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La condena al atentado que sufrió, el pasado 7 de junio en Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, no solo se hace urgente por lo macabro del hecho y porque dispara las disputas políticas en Colombia, sino que debe darnos una oportunidad para rechazar la instrumentalización de este lamentable suceso por parte de un sector de colegas periodistas y políticos para hacer campaña de difamación contra el actual gobierno, en el contexto de antesala a las elecciones de 2026. El intento de homicidio, que salió mal a quienes lo planearon, necesita de investigaciones certeras y un análisis profundo que no alimente conspiraciones ni odio político, sino que ofrezca respuestas claras sobre los autores intelectuales y sus propósitos.

Debates en medio de mentiras

Todas las cabezas políticas de la extrema derecha ven en el intento de asesinato contra Miguel Uribe una oportunidad para hacer campaña. Vicky Dávila, por ejemplo, primero culpó al presidente: “El primer responsable político es el presidente Gustavo Petro, que ha promovido un ambiente de violencia que nos está trayendo sangre y dolor”. Días después, la experiodista aseguró que una fuente militar activa le informó que Néstor Gregorio Vera Fernández alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central (EMC) disidente de las antiguas FARC-EP, era el responsable pero no se retractó de lo que dijo sobre Petro. Por su parte, María Fernanda Cabal siguió la misma línea y afirmó que “esto es consecuencia del ambiente de odio y estigmatización que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro contra quienes pensamos distinto”.

Las precandidatas de la extrema derecha no fueron las únicas. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. también usó el hecho y profundizó la campaña de estigmatización contra Gustavo Petro al asegurar que el ataque sobre la humanidad de Miguel Uribe es “resultado de la violenta retórica izquierdista”, mientras que, el expresidente Andrés Pastrana fue más lejos al escribir que “las mendaces palabras de Petro contra Miguel Uribe lo hacen responsable de lo que acaba de suceder. Este gobierno se ha dedicado a sembrar el odio y a incitar a la violencia. ¡Este es su resultado!”

Todos estos políticos señalaron abiertamente al presidente de Colombia como responsable sin esperar indicios de las investigaciones ni aportar pruebas. Con ello han dirigido el debate, no a exigir investigaciones diligentes y claras, sino a posicionar la idea de que el problema son las palabras con las que Petro ha calificado a sus opositores, y no los motivos de quienes ordenaron éste crimen, en momentos en que el hecho resulta absolutamente inconveniente, tanto para el gobierno como para los movimientos populares que lo respaldan. Si bien calificativos como “nazis” y “esclavistas”, dirigidos a la derecha política y a los dueños de las mayores fortunas del país, no son fáciles de digerir para sus voceros, estos no constituye una orden ni una incitación a matar, ni hay indicios de que el ataque contra el nieto del expresidente Turbay, en su época líder de la extrema derecha, se haya originado por palabras de Petro ni por las acciones de Miguel Uribe como senador de oposición.

Miguel Uribe era un político sin carisma ni base de votantes. Su éxito político se ha basado en el hecho de ser el favorito del expresidente Álvaro Uribe Vélez para encabezar la lista de su partido al Senado, y su poco notable trabajo parlamentario ha llevado a que, antes de este atentado, recibiera múltiples ataques y un profundo desprecio de parte sus competidoras por la candidatura presidencial de la extrema derecha: Cabal, Valencia y Dávila, quienes hoy instrumentalizan el crimen para mostrarse en solidaridad con su familia ante los medios, culpar a Petro y ganar potenciales votantes para las elecciones de 2026.

Asimismo, se intenta posicionar la narrativa falsa de que ‘estamos volviendo a la violencia política de finales de la década de los 80 e inicios de los 90´, cuando fueron asesinados Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leóngomez, como producto de las alianzas entre el narcotráfico, la extrema derecha, el paramilitarismo y la Fuerza Pública. Pero se olvidan, los promotores de esta idea errónea, de que esa violencia política empezó con el plan de exterminio contra: la Unión Patriótica, A Luchar, el Frente Popular y otros movimientos populares, como la AD-M19, y que hasta el momento estos actos criminales no han cesado, dejando a Colombia como el país más peligroso para líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas.

No hay ninguna repetición. No son los miembros del Centro Democrático, partido de extrema derecha, quienes sufren una persecución de este tipo, tampoco lo son sus líderes, quienes han sido abiertamente negacionistas del genocidio político ocurrido en Colombia, ni la derecha ha sido la más perjudicada con éste lamentable hecho.

Lo que sí se repite, lastimosamente, es que al igual que entonces, se use como ejecutores de crímenes ideados en las más altas esferas del poder, a menores de edad entrenados como sicarios, y se ideen los planes sin una salida clara para éstos, condenándoles a muerte de antemano para así proteger a los responsables, con la impunidad a la que hemos estado acostumbrados durante más de cuatro décadas. Al mismo tiempo, resuenan las voces de quienes exigen ’castigo ejemplar’ contra el menor que disparó, para sacar beneficio de una retórica basada en el populismo punitivo y la promesa de una ‘mano dura’ que nunca ha resuelto nada de fondo en Colombia.

Lo que se sabe

Quienes atentaron contra la vida de Miguel Uribe usaron a un menor de edad de apenas 14 años, con poco entrenamiento, ni conocimiento sobre quién era la víctima, para disparar al precandicato presidencial con una pistola Glock de 9 mm y sin plan de escape. El niño tuvo la suerte de ser reducido por uno de los escoltas de Uribe Turbay, quien siguió el protocolo de herir y no matar, y que además lo protegió de personas que buscaban herirlo. Esto, además de resultar inesperado para quienes idearon el crimen, que muy claramente esperaban verle muerto, ha permitido avanzar en las investigaciones. Un ejemplo son las capturas de Katherine Martínez, joven de 19 años, quien habría entregado el arma automática al niño que disparó contra Miguel Uribe, y la de Carlos Eduardo Mora González, alias «El Costeño» quien afirmó que alias «El Churco», criminal ecuatoriano y posible narco invisible, fue quien dio la orden.

No obstante, los motivos aún no son claros. Se especula sobre asuntos personales, su papel como secretario de Gobierno de Bogotá durante la última alcaldía de Enrique Peñalosa, su actividad política o las pugnas internas en su partido, pero nadie puede negar que este acto ha generado una gran inestabilidad en el país y ha puesto en aprietos al Gobierno del Cambio.

Al respecto, Gustavo Petro ha insistido en que “La nueva junta del narcotráfico”, con sede en Dubai, ordenó la muerte de Miguel Uribe y la suya propia, con el objetivo de sembrar caos e incitar a la violencia política entre colombianos:

Los asesinos buscan que nos matemos entre nosostros, debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita. Dentro de la junta del narcotráfico, con asiento en Dubai y Colombia, están las personas que yo mostré con nombre propio al país y que busqué su captura y puesta en manos de la Justicia. A uno ya lo dejaron libre.

Implicaciones

Sin lugar a dudas, este atentado guarda un inquietante paralelismo con ataques a líderes politicos en otros países, como el del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador en 2023. Villavicencio era un político de derecha que tenía como bandera de su programa de gobierno la lucha contra el narcotráfico. Luego de su asesinato, Daniel Noboa, candicato de extrema derecha y acusado de relaciones con los narcos, logró ser reelegido en la presidencia, en unas elecciones altamente cuestionadas por la imposición del estado de excepción y la militarización del país previo a las comicios.

A un año y medio de las elecciones en Colombia, resulta muy preocupante tanto el intento de homicidio contra Miguel Uribe como la inmediata multiplicación de las amenazas contra varias personalidades de la derecha y la izquierda. De ser cierta la versión de Petro, estaríamos ante un proyecto que buscaría el hundimiento del país en la violencia y que el próximo presidente de Colombia, fuere cual fuere, se pliegue al narcotráfico.

Muchos ya han caído en la provocación, y no solo en las altas esferas políticas, sino también entre ciudadanos de a pie. En la clínica Santa Fe, donde está internado Uribe Turbay, la periodista Gelitza Jiménez y su camarógrafo, ambos reporteros de RTVC Noticias, fueron agredidos por simpatizantes del Centro Democrático mientras cumplían su labor informativa y cubrían la evolución del estado de salud del precandidato. Estos mismos ataques se repitieron en diversas ciudades del país durante las llamadas ‘marchas del silencio’, el pasado domingo 15 de junio.

Las marchas convocadas por una coalición, que incluyó al presidente del Senado Efraín Cepeda, y a parlamentarios del Centro Democrático, buscaban apoyar a Miguel Uribe y que cesara la polarización, pero no cumplieron con este último objetivo: “Al llegar a la Plaza Bolívar los asistentes a la marcha gritaban consignas contra el Gobierno de Gustavo Petro”, evidenciando que las marchas no solo protestaban contra el intento de homicidio de Miguel Uribe, sino que tenía como intención antagonizar con las personas del Gobierno y la Consulta Popular. Lo que aprovechó María Fernanda Cabal, quien escribió: «Cientos de miles de compatriotas en la Plaza de Bolívar. Esto nos da la esperanza de qué si puede. Petro será cosa del pasado».

Otros que han cedido a la tentación de usar el atentado para desestabilizar al Gobierno son los exmilitares, quienes convocaron marchas el pasado 12 de junio. Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, afirmó que su motivación es la de:

Exigirle a los generales que haya ruido de sables. Aclaro que no es para un golpe de Estado, es para exigirles que los colombianos los queremos oír, para presionar al gobierno Petro y que impida que el país se le entregue a la subversión.

Otras acciones desestabilizadoras han sido lideradas por el presidente del Senado y jefe del Partido Conservador, quien ha señalado que: “seré el jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país”, y no solo ha llamado abiertamente a desconocer la autoridad presidencial, promoviendo una alianza de líderes de nueve partidos de derecha, luego del ataque a Miguel Uribe, sino que pidió una reunión con la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional sin la presencia del presidente Petro.

Así las cosas, el atentado contra Miguel Uribe se ha convertido en una herramienta electoral y de agitación por parte de la extrema derecha que prepara el terreno para la confrontación. Usar la violencia como excusa para promover una narrativa de odio y, de paso, deslegitimar al primer gobierno popular de nuestra historia reciente, no solo es irresponsable sino peligroso. Si como sociedad no somos capaces de diferenciar entre justicia y propaganda podríamos entrar a una nueva fase de violencia de la que solo saldrán beneficiados quienes la instigan.

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