra fueron retirados por un fiscal de Medellín por falta de pruebas, el proceso terminó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando fue absuelto de los cargos.
Conflictos de intereses
El cacique liberal logró recuperar el terreno perdido en 1992, luego de que cientos de miembros de la UP fueran asesinados, tanto en el Nordeste Antioqueño como en todo el país, siendo elegido para la Cámara de Representantes, donde llegó a ser presidente de la corporación.
Pero no duró mucho en el cargo: el 18 de enero de 1994 el Consejo de Estado le despojó de su investidura por violación del régimen de conflicto de intereses. La Sala Plena comprobó que el parlamentario impulsó y participó en la votación para sacar adelante la Ley general de educación, o Ley 30 de 1992, siendo uno de los creadores del Artículo 132, con el cual se estableció la destinación del 50% de los recursos de las cooperativas a centros docentes de economía solidaria, como el de propiedad de Pérez García. Es decir, el congresista legisló en beneficio propio.
Además de perder su investidura, el 20 agosto de 2008, César Pérez García fue hallado culpable de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, delitos cometidos en 1998 mientras ejercía como presidente de la Asamblea de Antioquia. El entonces diputado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos fue quien lo denunció y a Pérez se le halló responsable de construir una nómina fantasma. El reconocido político liberal recibió una condena de nueve años de cárcel, una multa de treinta salarios mínimos mensuales y fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Por ser mayor de sesenta años se le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.
A pesar de esto, el cacique no se quedó quieto. El 7 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó de la Asamblea Departamental de Antioquia por violar el régimen de inhabilidades. Según el Ministerio Público, el político se inscribió a elecciones, fue votado y se posesionó como diputado para el periodo entre 2008 y 2011, a pesar de haber perdido la investidura como congresista en enero de 1994 y de la condena recibida en agosto de 2008.
El proceso inició el 27 de enero de 2008 con la denuncia de Raúl Bustamante y está contenido en el expediente 080-64-64 de la Procuraduría Regional de Antioquia, que inhabilitó a César Pérez García para ejercer cargos públicos durante quince años. Sorpresivamente, el 16 de marzo de 2010, el político liberal recuperó su curul en la asamblea de Antioquia, cuando la Procuraduría Regional dejó provisionalmente sin efecto la sentencia.
La última avionada de César Pérez García se dio a conocer el pasado 18 de junio, cuando salió a la luz pública que el destituido excongresista cobró puntualmente su pensión de parlamentario, entre enero de 2008 y diciembre de 2010 por un valor de $18,5 millones mensuales, al mismo tiempo que cobraba $10 millones al mes como diputado. En diciembre de 2010 fue descubierto por directivos del Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón), que afirmaron que, de acuerdo a la Ley, no podía obtener los dos ingresos de la Nación. Por eso, se le exigió la devolución de $249 millones y Pérez terminó negociando un acuerdo de pago con Fonprecón y devolviendo lo que había cobrado como diputado.
En mayo del año pasado, el controvertido político se adhirió a la campaña Santos Presidente, en un acto realizado en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde ofreció al actual mandatario el apoyo de toda su maquinaria en el Nordeste Antioqueño. Durante la segunda vuelta presidencial, realizada el 30 de mayo de 2010, Juan Manuel Santos obtuvo 1’227.089 votos en ese departamento, de los cuales 27.494 correspondieron a la región con mayor poderío electoral de Pérez García, según la Registraduría.
Fiebre de oro
El Nordeste Antioqueño tiene grandes explotaciones de oro, por lo cual allí se volvió de especial importancia la relación entre algunas de las principales empresas dedicadas a esta actividad y el paramilitarismo. Municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, San Roque, Zaragoza y Segovia tuvieron una fuerte influencia del Bloque Minero de las AUC, bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo alias ‘Cuco Vanoy’ y son muchas las denuncias de habitantes de la región y organizaciones defensoras de derechos humanos en torno a las alianzas existentes, desde mediados de los noventa, entre políticos, empresarios y ejércitos privados.
En 2008, fiscales de Justicia y Paz hallaron en la finca ‘Lago Grande’, ubicada en Olaya (Antioquia) y de propiedad de Cesar Pérez, una fosa con los posibles restos de Franklin Aurelio y Guillermo Cuartas, jóvenes desaparecidos por las AUC en febrero de 1997, mientras viajaban hacia Frontino (Antioquia) a pagar una deuda. María Elena Toro, madre de Franklin, asegura que su familia había sido amenazada y varios de sus miembros asesinados por paramilitares de la región. En torno a este caso las investigaciones no han avanzado significativamente ni se ha verificado la relación que el excongresista pueda tener con los hechos.
Por otro parte, en una diligencia de versión libre en Medellín, Raúl Hasbún Mendoza alias ‘Pedro Bonito’, excomandante del Frente ‘Arlex Hurtado’ de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, señaló que, entre los años 2001 y 2003, fue socio de la empresa Full Apuestas SA, creada en el Urabá antioqueño por Cesar Pérez García. El paramilitar aseguró que viajó a Medellín en compañía de Byron Alfredo Jiménez Castañeda alias ‘Mono Pepe’ y de Mauricio Enríquez, en donde se reunieron con Pérez y acordaron su participación en la empresa de chance en Urabá. Investigadores de VerdadAbierta.com encontraron que varios funcionarios de la Universidad Cooperativa de Colombia estaban entre quienes constituyeron la empresa de apuestas que el político habría negociado con los criminales.
Hoy, la reapertura del expediente de la masacre de Segovia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que acepta que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, tiene al político privado de su libertad, luego de que, el 22 de julio de 2010, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía lo capturase en Medellín. César Pérez García espera el resultado del jucio, al igual que centenares de víctimas del paramilitarismo que han esperado durante veintitrés que se haga justicia y se sepa la verdad sobre los responsables de uno de los más recordados hechos de violencia en la historia de Colombia.
Por: Andrés Gómez – 16 de noviembre de 2010
Hace 22 años, la Unión Patriótica (UP) ganó las elecciones a la alcaldía del municipio de Segovia (Antioquia) y Rita Yvonne Tobón se posesionó como alcaldesa de la población que produce la mayor cantidad de oro en Colombia. Sin embargo, un comando paramilitar del entonces autodenominado “Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño” cambió los destinos de esa población al asesinar a 43 personas y herir a más de un centenar.
Noviembre 2 de 2010
Durante la tercera versión de la Semana por la Memoria, organizada por la comisión nacional de reparación y reconciliación (CNRR), se lanzó el informe de la masacre de Bahía Portete en la Alta Guajira. En el informe, a través de las voces de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, se presenta un aporte para reconstruir la memoria histórica y conocer la verdad sobre la tragedia humanitaria en Colombia.
En la masacre de Bahía Portete murieron seis personas, cuatro de las cuales eran mujeres. Con ésta, se atentó contra una población que fue desplazada masivamente y violentada étnica y sexualmente el día 18 de abril de 2004, cuando 40 paramilitares del Frente Contrainsurgencia Wayúu de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron a bahía Portete y, lista en mano, procedieron a torturar y asesinar a estas personas, quemando varias casas y destruyendo el cementerio ancestral, lugar sagrado de gran importancia para los indígenas wayúu. Los hechos ocurrieron en plena negociación del gobierno de Uribe con los grupos paramilitares y en su momento fueron mostrados por las autoridades a la opinión pública como consecuencia de una supuesta guerra interclánica entre familias wayúu.
Dentro de los objetivos del informe se resaltaron las consecuencias que esta masacre dejó para la memoria de la comunidad, además de las consecuencias del desplazamiento de más de 600 indígenas wayúu, así como la destrucción física y espacial contra esta población.
La presentación del informe estuvo precedida por las palabras de Agustín Fince, autoridad mayor wayúu, quien relató en su lengua natal, el wayuunaiki, el impacto que ha tenido el desplazamiento a tierras diferentes de las ancestraless transformó por completo la vida de su comunidad.
Luego de la presentación de los hechos, Debora Barros, una de las víctimas, recordó que la violencia contra las mujeres wayúu ha sido sistemática y que la Fuerza Pública no las ha protegido. Su voz temblorosa, en medio de la rabia y el dolor por haber vivido esta tragedia, evocó la resistencia de los indígenas wayúu contra la colonialización y evangelización de los españoles, a quienes nunca entregaron sus tierras y el despojo que durante las últimas décadas han sufrido, de mano de ciertas políticas gubernamentales, los megaproyectos y la acción de los grupos paramilitares, señalando que la acción del frente de las AUC responsable de la masacre de Bahía Portete contó con la complacencia de agentes del Estado y que, debido a estos crímenes, gran parte de estas familias fueron desterradas a Maracaibo (Venezuela).
Adicionalmente, las víctimas atribuyeron el exterminio de los pueblos indígenas y, en este caso, el de los wayuú, a las compañías multinacionales, a la construcción de proyectos turísticos y a la acción de grandes empresas nacionales como Cerrejón, que apoyada por el Estado, llevan más de dos décadas explotando la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, y Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha construido el mayor parque eólico del país para la generación de energía en La Guajira. La expulsión de las comunidades indígenas de sus territorios y la violación de sus lugares sagrados han generado resultados catastróficos para los wayúu, quienes no tienen acceso a beneficios de los recursos naturales extraídos de sus territorios por estas compañías, como lo son la sal, el carbón y la energía eléctrica.
Por: Camila Ramírez e Ivone Cardozo – 16 de mayo de 2010
Del 21 al 23 de abril se llevó a cabo en Bogotá el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, al cual asistieron 450 delegados de diferentes organizaciones y equipos de estudios comunitarios procedentes de 23 países, entre ellos: Guatemala, España, Ginebra, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Bosnia, India, Perú, El Salvador, Honduras, Venezuela, Argentina, México, Nepal, Sahara Occidental y Afganistán. (más…)
Por: Rosalba Moreno M. – diciembre 11 de 2008
Con cañonazos y disparos recibió Colombia el siglo XX. “Guerra de los mil días” la llamaron. Otra vez campesinos matando campesinos en guerras hechas para reordenar población y recursos, de acuerdo a las necesidades de la economía mundial y sus representantes locales.