Por: Juan Diego García – agosto 2 de 2007
El presidente Uribe Vélez esperaba convertir las manifestaciones ocurridas con motivo de la muerte violenta de once parlamentarios en un respaldo a su política. La iniciativa de los familiares de los afectados se convirtió entonces en acto oficial, santificado por la Iglesia Católica, apadrinado por los medios de comunicación y financiado generosamente por los empresarios, que concedieron el salario del día a quienes asistieran a los actos en apoyo del Ejecutivo. Pero las voces de quienes abogaban por el rescate militar y el rechazo a todo acercamiento a los insurgentes se vieron acalladas por una clara mayoría que condenó la aventura irresponsable del rescate y exigió el intercambio humanitario, subrayando que la vida y la libertad de las personas están por encima de los intereses coyunturales del gobierno de turno.