Por: Carlos Medina Gallego – enero 10 de 2011
Lo que podría apodarse la ‘mafia de la industria criminal de la contratación pública’ compromete a reconocidos empresarios, abogados, políticos, funcionarios públicos y al abominable engendro de las prácticas de la corrupción que son los lobbystas. Nada más trágico para un país lleno de necesidades sociales y de urgencias de desarrollo que encontrar que los presupuestos públicos, constituidos por los aportes de todos los ciudadanos y de las –cada vez menores– actividades de las empresas productivas del Estado, se van por la vena rota de la corrupción, directo hacia los bolsillos de la delincuencia organizada en sociedades anónimas, empresas de contratistas, bufetes de abogados especializados en demandar al Estado y una elite política y de funcionarios que se especializó en saquear el presupuesto y enriquecerse de manera ilícita.