Junio 2 de 2009
Se ha vuelto en Colombia asunto prohibido, casi un pecado, cuestionar al presidente o a cualquiera de los miembros de su familia. Los críticos son permanentemente descalificados, tildados como aliados de la subversión, procesados judicialmente o señalados como enemigos de ‘los altos intereses de la patria’ que Uribe Vélez dice defender. Así mismo, quienes han insinuado o acusado las posibles relaciones entre el clan presidencial y el mundo del crimen son perseguidos o asesinados, como ocurrió recientemente con el exparamilitar Francisco Villalba Hernández. Hoy, cuando los hijos del mandatario son señalados de usar su posición privilegiada para enriquecerse –precisamente aquello que ha caracterizado a los dueños del país durante gran parte de la historia de ‘la democracia más antigua del continente’–, todas las voces oficiales salen a justificar las andanzas de Tomás y Jerónimo Uribe, legitimando que los hijos de los poderosos tuerzan o rompan a su gusto las leyes.