Por: Andrés Gómez – julio 31 de 2023
Los altos mandos de Glencore optan por las evasivas cuando se trata de enfrentar cuestionamientos por violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales. Sus acciones en Colombia, envueltas en controversia, parecen ser solo un reflejo de una práctica más amplia y preocupante que se extiende por donde tienen operaciones en el mundo.
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Por: Camila Ramirez – febrero 28 de 2013
En Colombia, el movimiento obrero ha sufrido persecución, amenazas, asesinatos, exterminio por parte de grupos paramilitares y actores estatales, y una política antisindical de las transnacionales que operan en el país. El objetivo de estos actos ha sido generar miedo en los trabajadores para evitar que se afilien a sindicatos que defiendan sus derechos y, así, sabotear los procesos organizativos de los obreros que demandan trabajo y vida digna. Las centrales obreras han denunciado 2.900 asesinatos a sindicalistas desde 1986, crímenes que en su abrumadora mayoría permanecen impunes.
Por: Christian Peñuela – marzo 15 de 2012
Veinte movilizaciones y actos simbólicos en ditintas ciudades de Colombia y el mundo, en medio de amenazas, persecuciones y hostigamientos a las organizaciones de víctimas y a los defensores de derechos humanos convocantes a las movilizaciones, fueron el resultado de la jornada convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímines de Estado (Movice) para rechazar la falta de garantías para los líderes de los desplazados reclamantes de tierras, los obstáculos que enfrentan los procesos de restitución y el fortalecimiento de los grupos paramilitares en el país.
Por: Carlos Jaime Fajardo – septiembre 26 de 2011
Además de monopolizar la producción de mercancías, las finanzas y las telecomunicaciones, entre otros, las grandes multinacionales buscan apropiarse de dos medios vitales para la subsistencia de la humanidad, como la tierra y el agua, en diferentes partes del mundo, lo cual ha ocasionado expulsiones de comunidades rurales y pone en riesgo la seguridad alimentaria y la soberanía nacional de países como Colombia.
Por: Juan Diego García – 17 de febrero de 2011
El descontento ciudadano se generaliza en Europa, debilitando no sólo el vínculo entre los votantes y los partidos, entre la población y los gobiernos, sino, algo de mucho mayor calado, erosionando de manera aún imprecisa pero cierta la misma legitimidad del sistema democrático. Además de las clásicas promesas electorales que se incumplen en cuanto los políticos llegan al poder y la corrupción rampante, indigna constatar que los parlamentos y los gobiernos, antes que interpretar las demandas de los electores, se han convertido abiertamente en gestores diligentes de los intereses de banqueros y especuladores.
Por: Carlos Medina Gallego – 7 de febrero de 2011
El gobierno del presidente Santos impulsa su programa de Prosperidad Democrática con la figura de las locomotoras y, no sé por qué razón perversa, esa máquina del progreso del desarrollo capitalista me hace recordar la imagen del tren bananero, cargado de los muertos de la masacre de la plaza de Ciénaga (Magdalena), con destino a las aguas del mar Caribe. Debe ser porque al menos dos de esas locomotoras, el agro y la minería, vienen atestadas de muertos, desposeídos, desplazados y anuncian un nuevo ciclo de violencia y pobreza en zonas del país que no han logrado encontrar el camino de la tranquilidad y el bienestar.
Por: Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro* – septiembre 24 de 2009
Con la difusión de dos informes elaborados por el relator de la ONU para los derechos humanos, Martin Scheinin, y por el relator para la tortura, Manfred Nowak, se ha puesto de nuevo sobre la mesa la pertinencia de instaurar una Corte Mundial para los Derechos Humanos en la que puedan juzgarse los abusos cometidos por las grandes corporaciones.
Agosto 1 de 2008
El Estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prácticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control territorial y la explotación y precarización de los trabajadores,generando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos de comunidades. Estos casos se han venido presentando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Julio 30 de 2008
La audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos sesión Colombia (TPP) finalizó el proceso de juzgamiento a más de 30 transnacionales con el pronunciamiento y sentencia de los jueces del pasado 23 de julio, visibilizando los diferentes actos cometidos contra los derechos fundamentales por parte de las transnacionales que se han posesionado de tierras, leyes y, en sí, de la justicia colombiana. Hasta hoy, el Estado no ha dado respuesta a esta violación de los derechos humanos. Al contrario, la sentencia logró comprobar los lazos y la responsabilidad del mismo en el control territorial y la explotación laboral que este tipo de empresas han impuesto desde los años cincuenta.