Por: Camila Ramírez y Yovana Vargas – mayo 10 de 2019
Las familias cocaleras de Tumaco no saben qué pasará con el programa de sustitución, mientras afrontan graves agresiones por parte de grupos armados.
Las extorsiones y amenazas contra quienes quieren dejar atrás la coca en el Pacífico nariñense se han multiplicado de la mano de la expansión de diversos grupos armados que ven la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) contemplado en los acuerdos de paz como un riesgo a su control territorial y a sus fuentes de financiación.
Estas intimidaciones han ido nublando el panorama para las familias cocaleras, mientras no se sabe qué va a hacer el gobierno con el PNIS y el Plan de Atención Inmediata (PAI) con el que se debería acompañar el proceso de sustitución se ha desarrollado a medias en sus componentes familiar y comunitario: los operadores de asistencia técnica iniciaron tarde sus labores y esto ha demorado, asimismo, los desembolsos de dinero necesarios para la subsistencia.
En esto hay que tener en cuenta que, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC-EP, el PNIS ha venido implementándose en los municipios de Ipiales, que contaba en 2016 con 553 hectáreas sembradas de coca; y Tumaco, que tenía 12.065 ha especialmente en los corregimientos de Llorente, La Guayacana, La Balsa y Restrepo, siendo el municipio con mayor extensión de estos sembradíos en el país, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí, los grupos armados no solo vienen haciendo lo posible porque las familias que antes vivían de sembrar, recolectar y convertir la hoja de coca en pasta base no se vinculen al programa sino que, encima de todo, vienen extorsionando a quienes han recibido el apoyo a corto plazo del PNIS.
Dicho apoyo corresponde a un millón de pesos mensuales durante el primer año y, de acuerdo con un documento enviado por UNODC, al 31 de enero de 2019, 1.035 de las 16.568 familias vinculadas al PNIS en Tumaco han recibido la totalidad de estos pagos, que se vienen desarrollando de manera bimensual, con recursos que suman $12.420 millones.
Alicia*, una mujer vinculada al PNIS en la zona rural de Tumaco manifiesta que la iniciativa “sí ha ayudado, pero ha generado muchos problemas con los grupos armados: cuando ellos se dan cuenta de que van a desembolsar la plata quieren que les den una parte del dinero”, que en algunos casos llega a ser el total de lo recibido por los cultivadores en los desembolsos realizados por UNODC, entidad que administra estos recursos en Nariño.
Al respecto, Clara*, una afrodescendiente del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, señala que: “lo paradójico es que antes del proceso de paz había violencia y muertos, porque eso nunca ha dejado de haber, pero yo creo que ahora hay más”.
A este clima de zozobra se suma la alta militarización de los territorios por parte del Estado que se ha dado tanto por la presencia de los grupos armados al margen de la Ley como por las protestas que ha generado el incumplimiento en el PNIS. Según Henry Marín, consejero de Organización y Territorio de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), la situación en Tumaco ha empeorado:
Se vienen unas propuestas de los cultivadores y taponamiento de la vía principal Pasto Tumaco […] ¿Qué hizo el gobierno? Implementó más Fuerza Pública en el casco urbano, pero también en los resguardos indígenas, militarizó los resguardos indígenas. Entonces, eso hace que el conflicto siga, que la guerra siga con más fuerza.
También señala que la presencia de militares y policías con los que se pretende garantizar la seguridad, hace que quienes habitan allí queden expuestos al fuego cruzado:
Cuando ya empiezan a salir más de 12 grupos armados, entonces cada uno empieza […] a extorsionar a la gente, a sacarle plata […] Últimamente han venido las amenazas más fuertes a los líderes […] Son amenazas por panfletos o por celular […] ha sido bastante fuerte la persecución.
Los actores armados en Nariño
Con la reincorporación de los excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, los territorios que aquella controlaba ahora son el escenario de una disputa sin fin en la que participan la Fuerza Pública, las disidencias, otras insurgencias, paramilitares y grupos del crimen organizado. En este complicado ajedrez se juega el control de los sembrados de coca, los laboratorios en los que se transforma en clorhidrato de cocaína, las rutas de tráfico de drogas y armas, y otros negocios ilícitos.
Esto ha agravado la violencia y las violaciones a los derechos humanos a tal punto que la Defensoría del Pueblo asegura, en un reciente informe que en Nariño la tasa de homicidios tiende al aumento:
De nuevo la relación entre narcotráfico y actores armados configuró un panorama de alta afectación en términos humanitarios […] La tasa de homicidios en 2017, que venía bajando desde 2012, cuando registró 130 hpcmh [homicidios por cada mil habitantes], volvió a subir: en 2016 fueron 71, seis puntos más que los 65 hpcmh en 2015, y en 2017, 98,4 hpcmh.
Respecto a esta profusión de grupos armados, Lina*, líder del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, menciona que:
Lo que pasa es que uno ahora no sabe con quién hablar para resolver cosas. Por ejemplo, una extorsión. Antes, uno sabia con qué comandante hablar o algo así, pero hoy no. Uno piensa que es tal grupo y uno va a hablar y resulta que el comandante no sabe nada de la extorsión y que es uno de sus hombres. Entonces, el comandante ni siquiera sabe qué hacen sus hombres y luego de que el que extorsiona es castigado, pues uno queda con miedo de que le hagan a uno algo y por eso la gente se tiene que ir.
Por su parte, María*, otra de las habitantes de este territorio afrodescendiente, asegura que la gente está muy preocupada por los combates entre grupos armados en su territorio:
Ahora es más difícil todo porque se pelean entre ambos grupos [las disidencias de las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra] en los caseríos. Hace poco que hubo un enfrentamiento en el que quedó una masacre de uno de los grupos. Tiran granadas y todo donde vive la gente.
Además de las disidencias de las antiguas FARC, cuyos integrantes hicieron parte sobre todo de la Columna Móvil Daniel Aldana, a Tumaco ha intentado ingresar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, según Indepaz: los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o ‘Clan del Golfo’, intentan consolidar su dominio del narcotráfico con el control de cultivos, laboratorios para el procesamiento de cocaína y rutas. Asimismo, se reportan amenazas de las Águilas Negras, a través de panfletos, en los vecinos municipios de Barbacoas, Cumbal, Mallama y Ricaurte; y la presencia de una estructura heredera de los Rastrojos y otros grupos criminales no identificados que operan en la región Pacífico de Nariño.
También, y aprovechando el vacío que generó el proceso de paz, el crimen organizado mexicano, cuyo enlace en la región según la Fiscalía es alias ‘Contador’, está haciendo presencia en la región y contratando los servicios de varios de los grupos armados locales, aumentando los riesgos para las comunidades que han querido apostarle a dejar atrás la coca. En este sentido, Harold Ruiz Moreno, asesor de paz de la Gobernación de Nariño y coordinador del equipo de acompañamiento al PNIS del departamento, asegura que:
Los cultivos de uso ilícito son controlados por los carteles mexicanos, quienes se han adueñado de la mayoría de los mismos en Nariño, sobresaliendo el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco del Norte o de la Nueva Orden. Los mismos han desplazado del control que tenía el Clan del Golfo.
¿Quién protege a los cocaleros?
Recientemente, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), ha expresado su preocupación sobre las condiciones de vulnerabilidad a las que están siendo expuestas las personas vinculadas al PNIS.
En su informe “Sustitución sin garantías” se asegura que “ni las autoridades nacionales ni las locales se han comprometido con la implementación de medidas efectivas que contengan el genocidio del que estamos siendo víctimas” y se denuncia que 47 miembros de esa organización han sido asesinados desde su constitución, en enero de 2017. De estos crímenes, 10 fueron perpetrados en Nariño, el segundo departamento con más víctimas, siendo Tumaco, con 8 casos, el municipio con mayor índice de violencia contra los cocaleros en esa zona del país.
En este sentido, la Coccam señaló que:
Todos los miembros de la instancia nacional [de dirección de la Coccam] están amenazados de manera individual y colectiva, y que 5 de los 12 integrantes de la Comisión Política Nacional se encuentran en condición de desplazamiento forzado […] Esto constituye un crimen de lesa humanidad, en el que existe responsabilidad del Estado por no proveer medidas adecuadas de seguridad y protección.
Por su parte, un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), construido gracias a los aportes de distintas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, asegura que en Nariño tiende a aumentar el número de líderes asesinados:
Desde el 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2018 tenemos registrados veintiún (21) violaciones al derecho a la vida, tres (3) de las víctimas eran mujeres y un (1) miembro de la comunidad LGBT, trece (13) de estas víctimas eran afrocolombianos y representan un 62% del total de las víctimas, mientras seis (6) de ellas eran indígenas (28% de las víctimas).
De hecho, fue asesinato del líder José Jair Cortés, vocal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera y quien desarrollaba trabajo pedagógico y de alistamiento para el PNIS, lo que encendió las alarmas. Días antes a su asesinato, él y otros compañeros de esta organización afrodescendiente fueron desplazados por la fuerza hacia el casco urbano de Tumaco y, el 17 de octubre de 2017, fue encontrado sin vida entre los corregimientos de Restrepo y San Juan, ubicados junto al río Mira. José Jair contaba con un chaleco antibalas y un celular que le había dado la Unidad Nacional de Protección (UNP), medidas de protección insuficientes para la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba este líder social.
En ese momento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aseguró que el asesinato de José Jair Cortes:
Es una grave violación que se suma a la serie de vulneraciones contra los derechos de las autoridades y comunidades afrodescendientes e indígenas en el proceso de reivindicación de sus derechos colectivos […] Es especialmente preocupante el incremento de riesgos y amenazas que enfrentan no solo las comunidades del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera sino otras comunidades y pueblos indígenas en Nariño, como el pueblo awá, en un escenario de reconfiguración del control de la región por parte de grupos armados ilegales.
Al respecto, la Coccam sostiene que:
[Las instituciones] no agilizan los estudios de riesgo y adopción de medidas de protección, ni han ajustado la oferta institucional a las necesidades de los contextos rurales, tampoco resuelven ninguno de los problemas de corrupción e infiltración paramilitar dentro de la UNP.
Según el ministro de defensa, Guillermo Botero, en lo que va de 2019 van 17 líderes asesinados, entre ellos Maritza Ramírez Chaverra, a quien le negaron el derecho a la vida el 24 de enero en Tumaco. Maritza, se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal de Aguas Claras y ayudaba a gestionar los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en esa vereda.
Nadie quiere volver al pasado
Tanto las organizaciones sociales como las comunidades sostienen que el panorama tiende a agravarse. Las familias acogidas en el PNIS temen que todos los acuerdos a los que han llegado hasta el momento con el Estado frente a la sustitución de cultivos ilícitos sean ignorados por el nuevo gobierno, en medio del confuso escenario político del país. Por esto, los cultivadores de coca ven con preocupación que los anuncios del presidente Duque se orienten a regresar a lo peor de la ‘guerra contra las drogas’ y el Plan Colombia: fumigaciones con glifosato, erradicación forzosa, persecución y detenciones arbitrarias a quienes cultivan la hoja de coca o viven de ella, quienes son el eslabón más débil de todo el negocio de los narcóticos.
Por esto, no quieren que sus territorios sean militarizados y que sus vidas corran peligro. El acuerdo de paz y la implementación del PNIS como se había pactado representa para las comunidades una esperanza de que las futuras generaciones crezcan en condiciones de vida más dignas y no depender de la coca para vivir. Al respecto, Jairo Javier Bisbicus, consejero fiscal de la Unipa, manifiesta que: “lo único que hemos pedido al Gobierno Nacional y a todos los actores armados es que entiendan que […] no hacemos parte de la guerra, por lo tanto, que nos dejen vivir en el territorio”.
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