Por: María Mercedes Gamboa – junio 6 de 2013
El 21 de marzo la motivación fue la convocatoria de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), pero las razones reales no estaban en esa fecha. Son las de siempre, las inocultables cuando aparece el tema de la educación en Colombia.
Por: Stephanía Pinzón – diciembre 8 de 2011
Estudiantes de diferentes carreras que hacen parte de la Mesa Amplia Estudiantil (MAE) de la Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’ (UTCH) vienen denunciando la falta de garantias al interior de la institución para su movimiento, luego de la suspensión del paro nacional universitario, anunciada el pasado 16 de noviembre, para adelantar las discusiones al interior de la universidad sobre la reforma educativa que requieren los universitarios y el país.
Por: Juan Diego García – diciembre 1 de 2011
Tanto en Chile como en Colombia, las recientes protestas estudiantiles tienen en común su enorme preocupación no sólo por la naturaleza democrática o elitista de la educación sino, fundamentalmente, por la función misma del sistema educativo como elemento decisivo en la construcción de un orden social nuevo, moderno, democrático y que permita un ejercicio efectivo de la soberanía como Estados y su existencia real como naciones.
Por: Johanna Cassaleth – noviembre 25 de 2011
Estudiantes de todo el país se unieron a la gran marcha continental por educación gratuita y de alta calidad como derecho para los jóvenes de toda Latinoamérica. A la convocatoria, realizada de manera conjunta por los movimientos estudiantiles de Chile y Colombia, se unieron jóvenes de Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, El Salvador y México, además de manifestaciones de solidaridad desde España, Francia y Alemania.
Por: Omar Vera – noviembre 10 de 2011
En la mayor movilización de los últimos años, más de 130.000 personas marcharon hoy por Bogotá para exigir el retiro de la reforma a la educación superior propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se cumplen treinta días del paro nacional universitario que se adelanta en las 32 universidades públicas y en una buena parte de las privadas de Colombia. Esto, a pesar de que, el día de ayer, el mandatario anunciara el retiro de la iniciativa del Legislativo, a condición de que los estudiantes desmonten su movimiento.
Por: Baldomero Rocha – septiembre 8 de 2011
El pasado 7 de septiembre, unas 20.000 personas, entre estudiantes universitarios, docentes, integrantes de diversas organizaciones sociales y sindicatos, marcharon en Bogotá para rechazar las intenciones del gobierno de reformar el sistema educativo en el país y exigir garantías de calidad en el sector. La jornada terminó en calma y se caracterizó por la abundancia de expresiones artísticas y por el rechazo generalizado de los estudiantes de las universidades públicas y privadas al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
Aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para rechazar la intención del gobierno de dejar en manos de las EPS privadas la salud del magisterio y para exigir un nuevo estatuto para las y los docentes del país, los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas, decidieron unirse masivamente a la jornada, luego del encuentro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) realizado el 20 y 21 de agosto en Bogotá, para rechazar la reforma a la Ley General de Educación que el gobierno tramita actualmente en el Congreso pues, según los manifestantes, busca mercantilizar la educación.
Los docentes denuncian que el paso a las EPS privadas llevaría a la pérdida de varios de los derechos que, en materia de salud, han conquistado durante décadas, entre ellos que los bonos, cuotas moderadoras o copagos no sean asumidos por los maestros; que la entrega de medicamentos no esté atada a su precio ni a su cantidad; y que haya atención oportuna a las enfermedades de alto costo. Por su parte, en un comunicado del 6 de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional señaló que no tiene intención de “incluir a los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio al Régimen General de Salud contemplado en la Ley 100 de 1993”, calificando la protesta como injustificada y sancionando a los docentes, a través de una directiva ministerial que establece que los rectores de instituciones educativas deberán entregar a los secretarios de educación el tiempo laborado por los docentes, con el fin de proceder contra quienes incumplieran sus jornadas laborales para asistir a la movilización.
Por su parte, los estudiantes manifestaron que, a pesar del retiro del proyecto de ley de los artículos que autorizaban el ánimo de lucro y la participación de las empresas privadas en las universidades públicas, la intención del gobierno de Santos con esta reforma es profundizar la privatización de la educación y los mecanismos por los que actualmente se presiona a las instituciones para implantar cambios en los programas académicos, como los indicadores de calidad, que dejan a muchas instituciones en la ‘asfixia presupuestal’. Por esto, exigen que la reforma educativa sea discutida en condiciones de igualdad por directivos, docentes, estudiantes, trabajadores y Estado, de manera que pueda elaborarse un proyecto que realmente permita construir una educación superior de calidad, con suficiente cobertura nacional y que enfoque su labor a la solución de los principales problemas nacionales.
Por: Daniela King Reyes – julio 25 de 2011
En Chile la crisis de la educación no es una novedad. Por el contrario, ha sido denunciada constantemente durante varios años. Antes de septiembre de 1973, tanto la educación básica, como la media y la superior eran estatales, gratuitas, de calidad reconocida y con cobertura a nivel nacional. Luego del golpe y la dictadura militar, comenzó a sufrir una transformación donde pasó de ser un derecho a convertirse en un lucrativo negocio para los grandes empresarios, en el que el Estado se terminó alejando tanto del funcionamiento como del financiamiento de las universidades ‘públicas’.
Transcurrieron los años, volvió la democracia y, lejos de que los gobiernos de la Concertación realizaran un cambio en el ámbito educativo, estos se esforzaron por profundizar el sistema neoliberal también en las universidades y colegios.
En Chile, cualquier persona que posea un capital para invertir puede instalar una universidad, instituto de formación técnica o colegio, con el beneplácito del Estado, careciendo de un sistema de fiscalización que garantice la calidad, tanto en la enseñanza como en la infraestructura de los establecimientos.
Específicamente, la Ley indica que ninguna institución educativa puede lucrarse por los servicios prestados. Sin embargo, se pasa por alto esta disposición en la práctica, pues se han creado diversos artilugios para evadir la nula fiscalización en este aspecto y convertir a las entidades encargadas de impartir la educación en Chile en rentables negocios privados. Éste es el punto que ha colmado la paciencia de miles de estudiantes universitarios y secundarios, que ven que para poder estudiar una carrera universitaria deben pagar al contado una suma no menor a los 2.000 dólares por año –una carrera profesional, con duración de cinco años, cuesta por lo menos unos 11.000 dólares, sin incluir gastos de matrícula y titulación– y si desean optar por un crédito para financiar sus estudios esta cifra se multiplica cuatro o cinco veces.
El fin de este lucro indiscriminado en la educación superior es uno de los puntos comunes que escolares y universitarios exigen en un petitorio que han elaborado en forma separada, puesto que las demandas en otros aspectos son bastante distintas. Mientras que los universitarios exigen el fin al lucro, más aporte fiscal directo a las universidades estatales, centros de formación técnica estatales y créditos con un fondo solidario que no aplique las tasas de interés de la banca privada, entre otros varios puntos; los secundarios exigen la desmunicipalización de los colegios y su respectiva estatización, una tarjeta de locomoción gratuita para los 365 días del año y una efectiva reconstrucción de los establecimientos, luego de los daños que sufrieron en el terremoto de febrero de 2010.
Los estudiantes llevan movilizados más de un mes, en un cese de actividades en el que ocupan las instalaciones de los colegios y universidades, y en el que han ido ganándose poco a poco la validación de la sociedad en general: para los chilenos, la educación de calidad es algo a lo que aspiran todas las familias, que ven en el futuro de sus hijos e hijas la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
El jueves 14 de julio se realizó la última gran marcha de este movimiento. A pesar de no haber sido tan masiva como las anteriores, puesto que la autoridad regional prohibió que se marchara sobre la Alameda Bernardo O’ Higgins –principal calle de Santiago–, cerca de cien mil personas llegaron a manifestarse a dicha avenida, sobrepasando la capacidad de los Carabineros de la Policía.
Las marchas, multiplicadas por todas las regiones y ciudades del país, ya no están conformadas sólo por estudiantes sino por todo tipo de sectores sociales que sienten sus demandas como propias. Sólo en la movilización del 30 de junio, según los organizadores, participaron más de 300.000 personas a nivel nacional y hasta los grandes medios de comunicación afirman que desde las marchas que se efectuaron a principios de los años ochenta en rechazo a la dictadura no se habían congregado tantas personas en las calles.
En esta coyuntura, el gobierno de Sebastián Piñera, de clara tendencia neoliberal, aduce que los puntos del petitorio son casi imposibles de cumplir y ha propuesto sólo soluciones de maquillaje, aumentando un poco el fondo en las becas universitarias y comprometiéndose a analizar los puntos de las demandas de los secundarios.
Adicionalmente, Piñera ha planteado que no dialogará con quienes se encuentren movilizados y, sobre todo, ha logrado que, en un pacto tácito con ciertos medios de comunicación, se exageren los enfrentamientos con la Policía en las marchas, otorgando mayor importancia a estos hechos que a la masiva participación vista en las últimas semanas. Por ejemplo, en una de las manifestaciones hubo 140 detenidos en Santiago, de 140.000 manifestantes, es decir, el 0,1%. A través de los medios, el gobierno está constantemente deslegitimando al movimiento estudiantil, que en estos momentos está adquiriendo las características de un movimiento social que se plantea en contra de las privatizaciones, tanto en la educación como en la salud y en el transporte, y que se define opuesto a las políticas neoliberales que han traído la flexibilización laboral, la venta de los recursos naturales, el saqueo del cobre, etc.
Buscando un amaine del descontento social, el lunes 18 de julio, el gobierno realizó un cambio de gabinete que terminó siendo un ‘enroque’ entre titulares de varios ministerios. Entre los cambios, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, fue removido a la cartera de Planificación y Felipe Bulnes, quien abandonó el ministerio de Justicia, asumió la tarea de comandar en Educación. De este cambio todavía no se sabe mucho, pues en sus primeras semanas Bulnes no ha tenido mucha presencia mediática ni ha anunciado nada diferente a lo que hacía su antecesor. Pese a esto, y con todo lo que han significado estas movilizaciones, se prevé que luego se hagan anuncios más fuertes.
Por su parte, Sebastián Piñera anunció que impulsaría un Gran Acuerdo Nacional de Educación (GANE), que consiste en inyectar cuatro mil millones de dólares por una única vez al sistema educacional, ‘discutir’ el tema del lucro en las universidades y crear una superintendencia de Educación. Como se deduce, ninguna de estas medidas ataca directamente los problemas de fondo que plantean los estudiantes, por lo que estos se mostraron insatisfechos con dichas soluciones y decidieron mantener las movilizaciones.
La sociedad chilena se comienza a indignar y a exigir su derecho fundamental a la educación pública y de calidad. Ojalá este movimiento cumpla sus objetivos y no decaiga en los vicios que muchas veces perjudican a la construcción del poder popular. Esperemos que ésta sea la primera de muchas victorias para el pueblo chileno.
abril 29 de 2011
Aunque el gobierno de Santos intenta minimizar el descontento ciudadano, distintos tipos de movilizaciones se vienen multiplicando por todo el país. No han valido promesas ni las sorprendentes volteretas del gobierno por evitar que se visibilicen ciertas crisis sociales producidas por las políticas que los últimos gobiernos han implementado, por la emergencia invernal y por los proyectos con los que se pretenden beneficiar los intereses de las multinacionales extranjeras en el país. A pesar de eso, decenas de pequeños estallidos han venido sacudiendo las calles colombianas y, a pesar de su dispersión y debilidad actual, son la manifestación viva de una oposición que sigue de pie en la pelea. (más…)
Por: Nicolás Camargo – 1 de noviembre de 2010
Desde 2006, cuando Uribe asumió por segunda vez el poder, se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para los cuatro años de gobierno siguientes. El ataque presupuestal contra la educación superior estatal no tuvo consideración alguna: se pretendía que las universidades estatales asumieran el pasivo pensional del ya reducido presupuesto que se les asigna anualmente. Esto, evidentemente, suponía la privatización de los centros educativos que, al no poder responder con los gastos, deberían incrementar hasta un 300% el valor de la matrícula, dinero que muchos estudiantes no pueden cancelar.
Por: Nicolás Camargo – 21 de octubre de 2010
Cecilia Correa, ex funcionaria de la Secretaria de Educación de Ibagué (Tolima), afirma que los desafíos en términos de educación son complejos y que el problema fundamental de la educación en Colombia es que no se están formando ciudadanos. Sostiene, además, que en el municipio hay un atraso de casi medio siglo respecto al país y que, tanto en colegios como en universidades, se ha perdido el ideal sobre el que fue concebida, la “universalidad del conocimiento”, y que por ello hay más profesionales que ciudadanos. Con una visión un poco pesimista, considera que la educación en Colombia es poco pertinente y que la ‘revolución educativa’, no fue precisamente una revolución.