Por: Marcela Zuluaga y Andrés Gómez
La prohibición de exportación de carbón térmico a Israel en respuesta al genocidio que perpetra en Gaza, resalta la necesidad de una legislación que no permita negociar con países que cometen este crimen y la urgencia de una transición energética justa en Colombia que nos haga menos dependientes del carbón sin empobrecer aún más a las regiones.
Negocios vs. derechos humanos
La decisión del Gobierno de Colombia de prohibir las exportaciones de carbón térmico a Israel desde finales de agosto provocó la fuerte reacción de varios de los gremios mineros, quienes ponen de manifiesto que priman los negocios.
Temprana fue la reacción. En la revista Portafolio, el 21 de agosto de 2024, todos los representantes del gremiales entrevistados fueron enfáticos en desaprobar la decisión e hicieron un llamado al unísono de pensar en las regiones.
Por una parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) sostuvo que la moral no tienen cabida en los negocios:
El argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones.
Por su parte, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, argumento a favor de las regalías :
Este tipo de medidas no son parte de la solución y, por el contrario, sí causan un menoscabo al bienestar de la nación colombiana en una reducción del pago de renta y, por supuesto, del pago de regalías.
Y, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia, propone que es demandable el decreto:
El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que prohíbe exportaciones de carbón a Israel es demandable en nulidad ante el Consejo de Estado por violar las normas constitucionales y legales de protección de la libre competencia económica.
La Asociación Colombiana de Minería, en respuesta a un Derecho de Petición solicitado por El Turbión, resaltó que la medida incumple acuerdos bilaterales entre ambos países y advirtió sobre la pérdida de regalías que esto implicaría para el país.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, mencionó que en 2023 Colombia exportó 3 millones de toneladas de carbón térmico a Israel, por un valor aproximado de 447 millones de dólares y expresó su preocupación:
En un contexto económico complejo, con bajos niveles de recaudo y grandes necesidades de inversión social, es fundamental evaluar con responsabilidad la viabilidad de este tipo de medidas. Se deben considerar factores como las implicaciones en el comercio exterior, el cumplimiento de compromisos internacionales y, sobre todo, el impacto en el bienestar y desarrollo del país.
Si bien Israel representa un mercado clave para el carbón colombiano, generando alrededor de 650 mil millones de pesos anuales en impuestos, regalías y otras contribuciones, de los cuales más de 100 mil millones estarían destinados a La Guajira y el Cesar. Es necesario considerar que Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino desde hace décadas y ha llegado a su punto más letal en el último año, al ser responsable de la muerte de más de 40 mil personas en la franja de Gaza, entre ellas más de 17 mil niños y niñas. Además, el país liderado por un régimen sionista, ha escalado el conflicto a Cisjordania y ha bombardeado objetivos en Irán y Siria, y le ha ordenado, desde principios de octubre, a los habitantes de 25 pueblos del sur del Líbano evacuar, mientras bombardea su capital: Beirut.
Es lamentable que aun con la crudeza de un genocidio transmitido en vivo y la escalada de un conflicto bélico que preocupa al mundo, los representantes del sector minero colombiano no reconozcan razones humanitarias, y a la par es cínico que mencionen los impactos en las regiones cuando el Turbión ha atestiguado que la minería del carbón térmico ha contribuido al extermino físico y cultural a los pueblos Yukpa y Wayuú, la devastación del pueblo afrodescendiente de Tabaco, así como deforestación del bosque tropical seco, la contaminación de aguas y el antisindicalismo.
Mucha indignación pocas acciones
La prohibición colombiana se produce en un momento de condena internacional por el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, al punto que en las Naciones Unidas el presidente brasileño, Lula da Silva, calificó a su homólogo israelí de “genocida” en febrero de este año.
En Latinoamérica, Chile y Honduras han retirado a sus embajadores. Colombia, Bolivia y Belice han suspendido relaciones diplomáticas, siendo Colombia el único de la región que ha tomado una acción que le significa la pérdida de producción energética a Israel. Baréin y Jordania pidieron a sus embajadores retornar a sus países, y Turquía no solo se sumó llamando a su embajador, sino también detuvo todas las transacciones comerciales, que el año pasado significaron US$7.000 millones.
En la ONU, durante la 79ª sesión, a finales de septiembre, el Primer Ministro de Israel y principal responsable del genocidio, Benjamín Netanyahu le habló a un auditorio casi vacío, sin embargo el genocidio palestino continúa sin mayores sanciones.
La prohibición de exportación de carbón térmico a Israel no solo pone en la mesa la necesidad de plantear una legislación que permita condicionar relaciones con estados genocidas, sino la obligación de replantear el futuro de las regiones mineras en Colombia. Esta decisión puso sobre la mesa la dependencia del carbón, y expone la necesidad de una transición energética justa que aborde los impactos socio ambientales en La Guajira y el Cesar, evitando que los pueblos afrocolombianos, Yukpa y Wayuú que los habitan, queden aún más empobrecidos tras el declive de la minería.
Por una transición justa en las regiones mineras
Miguel Ángel Cáceres, geólogo de la Universidad Nacional y miembro de la Corporación Geoambiental Terrae, en conversación con El Turbión, sostiene que las regiones impactadas por la minería del carbón, como La Guajira y el Cesar, enfrentan grandes desafíos con la transición energética, y advierte que los nuevos proyectos de explotación de cobre empeorarían las desigualdades, ya que las comunidades han dejado sus actividades tradicionales debido a la bonanza del carbón, creando un enclave económico que no es sostenible a largo plazo.
Juan Carlos Solano, secretario minero energético y de medio ambiente del Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, en conversación con El Turbión propone varias alternativas para las comunidades del corredor minero:
(…) retomar la agricultura mediante cultivos hidropónicos, aprovechar la represa del río Ranchería para desarrollar proyectos agroindustriales y promover la energía eólica, siempre en consulta previa con las comunidades.
Solano también mencionó la posibilidad de generar energía mediante la desalinización del agua marina, aunque advirtió sobre dos retos importantes: “el incremento de la salinidad en las costas y la falta de infraestructura adecuada para almacenar la energía producida.”
¿Hacia un futuro sostenible?
La medida del presidente Gustavo Petro, aunque motivada como sanción ante la sevicia de Israel contra Palestina, puede empezar un camino hacia la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, pero dicha ruta necesita bases sólidas.
El Ministerio de Minas y Energía, en respuesta a un Derecho de Petición del Turbión, señaló que el artículo 23 del Proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida, prevé una reducción gradual de las actividades de carga de carbón en los puertos del Magdalena, y anuncia que estas disminuciones ya están siendo compensadas con la reactivación de los ferrocarriles para otros tipos de carga.
Sobre la diversificación en La Guajira, Glencore ha anunciado que en el Cerrejón cesará sus operaciones en 2034, y que tiene planes de diversificación hacia energías renovables. Por el otro, en el departamento del Cesar, Glencore ha ejecutado un transición más abrupta: desde 2021, varios títulos mineros han sido abandonados, y la región enfrenta un futuro lleno de dudas.
La incertidumbre creada por Glencore al abandonar los títulos mineros en el Cesar, la abordó el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI) en su reporte de enero de 2024: “Carbón y transiciones justas en el Caribe colombiano”, el cual presenta los desafíos del sector minero:
La repentina suspensión de las operaciones mineras de carbón en el Cesar por parte de Prodeco dejó a los municipios con posibilidades limitadas para enfrentar los problemas de desempleo, recesión económica y falta de alternativas económicas. Lo que el Cesar y los municipios cercanos a la operación de Prodeco están experimentando es solo el inicio de un declive estructural y progresivo de la industria del carbón en Colombia
Los desastres heredados de la mega minería del carbón térmico crea la necesidad de una diversificación económica que respete los derechos de las comunidades y del medio ambiente. Y si bien el camino hacia una transición energética justa no es fácil, ni inmediata, es necesario hacer dicha transición con los pueblos afrodescendientes e indígenas de Cesar y La Guajira, y respetando su autonomía territorial como pueblos únicos, de lo contrario se agravaría su proceso de genocidio lento al que han sido sometidos.
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