Noviembre 2 de 2010
Durante la tercera versión de la Semana por la Memoria, organizada por la comisión nacional de reparación y reconciliación (CNRR), se lanzó el informe de la masacre de Bahía Portete en la Alta Guajira. En el informe, a través de las voces de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, se presenta un aporte para reconstruir la memoria histórica y conocer la verdad sobre la tragedia humanitaria en Colombia.
En la masacre de Bahía Portete murieron seis personas, cuatro de las cuales eran mujeres. Con ésta, se atentó contra una población que fue desplazada masivamente y violentada étnica y sexualmente el día 18 de abril de 2004, cuando 40 paramilitares del Frente Contrainsurgencia Wayúu de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron a bahía Portete y, lista en mano, procedieron a torturar y asesinar a estas personas, quemando varias casas y destruyendo el cementerio ancestral, lugar sagrado de gran importancia para los indígenas wayúu. Los hechos ocurrieron en plena negociación del gobierno de Uribe con los grupos paramilitares y en su momento fueron mostrados por las autoridades a la opinión pública como consecuencia de una supuesta guerra interclánica entre familias wayúu.
Dentro de los objetivos del informe se resaltaron las consecuencias que esta masacre dejó para la memoria de la comunidad, además de las consecuencias del desplazamiento de más de 600 indígenas wayúu, así como la destrucción física y espacial contra esta población.
La presentación del informe estuvo precedida por las palabras de Agustín Fince, autoridad mayor wayúu, quien relató en su lengua natal, el wayuunaiki, el impacto que ha tenido el desplazamiento a tierras diferentes de las ancestraless transformó por completo la vida de su comunidad.
Luego de la presentación de los hechos, Debora Barros, una de las víctimas, recordó que la violencia contra las mujeres wayúu ha sido sistemática y que la Fuerza Pública no las ha protegido. Su voz temblorosa, en medio de la rabia y el dolor por haber vivido esta tragedia, evocó la resistencia de los indígenas wayúu contra la colonialización y evangelización de los españoles, a quienes nunca entregaron sus tierras y el despojo que durante las últimas décadas han sufrido, de mano de ciertas políticas gubernamentales, los megaproyectos y la acción de los grupos paramilitares, señalando que la acción del frente de las AUC responsable de la masacre de Bahía Portete contó con la complacencia de agentes del Estado y que, debido a estos crímenes, gran parte de estas familias fueron desterradas a Maracaibo (Venezuela).
Adicionalmente, las víctimas atribuyeron el exterminio de los pueblos indígenas y, en este caso, el de los wayuú, a las compañías multinacionales, a la construcción de proyectos turísticos y a la acción de grandes empresas nacionales como Cerrejón, que apoyada por el Estado, llevan más de dos décadas explotando la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, y Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha construido el mayor parque eólico del país para la generación de energía en La Guajira. La expulsión de las comunidades indígenas de sus territorios y la violación de sus lugares sagrados han generado resultados catastróficos para los wayúu, quienes no tienen acceso a beneficios de los recursos naturales extraídos de sus territorios por estas compañías, como lo son la sal, el carbón y la energía eléctrica.
