Por: Alexander Gamba* – octubre 24 de 2009
El pasado 16 de octubre de 2009, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá realizó un tumulto, en el cual se confrontó verbalmente con el rector, dado que éste no había concurrido a dar explicaciones públicas al estudiantado.
Respuesta a una columna del señor Daniel Pacheco, donde ataca a la Universidad Nacional
Este hecho fue astutamente instrumentalizado por los medios de comunicación y el Gobierno Nacional para señalar que en la universidad pública se estaba cometiendo un delito, al cual llamaron secuestro, otros retención, pero que realmente, tal como lo define el Código de Policía no puede ser llamado más allá que tumulto.
Con la excusa del hecho, no por el hecho en sí, el gobierno Nacional irrumpió con tanquetas y policías a violentar a los y las estudiantes. Hoy habla de que lo que allí ocurrió fue un delito y ofrece una recompensa por los ‘malandros que lo cometieron’. Me cuentan unos amigos que pasaron por allí, una novia y su novio desparchados que, como buenos colombianos, se acercaron a chismosear el tumulto, que se sentaron en el pasto y se comieron un sanduchito mientras escuchaban los argumentos que iban y venían. Una vez culminaron su manjar se fueron. Ellos estaban en el tumulto obstaculizando el vehículo, ergo, ¿son secuestradores señor?
Ahora bien, el lenguaje en sí mismo está definiendo un proceso en el cual se desarrolla una forma de justificar una acción subsiguiente. Decir que el tumulto es un delito, llámese secuestro o como quiera, es incurrir en un error de carácter, no solo jurídico sino sociológico. Implica confundir un conflicto social con actividades propiamente delictivas; implica, en tal sentido, justificar que los conflictos sociales sean tratados como delitos y a eso se le llama criminalizar la protesta social.
La pinta –el grafiti–, la consigna y, en fin, muchos de los repertorios de confrontación pueden ser considerados violentos o agresivos, pero delitos en modo alguno, y es allí en donde se debe entender que la violencia en sí misma no es una forma de anular a otro u otra. Muchas de las expresiones artísticas contemporáneas buscan canalizar la violencia simbólica para llamar la atención, más no buscan destruir al otro o la otra. Por ende, no se puede considerar un crimen ni nada por el estilo.
Igual ocurre con la protesta social: puede emplear lenguaje soez, a veces ofensivo para algunos oídos –sobre todo los bilingües–; símbolos agresivos; e irrupciones como un bloqueo, una confrontación verbal, lanzamiento de objetos, como vasos de agua, pero no es un acto para destruir al otro sino para expresar un descontento, un conflicto. Lo que ocurrió el viernes en modo alguno implicó un acto para destruir al rector, para anularlo en su persona, ni obligarlo a actuar contra su voluntad en sus aspectos éticos. Implicó una diferencia profunda de opinión sobre a quién le debe rendir cuentas el rector y el medio para hacerlo. Los y las estudiantes plantearon que debía hacerlo en asamblea y él se negó sistemáticamente. Fue un acto de presión para exigir un informe a alguien que tiene entre sus funciones dar informes de la situación de la Universidad. Un rector es un funcionario público y se debe a los estamentos de la universidad, por ende, está en la obligación de dar informes. Se le presionó a cumplir su deber, no a cometer un delito, ni a abandonar a sus hijos, ni nada por el estilo. No cabe la menor duda que el rector ha denunciado la situación actual de la universidad en la prensa nacional, pero no ha dado explicaciones al interior de la Universidad Nacional. Suena parecido, pero es diferente.
Olvida usted, señor Pacheco, que en los paros indígenas una de las reivindicaciones fundamentales es que el gobernante de turno hable con los manifestantes. Exigir un derecho y que éste se cumpla no es un delito. En la Minga Indígena de 2008 se le obligó al señor Uribe dirigirse a Cali contra su voluntad: él había dicho que no quería hablar con los indígenas, pero, gracias al bloqueo de carreteras –¿secuestro de los choferes?–, se tomó una medida de presión para que hablara. ¿Es eso un delito, señor?
Sus palabras, señor Pacheco, en donde habla del secuestro colectivo me recuerdan mucho a un personaje en el año 2002: es hoy el ‘señor presidente’, que hablaba sobre acabar con la ‘zona de distensión’ de las universidades públicas. ¿Cree usted eso, realmente?
Al parecer, señor Pacheco, los únicos secuestrados de la Universidad Nacional son usted y algunos otros y otras, pero no por los ‘revoltosos’, como les llama en la columna, sino por RCN y Caracol. Habrá que esperar que se organice una ‘operación jaque’ que lo rescate de su estado de demencia temporal, el cual podríamos llamar, sin sonrojarse, como un estado de enajenación mediática.
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* Profesor Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Abril 29 de 2015
