Marzo 11 de 2018
El Congreso que los colombianos eligieron no solo tendrá el reto de definir el rumbo del país en los próximos cuatro años sino que deberá demostrar qué tan dispuesto a está a superar la exclusión que históricamente ha caracterizado al Legislativo.
Por: Aiden Salgado Cassiani – enero 30 de 2014
Si le dicen a alguien que conozca a María del Socorro Bustamante que ella es negra, afrocolombiana, palenquera o raizal, pensará que le hacen un mal chiste o que le están hablando de un homónimo. Y si se lo hubiesen preguntado a ella misma un año atrás lo tomaría como una ofensa a la honra de sus padres y ancestros. Entonces, ¿por qué hoy esta ‘mujercita’ –decir de los palenqueros para las mujeres mestizas que llegan a vivir en Palenque– se presenta como candidata en las elecciones para el Congreso colombiano a nombre de este pueblo al que hasta lo que es suyo por decisión biológica, histórica y cultural se lo quieren quitar, como son las dos curules especiales para comunidades negras, afrocolombianas y raizales?
Por: Laurence Mazure* – octubre 29 de 2012
Determinación y seriedad inéditas caracterizaron el tono y estilo del inicio formal de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, este 18 de octubre, bajo los auspicios de la diplomacia noruega y cubana. El próximo 15 de noviembrese inciarán los diálogos en La Habana, mientras el mundo mira con gran expectativa el giro que marcan las negociaciones de la guerra colombiana.
Julio 9 de 2012
Con el fallido intento de imponer una reforma a la justicia al acomodo de ciertos sectores de la clase política del país, el Estado colombiano se enfrentó a una de las más graves crisis de legitimidad de las ramas del poder público en lo que va corrido de este siglo. Los intereses de políticos involucrados en toda clase de delitos, que incluyen crímenes contra la humanidad, pretendieron reformar a su acomodo la Constitución Política, con el fin de garantizarse su propia impunidad.
Por: Ernesto Che Mercado Jones – junio 28 de 2012
La abortada reforma a la justicia colombiana, proceso que tomo dos años de debates en el Congreso, ha sido calificada de vergüenza por los ‘micos’ que le hubieran permitido a los servidores públicos investigados y condenados por la llamada ‘parapolítca’ eximirse de toda responsabilidad penal y política. Sobre la controvertida reforma hablamos con el abogado Eduardo Carreño, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización defensora de derechos humanos que lleva casos de repercusión nacional como el de Bernardo Moreno, el secretario privado del expresidente Uribe acusado de orquestar las interceptaciones ilegales que se realizaron desde el DAS a políticos, magistrados y periodistas.
Por: Carlos Jaime Fajardo – octubre 10 de 2011
Han sido innumerables los escándalos de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares colombianas: los llamados falsos positivos, los bombardeos a la población civil, las desapariciones forzadas y los homicidios de líderes sociales són sólo una parte de lo que ha generado una avalancha de demandas en contra del Estado ante organismos internacionales. Es probada la vinculación de muchos integrantes de dichas fuerzas con los paramilitares y los narcotraficantes en las estas violaciones a los derechos humanos y existen más de 4.000 oficiales y suboficiales investigados.
Julio 8 de 2011
El pasado 15 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a César Pérez García, al hallar pruebas que lo señalan como el autor intelectual de la masacre de Segovia (Antioquia), ocurrida el 11 de noviembre de 1988. Pérez, quien fundó en 1964 la Universidad Cooperativa de Colombia y se desempeñaba como rector y presidente del Consejo Superior de esa institución, es acusado de los delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
El cacique liberal y la masacre de Segovia
El político paisa era uno de los más votados en Antioqua a mediados de los años ochenta. Sin embargo, en 1988 la Unión Patriótica (UP) ganó las elecciones locales en varios municipios del Nordeste Antioqueño, siendo Segovia, Remedios, Apartadó, Mutatá y Yondó los que aportaron la mayor votación. Ese año Pérez García perdió de forma breve su poder político, especialmente en Segovia, municipio que produce la mayor cantidad de oro en el país, donde siete concejales y la alcaldesa pertenecían a la Unión Patriótica.
Según declaraciones del paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias ‘Vladimir’, fue Pérez García el impulsor del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), que actuaba a su antojo en la región y fue responsable de la masacre de Segovia, donde asesinaron a cuarenta y tres personas con la anuencia de la Policía. El 10 de enero de 1996, ‘Vladimir’ aseguró, ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que “referente a la participación del político Cesar Pérez García, él fue quien coordinó con Fidel Castaño y pidió toda la ayuda para sacar a la UP de Segovia porque había perdido las elecciones”.
El 8 de agosto de 1995 fue capturado por estos hechos, pero los cargos en su contra fueron retirados por un fiscal de Medellín por falta de pruebas, el proceso terminó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando fue absuelto de los cargos.
Conflictos de intereses
El cacique liberal logró recuperar el terreno perdido en 1992, luego de que cientos de miembros de la UP fueran asesinados, tanto en el Nordeste Antioqueño como en todo el país, siendo elegido para la Cámara de Representantes, donde llegó a ser presidente de la corporación.
Pero no duró mucho en el cargo: el 18 de enero de 1994 el Consejo de Estado le despojó de su investidura por violación del régimen de conflicto de intereses. La Sala Plena comprobó que el parlamentario impulsó y participó en la votación para sacar adelante la Ley general de educación, o Ley 30 de 1992, siendo uno de los creadores del Artículo 132, con el cual se estableció la destinación del 50% de los recursos de las cooperativas a centros docentes de economía solidaria, como el de propiedad de Pérez García. Es decir, el congresista legisló en beneficio propio.
Además de perder su investidura, el 20 agosto de 2008, César Pérez García fue hallado culpable de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, delitos cometidos en 1998 mientras ejercía como presidente de la Asamblea de Antioquia. El entonces diputado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos fue quien lo denunció y a Pérez se le halló responsable de construir una nómina fantasma. El reconocido político liberal recibió una condena de nueve años de cárcel, una multa de treinta salarios mínimos mensuales y fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Por ser mayor de sesenta años se le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.
A pesar de esto, el cacique no se quedó quieto. El 7 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó de la Asamblea Departamental de Antioquia por violar el régimen de inhabilidades. Según el Ministerio Público, el político se inscribió a elecciones, fue votado y se posesionó como diputado para el periodo entre 2008 y 2011, a pesar de haber perdido la investidura como congresista en enero de 1994 y de la condena recibida en agosto de 2008.
El proceso inició el 27 de enero de 2008 con la denuncia de Raúl Bustamante y está contenido en el expediente 080-64-64 de la Procuraduría Regional de Antioquia, que inhabilitó a César Pérez García para ejercer cargos públicos durante quince años. Sorpresivamente, el 16 de marzo de 2010, el político liberal recuperó su curul en la asamblea de Antioquia, cuando la Procuraduría Regional dejó provisionalmente sin efecto la sentencia.
La última avionada de César Pérez García se dio a conocer el pasado 18 de junio, cuando salió a la luz pública que el destituido excongresista cobró puntualmente su pensión de parlamentario, entre enero de 2008 y diciembre de 2010 por un valor de $18,5 millones mensuales, al mismo tiempo que cobraba $10 millones al mes como diputado. En diciembre de 2010 fue descubierto por directivos del Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón), que afirmaron que, de acuerdo a la Ley, no podía obtener los dos ingresos de la Nación. Por eso, se le exigió la devolución de $249 millones y Pérez terminó negociando un acuerdo de pago con Fonprecón y devolviendo lo que había cobrado como diputado.
En mayo del año pasado, el controvertido político se adhirió a la campaña Santos Presidente, en un acto realizado en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde ofreció al actual mandatario el apoyo de toda su maquinaria en el Nordeste Antioqueño. Durante la segunda vuelta presidencial, realizada el 30 de mayo de 2010, Juan Manuel Santos obtuvo 1’227.089 votos en ese departamento, de los cuales 27.494 correspondieron a la región con mayor poderío electoral de Pérez García, según la Registraduría.
Fiebre de oro
El Nordeste Antioqueño tiene grandes explotaciones de oro, por lo cual allí se volvió de especial importancia la relación entre algunas de las principales empresas dedicadas a esta actividad y el paramilitarismo. Municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, San Roque, Zaragoza y Segovia tuvieron una fuerte influencia del Bloque Minero de las AUC, bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo alias ‘Cuco Vanoy’ y son muchas las denuncias de habitantes de la región y organizaciones defensoras de derechos humanos en torno a las alianzas existentes, desde mediados de los noventa, entre políticos, empresarios y ejércitos privados.
En 2008, fiscales de Justicia y Paz hallaron en la finca ‘Lago Grande’, ubicada en Olaya (Antioquia) y de propiedad de Cesar Pérez, una fosa con los posibles restos de Franklin Aurelio y Guillermo Cuartas, jóvenes desaparecidos por las AUC en febrero de 1997, mientras viajaban hacia Frontino (Antioquia) a pagar una deuda. María Elena Toro, madre de Franklin, asegura que su familia había sido amenazada y varios de sus miembros asesinados por paramilitares de la región. En torno a este caso las investigaciones no han avanzado significativamente ni se ha verificado la relación que el excongresista pueda tener con los hechos.
Por otro parte, en una diligencia de versión libre en Medellín, Raúl Hasbún Mendoza alias ‘Pedro Bonito’, excomandante del Frente ‘Arlex Hurtado’ de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, señaló que, entre los años 2001 y 2003, fue socio de la empresa Full Apuestas SA, creada en el Urabá antioqueño por Cesar Pérez García. El paramilitar aseguró que viajó a Medellín en compañía de Byron Alfredo Jiménez Castañeda alias ‘Mono Pepe’ y de Mauricio Enríquez, en donde se reunieron con Pérez y acordaron su participación en la empresa de chance en Urabá. Investigadores de VerdadAbierta.com encontraron que varios funcionarios de la Universidad Cooperativa de Colombia estaban entre quienes constituyeron la empresa de apuestas que el político habría negociado con los criminales.
Hoy, la reapertura del expediente de la masacre de Segovia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que acepta que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, tiene al político privado de su libertad, luego de que, el 22 de julio de 2010, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía lo capturase en Medellín. César Pérez García espera el resultado del jucio, al igual que centenares de víctimas del paramilitarismo que han esperado durante veintitrés que se haga justicia y se sepa la verdad sobre los responsables de uno de los más recordados hechos de violencia en la historia de Colombia.
Por: Rafael Rincón Patiño*- mayo 12 de 2008
El Poder Ejecutivo en Colombia no es legítimo sino legitimado, es el resultado de una compleja trama de combinaciones –forzadas y manipuladas– de obediencia y legitimación. El poder legítimo en una democracia es producto del consenso, del acuerdo libre y mayoritario de los ciudadanos en torno al Estado como forma de organización regulada y de ejercicio del poder.
Mayo 8 de 2008
El actual gobierno ha tenido que enfrentar diversas situaciones que comprometen la legitimidad de la elección de congresistas, parlamentarios y del actual presidente de la República, por los vínculos que estos han mantenido con grupos paramilitares. Las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia han logrado hacer visibles los altos niveles de infiltración que el crimen organizado logró en el aparato estatal, lo cual se ha convertido en uno de los problemas que más afectan la gobernabilidad del país y el deseo de los partidarios de la seguridad democrática para postergar este modelo de gobierno a futuro.
Por: Rafael Rincón Patiño* – mayo 7 de 2008
Del poder judicial se predica la imparcialidad, la independencia, la gratuidad, su carácter público, su apego a la Ley, la pronta y cumplida justicia (Arts. 228 a 230 de la Constitución Política). No obstante, el presidente Uribe V. le ha pedido a las altas cortes que obren con ‘objetividad’.