El programa del nuevo gobierno de Colombia supone comenzar con la superación del actual modelo neoliberal y su reemplazo por otro que devuelva al Estado un protagonismo decisivo en el funcionamiento de la economía.
Ni siquiera los apologistas más extremos del neoliberalismo se atreven ya a predicar a voz en cuello las supuestas bondades del modelo que prevalece en el capitalismo a nivel mundial desde hace décadas. En el mejor de los casos, tan solo sostienen que, aceptando todas sus limitaciones y efectos perniciosos, el neoliberalismo sería ‘el modelo menos malo de todos’ y que, en consecuencia, resulta ser la alternativa más aconsejable para gestionar la cosa pública.
Reflexionamos hoy sobre algunas de las ideas fundamentales que el neoliberalismo nos ha imbuido en estas últimas décadas, hasta casi hacernos creer que no hay alternativa posible al mismo.
Como una peste, la corrupción permea todo el orden social en el mundo y son excepcionales los países que pueden ufanarse de no padecer este mal que amenaza con derruir todo el sistema, con independencia de los esfuerzos de la clase dominante por adecuar el funcionamiento de las leyes vigentes a sus propósitos, es decir, asegurarse la impunidad total o al menos alguna de sus formas: penas de prisión puramente nominales, casa por cárcel, oportuna huida a algún paraíso penal -Estados Unidos, por ejemplo-, ninguna obligación de devolver lo robado y, lo que es más común, cortas penas de prisión tras las cuales el culpable tiene asegurado un retiro lleno de comodidades en algún lugar del Caribe.
«Cambiará el universo, pero yo no», dice Borges en El Aleph y Colombia parece decir lo mismo. Hace casi 70 años un alcalde de Bogotá, visionario y tecnócrata, asfaltó los rieles del tranvía para llevar a Bogotá por el camino de la ‘modernidad’. Hoy, otro político y negociante está empeñado en convertir los corredores férreos de la ciudad en troncales de Transmilenio.
Los trabajadores de ingresos bajos fueron los que más perdieron con el incremento que el costo de vida presentó en 2015, una pérdida que el gobierno tenía la obligación de resarcir a la hora de decretar el incremento del salario mínimo, pero que no lo hizo por favorecer los intereses de corto plazo de los empresarios colombianos y extranjeros, quienes durante el proceso de concertación del salario mínimo ofrecieron hasta un 6,8% de incremento.
Las crecientes dificultades de los gobiernos progresistas en América Latina, incluyendo importantes derrotas electorales, se explican no solo por la acción de la derecha sino también por los errores de la izquierda que gobierna en estos países.
Para comprender lo que ha ocurrido en Argentina desde el resto de Latinoamérica es necesario recordar –aunque sea sucintamente– quién es el electo presidente. Mauricio Macri es un millonario hijo de millonarios que estudió en prestigiosas universidades privadas de Nueva York y Pensilvania, y acabó graduándose de ingeniero civil en la también privada Universidad Católica Argentina.