Por: Andres Monroy – marzo 20 de 2014
La noche en que se ejecutó la destitución del alcalde Petro, la oportuna intervención de los gestores de paz del Distrito evitó una agresión mayor contra el equipo humano de Noticias Caracol, a lo que siguió un rápido cerco policial.
Por: Camila Ramírez – noviembre 23 de 2013
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó dos audiencias, los días 12 y 13 de noviembre en Brasilia (Brasil), por los hechos del Palacio de Justicia. En las audiencias se escucharon testimonios por parte de las víctimas y los alegatos de las partes, incluida la posición del Estado colombiano. Hasta el momento no hay una respuesta clara por parte de las autoridades colombianas sobre lo que pasó con los 12 desaparecidos que dejó el operativo militar de retoma de la sede del Poder Judicial, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El pasado 6 de noviembre, los familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia se reunieron una vez más en la Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir saber qué pasó con sus seres queridos, para que se conozca la verdad en torno a la toma y retoma de la sede del Poder Judicial y se castigue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí.
Por: Andrés Monroy Gómez – noviembre 14 de 2013
Han pasado 28 años de los trágicos hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, protagonizada por el entonces movimiento insurgente M-19 y las fuerzas de seguridad del Estado. En un afán por amortiguar una eventual condena internacional contra el Estado por una cadena de crímenes que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la negativa de acceso a la justicia, la Fiscalía General de la Nación anunció hace pocos días una investigación a varios ministros, al DAS y a la Policía por los hechos ocurridos en noviembre de 1985.
Desde el 12 de octubre, el movimiento indígena salió a las carreteras del país para protestar por el constante incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno y la crítica situación de los pueblos originarios.
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Por: Andrés Monroy Gómez – septiembre 10 de 2013
El pasado lunes se supo que, el 6 de septiembre, el coronel Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, fue condenado a 19 años de prisión por haberse aliado con jefes paramilitares para simular resultados operativos a través de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, que cobraron la vida de al menos 20 personas.
Por: Andrés Monroy G. – julio 30 de 2013
El sol no se tapa con una mano y dos soles no pueden ocultar un crimen. La lucha por justicia de los familiares de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero asesinado por un agente de la Policía el 19 de agosto del 2011, así lo demuestra.
Por: Andrés Monroy G. – julio 30 de 2013
El general Francisco Patiño ha sido vinculado al proceso que investiga la muerte de Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por la Policía hace casi dos años en Bogotá, al ser señalado por presuntamente encubrir el crimen y comprar testimonios que hicieran parecer que el joven artista callejero había participado en el asalto a un bus de servicio público. A pesar del proceso al que responde el oficial, la Comisión Segunda del Senado estuvo a punto de aprobar su ascenso en el mes de junio. En diálogo con El Turbión, la abogada Myriam Pachón, quien representa a la familia de Diego Felipe ante la justicia, asegura que la actuación de los congresistas encargados de tomar la decisión deja en entredicho la labor de control político del Legislativo en este tipo de promociones y exige que Patiño ofrezca disculpas por mancillar el nombre del menor.
Andrés Monroy: –¿La petición de perdón del director general de la Policía tiene efectos jurídicos para un reconocimiento de responsabilidad estatal?
Myriam Pachón: –Desde el inicio de este proceso sabemos que deben responder administrativamente. Esperamos que presenten unas disculpas públicas serias, en el marco de una ceremonia. No nos conformaremos con las disculpas forzadas por el ascenso del señor general Patiño.
También esperamos que Patiño se disculpe, ya que no lo ha hecho y fue éste quien mancilló el buen nombre de Diego Felipe Becerra Lizarazo.
AM: –¿Por qué este crimen fue calificado por un fiscal como un “falso positivo urbano”?
MP: –Porque, al querer encubrir la muerte de un menor a manos de un policía, se desarrollaron actividades criminales, ubicaron un arma en el lugar de los hechos, calumniaron a un menor y la Corte Constitucional nos ha dicho que tenemos derecho a un buen nombre aún después de fallecer.
En esa construcción de versiones buscaron al señor Jorge Narváez, conductor de un autobús, para que presentara una falsa denuncia, acompañado de un señor general de la República. En mi parecer, Narváez es el ciudadano de Colombia más contemplado por parte de la Policía Nacional para presentar una denuncia, pues lo buscaron en su casa, lo transportaron en carros de la institución a todas sus diligencias y le dieron dos bonos por un valor de $200.000.
AM: –¿Hay amenazas en su contra?
MP: –Sabemos que tanto la familia de Diego Felipe como yo somos seguidos y tenemos interceptadas las líneas telefónicas. Nuestra situación de seguridad es preocupante.
AM: –¿El Senado de la República cumplió con su misión constitucional de frente al ascenso de los generales?
MP: –Exceptuando a los senadores Romero, Avirama y Chavarro, existió una postura de doble moral (sic.), donde si querían apoyar a la familia pero no le querían fallar a la Policía. El señor general estaba impedido moralmente para ascender y era deber de los senadores hacer el control político, pero hicieron lo de Pilatos: se lavaron las manos.
En cinco meses, cundo salga la investigación adelante, quiero ver a los senadores que votaron a favor justificando su voto y lavándose las manos ante la Procuraduría y la Fiscalía, buscando la degradación del general Patiño. Esto es absurdo, pues tuvieron en sus manos el voto de decir no al ascenso.
Por: Andrés Gómez – julio 24 de 2013
Colombia ha vivido décadas de guerra, lo que se pretende resolver con los diálogos de paz en La Habana (Cuba) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la sociedad civil no participa en la mesa de negociaciones y existen varias inquietudes por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos respecto a la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado colombiano en contra de la población.
Por: Andrés Monroy Gómez – junio 5 de 2013
El pasado 6 de abril se realizó en Bogotá una marcha de rechazo contra todo tipo de violencia de género. Las calles de la capital colombiana fueron recorridas por miles de mujeres y hombres que protestaron contra todo tipo de estigmatización, agresión y discriminación contra las mujeres y la población Lgbti.